Puerto Rico: sindicatos rechazan la reforma laboral impuesta por la Junta Fiscal

Sindicatos de Puerto Rico se oponen a la reforma laboral

Los representantes de múltiples sindicatos de Puerto Rico mostraron su oposición a la propuesta reforma laboral que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte del Nuevo Plan Fiscal para la isla.

La reforma laboral busca la eliminación de varios beneficios y protecciones para los trabajadores, incluyendo la reducción de los días de vacaciones y de enfermedad, la eliminación del bono de Navidad y la derogación de la “Ley de indemnización por despido sin justa causa” (Ley 80) de 1976.

Representantes de la Unión Independiente Auténtica, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Federación Puertorriqueña de Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada reiteraron su malestar con los cambios que propone la pieza legislativa, incluyendo la propuesta que favorece el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de que solo los empleados de nueva contratación no recibirían la protección de la Ley 80.

“Hemos escuchado que hay intenciones de enmendar el proyecto para hacerlo prospectivo. Queremos adelantar que nos oponemos a esa enmienda. No podemos negarles a nuestros hijos lo que pretendemos que se nos deje a nosotros”, indicó Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y de la Unión Independiente Auténtica.

Por la misma línea se expresó Federico Torres Montalvo, presidente de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores.

“Si fuera con carácter prospectivo con igual energía nos opondríamos”, dijo Torres Montalvo al recordar la aprobación, el año pasado, de la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” (Ley 4) para el sector privado. La ley recortó el número de días de enfermedad, aumentó el periodo probatorio y redujo el bono de Navidad.

“Se dijo que con esa medida se atendía el tema de la crisis económica que enfrenta Puerto Rico. Dieron la impresión de que se había resuelto el tema ya”, añadió Torres Montalvo.

Por su parte, Víctor Villalba, líder de la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada, sostuvo que aceptar la enmienda propuesta sería “traicionar a los trabajadores y trabajadoras de las futuras generaciones que se van a integrar a la fuerza laboral”.

“Los ojos de la clase trabajadora están sobre ustedes; si están con la Junta de Control Fiscal o con la clase trabajadora”, enfatizó Villalba.

Entretanto, el economista Francisco Cátala advirtió que una enmienda como la propuesta tendría el efecto de dividir el sector laboral entre los obreros de mayor antigüedad o mayor ingreso y aquellos de contratación reciente.

“Un colectivo dividido, no es solidario. Así inician los conflictos y baja la productividad. La derogación de derechos labores suele tener tres efectos: alimenta la economía subterránea, propicia la dependencia y alimenta la emigración… y ninguno estimula la economía”, señaló Cátala en un aparte con El Nuevo Día.

De otra parte, el exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado Zayas, advirtió que la derogación de la Ley 80 afectaría con más fuerza a la mujer trabajadora.

Advirtió, además, que si, supuestamente, hay pocos casos presentados en los foros administrativos al amparo de la Ley 80 es porque los patronos conocen que tienen que cumplir con una mesada al obrero si se demuestre que fue un despido injustificado.

“Si yo, como patrono, tengo que escoger entre un varón a quien puedo botar como bolsa cuando me de la gana, y una mujer en edad reproductiva que puede quedar embarazada, que le tengo que dar ocho semanas de sueldo completo, licencias de lactancia, ¿a quién cree que el patrono va a escoger para despedir?”, cuestionó Delgado Zayas ante varios senadores de la Comisión de Relaciones Federales del Senado.

“No hay que pensarlo mucho. La mujer va a salir perdiendo con esta medida”, enfatizó el exsecretario del Trabajo.

Por otro lado, la presidenta de Servidores Públicos Unidos, Annette González, alertó sobre la posibilidad de que empleados gubernamentales eventualmente se afecten por la propuesta derogación de la Ley 80 en la medida en que el gobierno promueve la privatización pues, con toda probabilidad, podrían ser contratos en la empresa privada.

Tal pudiera ser el caso, dijo, con los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación y con los del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Hay un proceso de privatización de agencias y corporaciones públicas, y si trasladas a esos empleados al sector privado cualquier enmienda o eliminación de la Ley 80 les afecta”, advirtió, por su parte, Maymí.

El Nuevo Día


Rosselló divulga parte del acuerdo que alcanzó con la Junta

Aunque inicialmente había estado renuente a publicarlo, el gobernador Ricardo Rosselló colocó esta mañana en su cuenta de Twitter parte del contenido del acuerdo que alcanzó con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que está sujeto a la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976).

“Este es el acuerdo logrado y aceptado por la JSF. Este elimina la incertidumbre y protege por todo el término del Plan Fiscal el Bono de Navidad y las licencias de enfermedad y vacaciones para todos. Esto, si la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo cumplimos con nuestra parte”, indicó Rosselló colocando dos páginas del documento y su respectiva versión en inglés.

Ayer a preguntas de El Nuevo Día y luego que se le pidiera el documento por escrito y la oferta que le hizo su asesor a la JSF, el gobernador dejó a un lado la posibilidad de hacer público la carta con el contenido del pacto y su oferta. Hoy, publicó parte del contenido en las redes sociales.

