Crisis en Nicaragua: otros tres muertos en protestas y EEUU sanciona a funcionarios

Tres fallecidos y más de 20 secuestrados en ataque paramilitar a Sutiaba

Un ataque de paramilitares y fuerzas policiales que pretendía desmantelar las barricadas en el barrio indígena de Sutiaba, en León, dejó como resultados: tres personas fallecidas, decenas de heridos y más de 20 secuestrados.

Danny López Morales, de 21 años, falleció de un balazo en el pecho, en el sector del Colegio Modesto Armijo, cuando llegaron más de 20 camionetas a atacar a la población que se mantenía en las barricadas.

“Hay causas por las que merece la pena morir, pero no por las que vale la pena matar. Nicaragua unida, jamás será vencida”, escribió horas antes de ser asesinado en su perfil de Facebook.

Los otros dos fallecidos son Junior Núñez y Alex Vázquez, dos jóvenes que fallecieron de disparos certeros, informó el párroco de la Iglesia San Pedro de León, Víctor Morales.

Amanecer entre balas

La operación inició a eso de las cinco de la mañana de este jueves en el barrio indígena de Sutiaba, que había sido escenario de un ataque similar el 29 de junio pasado.

Los hombres armados de las “fuerzas combinadas”, que sitiaron el barrio indígena hicieron arrestos y se hicieron acompañar de maquinaria pesada para tumbar las barricadas que la población de Sutiaba había erigido para protegerse de este tipo de ataques.

Los paramilitares llegaron en unas 20 camionetas Hilux y sacaron de sus casas a algunos de los detenidos que fueron llevados con rumbo desconocido.

Vecinos de Sutiaba divulgaron en redes sociales la muerte del joven de 21 años que deja en orfandad a un niño de un año.

Las redes sociales también fueron aprovechadas por los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para celebrar el éxito de la denominada “Operación Limpieza”.

Agreden periodistas

El director de Radio Darío, Anibal Toruño, denunció que durante el ataque de las fuerzas policiales y paramilitares dos de sus colaboradores fueron golpeados mientras daban cobertura a la represión gubernamental contra la población del barrio indígena.

Además, explicó que los paramilitares destruyeron el equipo con el que ambos periodistas realizaban una transmisión en directo.

“Es lamentable que sigan violando los derechos humanos y la libertad de expresión. Mi condena a este ataque y mi denuncia al comisionado Domingo Navas, jefe de la Policía de León”, lamentó Toruño.

“Mi oración por esta querida población. ¡Cuiden sus vidas! Que no se engañe el Gobierno, reprimiendo y encarcelando, no obtiene ninguna victoria, más bien agudiza la crisis política y se gana más rechazo del pueblo”, dijo el influyente obispo Silvio Báez, al conocer del ataque.

Confidencial


EEUU sanciona a altos funcionarios

Francisco Javier Díaz Madriz, comisionado general de la Policía Nacional y subdirector de esta institución; José Francisco López Centeno, tesorero del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa); y Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, son los tres sancionados que ingresaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Ley Global Magnitsky les impone sanciones financieras y restricciones de visa para ingresar a territorio estadounidense. En consecuencia, todos los bienes o toda participación en bienes que tuvieran Díaz, López y Moreno dentro de la jurisdicción de Estados Unidos “quedan bloqueados”, explicó en una nota de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

“Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas”, agrega el comunicado oficial, en el que se describen las mismas sanciones que en diciembre pasado recibió Roberto Rivas Reyes, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, quien fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por actos de corrupción.

Pence adivierte

Estas nuevas sanciones ocurren al cumplirse el día 79 de una crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, en la cual han muerto más de 300 personas como consecuencia de acciones represivas cometidas por las autoridades policiales y grupos de parapoliciales, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tuiteó este jueves que su país “está del lado del pueblo de Nicaragua y continuará haciendo rendir cuentas a los responsables de la violencia y la corrupción patrocinada por el Gobierno (de Nicaragua)”, una cita que replicó en sus redes sociales la embajadora estadounidense en Managua, Laura F. Dogu.

En Washington, la subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia financiera, Sigal Mandelker, dijo que “la violencia perpetrada por el gobierno del presidente Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente, es profundamente inquietante y completamente inaceptable”.

