Perú: la Justicia realiza pedido de extradición al expresidente Alejandro Toledo por caso Odebretch

Alejandro Toledo: Pedido de extradición contra expresidente fue aprobado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encabezada por el juez César San Martín, decidió por unanimidad aprobar la solicitud de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo. El mandatario deberá declarar ante la justicia peruana, según confirmaron fuentes del Poder Judicial a La República.

Alejandro Toledo tendrá que aclarar su relación con Odebrecht, tras ser vinculado por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

“Yo la verdad conocí a los presidentes Toledo, Alan García y Ollanta Humala. No recuerdo haber estado con Keiko. Tal vez a Keiko la vi en un evento. No recuerdo. Como Perú fue un país muy importante para nosotros, yo iba una o dos veces por año. Tal vez en algunos años tres veces. Pero la media era una o dos veces. Todas las veces que yo iba buscaba de estar con el Presidente. Estuve varias veces con los tres presidentes”, dijo Marcelo Odebrecht ante la Fiscalía de Brasil, según publicó IDL-Reporteros.

“Cuando iba, Barata marcaba las reuniones. El acceso era normal. Había dos maneras de entrar a Palacio de Gobierno. Aquella puerta lateral de una calle donde no pasan autos, y el otro lado, de la calle principal de la Plaza. […] Normalmente las reuniones se daban en una antesala o en una oficina. El más informal era Toledo, no había esa historia de reuniones escondidas. Inclusive varias de esas reuniones eran divulgadas por los presidentes. No había ninguna reunión escondida, no existía eso”, añadió.

Cabe señalar que la defensa de Toledo aseguró que la Fiscalía no ha verificado la autenticidad de las transferencias bancarias; sin embargo, la situación del expresidente es cada vez más complicada, pues Jorge Barata declaró ante fiscales peruanos en Sao Paulo que Odebrecht aportó US$ 700 000 para su campaña presidencial del 2011.

La República


Duberlí Rodríguez espera que la extradición de Alejandro Toledo se resuelva en seis meses

Para el presidente del Poder Judicial, el trámite de extradición de Alejandro Toledo podría resolverse en seis meses. Duberlí Rodríguez declaró este mañana, poco antes de que se publique la resolución judicial en la que aprueba este pedido contra el expresidente, y explicó el proceso que deberá seguir el requerimiento en caso reciba el visto bueno de la Corte Suprema, lo que ocurrió -oficialmente- al mediodía.

“Espero que si el expediente está bien armado, con todos los requisitos que exige la justicia norteamericana, sobre todo lo que ellos llaman la causa probable de condena, lo que ellos exigen como parámetro fundamental, esta solicitud la tramiten en un tiempo prudencial, que no demoren dos años ni tres años”, explicó a la prensa en el Congreso. “Para mí, un tiempo prudencial serían unos seis meses. Medio año es suficiente para que se haga el trámite allá en los Estados Unidos”.

El proceso
Fuentes de RPP Noticias confirmaron por la mañana que la Corte Suprema había aprobado el pedido para extraditar a Toledo, versión que Rodríguez evitó ratificar hasta que la resolución sea publicada oficialmente, como ocurrió al mediodía. Sin embargo, sí habló sobre lo que pasaría después. “Una vez que la Sala Penal de la Corte Suprema haya emitido la resolución consultiva, se remite al Ministerio de Justicia para que a su vez lo ponga a disposición del Consejo de Ministros, es decir, el Poder Ejecutivo.

“La extradición en el Perú tiene un componente jurídico y otro político. El jurídico lo aporta el Poder Judicial con la resolución consultiva, que está próxima a emitirse en una hora, y luego el Ejecutivo ya le da la parte política, tiene que ver allí un tema de relaciones internacionales, diplomáticas, etc.”, dijo Rodríguez.
El presidente de la Corte Suprema señaló que “si el Ejecutivo hace suya la resolución consultiva del Poder Judicial, se remite por conducto diplomático”. De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano le entrega al Departamento de Estado de EE.UU. –su equivalente en el país norteamericano- , el cual a su vez lo deriva al Departamento de Justicia y luego “a un juez federal que hará la audiencia de extradición”. “En este caso, se sobreentiende que será en California porque allí está ubicado el presidente Toledo”, comentó.

El caso Toledo
El pedido de extradición fue realizado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, a pedido de la Fiscalía Especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Todo esto relacionado con el Proyecto Vial Interoceánica Sur – Tramos II y III, cuya concesión se dio cuando Toledo era presidente.

El exmandatario, quien vive en Estados Unidos, tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses que fue citada por Concepción Carhuancho en febrero de 2017, a pedido del fiscal Hamilton Castro, por presuntamente haber recibido un soborno de US$ 20 millones de la constructora brasileña Odebrecht. El exlíder de Perú Posible fue presidente de la República entre 2001 y 2006. Volvió a ser candidato, sin éxito, en 2011 y 2016.

RPP


Defensa de Toledo recurrirá al Tribunal Constitucional

Ante el pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo, aprobado por la Corte Suprema, su abogado Roberto Su Rivadeneyra, anunció que interpondrá una demanda de hábeas corpus que tendrá que ser resuelta por el Tribunal Constitucional (TC) y, de ser el caso, recurrirá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues considera que no se está respetando el estado de derecho y se ha vulnerado el debido proceso contra su defendido.

Consideró que la resolución de la Corte Suprema, es una ratificación de la arbitrariedad y persecución contra el exmandatario. “El fallo dice que Toledo ha promulgado la Ley 28214, pese a que hemos argumentado que esa Ley la promulgó el Congreso por insistencia pues el presidente la observó. Le atribuyen hechos en los que no ha participado”, aseguró.

Sostuvo que el delito de tráfico de influencias que se le imputa a su patrocinado ya ha prescrito y el delito de colusión no se le puede atribuir, pues la norma dice que debe ser un funcionario que participe por razones de su cargo en las contrataciones públicas y el presidente de la República no tiene esa función.

Su Rivadeneyra manifestó que un proceso de extradición demora un año y medio y en ese lapso de tiempo debe pronunciarse el TC. “Si es que falla a nuestro favor, dejará sin efecto dos delitos (tráfico de influencias y colusión) y devolverá el pedido de extradición para que se realicen las correcciones”, declaró.

El abogado dijo estar de acuerdo que se realicen las investigaciones pero cree que no hay medios probatorios para demostrar que el dinero era para Toledo. “Barata dice que le dio a Maiman y éste que el dinero fue para Toledo, pero no se puede condenar a las personas por dichos”, comentó.

En su defensa, aseguró que Fernando Zavala fue ministro de Economía de Toledo y en ningún momento ha dicho que el entonces presidente tuvo injerencia en a Interoceánica y “lo mismo han dicho los demás ministros, entonces ¿dónde está la colusión?, eso no existe. Es una construcción fantasiosa del fiscal y los jueces están avalando eso”.

La República