Santos y Duque firman pacto nacional por la vida de los líderes sociales

Santos y Duque firmaron gran pacto nacional por la vida de líderes sociales

Un gran pacto nacional por la vida de los líderes sociales, convocado por el presidente Juan Manuel Santos y suscrito, entre otros, por el presidente electo, Iván Duque, el Congreso, los partidos políticos –incluyendo la Farc–, las altas cortes y los entes de control, fue proclamado este lunes durante la sanción del Estatuto de la Oposición.

“El acuerdo rechaza y condena los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y subraya que el derecho a la vida y el respeto a la diferencia son pilares fundamentales de un Estado democrático”, indicó la Casa de Nariño en el comunicado al respecto.

Santos, con el pacto, convocó a todos los sectores del país a proteger a los líderes sociales, en consonancia con una columna dominical del jurista Rodrigo Uprimny, quien escribió: “Quisiera reiterar la propuesta de un pacto de todas las fuerzas políticas que condene esos crímenes, sin importar si las sensibilidades políticas de las víctimas eran o no las mismas que las nuestras. Un pacto de esa naturaleza es importante hoy en Colombia pues creo que la sistematicidad de esta violencia no surge de un plan de exterminio organizado centralmente, sino de grupos locales diversos que con diversos propósitos perpetran esos crímenes porque sienten que algunas fuerzas políticas nacionales los aprueban por cuanto no los han rechazado explícitamente”.

Por eso, el jefe de Estado fue enfático en rechazar “los asesinatos y ataques de los que han sido víctimas, y le ratifico al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames”.

En los apartes iniciales del pacto, se lee: “El jefe del Estado, los voceros de las ramas del poder público, los voceros de las organizaciones políticas, respetando las tendencias ideológicas de cada una de ellas, suscribimos el presente pacto para rechazar y condenar los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos”.

La Defensoría del Pueblo dijo en un informe que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados 311 líderes. Por su parte, según la Fiscalía, 178 líderes sociales han sido asesinados desde 2016, de los cuales 30 crímenes han sucedido en lo que va corrido de 2018.

Petro pide parar crímenes

El excandidato presidencial y líder de la oposición de izquierda, el cordobés Gustavo Petro emitió un comunicado en torno a la necesidad que hay de cesar la matanza de los líderes sociales, algunos pertenecientes a su movimiento de la Colombia Humana.

“Cualquier proceso de garantías a la oposición debe contemplar al menos unos puntos: Primero, que no se asesine a los miembros de la oposición. Esa es la mayor de las garantías y en Colombia es fundamental. Segundo, que la oposición tenga las plenas garantías, si el pueblo lo quiere, de acceder al poder”, se lee en el boletín del senador electo –en virtud del recién sancionado Estatuto de la Oposición–.

Advirtió además Petro que “lo que estamos observando es cómo a diferentes liderazgos de carácter social, en las regiones más vulnerables del país, los están asesinando. La norma puede decir bellezas, pero si se mata, si se impide acceso al poder en lo tácitamente logrado, no habrá garantías a ningún movimiento político que se llame oposición en Colombia”.

Corte urgió a UNP a proteger líderes

La Sala Quinta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, “por la tardanza en dar respuesta a la solicitud” de vinculación al programa de protección de un defensor valduparense de Derechos Humanos y víctima de desplazamiento forzado, que hace presencia en una antigua Zona Veredal Transitoria de Normalización.

El accionante presentó la solicitud para vincularse voluntariamente al programa el 17 de marzo de 2017. El 21 del mismo mes, la UNP lo notificó del inicio del estudio de riesgo, pero ante la demora en la respuesta, el 23 de abril de ese año, el líder solicitó información sobre el proceso. Tras una tutela, solamente hasta el 18 de septiembre de 2017, la UNP expidió la resolución.

Por eso la Corte criticó: “Lo expuesto demuestra una tardanza de casi cuatro meses entre el momento en que el accionante elevó su solicitud y el momento en que la UNP realizó la entrevista en la cual firmó el consentimiento para el estudio del nivel de riesgo (…) De modo que, la UNP tardó seis meses para dar respuesta definitiva a la solicitud del demandante”.

Y, finalmente, exhortó a la UNP para que “en los trámites de respuesta a la solicitud de medidas de protección para defensores y defensoras de Derechos Humanos, actúe de manera proactiva, sin dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la vida, la integridad física, la libertad, y la seguridad personal de las y los solicitantes”.

Amenazan a quince líderes en Atlántico

La Federación Departamental de la Acción Comunal en el Atlántico se pronunció en la mañana de este domingo por los recientes asesinatos de líderes sociales en el país, asegurando estar consternados por el suceso que acabó con la vida de la última víctima en el Atlántico, Luis Barrios Machado.

De acuerdo con el presidente de la asociación, Alexis Marriaga Valencia, en el Atlántico hay 15 líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) amenazados, cuatro de ellos son mujeres.

“No conocemos las políticas del Gobierno Nacional para proteger la vida de nuestros compañeros, de hecho pidieron disculpas por no medir los riesgos de seguridad a los últimos asesinados”, manifestó Marriaga.

