Puerto Rico: informe advierte sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad a nueves meses del huracán María

La puesta al día del informe, Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico (JADP-PR) a nueve meses del azote del huracán María, refleja una crítica situación de pobreza en el país, mientras el Gobierno continúa sin atender las necesidades más urgentes de la población. La denuncia fue lanzada por varias portavoces de una coalición multisectorial además de anunciar que presentarían una querella ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, en Ginebra.

En conferencia de prensa celebrada en la Facultad de Derecho de la UIA, participantes de la coalición presentaron parte de los datos más relevantes de la puesta al día del informe. A la luz de lo que revela el informe Amárilis Pagán, una de las portavoces denunció que a casi una semana del cierre de la actual sesión legislativa esta ha sido una de las sesiones en las que más proyectos se han presentado en detrimento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del país. “Estamos viendo cómo el gobierno actúa ignorando la situación de pobreza y desamparo de la mayor parte del país y sin ejecutar acciones que mitiguen los daños provocados por el huracán. Las exigencias de nuestro informe de diciembre han sido ignoradas casi en su mayoría”.

Pagán quien es portavoz del Proyecto Matria, presentó algunos de los aspectos más sobresalientes del informe en lo que respecta al Derecho a la Vivienda. Primero llamó la atención a que la vida útil de un toldo de los instalados por FEMA es un máximo de tres meses, por lo que a esta fecha aunque sea uno instalado en diciembre resulta inservible y mucho menos puede soportar un huracán.

Otro dato importante que trajo a la atención incluidos en el informe son los resultados de un estudio del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, Nueva York y la Escuela de Planificación de la UPR, que anticipa un aumento en la isla en el número de ejecuciones hipotecarias a partir de enero de 2018. El estudio dice además que el 18% de las viviendas en están vacantes como resultado de la prolongada recesión. Ambos datos contratan de manera irónica con el hecho-se denunció- de que el número de personas sin hogar antes de María se contabilizaban en 3,500 y luego del huracán el número aumento a un mínimo de 75 mil personas.

Ante estas circunstancias Pagán censuró que la respuesta de FEMA ha sido una lenta, no responsiva a las barreras del idioma, ni ha respondido a la situación particular de que en la isla la mayor parte de las personas carecen de títulos formales sobre su propiedad. Precisó que el periodo para reclamaciones cerró el 8 de junio y todavía no se tiene un informe que permita ver el balance de reclamaciones realmente atendidas versus las que quedaron pendientes. Prosiguió que uno de los datos que se han levantado (por las organizaciones que ofrecen servicios legales) es que los beneficios que FEMA ha otorgado no son suficientes para reparar las viviendas. La licenciada Pagán afirmó que el cálculo que hace FEMA muchas veces de los daños a la propiedad no corresponde con lo que es el costo de reconstruir una casa al día de hoy.

A las denuncias de Pagán sobre la actitud de FEMA, la licenciada Verónica González Rodríguez, directora de la Clínica de Derecho Ambiental de la UIA, añadió que la agencia federal está haciendo una falsa interpretación al rechazar las solicitudes de ayuda para vivienda por falta de título de propiedad. “La reglamentación de FEMA reconoce como un dueño ocupante a una persona que no tiene titulo formal pero que no paga renta y es responsable por el mantenimiento del hogar o los impuestos de la vivienda. Si la persona no tiene titulo aun así podría cualificar para la asistencia, no dar la asistencia es vulnerar y violar el contenido de la reglamentación de FEMA”, declaró.

De igual manera censuró que se ha dicho que los fondos de restauración de vivienda no estarán disponibles para personas que su hogar esté en un lugar inundable o deslizamiento y que la única alternativa es la reubicación. “Eso es cerca de la mitad de la población de Puerto Rico, el 49% de nosotros vivimos en áreas susceptibles a desplazamientos”, expresó al tiempo que reiteró que esto es un problema de planificación y que el tratamiento no ha sido igual para todos los sectores. Recordó palabras del gobernador en el mes de octubre de que ‘esa gente no se puede quedar ahí si vive en un área que es peligrosa’, y comparó que ahora mismo la Legislatura está considerando ceder cinco cuerdas de la costa de Carolina al Hotel Mariott.

