La ONU denuncia la desaparición de 23 personas en manos de las fuerzas federales

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se presenta una ola de desapariciones forzadas y existen fuertes indicios que habrían sido cometidas por fuerzas federales de seguridad, denunció el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, por lo que llamó a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a estos crímenes.

En un mensaje desde Ginebra, Suiza, sede de la ONU-DH, indicó que la representación de su oficina en México ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en ese municipio entre febrero y el 16 de mayo de este año; aunque una organización local de derechos humanos reporta al menos 40 casos en el mismo periodo.

De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU-DH, estas desapariciones habrían sido perpetradas entrada la noche o al amanecer por miembros de una fuerza de seguridad federal. Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y baleados.

Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas de tan sólo 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio son indignantes, señaló el Alto Comisionado.

Agregó que a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades han avanzado poco en la localización de los desaparecidos y no han aclarado qué sucedió. Ante esa omisión las familias han emprendido sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección, y han encontrado hasta ahora los cuerpos de seis víctimas. Varios de los testigos, denunció, han sido amenazados y uno fue desaparecido durante dos días.

Zeid Ra’ad Al Hussein recordó que el 10 de mayo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirgidas, entre otras autoridades, a la Secretaría de Marina para proteger a la población civil de Tamaulipas. Sin embargo, al menos tres desapariciones han ocurrido después de ello.

Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones, lamentó.

El problema se agrava: Jarab

La aprobación y puesta en marcha de la ley contra las desapariciones no se ha reflejado en una reducción de casos por este delito, por el contrario, el fenómeno se agrava cada vez más.

Así lo señalaron integrantes de organizaciones civiles que trabajan el tema y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Durante el foro Desaparición de personas. Actualidad y contexto de una ley ausente, organizado por la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Jarab señaló que lo más preocupante es que las desapariciones en el país siguen, pese a la adopción de la ley, que se publicó el 17 de noviembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.

Esta ley está hoy eclipsada por el proceso electoral y por la dinámica política y no está tan presente en la discusión política como debería, según nuestra opinión, como uno de los asuntos más importantes en México, subrayó el funcionario de la ONU.

Esto porque de acuerdo con los registros oficiales, de 2007 a la fecha suman más de 35 mil personas desaparecidas en el país, aunque las cifras reales podrían ser más altas. Es un asunto sumamente grave, dramático y debe tener plena atención de todas las autoridades.

Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, en Chihuahua, destacó que México es uno de los 13 países donde el problema de las desapariciones es una constante.

La Jornada

La CNDH registró 31 víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo en cuatro meses

Ante el llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto para “poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde febrero pasado a la fecha tiene un registro de 31 víctimas de ese delito de lesa humanidad en el municipio fronterizo.

El organismo nacional dio a conocer las acciones realizadas a partir de las 21 quejas recabadas, que corresponden a la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, reportándose siete menores de edad, entre ellos una niña.

De acuerdo con la información publicada por Proceso (número 2166), la ciudad fronteriza ha registrado abusos de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), entre los que se identifican detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

Sobre las denuncias, en un comunicado la CNDH señaló que, tras iniciar investigaciones por cada una de las quejas, solicitó información a la Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT); la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.

De acuerdo con el organismo, en seis ocasiones el personal ha estado en dicha ciudad “recabando testimonios, entrevistando a autoridades y realizando trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de diversos lugares de hechos”, además de brindar apoyo psicológico a los familiares de las víctimas y ser observadores en reuniones entre víctimas y autoridades.

Tras asegurar que, “en sendas ocasiones”, visitadores adjuntos acudieron a las dos bases navales que hay en Nuevo Laredo y una más en la población de Colombia, Nuevo León, la CNDH recordó que emitió medidas cautelares dirigidas a la Semar para que se instruya al personal naval desplegado en Tamaulipas a “que toda diligencia o actuación que sea practicada, se lleve a cabo con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, y cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad”.

En las medidas cautelares pidió que en la ejecución de órdenes de cateo se apeguen al ordenamiento de la autoridad administrativa civil, así como que en los operativos realizados por los marinos “no se incurra en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, trato cruel y/o degradante, tortura, ni imputación indebida de hechos, así como se respete la integridad personal y la vida”.

Según el comunicado, la CNDH también solicitó a la Semar que el personal desplegado en Tamaulipas evitara causar daños a los bienes de civiles, “ni se incurra en sustracción de objetos y todo aquello que sea recabado de dichos inmuebles sea puesto inmediatamente a disposición de la institución ministerial”.

Además, instruyó a que las personas que sean detenidas en probable flagrancia sean puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación y no sean conducidas a instalaciones navales, así como que toda actuación “sea videograbada con fundamento en el Manual del Uso de la Fuerza, Aplicación Común de las Fuerzas Armadas”.

La CNDH apuntó que las medidas cautelares fueron reiteradas, una vez que la representación del Alto Comisionado en México, ONU-DH le notificó de la desaparición de seis personas más después de la emisión del primer llamado a la Semar.

El organismo agregó que también emitió medidas cautelares a la PGR para que el personal de su delegación en Nuevo Laredo se conduzca conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “para toda diligencia o actuación”, con la finalidad de llevarlas a cabo “de manera inmediata, con prontitud, imparcialidad y profesionalismo”, que se dé acceso a las carpetas de investigación a familiares de víctimas y sus representantes, que se dé copia de las mismas a representantes de la CNDH y, que en caso de la localización de cuerpos sin vida o restos, se proceda a conforme a la ley general.

Por último, informó que las medidas fueron notificadas a la Secretaría de Gobernación (Segob) y reiteró a las autoridades que deben “ceñirse al respeto a los derechos humanos y que continuará con la investigación de los hechos, a cuyo término emitirá la resolución que corresponda”.

Proceso