Crisis en Nicaragua: el gobierno rechaza resolución “ilegal e ilegítima” de la OEA

Contexto de Nodal
La conflictividad social inició el 18 de abril cuando el gobierno anunció una reforma previsional. A pesar de dar marcha atrás con la medida, las manifestaciones se multiplicaron. La represión estatal y la violencia en las protestas dejaron más de 300 muertos. La oposición denuncia el autoritarismo de la pareja presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo y demanda elecciones anticipadas, mientras que para el gobierno es una conspiración imperialista. Por pedido de la CIDH se instaló una mesa de diálogo que se encuentra suspendida.

Nicaragua rechaza resolución condenatoria e ilegítima del Consejo Permanente de la OEA

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó este miércoles una resolución promovida y aprobada por algunos países ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual irrespeta la soberanía y autodeterminación del pueblo nicaragüense.

“Dejamos claramente y desconocemos desde ya cualquier resolución condenatoria contra el Gobierno de Nicaragua, por ser ilegal, ilegítima, injusta y carente de objetividad y carente de espíritu constructivo”, subrayó Moncada.

El ministro de Relaciones Exteriores lamentó que el Consejo Permanente de la OEA, en relación con la situación de Nicaragua, se convierta en una especie de tribunal que juzga y prejuzga a Nicaragua.

“A través de un proyecto de resolución pretende, realmente, condenar a priori y de manera injusta, de manera improcedente, de manera ilegal, de manera ilegítima, carente de política y diplomacia, a un gobierno constitucional, legítimo, como es el gobierno del Presidente Daniel Ortega”, apuntó.

El canciller manifestó que, al aprobarse este proyecto de resolución, el Departamento de Estado de los Estados Unidos repite su vieja historia injerencista, intervencionista en Nicaragua, señalando acusaciones infundadas e injustas. El Consejo Permanente de la OEA está cometiendo una injusticia y un desacierto político y diplomático, consideró.

“Parte de esta organización se ha convertido en un tribunal que está juzgando a un gobierno. Por tanto, los videos que hemos presentado (sobre grupos terroristas que amenazan la estabilidad de Nicaragua) se convierten en un derecho a la defensa ante un tribunal de facto, ante un tribunal que nadie lo ha erigido y que nadie lo ha legitimado, que no aparece en la Carta de la OEA con esas funciones”, subrayó.

Explicó que Nicaragua tiene instituciones que están funcionando, un Estado de Derecho que funciona, al igual que una Constitución. Por consiguiente, dijo que no es correcto ni justo que el Consejo Permanente de la OEA se erija en una especie de tribunal que nadie ha autorizado.

“Sí quedó demostrada la política injerencista, intervencionista del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del embajador Trujillo, quien, de forma clara y expresa, en breves palabras, dejó de manifiesto y confirmado ese papel, cuando decía que la crisis lleva años de gestación”, agregó Moncada.

“Lo está expresando con conocimiento de causa. Es una crisis que no es espontánea, que no surge de la noche a la mañana. Es el diseño, la organización, financiamiento, la disposición de mecanismos internacionales, de mecanismos externos que esperan una situación particular de descontento de un sector para lanzarle combustible a una situación que es la que estamos viendo en Nicaragua. Él dijo: la crisis lleva años de gestación. Y eso confirma lo que estamos diciendo”, expuso.

“Nos queda demostrado por esa vía que Nicaragua sufre una situación que no es espontánea, que no es responsabilidad del Estado y del Gobierno de Nicaragua que se estén produciendo las situaciones de crímenes de odio, de asesinatos, de secuestros, de violaciones a los derechos humanos de la población a partir de grupos terroristas dirigidos, organizados y financiados, tanto internamente como externamente”, añadió.

Recordó que la nación norteamericana tiene una vasta experiencia en acciones injerencistas en el mundo.

El diplomático también recordó que durante años Nicaragua ha venido impulsando políticas públicas que le han permitido alcanzar logros en varios ámbitos -entre ellos la seguridad- los cuales han sido reconocidos por organismos y la comunidad internacional.

Y hasta el 18 de abril las instituciones de seguridad nicaragüenses y los niveles de seguridad en Nicaragua eran objeto de estudio, de análisis para compartir sus experiencias, comentó.

Además, se refirió a logros en otros ámbitos, como el cambio de matriz energética y el desarrollo de una economía estable con índices de crecimiento de entre el 4,7 y el 5,0 por ciento.

