Colombia: advierten que avanza a paso lento la comisión de garantías para líderes sociales

“La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para líderes va a paso lento”

Esta será una semana política. El presidente electo, Iván Duque, terminará de conformar su gabinete, con lo que dejará claro el talante de su gobierno; y el viernes 20 de julio tomará posesión el Congreso de la República que legislará hasta el 2022. Por primera vez, en más de 50 años de guerra, las Farc llegarán convertidas en un partido político al Capitolio, que deberá convivir entre férreos opositores políticos, como son el expresidente Álvaro Uribe y el excandidato presidencial Gustavo Petro, por mencionar algunos.

La transición política en el Gobierno y el Congreso tendrá como primer problema combatir la oleada de asesinatos a líderes sociales. El gobierno Duque lo sabe y esta semana, pese a las incertidumbres que existen aún sobre su compromiso con ese tema, encargó a personas del mayor nivel para el empalme relativo a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

El presidente Juan Manuel Santos, a su turno, convocó la semana pasada a dicha comisión , un espacio de articulación estatal, producto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que busca detener este flagelo y desarticular a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. De este espacio salieron importantes medidas de protección que deberán ponerse en práctica, como es el compromiso de crear un registro único permanente de líderes sociales asesinados.

Esta importante instancia, además de todas las autoridades estatales, cuenta con la participación de la sociedad civil, a través de cinco delegados. Tres de ellos son expertos ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Se trata de Camilo González Posso, director de Indepaz; Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano y Vilma Franco. Así como dos delegados de plataformas de derechos humanos, como son Gustavo Gallón y Franklin Castañeda.

En diálogo con Colombia 2020, como vocero de esta delegación, Castañeda aseguró que esta Comisión no está funcionando como debería. Estas son sus razones:

¿Qué funciones resalta de esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?

La comisión tiene 16 funciones pero tres de ellas son básicas. La primera es trazar una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atacan a los defensores de derechos humanos o que se puede considerar que atacan a la población reincorporada de las Farc, y eso incluye a los grupos sucesores de los paramilitares. Es decir, la primera función de la Comisión realmente es hacer que el Estado colombiano tenga una política muy clara para desmantelar esos grupos.

A más de un año de implementación de esta Comisión, ¿cuál es su balance?

Es un balance agridulce. Creemos que hay algunas medidas muy importantes en camino, pero el avance ha sido muy lento.

¿En qué sentido?

En que, para este momento, ya finalizando el Gobierno, la Comisión no ha podido decirle al país, ‘mire la política pública integral es esta’ o ‘proponemos estos cambios’. A pesar de ello, reconocemos varios avances.

¿Cómo qué?

La política de sometimiento de estos grupos, aunque no es de todo el gusto de los delegados de la sociedad civil, pero se avanzó en eso. Se avanzó en un sistema de alertas tempranas. Se avanzó en ir proyectando lo que sería un plan de acción integral contra organizaciones criminales, pero este Gobierno no va a poder entregarlo.

¿Por qué?

Porque la lentitud con la que se trabajó el tema, al interior de la Comisión y, sobre todo, por parte de las autoridades del Estado, hizo que, de alguna forma, esta sea una tarea que se le delegue al próximo Gobierno.

¿Qué otra misión tiene la Comisión?

La segunda misión tiene que ver con hacer seguimiento a la actuación del Estado en el desmantelamiento a estos grupos. En poder hacer un seguimiento a la labor de la justicia, de la Fiscalía, de la Policía y creo que en eso la Comisión avanzó bastante. Se convirtió en un foro constante en el cual la Fiscalía y la Policía constantemente rendían cuentas.

Entonces, ¿cree que la Comisión no está funcionando como debería?

Sí. Creemos que se necesita una mayor voluntad política del Estado para poder trabajar estos temas relevantes como lo son el asesinato de líderes sociales de manera mucho más rápido y profunda. Creemos que la Comisión tiene el diseño adecuado, están todas las autoridades que deben estar, sin embargo, se necesita, y en particular con miras al próximo Gobierno, que se demuestre una voluntad con hechos de poder tomar decisiones rápidas. Este Gobierno ha tomado muchas medidas, hay que reconocerlo, sin embargo, las cifras de los asesinatos hablan por sí solas de que estas medidas han sido insuficientes.

¿En qué se avanzó?

Se trasladó el sistema de alertas tempranas de la Defensoría y se le dio mayor autonomía a esta entidad. Eso hizo que, a finales de junio, la Defensoría ya hubiese emitido 52 alertas tempranas, donde básicamente le está diciendo al Estado: ‘Es inminente que en determinadas zonas del país hay ataques contra población civil, contra organizaciones sociales, etc’. Antes, la Defensoría estaba sometida a hacer un informe que era supervisado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y pocas veces terminaba en alertas, porque se desestimaba. Ahora la alerta queda y eso constituye, en principio, una responsabilidad para el Estado, porque si no toma medidas, de alguna forma, es responsable política y administrativamente por los daños que eso cause. Incluso, se podría hablar de un principio de responsabilidad de algunos funcionarios por omitir sus funciones.

