Continúan las protestas contra la privatización del agua

“Queremos a la ANEP fuera de la autoridad del agua”: Margarita Posada

Las protestas del movimiento social no han cesado, ahora diversas organizaciones que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua marcharon hacia la gremial empresarial ANEP, cuyo anteproyecto de “Ley Integral del Agua” ha sido acogida por ARENA, y otros diputados de derecha, y pretenden impulsarlo como Ley General de Agua para el país.

“Queremos que la ANEP esté fuera de la autoridad del agua. Y nos parece un irrespeto para la población, al abandonar todo un proceso de consensos de 92 artículos, para favorecer un anteproyecto presentado por los partidos de derecha y que ha sido formulado por técnicos de la ANEP, y en específico de la industria azucarera”, afirmó Margarita Posada del Foro Nacional de Salud.

Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, manifestó que como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua han señalado a la Asamblea Legislativa la necesidad de dejar el manipuleo partidario, al referirse al tema de la distribución, conservación y administración del recurso hídrico del país. “El agua no es interés de un solo partido político, estamos hablando del interés de un pueblo y si nos violentan nuestros derechos, estamos en la obligación de protestar y exigir cuando los vulneran. Y esa propuesta de Ley Integral de Agua, que impulsa ARENA, tiene una función privatizadora, y no estamos inventando, tenemos experiencias como la privatización de la banca, telecomunicaciones, la dolarización. Ya no nos engañan”, sostuvo Belloso.

Asimismo, planteó que la propuesta de ley que en su momento presentó el Foro del Agua y organizaciones ambientales es la que consideran más adecuada y eficiente para ser estudiada y aprobada. “En México ya se privatizó el agua, lo firmó su presidente (Enrique Peña Nieto), entonces, no estén tratando de engañarnos que no se privatizará, y que es cortina de humo del FMLN. Es el pueblo el que está en la calle protestando y defendiendo su agua”, puntualizó.

Organización sindical

Diferentes organizaciones sindicales marcharon pacíficamente hacia la Asamblea Legislativa para denunciar la estrategia de los partidos de derecha que junto con la ANEP pretenden privatizar el agua, mediante la aprobación de la conformación de una Autoridad Nacional del Agua, con predominio del sector privado.

Marielos de León, coordinadora de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS), recalcó que las organizaciones seguirán en la lucha contra la privatización del agua, ya que el pueblo no está dispuesto a perder el bien preciado del agua.

“El agua es un bien común, es un derecho y no una mercancía como lo está viendo la ANEP y la derecha legislativa, no nos creemos ese juego sucio de palabras que ellos tienen, donde dicen que no es privatización, este pueblo tiene las experiencias amargas y difíciles que la derecha y la gran empresa ha mostrado en el país”, afirmó De León.

Asimismo, agregó que la propuesta de la ANEP es privatización, con la cual se pretende que el ente rector proteja los intereses de las grandes corporaciones empresariales y grupos que siempre se han lucrado de la necesidad de la población salvadoreña. Con dicha propuesta se pretende privatizar ríos, pozos, juntas de agua, e incluso sería prohibido hasta recolectar agua lluvia.

Manuel Henríquez, secretario primero de conflictos del Sindicato de Obreros y Profesionales Trabajadores de ANDA (SOPTRA), señaló que debido a la privatización de algunos servicios los costos de estos han incrementado, por lo cual la privatización no es beneficiosa para la población. De lograrse la privatización del agua, los empleados de ANDA quedarían sin trabajo, pues se crearía una nueva institución con salarios de “hambre”.

“Les hacemos el llamado a los compañeros de ANDA para que se unan a esta lucha, es necesario que demos la batalla para que podamos gozar en un futuro de un recurso que es vida para nuestro país, por eso decimos no a la privatización del agua”, manifestó el secretario de conflictos de SOPTRA. Pese a que la marcha fue pacífica, las entradas de la Asamblea Legislativa fueron cerradas y custodiadas por agentes de la UMO, sin embargo, una comisión de diputados del FMLN salió a la puerta del primer órgano del Estado para respaldar a los manifestantes.

Rina Araujo, diputada de la Comisión de Medio Ambiente por el FMLN, manifestó que un grupo está queriendo aumentar su riqueza a través del líquido más valioso que se tiene en el país. “No nos dejemos engañar con actitudes de teatro donde los diputados levantan una mano y dicen no vamos a privatizar, donde sabemos que se ha tomado de base para la ley una propuesta totalmente privatizadora”, recalcó.

