Litio: hay vida más allá del extractivismo – Por Vanina Lombardi

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Vanina Lombardi*

El interés mundial por el litio ha cobrado especial relevancia para la Argentina, Bolivia y Chile, ya que es en los salares que se extienden en la región puneña que pisa los tres países adonde se encuentran las principales reservas de este mineral en salmuera del mundo. Al área se la conoce como “triángulo del litio” y cuenta con una capacidad productiva anual declarada que representaría el 70% de la demanda total estimada para 2020, de 181.000 toneladas de carbonato de litio (CLE).

Este potencial ha generado tantas promesas y esperanzan como controversias e interrogantes al interior de cada uno de los países involucrados: ¿Cuáles son las técnicas extractivas más eficaces y sustentables? ¿Qué riesgos implica su extracción para el ambiente y las comunidades en las que se encuentra? ¿Quién controla el recurso y define cómo se procesa y se comercializa? ¿Cómo desarrollar una industria en torno al litio que no solo sea competitiva, sino que también atienda las necesidades de los países en desarrollo?

El boom del litio es dominado por unas pocas empresas a nivel mundial. “Albemarle, FMC (ambas estadounidenses) y SQM (por Sociedad Química y Minera de Chile), conocidas como las Big 3 –con presencia en la Argentina y Chile–, y ahora también dos empresas chinas, Tianqi y Ganfeng”, detalló Federico Nacif, sociólogo e investigador del CONICET especializado en esta temática, durante una jornada de reflexión y debate desarrollada por el Programa de Intervención Socio Ambiental (PIIdISA) de la Universidad de Quilmes (UNQ), en el marco del encuentro “Universidad y desarrollo”.

Según Nacif, “las exportaciones de litio no solo se deciden por mercados y precios, sino que se vinculan con el origen de las empresas extractivas. FMC y Albemarle les venden a sus propias casas matrices; y FMC no produce hidróxido de litio en el país sino en sus plantas de Estados Unidos, pero se abastece 100% de la explotación en la Argentina”, ejemplificó Nacif. Actualmente, el principal consumidor de litio es China, que junto con Japón y Corea del Sur superan el 50% de la demanda global. El gran interés que ha despertado el litio en las últimas décadas se vincula con la fabricación de baterías para dispositivos móviles, el auge de los vehículos eléctricos y la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento en la producción de energías renovables.

“Es importante compartir experiencias entre los tres países, tanto para la defensa de la soberanía sobre el recurso natural como para empezar a pensar estrategias comunes”, dijo Nacif. Del encuentro también participó el diputado chileno Miguel Nuñez Arancibia, integrante del movimiento Litio para Chile, quien destacó que sería “muy importante” si los tres países, e incluso Brasil, pudieran asociarse en el mediano y corto plazo para formar algún tipo de cadena industrial que pudiera, incluso, lograr un alcance a escala mundial. “Para eso necesitamos políticas públicas”, afirmó.

“El problema del litio no es solo de minería sino también de industrialización”, dijo Ernesto Calvo, director del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y advirtió que un auto eléctrico puede ser más limpio o ecológico porque no genera partículas de hollín ni monóxido de carbono, “pero si lo cargo con energía sucia, es sucio”. En este sentido, se refiere a otro potencial que tiene este mineral, especialmente para atender una demanda particular de la región: la electrificación remota. “En Sudamérica hay 30 millones de personas que no tienen acceso a la red eléctrica y cierto tipo de baterías de litio pueden durar 20 años, que es lo que dura un panel solar”, dijo el especialista.

“Si nos quedamos con la minería es solo extractivismo. En Bolivia consideramos que la verdadera industrialización del litio está vinculada al campo energético, de lo contrario no se puede hablar de industrialización”, sostuvo Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), y agregó: “Debemos agruparnos para combatir la especulación y el monopolio en torno al litio, por la implicancia que tiene en el tema energético”.

Tres modelos, un recurso

Si bien el recurso es el mismo, el modelo de explotación del litio en la Argentina, Chile y Bolivia es diferente. “Cada país tiene regímenes de propiedad diferente: en la Argentina es de concesión libre, mientras que en Chile no se puede concesionar porque es considerado un recurso estratégico, por eso el Estado establece un contrato de explotación. En Bolivia, en cambio, es completamente estatal”, explicó Nacif y destacó que, para avanzar hacia una soberanía del recurso es necesario tener en cuenta las condiciones sociales de cada país. “A diferencia de sus vecinos, en Argentina ni el sindicato de trabajadores mineros ni ningún otro actor local relevante impulsan la creación de una empresa estatal, pero creemos que hay una necesidad de mayor conocimiento y fiscalización pública. Por eso, proponemos la creación de una Comisión Nacional del Litiointegrada por representantes e investigadores, ya que el CONICET y las universidades públicas, por ejemplo, tienen mucho peso en la conciencia social”, sostuvo.

