Honduras: a dos años del crimen de Berta Cáceres, detienen al presunto autor intelectual

183
Contexto NODAL
El 3 de marzo de 2016 fue asesinada la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres. Ella fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), desde el que lideró manifestaciones en defensa del medio ambiente oponiéndose a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente de su país por considerar que atentaban contra los recursos naturales. Por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras en 2015, Cáceres había sido galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Durante el reconocimiento dijo: “Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos” y contaba con seguridad permanente, según había afirmado el ministro de seguridad del país Julián Pacheco.

Juez manda a prisión a noveno detenido por crimen de Berta Cáceres

Este sábado se le dictó detención judicial al ejecutivo de DESA capturado el viernes y señalado como presunto autor intelectual del asesinato de la ambienalista
En audiencia de declaración de imputado contra Roberto David Castillo Mejía acusado de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres, el juez que conoce la causa decidió dictarle detención judicial con la medida de prisión preventiva.

La Fiscalía señala al presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como el autor intelectual del crimen de Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016 en La Esperazan, Intibucá.

El imputado fue presentado en los Juzgados de Letras de lo Penal en el barrio La Granja de Comayaguela y después enviado a Támara donde guardará prisión mientras de desarrolle el proceso judicial.

La audiencia inicial contra Castillo Mejía quedó programada para el 9 de marzo a las 9:00 de la mañana.

La portavoz del Ministerio Público, Bárbara Castillo, detalló que la audiencia fue breve y que el juez solo le informó al imputado de que le están acusando.

“Luego se indica la fecha y hora de la audiencia inicial que es el momento procesal oportuno para la evacuación de pruebas”, añadió la vocera.

Por el crimen contra la activista lenca ya guardan prisión Sergio Ramón Rodríguez, Douglas Geovany Bustillo, Mariano Díaz, Edilson Atilio Duarte, Emerson Eucebio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo, Henrry Javier Hernández y Oscar Aroldo Torres Vásquez.

Según informó una fuente del Ministerio Público, el proceso contra estos involucrados ya está aperturado para juicio oral y público.

Reacciones

A su salida de la audiencia, el apoderado legal de la familia Cáceres, abogado Víctor Fernández, manifestó que tienen “elementos que permiten afirmar que los autores intelectuales de este crimen todavía no han sido llamado ante la justicia”.

“El Ministerio Público volvió a acusar al señor David Castillo solo del delito de asesinato. Nosotros venimos diciendo que la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres cometió, antes de asesinarla, un sin número de delitos y eso los hace responsables de asociación ilícita”, expresó el apoderado legal.

“Hemos planteado en esta audiencia nuestra posición de que el señor Castillo como gerente general de DESA y parte de los socios de la misma, como parte intermediaria entre el grupo económico que mandó a ejecutar el crimen y los autores materiales es responsable del delito de asociación ilícita”, sostuvo Fernández.

El defensor de la familia Cáceres concluyó diciendo que en este caso hay “autores intermediarios, intelectuales y materiales” y que la exigencia de las víctimas es que todos lleguen a la justicia.

Once Noticias


Familia de Berta Cáceres pide informe sobre 49 proyectos hidroeléctricos que fueron denunciados por ella antes de su asesinato

La familia de la asesinada ambientalista Berta Cáceres, pidió al Ministerio Público un informe completo del otorgamiento ilegal de 49 proyectos hidroeléctricos en los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y La Paz y que fueron denunciados por Berta Cáceres, antes de ser asesinada.

En estos proyectos han realizado acciones ilícitas para obtener los permisos ambientales y los permisos de operación además de violentar los derechos de los pueblos originarios irrespetando el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas.

Es el Congreso Nacional quien tiene la potestad de anular esos contratos y por esa razón, Olivia Zúñiga como diputada de Libre presentó en el señor del Legislativo la Ley Berta Cáceres para la anulación de proyectos del Estado con la empresa DESA, porque a dos años del asesinato de su madre esa concesión sigue en pie.

Además, pidieron la captura inmediata de los autores intelectuales del asesinato de la lideresa del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque y río Blanco entre otros acuíferos.

