De la liberalización del sector a una potencial alternativa de desarrollo autónomo

Por Alejandro Casalis* y Diego Roger**

El sostenido incremento de la capacidad instalada mundial de generación con fuentes eólicas y solares configura de manera gradual pero sostenida, los contornos de un nuevo régimen energético apoyado en la electricidad. La principal condición de posibilidad de despliegue de dicho paradigma es el desarrollo de medios de almacenaje de energía confiables, baratos y escalables, que permitan salvar el obstáculo de la intermitencia del viento y el sol para la generación de electricidad.

Las baterías de ion-litio aparecen como la tecnología más difundida, modular, con potencial de baja de costos y de escalabilidad, para cumplir con el objetivo de permitir una mayor difusión de las energías renovables. La base de su expansión se encuentra en diversos equipos electrónicos, como computadoras y celulares, que dependen de las mismas para asegurar su portabilidad por medio de una fuente de alimentación segura y de costo accesible. De manera más reciente, pero con un impulso mayor, la industria del automóvil eléctrico y la del almacenaje y la distribución en escala de electricidad, relacionado con fuentes renovables de generación, han dado un nuevo impulso a la demanda de baterías, dentro del cual los elementos más representativos quizás sean, las giga-factorías de baterías de la empresa de autos eléctricos y baterías Tesla.

Con estas firmes tendencias entonces, no es de extrañar que se haya disparado la demanda mundial de minerales de litio. Las principales reservas se localizan en un número relativamente pequeño de países y se dividen en dos tipos de modalidades en las que se encuentra el mineral: roca y salmuera. Esta última es la de menor costo de extracción y se ubica casi exclusivamente en el llamado “triángulo del litio”, comprendido por los salares del sur Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina. Este escenario plantea a nuestro país y a la región, un nuevo desafío en torno a las posibilidades y peligros que entraña tal demanda, sobre todo a la luz de los conflictos y tensiones socio ambientales que vienen aparejadas con la minería de escala, pero también, con el riesgo de profundizar el rol de país periférico especializado en la exportación de minerales –como actualmente sucede con el litio y otros minerales en Argentina- y desechar definitivamente la potencial alternativa de avanzar en la cadena de valor del mineral tanto “aguas arriba como abajo”.

Argentina, en lo que a legislación y regulaciones refiere, es el caso más laxo, ya que, a diferencia de Bolivia y Chile, en nuestro país este metal no es considerado un recurso estratégico, a la vez que la injerencia del gobierno federal en lo que hace a fiscalización, control y planteo de una estrategia de desarrollo en torno del recurso sea mínima o inexistente. Esta vacancia ha generado que cada caso de concesión se haya desarrollado entre las provincias y las empresas mineras, provocando una multiplicación de actores, casos y estrategias que configuran un escenario en el cual el aprovechamiento de los beneficios se circunscribe sólo a la generación de empleo relacionado con la actividad minera. De este modo, se limitan las posibilidades de industrialización, sustitución de importaciones, desarrollo científico tecnológico autónomo, contribución al desarrollo regional y a lograr una mayor participación estatal en la renta minera del litio que el exiguo 3% en concepto de regalías.

Tal situación, muestra la necesidad de llevar adelante una política que –con una clara mirada estratégica- comience a construir soberanía y capacidades científicas, tecnológicas e institucionales, todas ellas indispensables en un camino de agregado de valor local del metal. En tal sentido, y a la luz de los avances en los países vecinos, impulsar una iniciativa legislativa que declare al litio como recurso estratégico, y de lugar a la creción de una Comisión Nacional del Litio, integrada por investigadores de CONICET, representantes políticos y de las comunidades, que pueda hacer una evaluación integral, fiscalizar las explotaciones existentes y proponer políticas públicas, constituiría un importante paso en la dirección requerida para el desarrollo nacional del recurso.

* Alejandro Casalis: Lic. en Ciencia Política (UBA) y doctorando en Desarrollo Económico (UNQ). Integrante del PIIdISA-UNQ. Docente e investigador FLACSO Argentina. 

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**Diego Roger: Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica (ITBA), integrante del Programa Socio Ambiental de la Universidad Nacional de Quilmes (PIIdISA), donde cursa el doctorado en Desarrollo Económico.

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