La directora de la Clínica de Derecho Ambiental de la UIA hizo alusión a la falta de medidas tomadas por el gobierno para la mitigación del cambio climático, así como la necesidad de una transición de la producción de energía por combustible fósil a combustibles sostenibles y genuinamente renovables. Uno de los servicios que ha pasado desapercibido dijo es el derecho al agua y reveló -según el informe- que a este mes de junio, un 17.4% de la población en la región norte todavía no tiene servicio de agua potable.

Más aun dio a conocer que en el primer trimestre de este año la Agencia de Protección Ambiental (EPA siglas en inglés) encontró 77, 382, un 6% más de violaciones a las normas federales de calidad del agua (Safe Drinking Water Act) que para el mismo periodo del 2016. Las violaciones van desde el monitoreo, falta de tomas de muestras, contenido de cobre,plomo y otros elementos de la calidad del agua.

La alimentación

En cuanto a la alimentación la abogada contrastó y censuró que aun cuando el 80% de la agricultura ha sido afectada la principal fuente de asistencia para la agricultura son prestamos, y en el caso de la agricultura sustentable las ayudas después del huracán han sido nulas, la mayor parte de la ayuda que ha recibido este último sector ha sido una voluntaria.

En esa línea de la alimentación González Rodríguez expresó preocupación por las personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y que no fue hasta después de cinco meses del desastre, en febrero que el gobierno de Estados Unidos aprobó $1,270 millones para asistencia temporera al PAN. Según el informe de septiembre de 2017 a febrero de 2018 las solicitudes nuevas al PAN sumaban 35 mil.

Educación

“Lo que hemos visto de diciembre para acá es el desmantelamiento del sistema público de enseñanza escolar y universitario con el cierre de escuelas y los recortes universitarios que se han anunciado”, denunció la profesora Anita Yudkin Suliveres.

La profesora gestora de la Cátedra de la UNESCO declaró que no es cierto lo que dice el gobierno de que el cierre de escuelas conlleva mejores servicios para los estudiantes, sino que por el contrario representa una disminución de la inversión por estudiante de la que se ha tenido hasta hoy, una merma dramática para programas culturales y deportivos lo que afectara principalmente a los estudiantes más pobres y a los estudiantes con diversidad funcional.

De acuerdo al informe presentado por la coalición el 65% de las escuelas cerradas por el Departamento de Educación se encuentran en la zona rural, y un 35% en la zona urbana.

El acceso a la información, libertad de movimiento y expresión

Mientras Mari Mari Narváez, portavoz de la organización Kilómetro Cero, denunció la crisis de derechos humanos frente a la política del gobierno de limitar los espacios democráticos de participación ciudadana, la poca transparencia en la gestión gubernamental, la falta de acceso a información y la negligencia que describió como crasa por parte del gobierno al enfrentar la emergencia. Reveló que durante la emergencia el gobierno otorgó mas de 19 mil contratos,y no se sabe cuántos de estos tienen que ver con la emergencia. “En este contexto una de las pocas herramientas que tiene la población para expresar su indignación es la protesta, a la que el estado ha reaccionado con exceso de uso de fuerza, represión, intimidación, arrestos ilegales, desincentivando que las personas ejerzan uno de sus derechos fundamentales, que es la libertad de expresión”.

La gestión comunitaria

Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loiza, quien fue una de las deponentes en la vista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, este pasado mes de diciembre, dio las gracias por esa oportunidad y señaló que muchas veces se pierde de perspectiva la importancia de la participación ciudadana en muchos de los proyectos en el país. Reclamó que no solo hablaba por Loiza sino por las muchas personas que no tenían la oportunidad de expresarse, en alusión a la falta de vivienda. Reiteró la denuncia de que los fondos de recuperación para viviendas se dirijan a proyectos que no son para las personas necesitadas mucho menos para la población anciana. “Uno se tiene que indignar cuando se ve los proyectos presentados mucho para la zona turística”.