¿Qué falta entonces?

Que ese sistema tenga un sistema de respuesta rápida, en cabeza del Ministerio del Interior y de los entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones. Ahí vamos más lentos, porque se emite la alerta, pero todavía no hemos logrado que el Estado, a nivel territorial y nacional, organice sus acciones para responder rápidamente a esa alerta. Entonces, si bien existe un avance normativo, eso no se está traduciendo en acciones concretas. Igual es un avance normativo de diciembre de 2017 y sigue en proceso de implementación. Lo que esperaríamos nosotros es que sea algo respetado y acompañado por el nuevo Gobierno, en la medida en que la respuesta rápida pueda garantizarse para evitar que los líderes sociales sigan siendo asesinados en Colombia.

¿Qué más ajustaría?

Se creó un cuerpo investigativo, en junio de 2017, y se ha dedicado a ser policía judicial en los casos de líderes amenazados. Sin embargo, en el acuerdo de paz este cuerpo élite se concibe como un instrumento del Estado para desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y no solo para luchar contra uno de los síntomas de estas organizaciones, como es el asesinato de estos líderes. En ese sentido, estamos destinando tanto al cuerpo de la Policía como a la nueva unidad élite que surge de la Fiscalía a investigar y esclarecer crímenes, pero hace falta un mayor esfuerzo en desarticular los grupos organizados para ser más efectivo en lo que nunca se ha avanzado en Colombia y es en identificar a los autores intelectuales que están detrás de los crímenes.

¿Qué otras medidas ha tomado el Estado, que rescate?

Sale también un decreto, que es muy reciente, el 660 de 2018, que habla sobre la protección colectiva de líderes sociales y hace un llamado de atención sobre los entes territoriales para que, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, se creen planes territoriales e integrales de protección, que ya no se basan en los esquemas de seguridad clásicos o individuales, como vehículos u hombres armados, sino que se intenta que esos planes puedan tener medidas que puedan cambiar los entornos.

¿Por ejemplo?

Que en una comunidad apartada se establezca que para mitigar el riesgo se necesita, por ejemplo, comunicación o señal en la zona, o que se necesita la presencia de la Defensoría comunitaria, o investigación judicial, o medidas sociales para prevenir la vinculación de muchachos jóvenes para que no sean cooptados por grupos criminales. Se trata de disponer de estas medidas que pueden ser efectivas, si logramos que el Estado pueda articular su acción. El problema es que este es un decreto nuevo, que apenas lleva cuatro planes piloto que se acaban de terminar de formular la semana pasada y que no han sido puestos en práctica. Y por eso no podemos decir hoy si estas medidas van a servir o no.

¿Qué avances rescata de la última reunión de la Comisión?

Hay diez nuevos planes, que sumados a los cuatro que ya se hicieron, estamos hablando de 14 municipios priorizados de los 1.102 que tiene el país. Cuando tenemos un problema tan grande, ir tan lento es complejo, en materia de resultados, pero es un buen comienzo.

¿Qué esperan que avance antes de que termine este gobierno?

Que este decreto pueda funcionar, que el Ministro del Interior pueda realmente avanzar en el poco tiempo que le queda en la formulación de nuevos planes y que el nuevo Gobierno ojalá pueda continuar con una política para la creación de estos planes que deben ser concertados con las comunidades en riesgo.

¿Lo mismo ocurre con la Comisión de Garantías de Seguridad?

Sí. Se avanzó en la identificación de normas y otros instrumentos jurídicos vigentes que deben cambiar en Colombia para que se pueda producir el efecto de un país que previene realmente la comisión de estos crímenes y ataca con efectividad las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Ahí, lastimosamente, la Comisión no va a poder cumplir en este Gobierno con esta función. Nos empantanamos en una serie de discusiones, a pesar de que desde la sociedad civil identificamos manuales de la Fuerza Pública que deben ser revisados y no fue posible, porque existe una especie de bloqueo a pensar en tocar la Fuerza Pública.

Y, ¿cómo ven esa perspectiva?

Ya lo decía el Procurador, públicamente, y es que uno de los temas que vemos también en la Comisión de seguridad y que lo denunció el propio fiscal es que hay una afectación a la efectividad del Estado en las regiones, en la medida en que se ha logrado confirmar que hay casos de cooperación de Fuerza Pública e incluso de entes judiciales en la zona con grupos sucesores del paramilitarismo. Y esto es gravísimo porque nos pone en riesgo de repetir historias que tienen que ver con el aniquilamiento de organizaciones políticas, pero también nos pone en el escenario de la existencia y continuidad del paramilitarismo, tal y como lo conocimos, con una participación activa de agentes del Estado.