Por ejecuciones

El Departamento del Tesoro estadounidense reveló que a Francisco Díaz y a Fidel Moreno las sanciones les fueron aplicadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, por “ser los responsables o los líderes de entidades involucradas en serios abusos de derechos humanos en Nicaragua”.

Sobre Díaz, específicamente, señalan que es conocido como el jefe de facto de la Policía Nacional y que dirige el día a día de los asuntos de la institución. “Bajo la dirección de Díaz, la Policía Nacional de Nicaragua se ha involucrado en serios abusos de derechos humanos contra la población de Nicaragua, incluyendo ejecuciones extrajudiciales”, justifica el Departamento del Tesoro.

Además, indican que la Policía nicaragüense “se ha acercado a los líderes de las pandillas en Nicaragua para que los ayuden a atacar a los manifestantes antigubernamentales” y que esta institución ha sido acusada de “disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes pacíficos”.

Por dirigir turbas

A Fidel Moreno, el gobierno estadounidense lo considera “el principal vínculo entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”.

Sostienen que Moreno ha actuado como líder de la Juventud Sandinista, la cual “ha estado implicada en una serie de numerosos abusos a los derechos humanos relacionados con las protestas actuales contra el Gobierno de Nicaragua”, dentro de los cuales mencionan la paliza a manifestantes en Camino de Oriente en abril de este año, y en el ataque que mató a una familia de seis personas en el barrio Carlos Marx. También lo implican en la formación de grupos de motociclistas que han atacado violentamente protestas pacíficas.

Además, afirman que Moreno “ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido FSLN”.

Por corrupción

Francisco López fue sancionado por involucrarse en actos de corrupción. “López ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el Gobierno en forma de impuestos y multas a las que él podía acceder, incluso para el uso personal de líderes nicaragüenses”, señala el Departamento de Estado.

Según las autoridades estadounidenses, cuando López participaba en proyectos de infraestructura, este habría “desviado fondos mediante la negociación de tarifas personales”, además “ha colocado a numerosos individuos en puestos gubernamentales que lo han ayudado a malversar millones de dólares anualmente” y ha usado compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno.

Senadores abogaron

En junio pasado, un grupo de 12 senadores y congresistas enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando que aplicara la Ley Global Magnitsky a todos los funcionarios nicaragüenses involucrados en asesinatos extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

En esa misiva, incluían a Francisco López y Francisco Díaz como los funcionarios propuestos para imputar las sanciones.

Posteriormente, un grupo de senadores introdujo una propuesta de resolución al Senado, en la que se condenaba al Gobierno de Nicaragua por reprimir las protestas y se pedía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicar la Ley Magnitsky a los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

Harán rendir cuentas

La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una norma aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos, mediante la cual el gobierno norteamericano puede imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen.

Tras el anuncio de los nuevos sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, Heather Nauert destacó que “Estados Unidos expondrá y hará rendir cuentas a los responsables de la campaña continua de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo”.

Desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, el gobierno estadounidense ha llamado al presidente Ortega a detener la represión y trabajar en la democratización del país, una de las demandas prioritarias de los manifestantes.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence había señalado en varias ocasiones al gobierno nicaragüense de ser el responsable de una “espiral de violencia” y de reprimir las manifestaciones de miles de personas que han pedido cambios democráticos.

El 7 de junio pasado, el gobierno estadounidense restringió el acceso a su país a varios responsables de abusos contra los derechos humanos o la democracia en Nicaragua, aunque los nombres de dichas personas no fueron revelados.

Ley Magnitsky puede afectar a personas ligadas a sancionados

Tras la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que sancionó este jueves con la Ley Global Magnitsky a los funcionarios nicaragüenses José Francisco López Centeno, Francisco Díaz Madriz y Fidel Moreno Briones, la vocera en español del Departamento de Estado explicó a El Nuevo Diario que las afectaciones podrían incluir “a fideicomisarios, hijos, cónyuges, no cónyuges, entidades y apoderados legales”, entre otras personas.

“Deseamos resaltar que las personas dentro del país que brinden apoyo material a estas y otras personas y entidades designadas también podrían ser designadas” bajo la Ley Global Magnitsky, porque “las sanciones son complicadas”, advirtió la funcionaria de prensa que pidió la identificáramos solo por el cargo.

“De ser necesario, alentamos a todos los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos a contactar a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para obtener mayor orientación y asegurar el cumplimiento”, respondió la vocera a El Nuevo Diario.

Consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno de EE. UU. revise la cooperación con el Gobierno de Nicaragua, como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, indicó que “siempre que las evidencias lo permitan, nuestra esperanza es aprovechar el alcance global de este instrumento legal para imponer sanciones financieras y prohibiciones de visado de forma continua”.

Sugiere cautela

Sobre los efectos que espera Washington al aplicar estas sanciones a funcionarios cercanos al presidente Daniel Ortega, la vocera dijo que “el Gobierno de los Estados Unidos continúa alentando al Gobierno de Nicaragua a que implemente los acuerdos contraídos, incluyendo el alto a la violencia instigada por el Gobierno en contra de manifestantes pacíficos, y que tome pasos reales para frenar la corrupción”.

Afirmó que “el presidente Ortega y el FSLN (partido Frente Sandinista) han utilizado fondos de Albanisa (dinero de Venezuela) para la compra de estaciones de televisión y cable, hoteles”.

“López es el vicepresidente de Albanisa, la compañía que importa y monetiza los productos petroleros de Venezuela; presidente de Petronic, la compañía petrolera estatal nicaragüense; y tesorero del partido de gobierno FSLN. López ha sido acusado de usar su posición para su beneficio y el de su familia, utilizando compañías de su propiedad para obtener contratos del Gobierno. Albanisa pertenece en un 49% a Petronic y en un 51% a PDVSA, la compañía de petróleos nacional de Venezuela”, explicó la funcionaria estadounidense.

Le consultamos si estas sanciones afectan las relaciones entre los G obiernos de EE.UU. y Nicaragua, y enfatizó: “Para ser claros, el hecho que un funcionario del Gobierno de Nicaragua sea designado (sancionado) no significa que el Gobierno de Nicaragua también haya sido designado”.

¿Qué nuevas precauciones deben tener a partir de hoy en Nicaragua las empresas de capital estadounidense que operan en este país, debido a estas sanciones?

“Las prohibiciones únicamente aplican a las transacciones o tratos con el señor Moreno, señor Díaz y el señor López. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses deben ejercer cautela y asegurarse de no realizar transacciones o negocios, directa o indirectamente, con una persona sancionada”, aclaró la vocera.

Añadió que también “deben considerar el riesgo a la reputación que implican los negocios con estas personas”, indicando que “en términos generales, las decisiones sobre las sanciones se toman con base en la información proveniente de autoridades del orden público, de inteligencia clasificada e información pública”.

El alcance de la ley

La Ley Global Magnitsky es un instrumento legal del Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo es perseguir a los abusadores de derechos humanos y actores corruptos globales.

“Es prudente que las instituciones financieras investiguen a los beneficiarios de las cuentas al momento de abrirlas, al actualizar la información de la cuenta, al realizar el chequeo periódico y, definitivamente, al desembolsar los fondos”, sugirió la vocera en español del Departamento de Estado.

“Toda persona (natural o jurídica) estadounidenses deben cumplir con los reglamentos OFAC, incluyendo todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros permanentes, independientemente de dónde se encuentren; todas las personas y entidades que se encuentran dentro de los Estados Unidos y todas las entidades constituidas en los Estados Unidos y sus sucursales fuera de los Estados Unidos”, explicó.

El gobierno estadounidense aplicó la Ley Global Magnitsky a José Francisco “Chico” López Centeno, “por su participación en actos de corrupción”; y a Francisco Díaz Madriz y Fidel Moreno Briones “por estar involucrados en, o por ser los líderes de una entidad involucrada en, abusos serios contra los derechos humanos de manifestantes durante la crisis política que aún continúa” en Nicaragua.

El Nuevo Diario


Alto Comisionado de Naciones Unidas llama al Gobierno a detener masacre y a desarmar a paramilitares

Para el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la violencia y las protestas por casi tres meses en Nicaragua han expuesto la grave situación de derechos humanos, que es resultado “de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años”. Con esto coinciden defensores de derechos humanos del país.

Según el funcionario de Naciones Unidas, la situación que sufre la población también “pone en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”.

Exige cese de represión

Al Hussein demandó al Gobierno el cese de la represión, que desmantele a “los elementos armados progubernamentales”, responsables de ataques y de la represión, y que quienes los han instigado rindan cuentas ante la justicia.

