Puerto Rico: el gobierno reconoce desatención a personas mayores tras el huracán María

Miles de personas de edad avanzada viven en condiciones vulnerables fuera del radar de las autoridades gubermanentales.

Muchos de ellos fueron los que pasaron hambre y sed por dificultades de movilidad, o no pudieron salvar sus medicinas por la falta de luz, sin que nadie lo supiera o se enteraran muy tarde después del huracán María.

El gobierno desconocía dónde viven o cuáles eran sus necesidades particulares, lo que, tras el ciclón, se convirtió en el principal reto de agencias como el Departamento de la Familia (DF), relató la secretaria, Glorimar Andújar.

El huracán María, por tanto, reveló a las autoridades una realidad latente para la que no se habían preparado. Ante este cuadro, El Nuevo Día solicitó una entrevista con la secretaria de la Familia para indagar sobre cómo esa agencia respondió a la emergencia y qué medidas ha tomado para subsanar las deficiencias.

“Tenemos muchas personas de edad avanzada en hogares que no pensábamos que iban a estar en concentraciones tan altas… Urbanizaciones completas con personas de edad avanzada que dependen y se nutren de la ayuda que les dan sus vecinos”, indicó la secretaria de la Familia en entreivsta con El Nuevo Día.

“No necesariamente están bajo la jurisdicción del DF, porque nosotros entramos en la protección. Son personas que viven solas y tienen necesidades particulares, que se suplen de sus vecinos”, expuso. “Es importante, para futuros servicios que desarrollen, saber dónde cada una de estas poblaciones se encuentran”.

La funcionaria indicó que, por la naturaleza de los servicios que ofrece, la agencia conoce sobre personas de edad avanzada en la medida en que participan de sus programas, como el de Asistencia Nutricional (PAN), los servicios de protección en casos de maltrato o los hogares de cuido prolongado.

Pero, por ejemplo, apenas el 2.8% de las personas sobre los 65 años en la isla reside en alguno de estos hogares, según Minerva Gómez, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración.

Mientras, el 81% de esa población solo tiene como ingreso la pensión del Seguro Social y solamente el 41% recibe el PAN, según la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPE).

De acuerdo con la procuradora, Carmen Delia Sánchez, para 2016, se estimaba que en Puerto Rico había 855,708 personas sobre los 60 años.

De ese total, Sánchez destacó que el 36% vivían solos en la comunidad, mientras que el 41% lo hacía con un cónyuge.

“Esa población es la que más nos preocupa”, expresó Sánchez. “Esos viejos que están en la comunidad tienen poco sistema de apoyo y están invisibilizados”.

Por su parte, Gómez relató que, durante la etapa más álgida de la emergencia por el huracán María, muchas instituciones “auxiliaron a muchos que viven solos en sus casas”. Dijo que les llevaron comida o les “tiraron” una extensión eléctrica “porque no tenían quién los atendiera”.

Algunas agencias catalogan a las personas como de la población de adultos mayores a partir de los 65 años de edad; otras, un poco antes, a los 60. Y en 2016, ese grupo de 60 años o más representó el 23.5% de la población de Puerto Rico. En 2015, ese grupo era el 22.7% de la población, mientras que, cinco años antes, el 19.4% de la población tenía 60 años o más.

Sin embargo, Sánchez está segura de que este sector de la población ha aumentado significativamente, en especial después de la oleada migratoria que siguió al huracán María, y considera que, para el próximo censo, las personas de sobre 65 años alcanzarán el 30% de la población.

Para atender a esas personas después del huracán, Andújar relató que desarrollaron métodos alternos de operación, porque dependían demasiado de la comunicación por teléfono e intentan proveer más contacto personal.

Para identificar áreas de “alta concentración”, se valieron de la aportación de organizaciones como la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), en un ejemplo de cómo Familia ha aumentado la colaboración con organizaciones sin fines de lucro para prestar servicios.

El presidente del capítulo de Puerto Rico de la AARP, José Acarón, resaltó que existe “esta población adulta mayor, aislada, sin una red de apoyo, viviendo sola y mayormente femenina, y no se saben dónde están”.

“La pregunta es: ¿cómo vamos a atenderlos”?, añadió.

“Hay que hacer un censo municipal de necesidades y crear mecanismos comunitarios de apoyo. Ahí tenemos que hablar de diferentes modelos de gente apoyando gente, que funcione de forma estratégica y que sea parte de un plan”, indicó.

Pendientes a la pobreza

Aunque mantienen su estimado de que, en Puerto Rico, el 46.1% de la población vive bajo el nivel de pobreza, Andújar adelantó que comisionaron a la Universidad de Puerto Rico un estudio para constatar los cambios socioeconómicos, especialmente después del huracán María.

