Chile: la Fiscalía confirma 266 víctimas y 158 religiosos investigados por abusos sexuales

Abusos sexuales: informe de la Fiscalía pone en cifras el vergonzoso prontuario de miembros de la Iglesia católica

266 víctimas de abuso sexual, de las cuales 178 son menores de edad, son parte de las duras cifras entregadas por el Ministerio Público, a partir de los casos denunciados por delitos sexuales cometidos por sacerdotes o miembros de la Iglesia católica desde el año 2000, cuando se inicia la Reforma Procesal Penal.

Por estos hechos, hay 158 personas investigadas, sean obispos, sacerdotes o diáconos, monjas, y también laicos que ejercían funciones en el ámbito eclesial, precisó el informe del Ministerio Público.

De ellos, 74 son sacerdotes u obispos, de los cuales 16 pertenecen a la Congregación de los Salesianos y 15 a la de los Hermanos Maristas.

Actualmente hay 34 investigaciones vigentes, donde se indaga tanto a ejecutores de estos presuntos delitos como a sus posibles encubridores, y 107 concluyeron por sentencias condenatorias, absolución, suspensión condicional del procedimiento, decisión de no perseverar, o fueron remitidos a la justicia antigua dado que los hechos se cometieron antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, entre otras causales.

Encubrimiento

La reacción de la Iglesia católica una vez conocidos estos datos corrió por cuenta del portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro y la integrante del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y experta en Derecho Canónico, Ana María Celis, quienes señalaron que la cifra de víctimas “es la que primero nos conmueve, nos estremece y la que más nos preocupa”.

Sin embargo, el informe de la Fiscalía precisa que también “existen 5 casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”, un punto en el que la Conferencia Episcopal alega desconocimiento. “El encubrimiento esta declarado como tal en el momento en que el tribunal de justicia así lo determina, y es un delito contemplado en la ley del Estado. Si hay ciudadanos chilenos que están encubriendo delitos de abusos sexual, nosotros no tenemos esa información a nivel de la iglesia”, dijo Coiro.

El portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile añadió que la Iglesia católica no contaba con estos datos entregados por el Fiscalía. De hecho, señalaron que a fines de junio contabilizaban 43 casos de condenas civiles como canónicas, sacerdotes y diáconos condenados por abuso sexual de menores de edad.

“Las unicas cifras que disponemos oficialmente en la Conferencia Episcopal son las que le hemos dado. Como ustedes bien lo saben, a la Conferencia Episcopal los obispos no necesariamente los obispos tienen que informarnos ni los superiores religiosos tampoco”, comentó.

La unica medida adoptada -señaló- es que “en el ultimo tiempo la Conferencia Episcopal, y éste es uno de los pasos que hemos dado después del encuentro con el Papa en Roma, es solicitar mayor diligencia tanto de los obispos diocesanos como de los superiores religiosos para informar a la Conferencia Episcopal no sólo los casos terminados sino investigaciones previas”.

Carta de Goic

Respecto a la carta escrita por el ex obispo de Rancagua, Alejandro Goic, dirigida al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati donde lo criticó por su indolencia ante los casos de abuso sexual, en la Conferencia Episcopal pusieron paños fríos al tema y plantearon que “si bien ha habido discrepancias y las hay también en todas las instancias de la Iglesia católica, desde Pedro y Pablo hasta hoy, lo importante es que más allá de las discrepancias tengamos frutos”, dijo Coiro.

Con todo, durante esta jornada, el mismo Goic salió a aclarar a través de una declaración pública el origen de la carta, señalando que “el documento publicado corresponde al texto borrador de una carta privada que preparé para el señor arzobispo de Santiago en su momento y que archivé en las carpetas del computador de la Curia Diocesana. Nunca hice entrega ni envié ese documento a su destinatario, porque después tuve la oportunidad de hablar directamente con él sobre su contenido”. Añadió que “deploro que se hagan públicos documentos privados que fueron entregados a la justicia”.

