Jesús Santrich, líder de la Farc: «Para los excombatientes se viene la más pertinaz y vengativa persecución judicial»
Entrevista a Jesús Santrich, líder de la Farc
Una semana antes de ser detenido, Jesús Santrich, el más crítico entre los comandantes de las ex-FARC, analizó en diálogo con Lanzas y Letras la situación en que se encuentra su fuerza política. “Cometimos un error estratégico y estructural”, afirma.
En la entrevista, realizada en el marco de la investigación Final Abierto: 20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018)* de próxima publicación, el excomandante guerrillero no ahorra duras palabras para calificar la implementación de los acuerdos de La Habana, proceso al que rotula sin ambages como “altamente negativo”.
Por su ascendencia sobre la militancia fariana, no es descabellado pensar que su detención sea un intento por “sacar de en medio” a una de las figuras que, desde la Dirección Nacional de la nueva FARC, cuestiona los resultados que viene arrojando lo pactado hace algo más de un año atrás.
La próxima visita de Donald Trump a Colombia, y las palabras del presidente Santos afirmando que “no le temblará la mano” para firmar la extradición solicitada por los EE.UU., también hacen parte inevitable del contexto en el que se enmarca esta detención.
Más allá de análisis y especulaciones, en las líneas que siguen podemos encontrar el pensamiento claro de Santrich: cita a Marulanda para afirmar que fue un error “entregar” las armas en lugar de hacer una “dejación” como estaba planteado, y propone al ELN una estrategia de unidad. En sus palabras se encuentran respuestas no solo a las preguntas hechas en la entrevista, sino a la gravísima coyuntura que, con hechos como este, atraviesan los procesos de paz.
A más de un año de firmados los acuerdos de La Habana ¿cómo valora usted la implementación de lo allí pactado?
Mi conclusión es que la implementación del Acuerdo de Paz tiene un balance altamente negativo. Esta afirmación la sustento con algunas argumentaciones irrefutables:
La primera es que, al someter a renegociación el Acuerdo luego de su refrendación, se pisotearon principios esenciales para la confianza como el Pacta sunt servanda y el de Buena Fe. El Derecho Internacional consagra que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Tal inviolable condición está claramente señalada en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986, los cuales fueron instrumentos que desde el principio colocamos como respaldo de lo que se debatía en La Habana.
Del principio de Buena Fe no se puede decir menos. Lo cierto es que, hasta jocosamente, muchas veces en la Mesa hablamos de que debíamos tener palabra de gallero, como se dice en los pueblos del caribe colombiano para expresar que cuando se pacta no se puede mentir, que así no exista un papel y una firma por delante la palabra empeñada debe tener un valor sagrado, debe estar arropada de honradez, de verdad y rectitud en la conducta que entrañen probidad.
Pero no, lo que ha ocurrido es que este es el único acuerdo del mundo que se renovó cada día y es manoseado y distorsionado por cada rama del poder público en detrimento de sus contenidos y espíritu de origen.
Tal situación ha derivado, y sería un segundo aspecto característico de la implementación, en inseguridad jurídica, expresada en una ley de amnistía saboteada por los jueces de ejecución de penas y en una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que de alternativa al cuestionado Ius puniendi del Estado, pasó a convertirse en una reafirmación del derecho penal del enemigo, del derecho penal de los vencedores, como si el acuerdo de La Habana hubiese sido una rendición.
Esta JEP quedó convertida en una letal trampa para colocar solo a la insurgencia en el banquillo de los acusados, mientras se amplía el manto de impunidad para los militares y los llamados terceros agentes del Estado. Tal trampa buscará, con la ayuda de la corrupta fiscalía, colocarnos en manos de la venal y descompuesta justicia ordinaria hasta llevarnos a la cárcel.
En este plano lo que se viene para los excombatientes de las FARC es la más pertinaz y vengativa persecución judicial, que irá de la mano de la persecución paramilitar e incumplimientos de todo tipo, como el de terminar de liberar a los más de medio millar de compañeros y compañeras que siguen en prisión.
El tercer aspecto que caracteriza a la implementación es la tremenda inseguridad personal en que cayó el proceso; a estas alturas, después de algo más de un año, han sido asesinados 48 excombatientes amnistiados e indultados, incluyendo los familiares. Los familiares ya son 11 y ha habido también una cantidad de asesinatos contra dirigentes comunitarios de las áreas y de las zonas desde donde nos replegamos para ir a ubicarnos en lo que se dio en llamar Zonas de Transición y Normalización, que ahora son los espacios territoriales para la formación y reincorporación.
