Demanda marítima: el riesgo que corre Chile en un conflicto entre países chicos – Por Alberto Mayol

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Alberto Mayol (*)

Hoy Chile está en La Haya en un conflicto bastante más periférico. Nos enfrentamos entre países chicos. En estas condiciones hay un natural riesgo y es que el fallo sea incomprensiblemente equitativo, ridículamente distributivo. Cuentan en Cancillería que en las reuniones de cabildeo con otros países, la causa chilena es muy bien recibida durante la reunión. Pero que una vez que van al respectivo almuerzo o cena de camaradería, la mayor parte de los funcionarios de gobierno de cada país señalan que a Chile no le costaría nada ceder algo de costa y resolver el problema. Eso significa que Chile habita cerca de una derrota política. Y ya pasó con Perú: Chile ganó en la discusión del fundamento, pero igual perdió mar. Y es que en La Haya se puede ganar en derecho y perder la batalla política, con un fallo inconveniente.

Que el tribunal de La Haya es menos jurídico que tribunales nacionales y, por tanto, más político; es un dato de la causa. Por supuesto, de esto no redunda el carácter innecesario o secundario del derecho en ese tribunal, solo establece un hecho positivo: La Haya no tiene cómo garantizar sus fallos (no tiene ejército y, aun cuando a veces Naciones Unidas opera como garante, la verdad es que solo aparece cuando los países afectados no son demasiado importantes).

Dado lo anterior la principal garantía de este tribunal es que sus fallos generen acciones recíprocas en demandados y demandantes que permitan sostener el frágil equilibrio de tener un tribunal internacional con alguna relevancia cuando el derecho internacional, se sabe y Kelsen lo dijo con claridad, es un problema no resuelto.

La gente que pierde un juicio siempre está molesta, pero no es habitual que pueda dejar sin efectos sus consecuencias. En La Haya sí es posible. Ejemplos abundan. Veamos un caso interesante. El 9 de abril de 1984 el Gobierno de Nicaragua solicitó abrir proceso judicial contra Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional en su contra. La petición fundamental de Nicaragua fue que la Corte declarase ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense.

Destacan el ataque perpetrado por unos 6000 contras (opositores al Frente Sandinista) en territorio nicaragüense en marzo de 1984, el minado de los principales puertos de Nicaragua con el objetivo de aislar económicamente al país y donde resultaron dañados buques de propiedad holandesa, panameña, soviética, japonesa y británica. Las alegaciones de los sandinistas fueron que todas estas actividades violaban el derecho internacional y las cartas de la ONU y la OEA, en particular los principios de: I) no recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza en las relaciones con otros Estados, II) no violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado, y III) no violar la libertad de los mares o impedir el comercio marítimo pacífico.

El Gobierno de Estados Unidos rehusó participar en la fase de evaluación de los méritos del caso, sin embargo, la Corte decidió que la negativa de ese Gobierno no le impedía tomar una decisión. La Corte de la Haya falló a favor de Nicaragua y en 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para presionar al Gobierno de Estados Unidos a pagar una multa a Nicaragua. Hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue sin pagar la indemnización en cuestión. Y no parece que vaya a ocurrir. Ni parece que vaya a ser sancionado por no hacerlo. El sistema político internacional no garantizará la ejecución de ese fallo.

Los fallos contra países ‘imperiales’ o ‘céntricos’ suelen ser problemáticos. Hemos visto el de Nicaragua-Estados Unidos. Pero podemos citar también un caso de 1951-1952 cuando el Reino Unido alegó que la ley de nacionalización petrolera iraní de 1951 era contraria a una convención acordada por Anglo-Persian Oil Company e Irán en 1933. El 26 de mayo de 1951, el Reino Unido llevó a Irán a la Corte Internacional de Justicia, exigiendo que se mantuviese el acuerdo de 1933 y que Irán pagase daños y compensaciones por alterar las ganancias de la empresa británica. El 22 de julio de 1952, la Haya emanó una decisión con dos argumentos contundentes: primero, decidió que debido a que Irán había concedido a la Haya jurisdicción sólo en los casos de los tratados acordados a partir de 1932 y dado que el único tratado citado por el Reino Unido era posterior a esa fecha, el tribunal no tenía competencia. En segundo lugar, considerando que ese acuerdo era entre Irán y una empresa extranjera (y no con el propio Reino Unido), resultaba evidente para La Haya que su tribunal no tenía jurisdicción en este asunto. Esta fue una razón importante que condujo al golpe de Estado en 1953 (financiado y apoyado por Reino Unido y EEUU). Es decir, la única consecuencia jurídica del fallo fue que, luego de establecer la razón en el país periférico, vino el momento de la fuerza y sencillamente los países centrales resolvieron su problema.

