Puerto Rico: sindicatos impugnan en el Tribunal Federal de EEUU la ley que impone a la Junta Fiscal

Impugnan sindicatos en tribunal ley Promesa impuesta a Puerto Rico

Varios sindicatos y organizaciones cívicas boricuas impugnaron ayer en el tribunal federal de Estados Unidos la legislación Promesa, que ha permitido la imposición a Puerto Rico de una junta de control fiscal.

Los demandantes solicitaron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en San Juan, que declare ‘ilegal, nula e inconstitucional’ la imposición a Puerto Rico de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) porque viola la Declaración de Independencia de la nación norteña y la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmiendas de su Constitución.

Además, alegan en la acción judicial dirigida contra el gobierno de Estados Unidos, la junta y el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en su capacidad oficial, que también se transgrede la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

‘El grupo coincide en que los poderes conferidos a la junta despojan al pueblo de Puerto Rico de unos derechos humanos y civiles y de la oportunidad de gobernarse dentro del marco de una sociedad democrática’, expresó el abogado Roberto Maldonado en una rueda de prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en San Juan.

El letrado añadió que Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, inhabilita al gobierno boricua, aparte de constituir una imposición sobre la estructura social, política y económica de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde hace 119 años.

Se explicó que ciudadanos, jubilados, bonistas, sindicatos, asociaciones cívicas, profesionales y de maestros forman el grupo de los demandantes, convencidos de que la actuación del Congreso es injusta, anacrónica y contraproducente a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

La demanda está encabezada por el abogado René Pinto Lugo y, además de Maldonado Nieves, lo representa Reynaldo Pérez, quienes explicaron que por ser Promesa una legislación del Congreso federal puede disputarse en el tribunal estadounidense en Puerto Rico.

Entre sus alegaciones, la demanda plantea que al imponer el organismo a Puerto Rico bajo los poderes de Promesa, el Congreso y la JSF privaron al pueblo puertorriqueño y a los demandantes de su derecho a la autodeterminación y otros derechos bajo los mencionados decretos.

La ley bajo la que se ha colocado al gobierno puertorriqueño se basa en el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución federal, mas alegan los letrados que Estados Unidos renunció a ejercer autoridad colonial sobre Puerto Rico y a adoptar reglamentos sobre la Isla basados en esa cláusula al unirse a la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y a otros tratados.

La creación de JSF y su imposición sobre Puerto Rico por el Congreso es nula e inválida y conforme a ello debe ser declarada inconstitucional, tal como cualquiera y todos sus actos, y los procedimientos bajo Promesa deben detenerse, se argumenta en la demanda.

La Carta de las Naciones Unidas establece para aquellos países miembros con responsabilidad de administrar territorios que no han logrado autogobierno, reconoce el principio y obligación de proveer el bienestar de sus habitantes y ayudar en el desarrollo conforme las aspiraciones de sus pueblos.

Los demandantes se erigen en representativos de los residentes de Puerto Rico y entidades afectadas directamente por la ley Promesa, especialmente tras la devastación causada por los huracanes Irma y María, y la manera en que el gobierno isleño ‘mal manejó la crisis socioeconómica y de salud que surgió’.

Respecto a los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico de 73 mil millones de dólares, solicita que una auditoría forense independiente determine cuáles personas o entidades fueron responsables de la venta ilegal de bonos para que respondan por su acción.

La acción pide, además, reconocer el derecho de los demandantes y el pueblo a participar en las decisiones de conservar, administrar y disponer de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con su propia deuda de 9 mil millones de dólares, que considera un servicio esencial importante, aparte del recurso agua.

Una petición para incluir al gobierno de Estados Unidos en este caso busca que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales de la deuda pública de Puerto Rico y por la ilegalidad e inconstitucionalidad de la imposición de la JSF sobre los demandantes, Puerto Rico y sus residentes.

Prensa Latina


Los maestros irán contra Promesa

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, anticipó este lunes que esa organización impugnará en el tribunal la ley federal Promesa, que creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para impedir los recortes a las pensiones de miles de maestros e incluso el cierre de escuelas.

“Estamos trabajando un recurso legal para demandar contra Promesa, a la Junta”, dijo Díaz en una conferencia de prensa en la que anunció que hoy, miércoles, a partir de las 3:30 p.m., realizarán lo que han llamado “un escudo humano” para manifestarse en contra del cierre de 280 escuelas y de las medidas de mayor austeridad ordenadas por la JSF con la aprobación de varios planes fiscales.