DiarioCoLatino


La lucha por el agua en El Salvador

 

Por César Saravia

El Salvador es el país más pequeño de la América continental. Su superficie es de 21.041 kilómetros cuadrados, un poco más pequeño que la provincia de Tucumán, la de menor superficie en Argentina. Es, además, el país más densamente poblado del continente, y el más urbanizado de Centroamérica. Su ubicación, en pleno corazón del trópico, lo dota de importantes ecosistemas y bienes comunes. Desde hace unos años el país se encuentra en riesgo de caer en estrés hídrico. Esto significa que la disponibilidad de agua puede llegar a no ser suficiente para cubrir las necesidades de la población. En 2016, el gobierno de El Salvador declaró la emergencia por escasez en el Área Metropolitana de San Salvador, el área de mayor concentración poblacional.

Las razones de la falta de disponibilidad de agua son variadas. Algunos, reducen el problema a un mero aspecto técnico o de gestión. Otros, consideran que el problema es de financiamiento para desarrollar un adecuado sistema que garantice el agua para todos y todas. No obstante, el problema es más complejo y pasa también por los usos y el acceso. En El Salvador, es bastante común que cada cuanto una comunidad salga a cortar la calle, lo hacen con piedras, llantas y palos, exigiendo respuesta de las autoridades por no contar con el servicio de agua potable. Todo esto mientras del otro lado de la ciudad, un hotel, una residencia privada o un campo de Golf, riega durante 24 horas sus hermosos céspedes.

El negocio del agua

La lucha por el acceso al suelo en El Salvador ocupó la centralidad del conflicto social durante el siglo 19 y el siglo 20. En este periodo, se dieron diversos levantamientos indígenas y campesinos. Fue la reforma agraria la que se posicionó como la principal bandera durante la guerra revolucionaria que en los 80 llevaría a cabo la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional). La clase dominante durante este periodo, estaba configurada alrededor del cultivo del café, la oligarquía cafetalera.

Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, en un artículo de opinión, denominó a un grupo de empresas vinculadas al sector de construcción, caña de azúcar e industria de embotellado, como: la oligarquía del agua. Son las empresas que más se han beneficiado del modelo actual, desregularizado y sin un sistema adecuado de compensaciones.

Todas estas empresas se organizan en distintas gremiales que convergen en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la máxima asociación empresarial y que desde hace décadas es la voz oficial del gran capital salvadoreño. Su brazo político partidario se encuentra en la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), principal partido de derecha que surgió en la década de los 80 como un movimiento “anticomunista” y que gobernó el país durante 20 años impulsado diversas medidas neoliberales, como la dolarización de la economía y la privatización del sistema de pensiones. Este partido, ha sido el principal opositor a la aprobación de una Ley que garantice la gestión pública y comunitaria del agua, así como la incorporación del derecho humano al agua en la Constitución de la República.

Denominar a estos sectores como la oligarquía del agua no responde únicamente a un ejercicio de retórica o poético, sino más bien permite entender la magnitud y las dimensiones que podría alcanzar el conflicto, de cara un sector privado que se empecina en negar una distribución justa del recurso y que defiende sus intereses a capa y espada. La conflictividad por el tema del agua ha ido en aumento en el último tiempo. En 2011, por ejemplo, al menos 49 organizaciones en Usulután, al oriente del país, se movilizaron contra la empresa de embotellamiento Aluviah, consiguiendo el cierre de la misma.

Otro conflicto importante se dio desde 2013 con los intentos de la empresa de embotellado La Constancia/Sab Miller, productora de la marca Coca Cola en el país, de expandir su fábrica para explotar con mayor intensidad el manto acuífero de Nejapa, en el área Metropolitana de San Salvador, una de las zonas de recargas más importantes y que abastece a miles de hogares. Este caso tuvo particular exposición mediática luego de que en 2015, el fotógrafo español Pedro Armestre retratara, como parte de la campaña TIERRRA, de la ONG vasca Alianza por la Solidaridad, este y otros casos en que grandes empresas en Centroamérica dejan sin agua a comunidades enteras dentro de sus planes de explotación. Asímismo, el caso fue llevado hasta el Tribunal Latinoamericano del Agua. Como resultado de esta movilización y campaña, la empresa desistió de sus planes de expansión.

