Feminismos mexicanos: el cambio tiene que ser estructural – Por Xadeni Méndez Márquez

“El 8 de marzo las mujeres paramos. Hace siglos que venimos caminando y moviendo al mundo con nuestro trabajo invisibilizado por el poder patriarcal.”  (Verónica Gago, 2017)

En años recientes, y como un ejercicio histórico, el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) se ha celebrado con un Paro o Huelga Internacional. En más de 177 países, sindicatos, organizaciones sociales, colectivas feministas y sociedad en general, se aprestan en este 2018 a continuar los esfuerzos en la lucha por los derechos laborales y contra la violencia, la desigualdad de género y las distintas formas de opresión contra las mujeres.

Es innegable e irreversible la presencia, trabajo y aportes cada vez mayores de la mujer en todos los ámbitos a nivel mundial. México no es excepción. Por tanto, es fundamental que nuestro país acate y promueva lo estipulado –y signado- ante  organismos internacionales y organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres en diferentes marcos de acción. Entre estos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación contra toda Forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Declaración de Beijing, la Declaración del Milenio (Asamblea General de la ONU 2000) y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (CEPAL), por mencionar algunos.

En el ámbito mexicano, los alcances en la materia se encuentran establecidos en los Artículos 1º y 4º de la Constitución, al referir que el varón y la mujer son iguales ante la Ley. Contamos también con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (diciembre 2014), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres entre otros ordenamientos, los cuales reconocen a las niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo de derechos sobre igualdad sustantiva, aunado a un fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano para que con aptitud y capacidad haga realidad estos derechos. Para ello, se ha creado un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Procuradurías de Protección, así como presupuestos etiquetados para la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Sin embargo, las realidades históricas y paralelas no pueden obviarse.

Ya en 1931 se incluyó la voluntad de la República para frenar la violencia contra las mujeres. Pero sólo hasta 2007 logramos darnos la ya mencionada Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia. Pasaron nada más y nada menos que 76 años.

Con respecto a los derechos políticos de las mujeres en México, baste decir que  de 1922, cuando Felipe Carrillo Puerto los decretó, a 2014, en que se logró la paridad electoral, transcurrieron 92 años. La resistencia ha sido y es enorme. Como largo y lleno de obstáculos todavía es el camino que resta por andar.

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe  La búsqueda de la igualdad de género: una batalla cuesta arriba (octubre 2017) señala que México enfrenta una de las mayores brechas de empleo por género, con consecuencias negativas para el crecimiento económico. Entre las mujeres que trabajan, muchas tienen empleos informales con poca protección social, alta inseguridad y bajos salarios, siendo la tercera tasa de empleo femenino más baja de la OCDE, después de Turquía (28.7 por ciento) y Grecia (41.7 por ciento), y muy por debajo del promedio de la OCDE (60.1 por ciento).

Pero más preocupante es el papel de los grupos conservadores que impulsan hoy en día acciones regresivas relacionadas con los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Y más aún, la actual escalada en la ola de feminicidios en México y en muchos países de nuestra región. Se impone una denuncia constante y en todas las tribunas de estos hechos terribles e inadmisibles. Se debe exigir, también, que todos estos asesinatos sean investigados y resueltos desde una perspectiva de género.  

Es indiscutible que una sociedad que acredite una participación cada vez más igualitaria de mujeres y hombres en el gobierno, la economía, la cultura, los Parlamentos, refleja su carácter democrático e incluyente. Pero no se trata solamente de conquistar más y mejores espacios para las mujeres en esos ámbitos, pues el objetivo nodal estriba en cambiar las estructures sociales, económicas y políticas que imposibilitan un ejercicio real de los derechos de las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres, su defensa y progresividad, abarcan todos los aspectos de la vida.

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La paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto. Implica debatir, de manera transversal, la distribución de roles, de tareas, oportunidades y poder que ocurre en todos los ámbitos del quehacer social.

La noción de igualdad sustantiva implica de facto que los derechos se aplican y practican realmente, logrando cambios significativos. Más allá de palabras y/o acuerdos escritos, se trata de una igualdad constatable de oportunidades entre mujeres y hombres y se valora en la medida de la efectividad de las políticas.

Muy lejano está ya el año 1791 cuando Olympe de Gouges, parafraseando el principal documento de la Revolución Francesa, redactara su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Casi un siglo y una década han pasado desde que Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Nadezhda Krúpskaya, Aleksandra Kolontái y otras destacadas mujeres se alzaran como pioneras en las luchas que hoy, a tantos lustros de distancia, continuamos. Y habremos de seguir. Por un México igualitario y justo. Por un mundo sin exclusiones. Este 8 de marzo, paramos y “Si paramos, se para el mundo”


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