Díaz recordó que, en el 2014, el Tribunal Supremo falló a favor de la Asociación en su reclamo de que los cambios propuestos a las pensiones de los maestros jubilados eran inconstitucionales. “Ya se determinó que esos eran derechos adquiridos”, dijo Díaz.

“No hay nada más grande para motivar a un pueblo que el saber que le van a quitar de las pensiones para pagar una deuda pública a gente que sabía que estaba prestando a riesgo de perder su dinero”, dijo Díaz, rodeada de otros líderes sindicales como José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores; Nelly Ayala, presidenta de la Asociación de Empleadas de Comedores Escolares; y Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT).

La CPT también presentará un recurso legal para intentar impugnar la JSF, adelantó Irene Maymí, pero dijo que los detalles se ofrecerán durante el día de ayer.

Díaz, por su parte, reconoció que estos no son sus únicos esfuerzos. A preguntas de El Nuevo Día, Díaz indicó que los cabilderos de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, en inglés), a la que está afiliada la Asociación, presionan en Washington para conseguir que se enmiende la ley Promesa.

“Están hablando con los congresistas, consiguiendo de los congresistas a ver cómo se puede enmendar para ponerle un límite al poder de la Junta”, dijo.

Tanto Díaz como Rodríguez opinaron que la JSF actúa de manera antidemocrática.

“Para lo que ha servido Promesa es para despertar esa conciencia. Creo que el pueblo de Puerto Rico ha despertado y no está dispuesto a dejarse atropellar más. Creo que las cosas van a cambiar de ahora en adelante”, afirmó la presidenta de la Asociación de Maestros.

“Yo creo que la Junta tiene que eliminarse y tiene que enmendarse la ley. Le han dado un poder absoluto y están abusando de ese poder”, agregó Díaz.

Los planes fiscales aprobados la semana pasada por la JSF incluyen recortar las pensiones, reducir beneficios y derechos de los trabajadores y aumentar la matrícula de la Universidad de Puerto Rico y los peajes.

El Nuevo Día


Estocada fiscal para la Universidad de Puerto Rico

El plan fiscal trabajado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la Universidad de Puerto Rico (UPR) permitiría, según propone el ente federal, que la institución universitaria cuente con los fondos suficientes en los próximos cinco años para pagar sus deudas y que, a partir de 2020, los ingresos que genera la universidad del Estado por sus propios medios supere las aportaciones que recibe del Fondo General.

Esto se lograría mediante el aumento a los costos de matrícula que pagan los estudiantes –los cuales se duplicarían el próximo año académico para los estudiantes de bachillerato–, una reducción de un 10 por ciento en los gastos operacionales, la congelación en las aportaciones patronales al plan de retiro de los empleados y la consolidación de recintos, entre otras medidas.

Esos recortes de un 10 por ciento equivalen a $541 millones en los próximos cinco años, según el presidente de la JSF, José B. Carrión. Sin embargo, la jefatura de la universidad argumentó tras la aprobación del plan que este contiene recortes acumulados que ascienden a $809 millones.

El plan creado por el organismo fiscal se basa en una reducción de $266 millones en las asignaciones que el gobierno central destina para la UPR para el año fiscal 2023, un aumento de unos $110 millones en sus ingresos propios y un alza de $218 millones en ingresos recibidos por acuerdos con agencias de gobierno en el mismo período, así como en unos $100 millones que debería recibir el sistema universitario de parte de su aseguradora para cubrir los daños causados por el huracán María.

“Cuando uno compara este plan fiscal con el plan de marzo del año pasado (trabajado por la administración universitaria), hay más dinero para los bonistas, hay un sobrante, cuando antes no había sobrantes, pero los recortes en la UPR para operar son mayores”, sostuvo el economista José Caraballo Cueto.

Las medidas creadas por la JSF entrarían en vigor de inmediato, por lo cual los estudiantes de bachillerato pagarán $115 por crédito para el próximo semestre. Actualmente, el crédito por estudios graduados tiene un costo de $143, que aumentará a $185 para los programas de maestría y a $285 para los programas doctorales.

Para ayudar a los estudiantes de escasos recursos socioeconómicos, el plan fiscal indica que se establecerá un fondo de becas que se otorgará a base de la necesidad económica familiar, no obstante, el documento no precisa cómo se distribuirá el dinero.