Olivia dijo que, el Ministerio Público cuenta con toda la información científica desde mayo de 2016 para proceder a realizar las capturas de los autores intelectuales del asesinato de su madre, pero que lo han tenido escondido para proteger al grupo empresarial poderoso que está detrás de este caso y que están detrás del negociazo de la energía.

Criterio


ONU exige a Honduras “profundizar” investigación de caso Berta Cáceres

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le solicitó a Honduras que “profundice” en la investigación sobre la muerte de la ambientalista Berta Cáceres.

Cabe señalar que Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016. En ese sentido, hoy se cumplen dos años desde su muerte.

A raíz de esto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacó “la responsabilidad” del Estado de Honduras en investigar este caso con la “debida diligencia” a través de una investigación “expedita, independiente, pronta y exhaustiva”.

Dicho comunicado añade que las autoridades de Honduras deben agotar “la extensión de las diferentes autorías y grados de participación. Esto, permitiendo conocer la verdad de los hechos y la reparación de las víctimas y sus familiares”.

Además señala que el Estado también debe “garantizar el derecho de las víctimas a participar en el proceso. Lo cual implica que tengan acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos judiciales a través de la figura de acusación privada”.

Es importante mencionar que la OACNUDH considera importante que la Fiscalía hondureña pueda “dar respuesta en un plazo razonable a las solicitudes presentadas por la acusación privada”. Esto, incluyendo el requerimiento presentado en octubre de 2017 sobre “posibles autorías intelectuales a la luz de hallazgos encontrados en documentación compartida, mediante orden judicial”.

Asimismo, la OACNUDH reconoció el “incremento gradual del acceso a la información en relación a las diligencias investigativas”.

La OACNUDH indicó que “se siguen observando fuertes desafíos en materia de transparencia en cuanto a la falta de claridad sobre los criterios seguidos para determinar de la secretividad de la información”.

Estado de Honduras

La OACNUDH señaló que el Estado de Honduras debe adoptar “las medidas que permitan superar las debilidades institucionales y normativas que persisten en el país para que los pueblos indígenas puedan tener un acceso efectivo a la justicia y obtener una protección judicial de sus derechos, incluyendo la protección de sus territorios y recursos naturales”.

Además, establecer un marco normativo e institucional que garantice el goce de los derechos de los pueblos indígenas, siendo la consulta previa “un pilar fundamental para tal fin”.

La OACNUDH también expresó su apoyo a la familia de Berta Cáceres y su acompañamiento en los “esfuerzos por la búsqueda de la verdad”.

También reiteró a la Fiscalía hondureña su “ofrecimiento de colaboración para avanzar en el esclarecimiento del crimen e identificar las responsabilidades tanto materiales como intelectuales”.

Al igual, reconoció “el rol fundamental” de los defensores de derechos humanos en “una sociedad democrática, recordando al Estado la obligación de tomar medidas que garanticen un entorno seguro y propicio para la no-repetición de ataques y crímenes de esta naturaleza”, señala el comunicado.

Tiempo


A dos años del crimen de Berta Cáceres, continúan voces de justicia

Este viernes fue capturado el señor Roberto David Castillo Mejía quien fungió como presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) hace dos años, cuando fue asesinada Berta Cáceres. El Ministerio Público junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dieron captura a Castillo en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Las autoridades suponen que Castillo es uno de los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres. Por su parte DESA en un comunicado afirma que Castillo Mejía es inocente de las acusaciones y que realizarán las acciones legales correspondientes para lograr su liberación inmediata.

A raíz de la orden de captura que emitió en su momento el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional desde Tegucigalpa, la Audiencia de Declaración de Imputado se llevó a cabo en el Centro Judicial de La Granja.

El crimen

La madrugada del 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, las balas criminales mandadas por la empresarios y políticos, quienes miraron en peligro sus intereses económicos, quitaron la vida de la luchadora, defensora de derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, Berta Isabel Flores Cáceres. Dos años después su crimen continúa en impunidad.