La Voz del Sandinismo


¿Qué dice resolución de la OEA sobre la crisis de Nicaragua?

Resolución íntegra que se aprobó hoy en el Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis en Nicaragua:

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

TENIENDO EN CUENTA los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de los cuales Nicaragua es Estado parte;

REAFIRMANDO la declaración AG/DEC. 97 (XLVIII-O/18) aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2018;

TOMANDO NOTA de la Declaración Especial sobre Nicaragua, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), del 30 de junio de 2018;

OBSERVANDO con gran preocupación la situación confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe final de la CIDH sobre su visita a Nicaragua, realizada del 17 al 21 de mayo de 2018, titulado “Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, presentado al Consejo Permanente el 22 de junio y el 11 de julio de 2018,

RESUELVE:

1-Reiterar su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH, y alentar a que se proceda a identificar a los responsables, a través de los procedimientos legales correspondientes y exigir el desmantelamiento de los grupos parapoliciales.

2-Condenar, asimismo, los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la sede de Caritas, y otros manifestantes pacíficos.

3-Urgir al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el Diálogo Nacional, como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia en ese país.

4-Exhortar al Gobierno de Nicaragua a que considere todas las opciones para lograr este objetivo, que colabore para la efectiva implementación de los esfuerzos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA, y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional.

5-Apoyar al recientemente establecido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los actos de violencia que han tenido lugar en el país, como lo documentó la CIDH, así como al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecida por la Secretaría General de la OEA, y urgir al gobierno de Nicaragua que brinde las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus tareas.

6-Reiterar la disposición del Consejo Permanente para colaborar y considerar otras medidas y mecanismos que estime apropiados, en búsqueda de una solución pacífica a la situación que enfrenta Nicaragua, de conformidad con la normativa de la Organización.

7-Invitar a la CIDH a que continúe manteniendo informado al Consejo Permanente sobre el funcionamiento de los mecanismos específicamente establecidos por la CIDH para monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH.

8-Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea que acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad.

El Nuevo Diario


Muertes en represión ya alcanzan la misma cifra de homicidios en un año en Nicaragua

La danza sangrienta de muertes que durante tres meses han causado fuerzas represivas del Gobierno contra manifestantes pacíficos, que ha estremecido no solo a Nicaragua, sino a la comunidad internacional, ya alcanza la misma cifra de los homicidios reportados en un año en el país.

Hasta el 11 de julio la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabilizaba 351 víctimas.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró hasta el fin de semana pasado 273, según expresó el 15 de julio, a través de su cuenta de Twitter, el secretario ejecutivo de ese organismo, Paulo Abrao, por medio del cual recordó que de 264 fallecidos “ya contabilizamos 285”.

Datos oficiales registraron en un año 431 muertes violentas y si se toma en cuenta los registros de la ANPDH, en tres meses se habría ejecutado casi la misma cantidad de crímenes perpetrados el año pasado. Y casi la mitad de las muertes cobrados en las vías por los accidentes de tránsito el año pasado, con 791 muertos.

La diferencia de los crímenes actuales radica en que los principales hechos han sido atribuidos a una actuación conjunta entre fuerzas policiales y paramilitares con armas de guerra de alto calibre de uso exclusivo del Ejército.

Las muertes cometidas en los últimos tres meses iniciaron el 19 de abril con las protestas de manifestantes autoconvocados un día antes contra las ya derogadas reformas a la Ley de Seguridad Social.

Sin duda uno de los crímenes que han impactado fue el del periodista Ángel Gahona, director del noticiero local El Meridiano, en Bluefields, mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook Live.

Otros casos han sido cometidos contra manifestantes en desventaja de fuerza, porque lo único que portan son huleras con piedras y morteros, como sucedió con las primeras protestas de universitarios.

A las inmediaciones de Metrocentro, el 20 de abril, Alvarito Conrado, de 15 años, llegó para solidarizarse con la protesta de la Universidad Nacional de Ingeniería, llevándoles agua. Ese día, tras un ataque policial, el menor falleció desangrado en un quirófano del Hospital Bautista, a causa de un balazo en el cuello y luego de que en el Hospital Cruz Azul rehusaron atenderlo a tiempo.

La primera masacre registrada fue el 30 de mayo, en la llamada Madre de todas las Marchas. Desde el estadio nacional de beisbol Dennis Martínez, francotiradores cazaban a sus víctimas. El baño de sangre cobró ese día en Managua ocho vidas y 16 en todo el país.