Tanta inseguridad se expresa en la dispersión evidente que hay del paramilitarismo o lo que hoy llaman Bandas Criminales. En Córdoba nuestros compañeros y compañeras tuvieron que salir hacia Antioquia a ubicarse en otras áreas porque estaban en territorios que estaban siendo copados por paramilitares, lo mismo ha ocurrido en otras áreas como Tumaco, donde fuerzas armadas ilegales están ahí como una amenaza y un peligro.
Otro aspecto característico derivado es el de la inseguridad socioeconómica. Podemos decir que, hasta el momento, en ninguna de las Zonas Veredales se están adelantando procesos socio-productivos que hayan salido de lo que se acordó en La Habana.
Con estas características de la violación del Pacta sunt servanda, el principio de la buena fe, el de la inseguridad jurídica, el de la inseguridad personal, la inseguridad socioeconómica y el de la desfinanciación del proceso, estamos transitando ya el pantano del incumplimiento, de la presión gubernamental e institucional, porque en esto no se trata sólo del gobierno, sino de todas las instancias de la institucionalidad colombiana, a lo que fue un compromiso sagrado de La Habana para alcanzar y lograr el derecho a la paz. Estamos ante un proceso fallido,
¿Por qué no fue posible concretar que las dos insurgencias, ELN y FARC, iniciaran y desarrollaran un solo proceso de negociación?
Al iniciar los acercamientos con el gobierno de Santos, debido a la intensidad de la confrontación no había muchas posibilidades de establecer coordinaciones con el ELN. Pero llegó un momento en los ciclos de La Habana donde pudimos tener comunicación e intercambios directos, sosteniendo la idea de unificar procesos. Ya nuestro ejercicio iba bastante adelantado respecto al ELN, cuya dirección debía hacer sus consultas internas y sus propios diseños.
Nosotros como FARC no podíamos pretender que el ELN se sumara simplemente a una agenda en cuya construcción no participaron, ni podíamos pretender que se plegaran a pre-acuerdos que ya estaban firmados porque, más allá de que tenemos identidades estratégicas, también tenemos puntos de vista diferentes en lo que respecta al tratamiento de la economía, del relacionamiento con la población. Pero de cualquier manera lo que sí consentimos desde nuestros primeros encuentros fue la consigna de “dos mesas, un mismo proceso”, y dentro de esa perspectiva como FARC hemos puesto al servicio del ELN todas las propuestas, inquietudes, experiencias que tuvimos a lo largo del proceso. Y esto se hizo no solo en La Habana sino también en Ecuador.
Reitero que se trata de compartir nuestra experiencia sin jamás interferir o pretender incidir en las decisiones que autónomamente le corresponde tomar al ELN como fuerza revolucionaria que tiene su propuesta estratégica y su propia visión de lo que es La Paz.
Hoy en día pienso que el ELN debe mirar de manera muy cuidadosa y con extremas precauciones lo que ha sido la implementación del acuerdo de paz con las FARC para evitar que les apliquen a ellos también una dosis de perfidia.
Pero independientemente de las circunstancias tan adversas, con el ELN debemos esforzarnos por construir y desenvolver una estrategia de unidad que permita, en un futuro próximo, que florezca un gobierno alternativo de convergencia. No tenemos otro camino que el de la unidad.
Con la entrega de armas FARC concreta un cambio de la estrategia que había sostenido durante más de cinco décadas. ¿Eso se debe a que cambió el sistema al que combatían o a que cambiaron las FARC?
El régimen al que nos enfrentamos durante más de medio siglo no ha cambiado su carácter de injusticia. Esto quiere decir que los espacios para la lucha democrática siguen cerrados.
Nosotros tuvimos la aspiración de abrirlos y nos dispusimos a sacrificarlo todo para atender al sentimiento de reconciliación que palpita en los corazones de las mayorías empobrecidas excluidas de nuestro país y por eso adelantamos un proceso en el que jamás se habló de entrega de armas sino de dejación de las mismas, entendiéndose por ello la determinación de no involucrar armas en la política. Y eso debía ser un compromiso bilateral. En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: “De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Manuel Maruranda Vélez, 6 de septiembre de 1998, diario Clarín de Argentina, reportaje del periodista Pablo Biffi).
Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento.
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