Las balas pretendían silenciar la voz de denuncia y resistencia contra las represas hidroeléctricas y proyectos extractivos. Sin embargo no pudieron, multiplicaron la voz de denuncia y defensa que caracterizaba a la lideresa Indígena.

Berta Cáceres junto al Copinh, lideraba la lucha contra la instalación de las represas hidroeléctricas y de forma concreta en contra del proyecto Agua Zarco de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

Impunidad

A pesar de la detención de 9 personas, ninguna forma parte de las cúpulas políticas y empresariales que han sido señaladas de la autoría intelectual del crimen.

El abogado Rodil Vásquez, del equipo legal que lleva el caso de la ambientalista, dijo que este se encuentra en la etapa de juicio oral y público, puntualmente a la expectativa del señalamiento de audiencia para proposición de pruebas.

Explica que la causa se ha dividido en dos procesos: uno para los primeros cuatro imputados, el ex gerente para temas ambientales de DESA, Sergio Rodríguez, el ex capitán del ejército Mariano Chávez, el ex oficial del ejército Douglas Bustillo y Elvin Rápalo. En el segundo grupo se encuentran Emerson y Edilson Duarte Meza, Henry Rodríguez y Aroldo López. Vásquez asegura que desde el equipo legal ha solicitado al Tribunal la acumulación para que sea un solo proceso en la etapa de juicio oral y público, porque hay distintos niveles de participación, pero todos vinculados al crimen.

Rodil Vásquez dice es necesario que el Ministerio Público actúe e investigue a la mayor brevedad la autoría intelectual del asesinato, porque si no, el caso seguiría teñido de impunidad. “Desde octubre de 2017 hemos pedido al Ministerio Público que acuse por autoría intelectual, sin embargo, se resiste a realizar los señalamientos, a pesar que existen pruebas fehacientes de los empresarios y políticos que están detrás del crimen contra Berta”.

Caso llega al sistema interamericano

En el marco el 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el equipo jurídico que lleva el caso de Berta Cáceres y el COPINH, se reunió con el Estado hondureño para conocer los avances en las investigaciones sobre los autores intelectuales del crimen.

Berta Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista califica de poco productiva la reunión sostenida con el Estado hondureño, porque a pesar que se ha denunciado en varias ocasiones, las irregularidades en las investigaciones continúan.

Bertita, (como se le conoce a la hija de la lideresa), y quien ahora coordina el COPINH, explica que, en la reunión sostenida en la CIDH, el Estado hondureño mintió al asegurar que 3 de las 8 personas detenidas son actores intelectuales del asesinato.

“Lo entendemos como falta de voluntad política. Aprovechamos para insistir que el Estado debe actuar y sancionar a quienes cometen crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país”, aseguró.

La abogada Liliana Uribe, del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), asegura que en la reunión de trabajo se presentaron pruebas sobre la participación de directivos y socios de la empresa Desarrollos Energéticos de Honduras, DESA, en el crimen, sin embargo, el Estado se niega a investigar.

“A través de fuentes que están incluso en poder del Ministerio Público se puede determinar la responsabilidad de directivos y socios de la empresa en la comisión del asesinato, y en una serie de estrategias que impulsó el proyecto hidroeléctrico para romper el tejido social y desestabilizar el COPINH”, detalló Uribe.

Femicidio

En Honduras las mujeres campesinas, indígenas y trabadoras como Berta se organizan para defender sus ríos y territorios, pero al hacerlo enfrentan persecución, abusos e incluso la muerte.

El padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión y Comunicación, ERIC, describe a Berta Cáceres como una mujer luchadora, comprometida políticamente con la transformación del planeta desde su pertenencia estricta al COPINH y al pueblo Lenca. “La caracterizaba el pensamiento anticapitalista, anti patriarcal y antirracista”.

Moreno, amigo cercano a Berta y su familia, dice que el asesinato de Berta Cáceres es un crimen político machista, pues hay responsabilidades al más alto nivel, tanto en políticos como empresarios. “Es una estructura criminal la que está detrás del asesinato, por eso mismo su muerte está en la impunidad. El Estado se orienta únicamente en investigar autores materiales, pero se blinda para que no penetre los inmensos corredores de la impunidad donde se protege a altísimos empresarios y altos funcionarios del Estado hondureño”, asegura.