“Esperamos tener una visibilidad más al día de lo que son los por cientos, de qué es lo que nos va a arrojar, cuáles son las poblaciones que están en esos niveles de pobreza y, obviamente, cuán alineados están nuestros programas hacia los servicios hacia cada una de esas poblaciones que resulte del estudio”, informó Andújar, quien no pudo ofrecer al momento una proyección de para cuándo podría estar listo.

Aunque después del huracán aumentó por miles la cantidad de solicitudes al PAN, la funcionara aseguró que el 2017 cerró con 35,000 nuevos beneficiarios, un número similar al de las personas que salieron de ese programa.

La demógrafa Judith Rodríguez dijo que, tomando en cuenta solo las dificultades que trajo la emergencia, puede adelantar que la cantidad de pobres en la isla ha aumentado.

Las cifras más recientes, de 2016, indicaban que, en 30 municipios de la isla, un 50% de la población vivía en la pobreza, y que en otros seis pueblos, la cifra alcanzaba el 60%.

“Toda esa pobreza evidenciada por estas cifras, junto a los problemas de María, no hay duda que han impactado de manera negativa la calidad de vida de los puertorriqueños, aunque unos sectores más afectados que otros”, manifestó Rodríguez. “Hoy, más que nunca, las familias necesitan que los servicios ofrecidos por el gobierno de Puerto Rico respondan a las necesidades cambiantes de la gente”.

Alertas por los menores

Además de las situaciones en las que viven los viejos y el aumento anticipado en la población que necesitará asistencia gubernamental, Andújar dijo que su personal está pendiente de la posibilidad de que aumente la incidencia de maltrato de menores.

“Es una realidad para la que nos hemos estado preparando. Estamos activos llevando mecanismos de prevención. Después de un fenómeno como el que sufrió el país, al cabo de los meses, se espera que esos indicadores tiendan a aumentar”, señaló Andújar.

Según la información que ofreció su agencia, en los referidos de septiembre a diciembre de 2017 de posibles casos de maltraro, se observa que los totales aumentaron mes tras mes, pero todos estuvieron por debajo de los registros del mismo periodo del año anterior.

El 2017 cerró con 16,832 referidos; 2016, con 24,167.

Los casos confirmados como maltrato en 2017 fueron 2,077, una baja en contraste con los 3,267 del año anterior.

Trabajadores sociales

A los retos por los cambios socioeconómicos y poblacionales se les suma uno más: en 2017, Familia perdió a cerca de 100 trabajadores sociales.

Andújar dijo que la agencia reclutará profesionales en este campo, tras asegurar que la reducción en la plantilla se debió a salidas voluntarias y no recortes presupuestarios.

“No es que no se hayan podido reponer”, dijo Andújar. “Se estaba haciendo el análisis, pero María nos retrasó, mirando todas las locales y regiones, para ver dónde estaba la mayor necesidad, cuánto personal era el que se necesitaba… Ahora se están haciendo los planteamientos para comenzar un reclutamiento”.

Familia tuvo una reducción de $605 millones en su actual presupuesto, pero Andújar aseguró que los servicios no se han afectado.

“Nos dieron el dinero que necesitamos para operar”, dijo la funcionaria, quien anticipa que la reestructuración de la agencia propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló agilizará la prestación de servicios. “No se necesita más”, acotó cuando se le preguntó por el presupuesto.

Informó que, actualmente, cuenta con 905 trabajadores sociales y 190 supervisores.

Por su parte, Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, considera, por el contrario, que la demanda de servicios tiene que haber aumentado en Familia.

“Los que se quedan y no pueden salir (de Puerto Rico), eso aumenta los estresores sociales y puede estar asociado a las tasas desuicidio”, dijo Alicea. “En el caso de los padres, disminuyen las capacidades protectoras y aumentan los casos de maltrato infanto-juvenil”, mantuvo.

En ese sentido, Alicea indicó que le preocupa la reducción en el número de trabajadores sociales disponibles en Familia, y expuso que el efecto de esto es que aumenta la carga de casos para los que se quedan y reduce el tiempo que tienen para atender a las familias.

“Algunos tienen 35 casos, pero son de familias, y cada familia puede tener cinco o siete personas, y el número de personas de un trabajador social puede ser hasta 200 personas”, advirtió Alicea. “La ausencia de condiciones laborales adecuadas para atender la situación provoca que miles de personas estén en riesgo”.

“Eso no es culpa de la secretaria. Es culpa de que no se le asignan los recursos, pero sí lo hacen con cosas que no son prioridad. Tenemos una secretaria de Educación cobrando $250,000 y tenemos a un secretario de Seguridad cobrando un dineral, cuando la inseguridad pública está en los niveles más altos”, afirmó.

El Nuevo Día


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