¿Qué se requiere entonces?

Que podamos revisar qué hace falta por hacer en Colombia para evitar que este fenómeno se siga repitiendo. Desde la sociedad civil creemos que se debe, además, realizar una política de la no estigmatización a los liderazgos políticos de oposición en Colombia y de los liderazgos sociales. Por eso hay que avanzar realmente en articular mucho mejor los instrumentos de control interno y administrativo de las fuerzas armadas. Creo que la principal conclusión de la reunión es la vinculación de militares en estos casos de la Comisión de Garantías de Seguridad, de todas las medidas. Y esperamos que la Procuraduría realmente pueda liderar ese esfuerzo por identificar a los actores de la Fuerza Pública, o por corrupción o por ideología, metidos en este asunto. Así como esperamos que el próximo gobierno lo permita. Creo que le hace mucho daño al país el hecho de que hayan esfuerzos muy fuertes por proteger a estos líderes y por acabar con la criminalidad en las regiones, y tengamos a sectores de la institucionalidad vinculados a estos grupos, en estos casos.

¿Cuál es el llamado al próximo gobierno?

La Comisión ha hecho 10 visitas territoriales, en Putumayo, en Cauca, en La Guajira, en San José del Guaviare, en Norte de Santander, en Buenaventura, etc., en donde el Estado ha asumido una serie de compromisos, que ojalá el próximo gobierno le pueda dar continuidad. El llamado que nosotros queremos hacer es que hay que reconocer que la situación es grave pero hay un hoja de ruta, que así haya avanzado lentamente está ahí y debe impulsarse. Detrás de esos compromisos creemos que está la clave del éxito, a la hora de poder disminuir la situación de inseguridad que están viviendo los y las líderes del país.

Colombia2020


Sacerdote que pidió a Uribe parar asesinatos contra líderes sociales dice estar amenazado

En días pasados el sacerdote Ramiro Arango, de Roldanillo (Valle del Cauca), acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de ser cómplice de las muertes de los líderes sociales.

“Los matan no sé si con orden suya, pero su silencio me hace desconfiar y creer que de pronto sí, puede ser. Cuando uno calla ante una hecatombe ya de connotación internacional es porque uno, posiblemente, es cómplice”, afirmó Ramiro Arango en su cuenta de Facebook, el pasado 10 de julio.

Ahora, parece que el duro mensaje le ha comenzado a causar problemas.

En la misma red social, Arango contó en la noche de este viernes que al salir de su casa fue interceptado por una persona que le ocultó su nombre y su rostro y le entregó una información que ya tienen las autoridades. Según esa información hay personas en Cali, procedentes de Medellín, buscándolo para atentar contra su vida.

Al parecer esta persona se arriesgó a darle esta información al sacerdote en agradecimiento porque este le brindó ayuda en alguna oportunidad.

“Vale la pena elevar nuevamente mi voz de protesta frente al despojo de la vida humana que se está haciendo en el territorio colombiano, y ante las nuevas amenazas y las anteriores que se están dando a líderes y lideresas sociales, políticos, sindicales, de negritudes e indígenas y de todo orden, donde algunos estamos ya como que en la mira de las acciones de los grupos al margen de la ley”, agrega Arango en el audio que difundió.

Y finalizó diciendo lo siguiente: “Nos están matando, y les digo a ustedes: me van a matar. Ya tengo es información que comienza a ser casi que verídica. Dios los guarde a ustedes, pero me van a matar”.

Aquí el video de la denuncia:

Publimetro


Periodistas que denuncian asesinatos a líderes sociales también terminan amenazados

En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones, afirmó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Mientras que para julio de 2017 la FLIP había documentado 65 casos de amenazas, en lo corrido de 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia en aumento pues en el 2015 se documentaron 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.

La FLIP informó que ya entregó los reportes de las amenazas a la UNP pero aseguró que “en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros”.

Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.

Por ejemplo, el caso de Ricardo Ruidíaz, periodista que ha denunciado la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio, y que ha reportado 10 intimidaciones en el último año. Pese a esto, “el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero”, reportó la FLIP.

También está Catalina Vásquez, que defiende los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín, a quien no se le ha puesto protección a pesar de que han asesinado a fuentes cercanas a ella en este sector.

De igual forma, Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, por amenazas debido a sus investigaciones sobre acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente.

Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, que denunció amenazas por promover una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales.

Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género y están sin protección, y por eso la FLIP solicitó al Gobierno Nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.

Pulzo


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