¿Un Plan Argentina contra las drogas? – Por Juan Gabriel Tokatlian

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Juan Gabriel Tokatlian*

Una nota publicada en Infobae (“Terrorismo, narcotráfico y defensa: La agenda de Aguad y Bullrich en su visita a Estados Unidos”) el 3 de febrero de 2018 comentó que “según fuentes de la Casa Rosada, hay una intención precisa de Macri de intensificar los operativos conjuntos del Comando Sur con las Fuerzas Armadas argentinas para la lucha contra el narcotráfico”.

Según señaló una nota publicada en Clarín (“El Gobierno pidió a Estados Unidos que incluya a la Argentina en el combate contra las drogas en la región”) el 13 de febrero y que resumía el viaje a Estados Unidos (Washington DC y Miami) del Ministro de Defensa, Oscar Aguad y de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los funcionarios indicaron la voluntad del gobierno de Cambiemos de propiciar una mayor colaboración entre la Argentina y Estados Unidos en los campos de la defensa y de la seguridad.

Según esa nota la Ministra Bullrich subrayó lo siguiente: “Queremos un plan que nos involucre”. Así entonces, al parecer, desde la cartera de Seguridad se pensó (¿piensa?) lograr un “Plan Argentina” contra las drogas financiado en cierta medida, sería de suponer, por Washington. Si esa fue y aún es la intención, la misma refleja un nivel de ignorancia y equivocación inquietante. Veamos por qué.

Primero, parece desconocerse la variedad y el contenido de los “planes” anti-narcóticos impulsados por Washington. Como se sabe, al Plan Colombia de 2000 se le añadió tiempo después la Iniciativa Anti-Drogas Andina. En 2008 se lanzó la Iniciativa Mérida con epicentro en México, complementada por la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica. Adicionalmente, en 2009 y con una mayor atención colocada en México, se dio inicio a la National Southwest Border Counternarcotics Strategy. Además, en 2010 se puso en marcha la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. En 2011 el Departamento de Defensa presentó su Counternarcotics & Global Threats Strategy que, respecto a Latinoamérica, ubicó el acento en México, América Central, Colombia y Perú.

A su vez, en 2015 comenzó la Caribbean Border Counternarcotics Strategy, mientras que en diciembre de 2016 el Congreso aprobó la United States-Caribbean Strategic Engagement Act. En esencia, los planes anti-drogas respecto a América Latina y el Caribe tienen un hilo conductor que los liga y que contempla cuatro dinámicas: a) la securitización mediante la cual un asunto de salud pública se convierte en un problema de seguridad nacional; b) la militarización consistente en involucrar directamente a las fuerzas armadas en la lucha contra los narcóticos; c) la americanización a través de la cual se aplica un conjunto amplio de iniciativas y prácticas represivas; y d) la privatización expresada por el avance de contratistas privados en tareas contra el narcotráfico en países receptores de asistencia estadounidense.

Dichas dinámicas generan una adicción a la ayuda de Washington, horadan las relaciones cívico-militares, erosionan aún más a Estados frágiles en el área y perpetúan la lógica de la “guerra contra las drogas” a la espera de alcanzar la quimera de la abstinencia.

Segundo, parecen obviarse los rotundos fracasos de aquellos planes, tanto en términos de la cuestión de las drogas propiamente dicha como respecto a otros asuntos fundamentales para la democracia. Los datos disponibles son elocuentes. Los cultivos ilícitos no se han erradicado — más aún, en varios casos, en distintos países y según determinados años, han crecido. Las organizaciones criminales ligadas al negocio de las drogas no se han debilitado; por el contrario, han proliferado, se diversificaron y se han fortalecido.

El control del lavado de activos derivado del narcotráfico es mediocre. Paralelamente, se producen graves crisis de derechos humanos ligados a la participación de las fuerzas armadas en el combate anti-narcóticos. Muchos militares se desmoralizan por el hecho de verse involucrados en roles y misiones que no les corresponden. El castigo de las estrategias punitivas recae principalmente en los jóvenes, los pobres y las mujeres. Los sistemas judiciales son ineficaces ante el auge del narcotráfico y se empeora aún más su funcionamiento. Aumentan la corrupción y la violencia. Los países pierden soberanía y autonomía. En breve, los “planes” de Estados Unidos en la región en materia de drogas han sido un fiasco formidable y costoso.

Tercero, se confunde aquiescencia a las iniciativas anti-drogas de Washington con buenas relaciones garantizadas con Estados Unidos. Un caso emblemático fue el anuncio del Presidente Donald Trump mediante la Determinación Presidencial número 12 de 2017 que indicó que si Colombia no hace progresos en la reducción del cultivo y producción de drogas, el país será de-certificado en 2018. El otro ejemplo lo evidencian las agresivas posturas del actual gobierno estadounidense hacia México en temas como la frontera, el comercio, la migración. Es importante tener en cuenta que Washington no ha tenido ni tiene “relaciones especiales” con los países de una periferia que aún considera su “patio trasero”.