El alto cargo de la ONU señaló que, de acuerdo con el monitoreo realizado por un equipo de esa Oficina entre 26 de junio y el 3 de julio, el cual se realizó por invitación del Gobierno, recibió quejas por la presencia de individuos armados en las calles, de elementos progubernamentales, que habrían contribuido a la existencia de un clima de intimidación e inseguridad, así como denuncias de partidarios del Gobierno sobre ataques y amenazas de linchamientos.

“Mi equipo escuchó testimonios de profunda frustración y desesperación, así como de miedo generalizado”, expresó Al Hussein, quien agregó que “es necesario establecer garantías reales para que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación”.

“También hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó el alto comisionado, quien instó al Estado a realizar investigaciones efectivas, independientes, imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos desde abril.

Conservar pruebas

También aconsejó que es “de vital importancia que se conserven las pruebas, incluida la documentación médica y legal” y urgió al Gobierno “tomar medidas reales para reconocer la gravedad de la situación” y evitar más muertes.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, calificó el reporte de Al Hussein “de trascendental”, pues destaca “la falta de democracia que hay en Nicaragua”.

Núñez consideró que los informes que durante muchos años ha efectuado esa organización sobre la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, encontró eco en el alto comisionado de Derechos Humanos.

La defensora destacó como importante el llamado al cese de la represión, que, a su criterio, “están diciendo: Daniel Ortega, no siga asesinando a su pueblo”, por lo que lo estimó “un llamado muy grave”, como también el señalamiento de desarme de los paramilitares.

Sobre la recomendación de conservar las pruebas que hace el alto comisionado, Núñez lo consideró importante, porque si no se hace justicia en el país “hay una justicia internacional donde van a servir todas esas pruebas”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, se mostró satisfecho con el informe, pues “indica que los ojos del mundo están pendientes de la situación del país”.

“Nosotros habíamos dicho que en Nicaragua no había un verdadero Estado de Derecho”, sostuvo Carmona.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) ha continuado adoptando medidas cautelares para proteger a personas que se encuentran en riesgo grave. Hasta ahora se ha ordenado la protección de 64 personas y sus familias.

Iglesia reporta más de 210 detenidos

En las cárceles del país están detenidos 216 ciudadanos por participar en los tranques y manifestaciones que exigen la renuncia de Daniel Ortega del Gobierno, informó la Comisión de Verificación y Seguridad, conformada en el Diálogo Nacional.

Monseñor Carlos Avilés, religioso mediador en la Comisión de Verificación, dijo a LA PRENSA, vía telefónica, que el dato de los detenidos lo han entregado a la cancillería de Nicaragua —que es parte de esa Comisión— para que gestione ante la Presidencia la liberación de esas personas, entre estas, más de veinte jóvenes a los que la Fiscalía General de la República acusó ante los Juzgados por los delitos de terrorismo y crimen organizado.

La Prensa


Canciller Moncada llama a levantar todos los tranques

El Canciller Denis Moncada, hizo este jueves un llamado a que se levanten todos los tranques y que las personas que están en los mismos los desalojen para contribuir a un clima favorable de paz y seguridad.

El diplomático expresó que Nicaragua continúa haciendo patria, diálogo y buscando como restituir la paz, la seguridad, la estabilidad y tranquilidad de las familias.

“Es conveniente hacerles un llamado a todos los que están en los tranques, a los jóvenes, a los adultos, a los padres, a las madres de esos jóvenes, que levanten los tranques, salgan de los mismos”, reiteró Moncada.

Pidió a estas familias a contribuir con la paz, con la seguridad de todos y todas, evitando la violencia, los tranques que se han convertido en focos de crímenes y violencia.

“Contribuyamos todos a la paz, la estabilidad y restituir el camino de Nicaragua del desarrollo y el progreso. Del bienestar y la convivencia pacífica de todos los nicaragüenses”, dijo.

Moncada indicó que todas las personas que están en los tranques, harían una buena contribución como patriotas nicaragüenses al levantar los mismos, y continuar con el diálogo y todos los temas que quieran conversar en dicha mesa.

Radio La Primerísima


Alianza Cívica llama a apoyar marcha del sábado

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia invitó al pueblo nicaragüense a participar mañana en la marcha denominada Juntos somos un volcán, que pretende que la población continúe en las calles demandando justicia y democratización.