El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, indicó el viernes que la JSF solo destinó $9 millones para el fondo de becas, mientras que la jefatura universitaria propuso que ascendiera a $39 millones.

Contrario a lo que fue su requisito a la UPR, la JSF no estableció una escala de costos de matrícula ajustada a los ingresos familiares de los estudiantes.

Al cierre de esta edición, ningún funcionario de la administración de la UPR estuvo disponible ayer para entrevista sobre el impacto del planfiscal sobre la institución. La semana pasada, Alomar sostuvo que no darán paso a las medidas “que provoquen una carga demasiado pesada para los estudiantes y empleados”.

Impacto administrativo

El año pasado, la UPR confeccionó un plan fiscal que no fue certificado por la JSF antes del paso del huracán María. En la primera versión de ese documento, los recortes propuestos para la universidad del Estado ascendían a unos $512 millones para el año fiscal 2025-2026, cantidad que luego se redujo a $241 millones.

En total, el plan de la JSF establece que se implementarán recortes y medidas para allegar ingresos nuevos que generarán $308 millones para la UPR de aquí al 2023. El documento no detalla cómo se implementarían estas nuevas medidas, ni explica cómo se calcularon las proyecciones de ingresos y reducciones, señaló Caraballo Cueto, quien es profesor en el recinto de Cayey de la UPR.

“Lo que vemos es una gran contradicción en este plan fiscal. Hay muchos supuestos, igual que en el plan fiscal del gobierno central, que no parten de unos estudios científicos minuciosos”, expresó el economista al señalar que uno de los elementos que no se ha explicado es la proyección sobre la cantidad de estudiantes que tendrá la universidad en los próximos cinco años.

De acuerdo con los números del ente federal, los cambios le permitirán a la universidad del Estado operar con sobrantes a partir del próximo año fiscal, pero este dinero se destinará al pago de la deuda de la institución y la lleva a un déficit presupuestario.

A diferencia de documentos financieros anteriores, el plan fiscal certificado la semana pasada no hace mención a una renegociación de la deuda del sistema universitario, elemento que se ha discutido durante más de un año en gran parte debido a la cantidad de dinero que la UPR adeuda por un préstamo que tomó para la construcción del edificio Plaza Universitaria, ubicado frente al recinto de Río Piedras.

El presidente de la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, Marcel Castro, sostuvo que los recortes que se le están imponiendo a al UPR son más altos que los propuestos para otras entidades gubernamentales. Castro indicó que se podría hacer un balance si se redistribuyen partidas contenidas en el plan fiscal del gobierno central, como las asignaciones para el pago de asesores de la JSF y el servicio a la deuda.

“Inclusive a los bonistas les conviene que echemos hacia adelante como país, que tengamos un desarrollo económico positivo”, indicó Castro.

Consolidación académica

El plan fiscal dispone además que, para reducir la burocracia y la redundancia en los ofrecimientos académicos de la institución, diez de los once recintos se consolidarán en tres “conglomerados”, donde habrá un recinto principal y los demás operarán como centros satélite especializados en varias áreas académicas.Los cursos generales se ofrecerán en los recintos que operarán como cabeza de cada conglomerado –Río Piedras, Mayagüez y Cayey– mientras que las demás unidades ofrecerán programas únicos.

El Recinto de Ciencias Médicas continuará como un recinto independiente, aunque compartirá personal con el recinto de Río Piedras.

Un análisis preliminar contenido en el borrador del plan fiscal que entregó la UPR, pero que no está contenido en el documento certificado por la JSF, detalló que el 27% de los 271 programas académicos del sistema universitario no cumplía con los criterios de retención y graduación de estudiantes que estableció la Junta de Gobierno de la UPR. Para establecer que un programa académico no está en cumplimiento, menos del 52% de los estudiantes de primer año se mantenían matriculados para su segundo año y más del 25% se gradúa a tiempo.

Al momento no se han dado a conocer oficialmente los nombres de los programas académicos que no están en cumplimiento y que estarían en riesgo de ser eliminados, pero la preocupación permea entre los catedráticos de facultades que no tienen alta demanda entre el estudiantado, indicó Mareb del Rosario, quien fuera profesora del Departamento de Estudios Hispánicos del recinto de Río Piedras.

“Hay programas que tú no puedes eliminar porque tienen una función cultural específica. Quizás no generan dinero, no son los más populares, pero preservan la cultura, extienden una rama del saber, educan a un pueblo”, sostuvo Del Rosario.

El Nuevo Día


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