Cuarto, no se considera la información disponible en cuanto a los recursos que Washington desembolsa en el exterior en el campo de la lucha contra las drogas. Básicamente, la asistencia anti-narcóticos a la región —incluida aquella que corresponde a la seguridad— muestra una tendencia declinante; en especial desde 2012 en adelante. Más aún: para 2019 el Presidente Trump contempla un recorte del 95% (respecto al año fiscal en curso) del presupuesto de la oficina del Zar Anti-Drogas. Es altamente probable que si la Argentina planea sumarse activamente a la “guerra contra las drogas” deberá pagarla solo con recursos nacionales, en momentos de serias dificultades económicas y nuevos ajustes presupuestarios.

Quinto: es común que desde distintos niveles oficiales se justifique un perfil más alto en el combate contra el narcotráfico en el marco del desafío del terrorismo. Sin embargo, no se justifica la participación en esa otra “guerra”. Por ello vale la pena detenerse en la presentación del Director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, en la reciente audiencia en el Congreso estadounidense (https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/os-dcoats-021318.PDF) sobre amenazas mundiales. Él hizo tres referencias generales a América Latina, nunca mencionó a la Argentina y no identificó el importante reto del terrorismo como un asunto clave en las relaciones interamericanas. Por ende, si el gobierno quiere colocar al país en el centro de dicho problema y, además, asumir internacionalmente un papel más participativo en el combate contra el terrorismo, ello sería más el producto de una decisión deliberada interna que una inexorable exigencia externa.

Sexto, es llamativa —y aventurada— la satisfacción que parece generar una muy cercana relación con el US Southcom estacionado en Miami en el marco de medidas comerciales de Washington que afectan las ventas argentinas (por ejemplo, del biodiésel). Cabe mencionar, en ese sentido, que el déficit comercial de la Argentina respecto a Estados Unidos pasó de US$ 3.865 millones de dólares en 2016 a US$ 4.747 millones en 2017 (consultar al respecto, www.census.gov). Ahora bien, después del mencionado viaje de febrero de los dos ministros a Estados Unidos y a raíz del intento del gobierno de evitar el alza de los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio anunciadas por Trump, el embajador argentino ante Washington, Fernando Orís de Roa aseveró en una entrevista a Clarín (“Aranceles al acero y el aluminio: el gobierno reconoce que la situación es complicada”) el 13 de marzo que las relaciones en materia de seguridad eran estrechas, destacando “el compromiso que la Argentina tiene con el Comando Sur”.

Esto reafirma un presunto “eslabonamiento temático” que el embajador ya había sugerido en otro reportaje a Clarín del 12 de enero. Allí señaló: “EE.UU. tiene hacia nosotros un interés político, y nosotros tenemos hacia ellos un interés económico. A EE.UU. le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Una agenda de corte político internacional… Nuestra agenda es económica. Una agenda para, de alguna manera, abrir el mercado norteamericano a una cantidad de productos que la Argentina exporta… El desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo, de una forma diplomática, que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica”. Habrá que ver si el “eslabonamiento temático” sigue siendo tan improductivo como hasta ahora.

Séptimo, resulta imprudente confiar en ciertas señales y formalidades de la diplomacia estadounidense que alaban el papel de la Argentina en la región; lo cual supuestamente podría hacer atractivo para Washington promover y validar un plan anti-narcóticos convencional en el país. En la conferencia de prensa del Secretario de Estado Rex Tillerson y el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, el Canciller estadounidense hizo referencia en tres oportunidades al liderazgo argentino. Pero un mes después Tillerson era despedido por el Presidente Trump y sustituido por Mike Pompeo, ex Director de la CIA, hombre del Tea Party en el partido Republicano, y ex representante por el estado de Kansas cuyas campañas políticas fueron financiadas en especial por grupos vinculados al sector energético y al financiero (ver, al respecto, https://www.opensecrets.org/members-of-congress/industries?cid=N00030744&cycle=CAREER).

En sus votos en el Congreso y en sus pronunciamientos políticos se mostró como un extremista de derecha: contra los fondos federales para el aborto, a favor de las grandes corporaciones, a favor de recursos en las escuelas públicas que enseñen abstinencia, contra acuerdos que pudieran limitar el comercio de armas con Israel, a favor de gastos de defensa elevados, contra Irán; contra la expansión de regulaciones ambientales, entre otros (ver, al respecto, http://www.ontheissues.org/House/Mike_Pompeo.htm). No sería extraño que en su comportamiento hacia la región en general, y hacia la Argentina en particular, despliegue una diplomacia más disciplinante y menos persuasiva que exija mucho y aporte poco.

Y octavo, es desusado que un país como la Argentina solicite un plan asistencial de Estados Unidos. Quizás una identidad internacional vacilante subyace a una eventual solicitud de ese tipo. La identidad propia es el producto de múltiples factores geográficos, demográficos, políticos, étnicos, culturales, tecnológicos y económicos, y está influída por un amplio conjunto de fuerzas y fenómenos. Ahora bien, la identidad incide sobre la definición y el alcance de los intereses nacionales y, por lo tanto, sobre el diseño y la instrumentación de la política exterior. Así, una identidad nacional cohesiva contribuye a una mejor defensa de los intereses vitales de un país. Inversamente, una identidad endeble no contribuye a ello.

En resumen, solo una concatenación de candor simplista, expectativa desmedida y desacierto estratégico puede llevar a que la Argentina le pida a Estados Unidos en el ámbito de las drogas “un plan que nos involucre”.

*Académico argentino especializado en relaciones internacionales.