Michael Healy, empresario y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que esperan que todos salgan este sábado a participar en la marcha. “Hay que seguir demostrando las expresiones del pueblo para pedir democracia y justicia”.

La marcha Juntos somos un volcán fue convocada por la Alianza Cívica la semana pasada, como parte de un plan de actividades cívicas que pretende retomar el control de las calles.

La protesta más reciente que se realizó en Managua fue la cadena humana de rotonda a rotonda, que se llevó a cabo el pasado miércoles desde la rotonda Rubén Darío hasta la Jean Paul Genie, en carretera Masaya.

Healy declaró que todas las manifestaciones que se han hecho son importantes y “esta que viene también será importante porque el pueblo va a pedir cambios”.

Agregó que el nombre de la marcha “Juntos somos un volcán” viene de la unidad que han mostrado los nicaragüenses en momentos críticos. “Porque entre más sumamos, más fuertes somos”.

En honor a barrios orientales

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a El Nuevo Diario, el pasado miércoles, que la marcha Junto somos un volcán será en honor a los barrios orientales de Managua.

Francisco Martínez, miembro de Movimiento Universitario 19 Abril (M19) complementó a la declaraciones de Chamorro que está marcha será un homenaje a la valentía de los barrios orientales que sufrieron una fuerte represión por parte del Gobierno, cuando se realizó una operación para quitar todos las barricadas que en este sector de la capital se habían levantado.

“También es un mensaje para ellos, de que no los vamos a dejar solos”, manifestó Martínez.

En estos barrios es donde los civiles armados pro-Gobierno han estado operando, asediando y disparando contra los ciudadanos, causando la muerte de jóvenes, adultos y hasta niños.

En esta zona es donde sujetos armados y encapuchados mataron a balazos a un ciudadano estadounidense. También fue quemada viva toda una familia en el barrio Carlos Marx y, además, de otras muertes de jóvenes, se contabilizan numerosos arrestos y secuestros.

Esta zona de Managua es la que mantuvo por mucho tiempo una gran cantidad de barricadas en numerosos puntos y el Gobierno implementó la llamada “operación limpieza” con policías y civiles armados disparando y secuestrando, mientras quitaban los obstáculos de las calles.

El dirigente estudiantil comentó que siempre existe el temor de salir a manifestarse, porque el Gobierno ha demostrado que no le importa nada. Sin embargo, confía que con la presencia de más organismos de derechos humanos, como la Oficina del Alto comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, haya un poco más de seguridad.

Martínez afirmó que de las cuatro marchas multitudinarias que se han hecho desde el inicio de las protestas en abril, dos de ellas, la de las madres en mayo y la de las Flores, hace una semana, son las más importantes.

La marcha Juntos somos un volcán saldrá de la rotonda Centroamérica hacia la pista Solidaridad y continuará a los semáforos del mercado Roberto Huembes. Luego se dirigirá hasta el paso a desnivel de Rubenia y terminará en la rotonda La Virgen.

Línea de tiempo de las marchas

Desde que iniciaron las protestas en abril de este año se han realizados varias marchas, pero solo cuatro destacan por la cantidad de gente que han participado. Las más recordadas son: la marcha hacia la Upoli, la peregrinación con la Iglesia Católica, la Marcha de las Madres y la Marcha de las Flores.

18 de abril de 2018

Inician las protestas universitarias por las reformas al sistema de seguridad social anunciadas por el INSS dos días antes.

19, 20 y 21 de abril

Ocurre una masacre estudiantil por parte de la Policía.

23 de abril

Se da una multitudinaria marcha convocada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) desde la rotonda Rubén Darío hasta la Universidad Politécnica (Upoli), en donde estudiantes se encontraban atrincherados.

28 de abril

Se realizó la peregrinación nacional de la Iglesia Católica por la paz de Nicaragua, que fue convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Miles de personas provenientes del occidente, norte y oriente del país se reunieron en la Catedral de Managua.

30 de mayo

Cientos de miles de personas marcharon desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la Universidad Centroamericana (UCA) en honor a las madres que perdieron un hijo durante los primeros meses de protestas antigubernamentales.

30 de junio

A pesar de la intimidación y el riesgo de ataques, se realizó la denominada Marcha de las Flores, convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en honor a los niños que han muerto a consecuencia de la represión y por las personas que murieron en Masaya durante la destrucción de las barricadas.

El Nuevo Diario


VOLVER