“Operaciones limpieza”

Otra forma empleada para matar de las fuerzas represivas han sido las llamadas “operaciones limpieza” de los tranques, ejecutadas por las fuerzas regulares e irregulares armadas por el Gobierno, donde las poblaciones han sido sometidas a horas de disparos en jornadas de terror y exterminio.

Esta ha sido una de las formas represivas más cruentas y sin duda la más criminal, porque pese a que las trincheras son despejadas, por horas persiguen a sus víctimas hasta donde se refugian y por horas disparan sus armas de guerra contra los sitios donde estos se han resguardado.

Este tipo de asedio y ataque ha sido la forma más frecuente de provocar el terror entre la población de los sitios aledaños, donde los manifestantes autoconvocados han permanecido atrincherados.

Esto sucedió, por ejemplo, en los barrios orientales, donde al amanecer del 23 de junio, un día después de ingresar la Policía y paramilitares, la población quedó atrapada, pues los francotiradores disparaban a matar ante cualquier movimiento en la calle y una de esas víctimas fue el niño Teyler Leonardo Lorío Navarrete, de 14 meses, asesinado de un balazo certero en la cabeza, cuando sus padres corrían apresurados cruzando un callejón.

Ese día fue un día trágico para otras cuatro personas que sufrieron una situación similar en esos barrios.

Una semana antes en un intento similar por desalojar a los estudiantes de la Universidad Politécnica (Upoli), que sin duda ha sido uno de los centros de estudio más sometidos a constantes ataques, en una acción de venganza perversa una mañana del 16 de junio, en el barrio Carlos Marx, un grupo de paramilitares incendió la vivienda del pastor Óscar Velásquez Pavón, con sus moradores adentro, después que golpearon primero los portones, y luego hicieron disparos a la vivienda.

Allí murieron cuatro adultos y dos niños: uno de 3 meses de nacido y una de 3 años.

En otras ocasiones, la matanza llegó en situaciones similares con asedio, impedimento de atender a heridos a poblaciones como La Trinidad, Estelí, donde el 4 de julio acorralaron y mantuvieron bajo ataque de fusiles a las personas que allí se refugiaron durante unas 15 horas, allí murió una persona y decenas de heridos.

Cuatro días después le tocó a la población de Jinotepe, Diriamba y Dolores, Carazo, conocer el terror de las llamadas caravanas de la muerte.

A primeras horas del 8 de julio fuerzas paramilitares y policiales en una acción conjunta a sangre y fuego despejaron la vía Panamericana trancada por los manifestantes autoconvocados e impedía que circularan furgones de placas centroamericanas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estimaron, en ese momento, que la represión de ese fin de semana cobró la vida de unas 20 personas y decenas de heridos.

No obstante, la verdad de lo que ocurrió en Carazo nunca se sabrá, pues la ANPDH ha hablado de la existencia de fosas clandestinas, cuerpos trasladados a fincas y abandonados, así como personas desaparecidas.

Y los sucesos más recientes, la noche del 13 de julio para amanecer el 14 de julio, en un asedio armado que duró 20 horas contra estudiantes atrincherados, primero en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y luego refugiados en la iglesia Divina Misericordia; allí fallecieron dos jóvenes universitarios.

Emboscadas a campesinos

A estos hechos graves se suman las denuncias de emboscadas en contra de campesinos que buscaban cómo regresar a sus viviendas luego de abandonar el tranque en el Empalme de Lóvago, el 14 de julio, cuyo alcance de la misma aún se desconoce debido al sitio donde ocurrió el hecho.

Dos días antes, el 12 de julio, había ocurrido otra situación similar en la localidad de Morrito, Río San Juan, donde una marcha de autoconvocados fue atacada al ingresar al casco urbano, donde al menos seis personas fallecieron, cuatro de estas policías, cuyas circunstancias no están del todo esclarecidas, pues posteriormente nueve policías heridos responsabilizaron a sus mismos compañeros de las lesiones.

Y el más reciente ataque perpetrado el 17 de julio, contra manifestantes atrincherados en Monimbó, Masaya, donde la ANPDH reporta cuatro muertes: un policía y tres civiles. Una de las víctimas fue Emelina Castro, quien fue ejecutada por paramilitares. Ella apoyaba con alimentos a los jóvenes en las trincheras.

La Prensa


CIDH: La situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más

“La situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más”, afirmó el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autonómo de la OEA, que registró al menos 285 muertos en tres meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

“La conducta que ha adoptado el gobierno en los últimos días parece ser un cierre de los espacios de diálogo”, dijo Paulo Abrao. “La fotografía del momento es muy grave”.