A fines de la década del sesenta ya había interés por el litio en el mundo, ya que es un insumo necesario en la industrial nuclear. Por entonces, en la Argentina se desarrolló el denominado Plan Salares, de la mano de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Sin embargo, la ola privatizadora de los noventa llevó la actividad a manos privadas, como cualquier otra actividad minera.

Actualmente, el sector está regulado por tres leyes que se superponen. Una de ellas es la misma Constitución Nacional, en su artículo 124, que establece que los recursos pertenecen a las provincias. La otra es el Código Minero, promulgado en 1887 y reformado en 1997, que incentiva la búsqueda permanente de minas y establece un canon minero. Por último, la Ley de inversiones mineras, sancionada en 1993, que regula la actividad y, entre otras cuestiones, otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años a las empresas del sector, permite la deducción de los montos invertidos en prospección, exploración y estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias, sumado a otros beneficios impositivos. A estos beneficios se le sumó la quita de retenciones a la actividad minera, dispuesta por el presidente Mauricio Macri poco tiempo después de asumir, mediante el Decreto 349/2016.

Bajo estas condiciones, hay dos proyectos en producción, a cargo de las empresas Minera del Altiplano (FMC), en Catamarca, y Sales de Jujuy (Orocobre), en Jujuy, que en total cuentan con una capacidad anual de producción de 46.500 toneladas. “En la Argentina, el litio se ubica en la zona de mayor sol, por eso nos propusimos un método basado en el sol para extraerlo”, dijo Calvo, que recibió el primer premio del concurso internacional Bright Minds Challenge por desarrollar a escala de laboratorio una técnica de extracción de litio que usa energía solar con la misma tecnología de las baterías.

Si bien obtener litio de salmuera es más económico que hacerlo de rocas (de donde lo extrae Australia, por ejemplo, que sigue siendo el principal país productor de CLE), técnicamente es más complejo porque el proceso debe adaptarse a las características químicas propias de cada salar. “No es cierto que vayamos a multiplicar las inversiones, como dicen los funcionarios, porque obtener litio lleva alrededor de siete años, hay que desarrollar el método y llevarlo a escala. No es minería convencional ni a cielo abierto, el negocio del litio es muy lento”, advirtió.

Litio y corrupción

En Chile, el litio es considerado recurso estratégico desde la década del 70, ya que en aquellos años se lo buscaba para utilizarlo en la fabricación de productos nucleares. Por eso, el litio no es susceptible de ser concesión minera, es decir, que solo puede explotarlo el Estado, ya sea en forma directa o por medio de concesiones administrativas o Contratos Especiales de Operación (CEOL).

Actualmente, solo hay dos empresas autorizadas a extraer litio en ese país: SQM (también conocida como Soquimich), que hoy es la principal productora mundial y cuenta con un nuevo contrato hasta el año 2030 que establece una producción de 2,2 millones de toneladas de carbonato de litio; y Albemarle (ex Rockwwood), una empresa estadounidense que tiene un contrato renovado en el año 2016 y busca aumentar su producción a 145.000 toneladas métricas anuales hasta el año 2043.

“Las dos empresas que hoy explotan litio en Chile fueron inicialmente parte de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), una agencia del Gobierno dependiente del Ministerio de Economía, que creó el Comité de Minería No Metálico y es dueña de pertenencias mineras de litio en Atacama, Maricunga y Perdernales, que se formaron durante la dictadura. Se asociaron con actores privados en distintas categorías y que a través de distintos procesos fueron cambiando su propiedad hasta pasar una a Rockwood, hoy Albermale, que empezó a explotar y producir litio en 1984, y la otra a SQM, a inicios de los noventa”, recordó Nuñez Arancibia y se refirió a casos de corrupción en torno a estas empresas, que llevaron el debate a la sociedad civil e impulsaron la formación del Movimiento Litio Para Chile, en el año 2016.