La resistencia popular a la minería metálica

En toda Latinoamérica, asistimos al avance de un modelo económico y de seguridad al que podemos denominar como de base extractivista militar. En la región mesoamericana, este auge tiene sus inicios con la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, que podríamos enmarcar en una expansión del capital transnacional extractivista en la región. Su avance, por supuesto, ha demandado nuevos formatos y modelos de represión. Por un lado, la remilitarizaición de la seguridad y por otro, el uso de paramilitares y grupos del crimen organizado, fundamentada en la experiencia del Plan Colombia.

En el caso de El Salvador, este avance si bien existe, ha tenido importantes regresiones, matizadas en parte por la presencia del gobierno del FMLN, pero sobre todo por la resistencia popular y ecologista. Quizás el mayor hito de esta resistencia sea el realizado por la Mesa Nacional Frente a la Minería, que en 2017, logró la prohibición definitiva de cualquier forma de minería metálica.

El Salvador no es un país que cuente con una tradición minera fuerte. Se registran algunas actividades intensas a inicios del siglo 20 y otras a mediados pero con poca incidencia en la actividad productiva. En 2002, bajo un contexto de liberación comercial, la empresa Pacific Rim llegó a la zona norte del país para llevar a cabo las primeras exploraciones. Su intención era extraer oro del yacimiento “El Dorado”, ubicado en la cuenca hidrográfica del Río Lempa, principal río del país. Al observar la actividad contaminante de la empresa y a partir del intercambio con organizaciones en otros países, las comunidades comenzaron a organizarse rápidamente alrededor del Comité Ambiental de Cabañas, y más adelante, construyendo alianzas a nivel a nacional, lograron conformar la Mesa Nacional Frente a la Minería.

El libreto utilizado por Pacific Rim es similar al que otras empresas han utilizado en otros territorios. La fundación de organizaciones filantrópicas, las campañas para conseguir la licencia social, el lobby político con funcionarios de gobierno y partidos políticos, litigios en tribunales comerciales, y también el uso de la violencia, en primera instancia a través de la satanización de los defensores y defensoras del medio ambiente, y en última, mediante el asesinato. Fue en el contexto de la lucha antiminería en que se dieron los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Recinos Sorto y Juan Francisco Durán, opositores al proyecto minero. Las investigaciones realizadas por las autoridades no vincularon estos asesinatos con el activismo de las víctimas, sino que determinaron que habían sido crímenes de las pandillas. No obstante, la contratación de integrantes del crimen organizado y sicarios para asesinar activistas y luchadores sociales es muy común en Centroamérica. A la fecha, todavía los autores intelectuales de estos crímenes no han sido juzgados.

Luego de casi 13 años de lucha, finalmente, la minería metálica fue prohibida en todas sus formas en 2017. La prohibición ha sido el mayor triunfo del movimiento social en los años recientes. Una encuesta de la Universidad Centroamericana reveló que cerca del 80% de la población estaba a favor de la medida. En los últimos años, la conciencia de la sociedad ha ido creciendo en relación a la problemática del agua. Otros importantes conflictos están vinculados al cultivo de caña y proyectos de emprendimiento turísticos, en la zona costera del país.

El proyecto de Ley de Aguas y la movilización en las calles

La falta de regulación del agua y una Ley que defina qué se hace en relación a los usos, ha sido una de las grandes deficiencias señaladas por especialistas para abordar la problemática del agua en el país y garantizar su acceso como derecho humano. Frente a esto, el Foro del Agua, que aglutina a diversas organizaciones sociales y territoriales de base proveniente de diversos sectores, presentó en 2006 un anteproyecto de Ley General de Aguas. Este proyecto incluía como esencia la gestión pública y comunitaria del agua, dándole a los comités de cuenca y juntas rurales y urbanas participación vinculante y activa en la gestión del recurso.

El anteproyecto no tuvo aceptación entre los partidos de derecha y la ANEP, pues para la empresa privada y la derecha, cualquier propuesta que tenga como base la controlaría comunal y popular es una amenaza a sus intereses. De esta manera, la estrategia fue postergar la discusión durante años, hasta que la presión pública y la agudización de la crisis del agua llevara a que el gobierno de El Salvador presentara en 2012 una nueva propuesta de Ley, esta vez, priorizando la gestión centralizada gubernamental, pero retomando algunos aspectos en la propuesta del Foro del Agua. A estos anteproyectos debe sumarse el hecho por la asociación de regantes (priorizando la gestión privada), la Universidad Centroamericana y la Iglesia Católica y los partidos de derecha.

