El problema lo tenemos en casa – Por Ana Isabel López García (especial para NODAL)

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Isabel López García*

Además de la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos el presidente Trump ha anunciado el fin de DACA, programa que protege de la deportación a cerca de un millón de jóvenes mexicanos que viven como indocumentados en el país del Norte. Estas medidas, aunadas a un discurso presidencial en el que se criminaliza públicamente a los migrantes mexicanos, han generado gran preocupación entre los medios, los académicos y los hacedores de política pública sobre los posibles efectos que una oleada de deportaciones masivas puede generar en México. Entre otras cosas, se cuestiona la capacidad que tiene el país para dar abrigo y oportunidades económicas a los millones de migrantes que regresarían. Ciertamente, las dimensiones del fenómeno migratorio en México no son menores. La población de mexicanos que vive en el extranjero es la segunda más grande del mundo, después de la India. Actualmente, alrededor de 12 millones de mexicanos (es decir, el 10 por ciento de la población actual del país) viven en Estados Unidos, seis millones de ellos indocumentados.

Sin embargo, la criminalización y las deportaciones masivas de migrantes mexicanos datan de tiempo atrás de la llegada del presidente Trump. En 1996, por ejemplo, durante el gobierno demócrata de William Clinton, se aprobaron dos leyes – the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) and the Anti-Terrorism and the Effective Death Penalty Act – las cuales, entre otras cosas, ampliaron los criterios bajo los cuales los migrantes pueden ser deportados desde Estados Unidos. Por virtud de estas leyes, no sólo los migrantes indocumentados que viven allí pueden ser sujetos a la deportación, sino también los documentados. Incluso, ofensas menores (como no pagar infracciones de tráfico) pueden resultar en la deportación de un migrante legal, independientemente del número de años que lleve residiendo en Estados Unidos.

Según cifras del Pew Research Center, entre 1990 y 2014, el número anual de migrantes mexicanos que fueron forzosamente retornados se incrementó de 15,000 a 414,000. La mayoría de ellos cometieron ofensas menores. No obstante, el número anual de migrantes mexicanos que regresaron involuntariamente al país puede ser aún mayor, si se toma en cuenta que muchos cónyuges y menores, residentes o ciudadanos estadounidenses, han optado por retornar con sus familiares deportados. Esto es, durante los últimos veinte años, México ha recibido a millones de retornados involuntariamente. Por tanto, las deportaciones no son un problema nuevo para el país. Tampoco las políticas migratorias enarboladas por el gobierno de Trump deben ser vistas como sorprendentes, sino naturales a la evolución de la política migratoria del país en las últimas décadas.

Lo que sí es sorprendente es el que el retorno masivo de migrantes se haya convertido en un asunto de carácter público hasta ahora en México. Fuera de un programa gubernamental en el que ofrecía a los recién llegados un emparedado, café y transporte hacia sus comunidades de origen, por años el gobierno mexicano no proveyó asistencia alguna para que los retornados se reintegraran exitosamente a la vida económica, laboral y social. De tal suerte, miles de migrantes de retorno enfrentaron por años obstáculos para obtener documentos oficiales, que les permitieran abrir una cuenta de banco, rentar un lugar para vivir, o simplemente inscribir a sus hijos nacidos en Estados Unidos a la escuela. A muchos se les negó la oportunidad de continuar estudiando, debido a dificultades para revalidar sus estudios en el extranjero. Otros no pudieron obtener un trabajo bien remunerado acorde a sus capacidades y habilidades, ya que no había modo alguno en el que pudieran certificar su experiencia laboral o su conocimiento del inglés. Más aún, muchos han enfrentado discriminación por parte de sus propios connacionales, quienes también los criminalizan debido a sus tatuajes, forma de vestir, o por su acento “gringo”. De esta manera, miles de retornados mexicanos han vivido como indocumentados y criminalizados en su propio país. A esto se les debe sumar el trauma emocional que acarrean por haber dejado repentinamente su vida en Estados Unidos, haber sido arrestados o encarcelados antes de su retorno o resignarse a vivir separados de sus familiares o amigos.

Con la llegada de Trump a la presidencia, el gobierno mexicano comenzó a implementar medidas para la reinserción de los migrantes mexicanos, como la remoción de la apostilla para la revalidación de sus estudios, la certificación oficial de los conocimientos del inglés de los migrantes, ofrecimiento de plazas como profesores de inglés, entre otros. Sin embargo, estas medidas son tardías e hipócritas. Fueron dictadas al compás del discurso xenófobo del ejecutivo estadounidense. Fueron tomadas a partir de la presión de los migrantes que están afuera y pueden regresar, y no a partir de la realidad de los retornados que ya están aquí. Es también lamentable que sólo a partir del gobierno de Trump se hable en los medios, círculos académicos y entre la opinión pública sobre el “problema” de los retornados. ¿Por qué hasta ahora se habla de ello? ¿Por qué el asunto de las deportaciones masivas resulta sorprendente? ¿Por qué no se tomaron medidas gubernamentales antes?

En vez de concentrarse en delinear escenarios futuros y proponer acciones para mitigar que ocurra un desastre nacional debido a las deportaciones masivas que se nos vienen, sería más prudente y útil que tanto gobierno, como medios, académicos y hacedores de políticas públicas evalúen la situación que enfrentan los miles de deportados y retornados día a día en México. Es fundamental que el gobierno mexicano se acerque a este sector de la población mexicana, conozca más a fondo su situación, y sobre todo que los haga partícipes en la formulación y el diseño de políticas públicas que faciliten su reinserción. A partir de ello, podremos delinear políticas más efectivas que garanticen el bienestar de los que ya están en México y recibir de una mejor forma a los que vendrán. Después de todo, el desastre que se nos avecina no es tan alarmante como se dice. En lo que va de la presidencia de Trump, por ejemplo, el número anual de deportaciones de migrantes mexicanos ha disminuido en un 25 por ciento en relación con las cifras registradas en los últimos años de gobierno de Barack Obama, durante el cual fueron deportados 2.5 millones de migrantes.

Si algo bueno ha traído el gobierno de Trump es hacer visible un problema que el gobierno mexicano ha invisibilizado por muchos años: la situación de los migrantes mexicanos de retorno. Naturalmente, el gobierno mexicano tiene un compromiso con los connacionales que viven en el exterior y que pueden ser deportados. Pero tiene una tremenda deuda moral con los migrantes de retorno que han permanecido marginalizados por años o décadas en el país. El punto nodal no es qué se le ocurrirá hacer a Trump, o en la forma en la que va a responder el gobierno mexicano ante las acciones del mandatario estadounidense. El problema de las deportaciones masivas lo hemos tenido por bastante tiempo ya en casa, e involucrados estamos todos los actores sociales, políticos y económicos de México.

(*) Profesora-Investigadora del Departamento de Estudios de Administración en El Colegio de la Frontera Norte, México.


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