Pero hoy Chile está en La Haya en un conflicto bastante más periférico. Nos enfrentamos entre países chicos. En estas condiciones hay un natural riesgo y es que el fallo sea incomprensiblemente equitativo, ridículamente distributivo. Cuentan en Cancillería que en las reuniones de cabildeo con otros países, la causa chilena es muy bien recibida durante la reunión. Pero que una vez que van al respectivo almuerzo o cena de camaradería, la mayor parte de los funcionarios de gobierno de cada país señalan que a Chile no le costaría nada ceder algo de costa y resolver el problema. Eso significa que Chile habita cerca de una derrota política. Y ya pasó con Perú: Chile ganó en la discusión del fundamento, pero igual perdió mar. Y es que en La Haya se puede ganar en derecho y perder la batalla política, con un fallo inconveniente.

Para países como Chile, lo mejor es establecer principios, criterios y una estrategia de largo plazo provista de una sólida relación con el subcontinente. La existencia de ofertas por parte de Chile abre una puerta a Bolivia (si un día converso y otro no, ¿tengo derecho a dejar de conversar?). Chile ha optado por dar un tono secundario al juicio. El Presidente no ha asistido, mientras Evo Morales sí lo hace. Pero la actitud de Chile es que cada centímetro de su territorio es sagrado. Entonces, ¿por qué no asistir con todos los rituales asociados? La actitud de Chile y en Chile ha sido sistemáticamente contradictoria. Me tocó representar en las primarias del Frente Amplio una propuesta de canje con salida a Bolivia al Pacífico y acceso de Chile al Amazonas. Y fui sumamente criticado. Pero acercándose el fallo, un ex presidenciable que nunca dijo nada y otros miembros de su sector hablan de canje territorial. Cuesta entenderlos. Y hay voces que señalan que Chile debiera retroceder y salir del pacto de Bogotá. En suma, Chile no tiene una posición definida. Chile quiere defender los tratados, pero todo tratado vigente puede ser modificado por uno nuevo y solo un escenario político explicará que se llegue a eso. De hecho, hay un tratado anterior al actualmente vigente. Y favorecía a Bolivia. Los tratados cambian con hitos traumáticos. Una guerra, un mal juicio, una crisis política; y el mundo puede cambiar su estructura.

A mi juicio el argumento boliviano es equivocado, pero no es irracional y no carece de sustancia jurídica. Aún así, Chile tiene ventajas argumentales, pero ellas pueden quedar relativizadas con un escenario hostil. Lo cierto es que al ajedrez se puede jugar defensivamente (Karpov) u ofensivamente (Kasparov), pero lo que está claro es que hay que jugarlo y no negarse. Ya Chile intentó la táctica de la negación. Recordemos que el 15 de julio de 2014 Chile interpuso una excepción preliminar ante la Corte, ya que a su juicio el tribunal no tenía competencia para conocer del caso, en razón de las limitaciones que contempla el Pacto de Bogotá, Chile perdió 14 a 2. No hay que olvidar esta cifra. Fue una derrota abrumadora y mostró cómo Chile se equivocó antes en lo político y luego en lo jurídico. Sin embargo, cual alumno arrogante e incompetente, la elite chilena decidió que la estrategia seguiría intacta, la misma que falló con Perú y con la primera sentencia respecto a Bolivia. Con estos antecedentes esperamos el fallo.

A los gobiernos chilenos les ha gustado creer que el asunto es jurídico, pero esas son las piezas del juego, pero no es el juego. El tablero es político. Y ante ello la racionalidad que puede imperar puede ser distinta a la procedimental. Y en ese caso, el país más periférico puede gozar de favoritismo. Y aunque algunas veces los países que tienen fallos en contra, cuando son más grandes que su rival, logran resolver el entuerto por la vía de una negación obcecada; Chile es un país suficientemente irrelevante como para no tener derecho a comportarse taimadamente y tendrá que acatar lo que venga. Seguir con un discurso que promueve la ignorancia y la generalización no ayudará en nada a recibir la noticia, sea cual sea. Chile es un país insuficientemente pequeño para producir compasión e insuficientemente grande para producir respeto. La impostada solemnidad de nuestras elites y el cacareo jurídico propio de un terrateniente extrañado por las novedades de las leyes modernas, no ayudan en la combinación. Aún así, la estrategia de pasar por el lado del juicio por parte del gobierno es llamativa y demuestra la poca fe que se tiene en el caso. La reiterada dupla Bachelet-Piñera tiene la prueba de fuego de la continuidad estratégica en este caso. Y no parecen estar muy entusiasmados.

* Sociólogo, investigador, exprecandidato presidencial por el Frente Amplio

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