Litio Para Chile presentó dos proyectos de ley: uno busca declarar al litio y a SQM de interés nacional, y el otro propone crear una empresa estatal del litio en el salar de Atacama. “Nuestra fuerza es articular actores ciudadanos, como los sindicatos de la minería, que hicieron muchas denuncias laborales, con el mundo estudiantil”, destacó.

Uno de los casos que despertó malestar social, por ejemplo, se dio tras la demanda de CORFO a SQM en el año 2013, entre otras cuestiones porque la empresa había evadido pagos al Estado por alrededor de 17 millones de dólares. “En diciembre de 2017, la CORFO y SQM lograron un acuerdo conciliatorio y en marzo de 2018 la Comisión Chilena de Energía Nuclear autorizó un aumento de la cuota de extracción de litio en 349.553 toneladas de litio metálico hasta 2030”, dijo el diputado, y recordó que el principal dueño de SQM es Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, que dirigió la Corporación Nacional Forestal (CONAF) durante la contra reforma agraria y que cambió el estatus de tierras agrícolas a de uso forestal. “El Estado subsidió y compró tierras a los mapuches para plantar pinos, iniciando un conflicto que aún persiste”, se lamentó.

Bolivia: experiencia única

A diferencia de sus vecinos, Bolivia, tiene el control total de su litio, cuya extracción está en manos de la empresa estatal YLB, que hoy produce 300 toneladas de carbonato de litio para exportación y otras 3.000 toneladas de sales de potasio, que vende en el mercado interno. En este caso, la iniciativa no surgió por reclamos de los sindicatos, sino por la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudeste de Potosí, que comenzaron a impulsar este proyecto incluso antes de que Evo Morales se convirtiera en presidente de ese país.

“En el año 2008 comenzaron los primeros pasos para agregar valor al litio y la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz nos dio el espacio para estudiar la salmuera. El verdadero trabajo de generación de conocimiento y acumulación de experiencia fue desde 2009, y en 2010 se creó la Gerencia de Recursos Evaporíticos (GNRE), que hasta abril de 2017 fue encarado desde la perspectiva de la minería. Pero se necesitaba otro enfoque y en abril de 2017 se creó una empresa pública nacional”, detalló Montenegro. Para llevar adelante el proyecto se plantearon tres etapas de desarrollo: una inicial de investigación y piloto; una segunda de producción industrial de sales; y una tercera que implica el proceso de industrialización de baterías de ion-litio.

Actualmente, están trabajando en la segunda y tercera etapa, en la instalación de una planta piloto de carbonato y otra de baterías, que producen con ese mismo litio. “Es una experiencia única en la región, que no solo nos permite terminar el ciclo sino que también nos permitió avanzar a saltos en el conocimiento”, destacó Montenegro y detalló que ya están fabricando baterías, algunas para bicicletas y otras para los cascos que usan los mineros. Un tercer tipo de batería, de 12,8 voltios, es utilizada en grupos de cuatro para ser conectadas a paneles fotovoltaicos de hogares alejados de la red eléctrica, para almacenar energía y proveerla durante la noche.

YLB se asoció con la empresa alemana ACI Systems para la construcción de la planta de baterías de litio en Potosí. “Estamos creando una empresa mixta de litio y sales”, adelantó Montenegro y explicó que, según lo convenido, el Estado boliviano garantiza la provisión del recurso mientras que la empresa alemana aceptó cuatro requisitos que puso el país sudamericano: aceptar que el Estado boliviano posea la mayoría de la empresa, llevar tecnología madura e investigación y desarrollo al país, tener un mercado cautivo en el negocio de provisión de ese tipo de baterías y procesar los residuos de la actividad productiva.

“Ocho empresas cumplían los cuatro requisitos y todas tuvieron confianza para negociar con Bolivia porque el hecho de contar con las plantas pilotos de baterías y materiales catódicos ha generado un recurso humano con un nivel de formación y una experiencia que los ha sorprendido”, destacó Montenegro. Esta semana, según trascendió en medios de comunicación, se concretó otro acuerdo con una empresa privada. En este caso, se trata de la empresa china Asociación Beijing Maison Engineering Company, que se adjudicó la construcción llave en mano de una Planta Industrial de Carbonato de Litio, que deberá estar concluida en 14 meses (es decir que la propiedad y operación de la planta seguirá siendo 100% estatal).

“Había voluntad política de terminar con el extractivismo y generar otro tipo de trabajo. Algunos decían que los resultados iban a ser más rápidos si entregábamos los salares a las empresas multinacionales, pero eso no es cierto”, dijo Montenegro.

(*) Redactora de la Agencia TSS.

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