El Mostrador


Conferencia Episcopal por reporte de abusos sexuales en la Iglesia: “La cifra nos estremece”

Desde la Conferencia Episcopal (Cech) reaccionaron ante la cifra de 139 religiosos involucrados en casos de abuso sexual que reveló esta jornada el Ministerio Público.

De acuerdo al reporte elaborado por el Ministerio Público, desde 1960, 158 personas relacionadas a esa institución han sido investigadas en 144 indagatorias. En el informe, se agrega además que el 66% de las víctimas son niñas, niños o adolescentes.

Jaime Coiro, vocero de la Cech indicó que la información otorgada por la Fiscalía “nos llama a reflexionar respecto de las víctimas. Hemos aprendido que más allá de la cantidad, cada una de estas personas ha debido vivir un proceso que es sumamente doloroso, muchos de ellos han tenido que relatar una y otra vez en distintos instancias ante distintas personas lo que les ocurrió”.

Agregó que “la tentación sería quedarnos en la cifra de los imputados, pero lo que la Iglesia nos pide hoy es poner nuestra primera mirada en las victimas. Esa cifra de víctima nos estremece y es la que más nos preocupa”.

Coiro dijo, además que “los sacerdotes y clérigos condenados son ciudadanos chilenos, por lo tanto todos los clérigos debemos regirnos por la ley chilena y no vamos a eximirnos de ninguna obligación que nos corresponda como ciudadanos que somos”.

Además, tuvo palabras respecto a la solicitud que la Fiscalía Sur hizo al Vaticano respecto al informe Scicluna: “Algunas víctimas o denunciantes se acercan sin haber conversado esto con sus familias y cuando desde la Iglesia se les protege esto que ellos piden, eso no significa en ningún minuto que se está amparando un secretismo sobre el dato del acusado”.

Ana María Celis, integrante del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, añadió que “la misión de la Iglesia es resguardar la dignidad de las personas y si la dignidad de la persona que concurre a la Iglesia es que nosotros mantengamos la confidencialidad de su situación, creo que hay que honrar esa dignidad. Pero vamos a hacer la posible para que esa persona recurra a ambas jurisdicciones”.

Se informó, además, que desde el lunes 30 hasta el viernes 3 de agosto se llevará a cabo una Asamblea Plenaria Extraordinaria de Obispos, en la que se reflexionará sobre el momento actual de la Iglesia.

La Tercera


Indagan 5 casos de encubrimiento de autoridades de la Iglesia por abusos

La Fiscalía Nacional dio a conocer el catastro de los casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica chilena. La información fue entregada por el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos Humanos del Ministerio Público, Luis Torres, quien recopiló y analizó la información solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, a la totalidad de los fiscales regionales.

Según el catastro, se identificaron 266 víctimas de abusos sexuales al interior de la Iglesia, de las cuales 178 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Además, hay 31 adultos y 57 “sin precisar”, relacionados a casos denunciados antes del año 2000, cuando entró en vigencia la Reforma Procesal Penal.
Además, el catastro estableció que hay 158 personas investigadas, las que están asociadas a 144 investigaciones sobre casos ocurridos desde el año 1960 a la fecha. La mayor cantidad de denuncias se realizaron en las regiones Metropolitana (39), del Biobío (18) y de Valparaíso (17).

De las 158 personas indagadas, 74 son obispos, sacerdotes o diáconos que no pertenecen a una congregación; 65 corresponden a religiosos que sí pertenecen a una orden, en los cuales destacan 16 salesianos y 15 maristas. Además, hay 10 laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios.

El catastro tiene su génesis en las denuncias y protestas en contra del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del Papa Francisco a Chile, en enero de este año. Estas generaron que un mes después el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote Jordi Bertomeu, visitaran el país para investigar. Aquello resultó en un informe de 2.300 páginas y 64 entrevistas. El resultado conllevó a una segunda visita de los enviados especiales del Pontífice en junio, donde tuvieron audiencia con el fiscal Abbott y los otros persecutores del país. Ahí, se acordó realizar este análisis para determinar qué información sería relevante pedir a la Santa Sede.

