Caso Pandora: ya son 25 los funcionarios y diputados presos por corrupción

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La jueza natural Lidia Álvarez Sagastume decretó, la noche de este martes, detención judicial para seis de ocho implicados en el sonado caso Pandora, por lo que suman 25 los que guardan prisión en esta causa informó la portavoz del Poder Judicial, Lucia Villars.

Este martes comparecieron en audiencia de imputados: José Luis Flamenco Mejía, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, Ernesto Galeas Martínez, Jacobo Regalado, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Miguel Edgardo Martínez, Mario Rolando Suazo Morazán y Mario Edgardo Suazo Matute, a los dos últimos la Fiscalía retiró la acusación por lavado de activos por lo que fueron favorecidos con medidas distintas a la prisión.

Igualmente, se fijó la audiencia inicial para el miércoles 25 de julio a las 8:30 de la mañana, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

n el caso del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, enfrenta el proceso judicial acusado de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Desde tempranas horas se anunció la presentación de las ocho personas, por lo que la jueza fijó la misma para el mediodía, pero luego se alargó porque Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos pidió un margen para poder llegar a la sala de audiencias.

Cabe recordar que la jueza natural Lidia Álvarez Sagastume el lunes al concluir la audiencia de declaración de imputados determinó dictar detención judicial para 19 señalados en el caso Pandora, que se presentaron a la audiencia. Uno más fue favorecido con arresto domiciliario.

La decisión judicial envió a prisión a Norma Keffy Montes Chandías, Laura Aidee Arita Palma, Félix Francisco Pacheco Reyes, José Adolfo Sierra Morales, Arnaldo Urbina, Carlos Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenin Chávez Galindo, Armando Rivera Marroquín, Hernan Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres y Eduardo Enrique Lanza Raudales.

Asimismo, la medida abarca a los diputados José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez, Elvin Ernesto Santos Ordóñez y Lenin Rigoberto Rodas Velásquez (suplente).

Todos los anteriores guardan prisión en el Primer Batallón de Infantería, en la periferia de la capital hondureña, a excepción de Norma Keffy Montes Chandías y Laura Aidee Arita Palma que fueron llevadas a la cárcel femenina de Támara.

En tanto, Velkys Rosibel Hernández fue favorecida con la medida cautelar de arresto domiciliario, en vista que está en un período post natal, se informó.

En el caso del extinto William Chong Wong, exministro de Finanzas, su familia pidió que no se le extinguiera la causa y alegaron que probarán su inocencia de las imputaciones de la Fiscalía, como una forma de defender su honor.

Estas últimas 19 personas durmieron en celdas del Primer Batallón de Infantería, a la espera de la audiencia inicial programada para el miércoles. Durante el día se vivió un gran ambiente con masivas visitas para los recluidos. Decenas de personas llegaron, llevaron comida y otros encargos para sus parientes.

UFECIC presentó el requerimiento fiscal y en el mismo pide la inmediata captura para los implicados, la mayorías actuales funcionarios y diputados del Congreso Nacional.

Relación de hechos

Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.

De acuerdo a lo informado por la MACCIH, el caso comenzó tras la denuncia de Pietro DiBatista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en Roatán, que refería sobre la presunta utilización indebida de la fundación D‘Batista en operaciones atípicas y no autorizadas. Luego en 2016 se acumuló a la denuncia la auditoría especial que realizó el Tribunal Superior de Cuentas en la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Siempre en base a lo informado fuentes oficiales, se hallaron indicios suficientes que fondos públicos que estaban destinados a ayudas agropecuarias, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, y otros que iban a ser destinados a fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria, Sulaco, una escuela de campo para los agricultores de Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habían sido destinados para financiar campañas de tres partidos políticos en 2013 y otros gastos personales.

El monto defraudado fue de 282 millones 116 mil 175 lempiras. Todos estos fondos son públicos que provienen de la SAG, así como de la Secretaría de Finanzas. Para drenar estos recursos se usaron las fundaciones DiBatista y Todos Somos Honduras.

Tres partidos políticos beneficiados

A las referidas fundaciones se les otorgaron los fondos, sin embargo los recursos fueron depositados en cuentas de particulares de candidatos a diputados, a alcaldes y regidores liberales, nacionalistas y del Frente Amplio, según la acusación.

La MACCIH aseguró que parte de los fondos se entregaron el 24 de noviembre del 2013, el día de los comicios generales.

Además, se compraron dos oficinas en el edificio Metrópoli, se pagaron préstamos a un partido político por un valor alrededor de 100 millones de lempiras.

En el requerimiento fiscal se solicitó a la justicia medidas cautelares consistentes en órdenes de captura contra los imputados, así como el aseguramiento de sus bienes.

Proceso

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