El documento no tiene encabezado ni firmas. Además, revela información que, hasta el momento, no había sido provista por el gobierno. Por ejemplo, que el proyecto para derogar la Ley 80 debía presentarse primero ante la JSF y luego a la Legislatura, que no solo los empleados públicos no podrán reclamar en un tribunal por despido injustificado sino que no verán –en los próximos cinco años- aumentos en otros beneficios como las licencias de enfermedad y vacaciones, el salario mínimo y el bono de Navidad, y que el gobierno debe considerar cambiar el nombre al bono de Navidad.

En el extracto del acuerdo divulgado por el gobernador, no se alude a las licencias de vacaciones y enfermedad, que la JSF exigía fuesen reducidas.

En la segunda página queda establecido el aval que da la JSF al alza presupuestaria para varias agencias, incluyendo la Oficina del Gobernador a cambio de no eliminar el bono de Navidad.

Rosselló y la directora de la JSF, Natalie Jaresko, protagonizaron un diferendo publico luego que ella revelara que Rosselló había negociado el alza en presupuesto para la Oficina del Gobernador a cambio de la derogación de la Ley 80.

La JSF, según la segunda página publicada, le permite al gobierno gastar hasta $345 millones para los años 2019-2023 “para la implementación de reformas y las iniciativas de desarrollo económico en las siguientes categorías/agencias: reforma digital (CIO/PRITS), compras (office of CFO), facilidad para hacer negocios (DDEC), CRRO, APP y proyectos de infraestructura (PRIFA/ Fortaleza). El gobierno debe proveer cantidades específicas de los dólares a ser gastados en cada categoría/agencia para cada año fiscal del 2019-2023 no más tarde del 25 de mayo”, sostiene el acuerdo.

Esa permisión de la JSF es lo que viabiliza que la Oficina del Gobernador en La Fortaleza, la Oficina de Gerencia y Presupuesto así como Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico tengan un alza presupuestaria a partir del 1 de julio. En el caso de la Oficina del Gobernador el aumento presupuestario es de 182%. El documento que debió entregar Rosselló el pasado 25 de mayo aún no se ha hecho público.

“Las eficiencias en agencias dispuestas en el Capítulo 13 del nuevo plan fiscal serán modificadas de manera que los recortes aplicados a la Legislatura, la Oficina de Asuntos federales y la Oficina de la Comisionada Residente se dejen sin efecto durante los años fiscales 2019-2023 y los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad cada año durante los años fiscales 2019-2023. La eliminación del bono de Navidad para empleados públicos se dejará sin efecto durante los años fiscales 2019-2023. El gobierno evaluará cambiarle el nombre al bono de Navidad para eliminar la palabra bono y sustituirla por estipendio”, establece el acuerdo aunque ese último dato sobre cambio del nombre al bono de Navidad no se había hecho público.

Además, el acuerdo indica que se modificará el renglón de reducción en los estipendios y subsidios establecido en el plan fiscal aprobado para dar paso al fondo municipal de $50 millones del 2019 al 2023. Mientras que para la Universidad de Puerto Rico, y por lo mismos años, recibirá $25 anuales para becas.

En comunicado de prensa, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, sostuvo que el acuerdo se discutió mediante teleconferencia con todos los miembros de la JSF y fue aceptado por el organismo federal.

La primera página publicada está encabezada bajo el nombre de “reformas estructurales”. Indica que la Legislatura “aprobará y el gobernador firmará” un proyecto de ley que elimine la Ley 80.

El proyecto a presentarse debía ser entregado previamente a la JSF para “que la Junta pueda confirmar que es consistente con el plan”.

“El proyecto no puede aumentar los beneficios mandatarios para los empleados del sector privado (ejemplo, no aumentos en días de vacaciones, enfermedad, licencias con paga obligatorio, bono de Navidad o salario mínimo) ni de otro modo socavar los propósitos o intenciones de la reforma laboral según propuesta en el capítulo 7 del nuevo plan fiscal”, indica el acuerdo.

“El proyecto dispondrá, para evitar dudas, que un empleado quesea contratado por un término indefinido no tiene una causa de acción en contra de su patrono meramente porque el patrono termine la relación de empleo”, agrega el documento.

En cuanto a la reforma contributiva, el acuerdo establece que será aceptada, pero debe ser fiscalmente neutral. Esto significa que no debe redundar en reducción de recaudos al fisco.

También indica que los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) -en condición apta y entre las edades de 18 a 59 años- deberán participar de un requisito de empleo. Serán 80 horas mensuales de empleo con paga, trabajo voluntario y/o entrenamiento o educación cualificada.

“La única excepción al requisito de empleo serán aquellos que no alcancen la edad de 18 años, que excedan la edad de 60 años, que tengan dependientes menores de 18 años o aquellos que sean certificados por un médico como no aptos para un empleo”, indica el acuerdo.

También se estipula que el gobierno deberá, para el 2023, tomar los pasos necesarios para subir de la posición 64 a por lo menos la 50 en el indicador “Trending Across Borders”.

El Nuevo Día