Casos por recubrimiento

De las 36 causas vigentes, si bien la mayoría corresponde a delitos sexuales, hay “cincos casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”, indica el estudio del Ministerio Público.

Los casos están en reserva, aunque la semana pasada el titular de O’Higgins, Emiliano Arias, indicó que “podría configurarse el delito de encubrimiento” por parte del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación por abuso sexual contra menores y estupro que lleva contra el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.

En este caso en específico, el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, expresó que, “si el arzobispo de Santiago es citado ante la justicia, pierda cuidado que él va a comparecer y prestará su colaboración en ello. Son los tribunales de justicia los llamados a establecer si hay o no un determinado delito”.

Ante la discusión que se ha presentado por algunas autoridades de la Iglesia frente a la entrega de documentos con testimonios de víctimas y que podrían estar pasando a llevar su privacidad, Coiro aseguró que “la confidencialidad de los datos de la víctima no pueden ser pretexto para encubrir los antecedentes de un victimario. La confidencialidad de la víctima significa que yo le garantizo protección, pero no significa en ningún minuto que se ampara el secretismo del acusado”.

Las fiscalías regionales de Valparaíso, Metropolitana Sur y La Araucanía, pidieron más antecedentes al Vaticano sobre los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra menores. Al respecto el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Luis Torres, dijo que el objetivo es “saber qué es lo que se va a reportar, para que cada fiscalía evalúe lo que corresponda y así fortalecer estos casos y asegurar que las víctimas tengan una respuesta eficaz”.

Ítalo Ortega, fiscal preferente de La Araucanía, señaló que solicitaron que “nos remitieran los antecedentes relativos a los sacerdotes o a las investigaciones contra presbíteros que ellos tuvieran en su poder. Esto se pidió respecto de aquellos nombres que nosotros manejábamos previo a la entrada y registro de la Diócesis de Temuco y Villarrica”.

El persecutor añadió que “la información incautada en esa diligencia está siendo analizada y si con posterioridad es necesario ampliar ese requerimiento, será de esa manera. La solicitud dice relación con los antecedentes que ellos tengan tanto de sacerdotes investigados, como de otras personas del clero investigadas y las víctimas que figuren en esos antecedentes”.

Por su lado, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, dijo que de los 17 casos que se investigan en la región, tres están vigentes y que la solicitud al Vaticano es precisamente “para recabar más antecedentes sobre las otras 14 causas que aparecen terminadas”. En tanto, que el fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, indicó que solicitaron “los antecedentes en relación a dos aristas de la investigación en particular y esperamos contar con la colaboración del Vaticano, tal como indicaron los enviados Bertomeu y Scicluna en su oportunidad”.

Balance

El sacerdote Eugenio de La Fuente, quien fue víctima de abuso de poder y conciencia por parte del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, dijo que “es un hecho gravísimo y triste, pero que es muy bueno que se clarifique. Si hay hechos delictuales, como todo ser humano, se tiene que comparecer ante la justicia, y si hay hechos que atentan contra la persona con hechos concretos, es una obligación moral denunciar”.

El informe del Ministerio Público no solo se centra en casos de abuso efectuados por autoridades religiosas, sino también de laicos. Juan Antonio Claret, vocero de los Laicos y Laicas de Osorno, señaló que “eso nos permite ampliar la mirada para comprender que el problema no es como los obispos nos han intentado aparentar, de homosexualidad o celibato, sino que tiene que ver con el ejercicio del poder donde hay personas que en una situación de privilegio se aprovechan de la vulnerabilidad de otro. Es ahí donde tenemos que replantearnos el ejercicio de poder dentro de la Iglesia”.

La próxima semana se llevará a cabo la Asamblea Plenaria, donde el foco será cómo simplificar los canales de comunicación entre la fiscalía y la Iglesia.

La Tercera