Argentina: conflicto en los medios públicos

Por Félix Arnaldo Marron (*)

En los medios estatales y en particular en la TV Pública de la Argentina el actual gobierno del presidente Mauricio Macri aplica una política de vaciamiento y censura sin propuesta de programación, lo que conduciría a una privatización encubierta. Los noticieros se emiten por la voluntad de sus trabajadores y pasaron de 30 a 14 horas semanales, sin ediciones de sábados y domingos.

Frente a la inflación del 24,8% del 2017 las autoridades extorsionan con aumento de sueldo cero para negociar salario a cambio de flexibilización laboral. Alientan despidos y no reconocen que en la TV Pública del Estado, la agencia oficial de noticias Telam y Radio Nacional somos periodistas con características diferentes a las de otros compañerxs del Estado. Llegan al dislate de encuadrar como carteros a los periodistas de Radio Nacional.

Los Medios Públicos son imprescindibles para contrarrestar la realidad trivializada que difunden las grandes empresas privadas, para quienes la información es una mercadería. Para estos grandes multimedios sus lectores y teleaudiencias son la mercancía que venden a los anunciantes.
Por eso es necesario contraponer una lógica que no sea la del mercado y el rating que desnaturaliza el valor de servicio público de los medios del Estado que tienen un peso específico propio que les permite disputar ámbitos de dominio e influencia para visibilizar a quienes no tienen otros espacios. La pluralidad de voces se sostiene con trabajadores de prensa ejerciendo su libertad de expresión, muy distinta a la libertad de empresa disfrazada de libertad de prensa de las grandes compañías mediáticas.

La espectacularización de noticias y noticieros y el mensaje sesgado y unívoco de los medios hegemónicos concentrados impide decidir libremente. La información inclusiva, verídica, contextualizada y alejada de intereses partidarios y poderes económicos es un derecho de la ciudadanía y una obligación del gobierno.

En un mundo globalizado los medios del Estado son tan prioritarios como la salud, la educación y la seguridad, porque la información incide en la toma de decisiones de la comunidad. Tienen un rol esencial en la construcción de sentidos y la producción de contenidos originales, que representen las realidades y anhelos de las comunidades que integran el multiculturalismo.

Es substancial una agenda propia que salga de los temas impuestos por las grandes corporaciones cada vez más transnacionales. Con este objetivo se formaron Consejos Profesionales, que apoyados en una sólida representación sindical, debaten contenidos y línea editorial y que vienen denunciando los intentos de tergiversar, direccionar o desinformar.

Los directivos de la TV Pública quieren un “periodismo de escritorio”, separado del lugar de los hechos, que invisibiliza cientos de conflictos en defensa de fuentes de trabajo, o tragedias en distintas zonas de la Argentina. La política de desinformación impidió la cobertura de noticias trascendentes como la visita del Papa Francisco a Chile y Perú y el homenaje anual a José Luis Cabezas, un colega asesinado en 1997. Esta situación nos llevó a protagonizar un hecho inédito en el mundo, la primera emisión en vivo en internet de un noticiero íntegramente realizado por los trabajadores de un canal del Estado. Hoy continuamos demostrando nuestro compromiso informando en las redes durante los fines de semana.
Hemos recibido constantes muestras de apoyo. Lo demuestran el festival frente a las instalaciones de Radio Nacional y el multitudinario abrazo al canal encabezado por las Madres de Plaza de Mayo y acompañado por referentes de todos los ámbitos. En el plano internacional la solidaridad es muy grande como lo reflejo este medio en el caso de la radio pública alemana.

Las televisiones estatales del mundo, sin ser el único ni el mejor ejemplo, tienen presupuestos y recursos técnicos y profesionales muy superiores a sus pares privadas. La BBC de Londres, la televisión francesa y la de Suiza donde hace unos días en un referéndum el 70% de la población resolvió seguir pagando un canon para mantener sus medios estatales, son algunos ejemplos. Los Estados limitan así que una función tan trascendente esté subordinada a intereses individuales. La gestión es auditada con sesiones públicas y control parlamentario.

En nuestro país se unificó y verticalizó la dirección y se desarticulan los controles. Funcionarios que cobran fortunas y firman cuantiosos contratos confunden derechos con privilegios y plantean la “optimización de recursos” y otros slogans vacíos. Pero la mujer de un ministro cobrando en el canal oficial hasta hace poco 190.000 pesos por mes y 1.500.000 de pesos que recibirá una multinacional que asesora en jubilaciones y retiros voluntarios no son ejemplo de austeridad.

Por desdén o soberbia estos personajes omiten la historia de los medios públicos como instituciones con tradiciones, saberes e intereses colectivos. Los trabajadorxs ya evitamos varios intentos de vaciamiento y privatización. Hoy buscan amedrentarnos con policías en la puerta de la TV Publica mientras realizamos asambleas, o nos intimidan, persiguen, detienen y hasta hieren colegas que cubren protestas sociales. De todas formas, seguiremos defendiendo la libertad de expresión y la pluralidad frente a funcionarios que sólo hablan de ellas con sus periodistas adláteres en los canales amigos y las cercenan donde deberían fomentarlas.

Las políticas públicas de comunicación exceden a un gobierno y no pueden estar en manos de “trolls” ni publicistas de redes sociales.
La soberanía en la información y la autonomía en la comunicación son imprescindibles en estos tiempos de una post verdad engendrada por el “post neoliberalismo” que vivimos, una especie de “liberalismo libertario populista” como forma suprema de libertad individual

El intento de “control social”, el apagón informativo, el blindaje mediático, el discurso uniforme oficialista, antipopular y antidemocrático y la censura, están obligando a sumar una nueva emergencia a las existentes: la emergencia comunicacional e informativa.

En un Estado de Derecho los medios públicos deben ser una herramienta vital para el debate colectivo y cuando no cumplen esta misión se afecta gravemente el régimen democrático. Sin periodistas trabajando no hay libertad de expresión ni medios públicos y sin medios públicos no hay democracia.

(*)Periodista de la TV Pública, Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades
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