El caso de Berta Cáceres no es un asunto fortuito o producto de la casualidad. El Padre Melo, dice que es el resultado final de un proceso conducido por hombres que miraron en la lideresa indígena una afrenta a su condición dominadora. En su caso, los ataques ya no solo fueron por ser mujer que defiende intereses de la comunidad y la sociedad; sino porque también políticos, militares y empresarios se sintieron derrotados por la acción que emprendía Berta de quitarles la máscara de machistas y defensores del patriarcado.

Copinh y las luchas lencas

Hace más de 20 años, Berta Cáceres fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, organización que lideró feroces batallas contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y las tierras de las comunidades Lencas.

Con su asesinato, políticos y empresarios creyeron que pondrían fin a la lucha en defensa del territorio emprendida por el Copinh. Berta Zúniga Cáceres dice que el asesinato de su madre fue un golpe duro, hubo mucho miedo porque la organización había perdido a su más grande lideresa.

Sin embargo, cree que la organización y la lucha colectiva de las comunidades se han fortalecido después del asesinato. “Los que la asesinaron no entienden sobre las luchas colectivas y comunitarias, creyeron que, quitándole la vida la defensa del territorio, de los ríos y bosques terminaría, pero lo que lograron fue multiplicar a la luchadora, madre y defensora,” expresa Berta Zúniga.

En la humilde comunidad de Río Blanco, Intibucá, el pueblo Lenca ha llevado a cabo una importante lucha en defensa del sagrado río Gualcarque. El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, ha querido acaparar las aguas del río. Berta Cáceres acompañó la lucha y denunciaba constantemente los abusos cometidos por la empresa en complicidad con autoridades locales y nacionales.

El presidente del consejo indígena de Río Blanco, Francisco Sánchez dice que, aunque la construcción del proyecto está suspendida, no significa que las amenazas contra las comunidades hayan terminado.

El líder comunitario agrega que temen que en cualquier momento los empresarios reactiven la construcción del proyecto hidroeléctrico. Explica que los ataques de las familias que están a favor del proyecto no se detienen. Recientemente a los líderes que se oponen les quemaron las parcelas de maíz y frijol.

La Lucha en Río Blanco ha dejado como resultado varias personas criminalizadas, en la comunidad 5 han sido asesinadas por defender el territorio de las manos del capital extractivista.

Berta hija, madre y luchadora

El liderazgo de Berta Cáceres, su temple y compromiso lo heredó de su madre, doña Austra Berta Flores, una mujer que sus 85 años mantiene su lucidez y recuerda como poco a poco se fue formando el carácter y liderazgo de su hija.

Doña Austra dice que desde sus primeros pasos en los centros educativos Berta Cáceres se destacó. Con emoción cuenta que durante sus años de colegio luchó en la defensa de los derechos de los estudiantes. La recuerda como una madre cariñosa y preocupada por sus hijos.

Con lágrimas en sus ojos, doña Austra Berta lamenta que al cumplirse dos años de su asesinato el crimen siga en la impunidad. Explica que la noticia de su crimen fue un golpe duro para toda la familia, sin embargo, han salido adelante gracias a las múltiples expresiones de solidaridad de la ciudadana.

“Mi hija había denunciado en varias ocasiones que era víctima de percusión y amenazas, pero el Estado no cumplió su papel de protegerla. A los políticos y empresarios no les convenía que Bertita siguiera viviendo porque se había convertido en una piedra en el zapato”, dice acongojada.

El asesinato de Berta Cáceres y la impunidad que rodea su caso deja un mensaje claro; luchar contra los megaproyectos, a favor del pueblo y contra la destrucción del medio ambiente no es perdonado por los grandes políticos y empresarios que a todo costo buscan continuar llenando sus bolsillos de dinero, aunque este vaya manchado de sangre inocente.

Radio Progreso

Más notas sobre el tema