La líder comunitaria expresó su indignación con los que niegan que en el país haya pobreza y manifestó que todavía tiene compañeras que están repartiendo estufas, neveras, que hacen falta servicios médicos, el cierre de escuelas, e incluso no hay salud mental. “Somos seres humanos, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a una buena calidad de vida, a una buena calidad de educación”.

Demandas al gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico dirigidas a atender las situaciones denunciadas

Derecho a Vivienda

1-HUD debe contestar formalmente los reclamos de grupos comunitarios del país en cuanto a los fondos CDBG-DR.

2-Ambos gobiernos deben: Informar qué harán con las familias que permanecen en programas de albergue temporero en Puerto Rico y en los EU; Realizar investigaciones completas sobre las denuncias de violencia, acoso, falta de alimentación, acceso a agua limpia, servicios de salud, y condiciones insalubres en los refugios.

3) Publicar los planes de mitigación de daños para zonas costeras susceptibles a inundación y zonas montañosas susceptibles a derrumbes o ríos fuera de sus cauces.

Derecho a la Educación

1- Asegurar la participación de los padres, madres y estudiantes en el proceso de reorganización escolar.

2- Detener el cierre indiscriminado de escuelas y atender las necesidades particulares de comunidades y estudiantes, enfatizando en aquellos en mayor vulnerabilidad.

3- Asegurar la ubicación adecuada de la niñez con diversidad funcional.

Derecho de Acceso a la Información, Libertad de Movimiento y Expresión

1- Que se adopte una ley de acceso a la información que garantice la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

2- Que se ordene la aplicación de estándares de transparencia y rendición de cuentas a la Junta de Control Fiscal, incluyendo el derecho de acceso a la información de rango constitucional que aplica a cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico.

3- Que los gobiernos de Puerto Rico y estados Unidos hagan pública la información sobre: Todas las muertes que ocurrieron a causa de los huracanes y a causa de las fallas en los servicios médicos, eléctricos, sociales y de seguridad; y aquellas relacionadas a la falta de agua o al consumo de agua contaminada.

4- Que ambos gobiernos hagan pública toda la información sobre contrataciones efectuadas bajo el Estado de Emergencia; la disponibilidad y repartición de ayuda humanitaria; los arrestos ocurridos a raíz de la implantación del toque de queda; y el conocimiento que se tenía previo al paso del huracán María en relación a la pérdida inminente de electricidad y telecomunicaciones.

5- Que se investigue y procese a los agentes de la Policía que efectuaron arrestos ilegales, discriminatorios y abusivos; y que, se exonere inmediatamente a los jóvenes encausados por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

6- Que se detengan las prácticas de intimidación y brutalidad policiaca. Incluyendo el uso de gases, spray pimienta, movilización excesiva de agentes en manifestaciones, grabaciones de manifestantes, arrestos ilegales, arrestos tipo secuestro, impedir marchas y manifestaciones pacíficas.

Derecho a la Protección Ambiental 

1- Iniciar inmediatamente la transición a fuentes de energía renovable y sustentable. Especial énfasis debe ponerse en la creación de micro-redes comunitarias que propendan a beneficiar a las comunidades en las que se desarrollen.

2- El gobierno rechazar cualquier proyecto nuevo que genere energía con combustibles fósiles, y debe negarse a renovar los contratos de compra de energía para las plantas existentes.

3- Descartar la incineración de desperdicios para generar energía en Puerto Rico.

Derecho al Agua, a la Alimentación adecuada y a la Agricultura

1- Asegurar que existan en las Islas de Puerto Rico, abastos suficientes de agua y alimentos para atender la emergencia.

2- Cerciorarse de que todas los niveles de gobierno, local, estatal y federal, conozcan su responsabilidad en el proceso de distribución de agua y alimentos.

3- Identificar e informar a la población de fuentes inseguras de agua.

Claridad