Las diferencias entre los proyectos radican principalmente en la priorización del uso, el reconocimiento del agua como derecho humano y la autoridad administrativa encargada de decidir sobre permisos y políticas públicas. Este último es el punto medular de la discusión. El 5 de junio de este año, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa acordó tomar como base para la discusión de una ley de aguas el anteproyecto presentado por los partidos de derecha, llamado “Ley Integral del agua”.

“Con esta decisión los diputados de los partidos de derecha desconocen las discusiones que las organizaciones sociales en el Foro del Agua y en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua venían dando junto al gobierno en el marco de la Ley General de Aguas, que es la que nosotros como organizaciones apoyamos”, manifestó Gonzalo González, integrante de la Red Activista de El Salvador, una de las organizaciones que integran el Foro del Agua.

Si bien en El Salvador la constitución prohíbe la privatización del agua, la derecha busca con este movimiento tener control de las decisiones relacionadas a regulaciones, sanciones, permisos y política pública. El carácter privatizante de esta propuesta radica en que la autoridad administrativa estaría conformada por dos integrantes de la Empresa Privada, dos integrantes de una gremial de carácter privado llamada COMURES y un representante del gobierno de El Salvador.

La reacción no se hizo esperar. Desde el Foro del Agua denunciaron el intento privatizador por parte de la derecha política. En las redes sociales, diferentes personas y organizaciones comenzaron a agitarse. La respuesta fue rápida y contundente. Primero movilizaron las organizaciones religiosas, sociales, campesinas e indígenas, en el contexto de la caminata ecológica. Luego, el Foro del Agua realizó también una concentración en la plaza El Salvador del Mundo en San Salvador. El día jueves 14, fue el turno de los y las estudiantes de la Universidad de El Salvador, en una jornada marcada por altercados con los cuerpos de seguridad privada de la Asamblea Legislativa y estudiantes. Esta imagen, además, da cuenta del avance de la derecha en el país, pues desde 2009, la protesta social en El Salvador prácticamente no había sido reprimida.

El momento de mayor auge tuvo lugar este sábado, en el que miles de salvadoreños y salvadoreñas, de distintos sectores, se movilizaron por una de las avenidas principales de la capital para exigir que la derecha retroceda en sus intentos de privatizar el agua. Esta marcha fue convocada por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y la imagen rememora las movilizaciones que a principios del siglo 21 se dieron en contra de la privatización de la salud y que fueron las más grandes que se recuerdan desde los acuerdos de paz, en 1992.

A la marcha también se sumó el movimiento feminista. Charlamos con Natalia Quiñónez, integrante del colectivo Ni Una Menos El Salvador, quien comentó que “vimos en esta coyuntura la posibilidad de articular con sectores que venían, o adormecidos, o divididos y en algunos casos hasta enemistados”. Así mismo, analizó desde una perspectiva feminista y comunitaria la situación del agua en El Salvador, “es importante visibilizar que el tema del agua atraviesa múltiples aspectos del cuidado, sobre todo en relación al trabajo reproductivo de las mujeres. Hay un aporte fundamental en la gestión y distribución del agua que realizan las mujeres, sobre todo en las comunidades, en la toma de decisiones de las juntas de agua, si esto no se visibiliza se estaría perdiendo un componente muy importante”, sentenció.

Bajo las consignas de “el agua no es un negocio”, “contra la privatización del agua” y “por el derecho humano al agua”, la movilización envió un claro mensaje del estado de conciencia actual y de una memoria colectiva que activó rápidamente. El movimiento social y ambiental, con poca acción en la calle en los últimos años, encontró, paradójicamente gracias a la derecha, un punto para la unificación. Por su parte, el partido de gobierno, el FMLN, llamó a su militancia a movilizar el día jueves para sumarse al reclamo de la población.

De esta forma, la lucha por el agua en El Salvador entra en un nuevo ciclo. El mensaje de la población fue claro y contundente, quedará pendiente ver la respuesta en los próximos días. Pues tal y como afirmaron los y las estudiantes el día jueves, este fue tan solo “el primer llamado”.

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