A continuación, un resumen de la charla:

El gobierno nicaragüense criticó que no se señalen las “atrocidades” cometidas por los opositores. ¿Es así?

El conflicto está cambiando. Primero había una represión clásica de fuerzas policiales contra manifestantes. Y en la medida en que la gente se siente amenazada, reacciona para defenderse. Pero la proporción de fallecidos (285, incluidos 20 policías) y heridos (más de 1.800) demuestra claramente que se trata de un operativo combinado de fuerzas policiales y parapoliciales contra opositores al gobierno.

¿Existen las llamadas “operaciones de limpieza”?

Efectivamente, se han nombrado estas ‘operaciones de limpieza’ por parte del Estado, ignorando la vía del diálogo y realizando ofensivas represivas hacia la población, por medio de detenciones masivas y tambien de asesinatos. Esas operaciones ya son hoy asumidas formalmente por parte de las autoridades como acciones para recuperar el control del Estado. Y ahora empiezan a agregar una narrativa de que se justifican por la existencia de terroristas entre los manifestantes.

La CIDH, que tiene un grupo de expertos y un mecanismo de seguimiento desplegados en Nicaragua, señaló una profundización de la crisis. ¿Por qué?

Hay una escalada de la violencia y una diversificación de las formas de represión. Ahora hay secuestros, toma de tierras, invasión de casas en las madrugadas. La situación de Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más.

El líder campesino Medardo Mairena fue detenido el viernes 13 acusado de terrorista. ¿Qué sabe la CIDH?

Para nosotros es una persona desaparecida. Solicitamos información a las autoridades y no recibimos ninguna respuesta.

Nicaragua acaba de aprobar una ley sobre terrorismo. ¿Qué opina la CIDH?

Vemos eso con mucha preocupación porque puede facilitar que la fiscalía o la policía intenten cuadrar las conductas de los manifestantes como terrorismo. Y esta criminalización de los manifestantes ya es un proceso en marcha. El lunes mismo empezaron juicios contra estudiantes presentados en las televisiones estatales como terroristas. Y estos procesos de criminalización me parece que van a intensificarse.

Este jueves 19 es el Día de la Liberación, que conmemora el derrocamiento del régimen del Somoza en 1979 por los sandinistas. ¿Cómo ve los ataques en Masaya, símbolo del triunfo de la revolución?

Lo que está pasando está íntimamente vinculado con esta fecha. El Estado lanzó esa operación para recuperar el control y pretende llegar al 19 y declarar que se derrotó un golpe que se estaba instalando. Para la CIDH solo hay un único responsable: el Estado. No hay dos bandos, hay un Estado que está incumpliendo sus obligaciones.

La CIDH denunció los ataques contra la Iglesia católica, medidadora en el suspendido diálogo. ¿Es posible aún sentarse a hablar?

Los obispos asumieron una postura muy digna: a pesar de los ataques, llamaron a reanudar la mesa de diálogo. Es más, convocaron a una reunión esta semana, pero con las operaciones de limpieza se hizo inviable cualquier reunión. También, con la criminalización de miembros de la mesa, como el líder campesino y otros opositores acusados de terrorismo, se van volviendo inviables los caminos de una solución pacífica. La conducta que ha adoptado el gobierno en los últimos días parece ser un cierre de los espacios de diálogo y no de apertura a la ayuda internacional. La fotografía del momento es muy grave.

¿Qué le dice el gobierno a la CIDH?

El gobierno insiste en que hay un proceso de golpe, de que hay terroristas, y así justifica el uso de la fuerza. Nosotros llamamos a la responsabilidad estatal. Insistimos en la necesidad de reanudar la mesa de diálogo, porque ese es el único camino que el país tiene para construir una solución democrática a la crisis.

La CIDH denunció abusos de derechos humanos en Venezuela durante protestas opositoras. ¿Hay un paralelismo con lo que está ocurriendo en Nicaragua?

Sí, hay prácticas autoritarias muy parecidas. Obviamente, lo que se intenta, o intentaba, era evitar que Nicaragua se convirtiera en una nueva Venezuela: un Estado totalmente cerrado al escrutinio internacional, con elecciones no reconocidas internacionalmente, con presos políticos, con represión estatal, ausencia de libertades públicas. Parece que Nicaragua sigue estos caminos.

El Nuevo Diario