Por lo anterior, anunció que los miembros de la Confederación Nacional de Acción Comunal se reunirán el próximo jueves en Bogotá, donde tomarán unas medidas con respecto a la seguridad de los mismos, entre ellas manifestarse en la Plaza de Bolívar para “llamar enérgicamente la atención del Gobierno”.

Marriaga Valencia agregó que se está planteando la posibilidad de una renuncia protocolaria de los 70 mil líderes de Juntas de Acción Comunal que se contabilizan en Colombia como protesta ante la situación que se presenta en las últimas semanas.

Según la Confederación Nacional de la Acción Comunal, en Colombia se asesinaron 311 líderes sociales y otros mil fueron amenazados desde que se firmó el acuerdo de paz.

El también vicepresidente de dicha Confederación aseguró que no tienen conocimiento de quiénes pueden ser los autores de las amenazas.

En Sucre, líderes piden garantías

Más de 20 líderes y veedores del departamento de Sucre que se dieron cita en la sede de la Gobernación para participar de la Mesa de Garantías que presidió el secretario de Gobierno, Carlos Guerra Sierra, exteriorizaron su preocupación por su seguridad y por el momento que se vive en el país.

Coincidieron en afirmar que en estos momentos aunque tengan un batallón de hombres cuidándolos temen por sus vidas, por lo que piden que se las garanticen, así como el ejercicio de sus funciones. Esta apreciación la comparten Íngrid Vergara Chávez, coordinadora del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre y Wálter Villalba Tobío, miembro de la Mesa Departamental de Víctimas. Ella cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y él no tiene ninguno, por lo que asegura que su seguridad depende de Dios y solo a él se encomienda, al tiempo que dejó en claro que en estos momentos él y algunos de sus compañeros se abstienen de denunciar porque la situación no es la mejor.

“Las víctimas en Sucre estamos acéfalas en defensa y no queremos un policía detrás de nosotros, sino que el Gobierno implemente unas medidas de largo alcance y gruesa constitucionalidad para nosotros ejercer nuestra labor”, dice Villalba.

Por su parte Francisco Mercado Bohórquez, coordinador general de la Veeduría Permanente, sostuvo que debido a la situación que se registra en el país en estos momentos él desde hace más de una semana no duerme en su casa, cambia de domicilio.

Fiscalía, sin avances en Cesar

Guillermo Pérez, vocero del movimiento social Congreso de los Pueblos en el Cesar, manifestó que en este departamento existen amenazas e intimidaciones a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, sin que estas tengan respuestas de las autoridades.

Dijo que hasta el momento la Fiscalía no ha mostrado avance en las investigaciones sobre las muertes que se han presentado, ni de las amenazas, desconociendo por parte de las autoridades que en este territorio hay actores armados.

“Tenemos presencia del Clan del Golfo, del cartel de Sinaloa, del Epl; no solamente del Eln, como siempre lo muestran reconociendo a esta guerrilla como la única presente en la región, acá en el Cesar hay un sinnúmero de compañeros que vienen siendo amenazados con panfletos, con llamadas, correos electrónicos y por personas encapuchadas en motocicletas que los amenazan directamente, eso ha generado desplazamiento interno en las ciudades donde compañeros se han tenido que cambiar de residencia”.

Refiere que las medidas que les brinda la Unidad de Protección Nacional son ‘inútiles’ frente a los riesgos que corren.

El brigadier general, Jaime Hernando Rivera Jaimes, comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional, manifestó que de los tres asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos registrados en el Cesar en 2017, se ha logrado la captura de dos presuntos responsables, y que uno de los casos aún permanece en investigación.

En Bolívar, consejo de seguridad

Frente al ambiente de tensión que reinó en el consejo de líderes sociales tras las múltiples amenazas de las que son víctimas, la administración departamental envió un mensaje de tranquilidad toda vez que se tomarán acciones tendientes a garantizar la labor de estas personas con sus comunidades.

La actividad se desarrolló en La Casa de La Moneda, a partir de las 3:00 de la tarde, y en ella tuvo asiento tanto la docente Deyanira Ballestas, víctima recientemente de amenazas por parte de grupos al margen de la ley, como miembros de la mesa de víctimas del departamento.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, no desestimó las amenazas y sostuvo que se vienen adelantando las investigaciones al respecto por parte de la Fuerza Pública, que están sintonizados y trabajan en una misma dirección en procura de esclarecer estos hechos de los cuales quedó claro, según él, no están relacionados con las autodefensas gaitanistas.

El mandatario precisó que se vienen atendiendo las denuncias de otros líderes sociales y en total son seis los que han decidido denunciar las amenazas en el sur del departamento, entre ellos dos docentes. “No queremos que hayan más casos de la docente Deyanira, no queremos que haya más amenazas y toda la fuerza pública respaldará esta acción”.

El sábado se tiene previsto que se reúnan en Bolívar los líderes sociales del departamento junto con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, con el fin de que cuenten con el respaldo de los gobiernos y la Fuerza Pública.

El Heraldo


”Los acuerdos de paz no se pueden destruir”, pero sí “corregir”: Duque

En medio de todos los preparativos que tiene el presidente electo para su mando existe un punto que es imprescindible, según él mismo lo dice, reconoce que su “obsesión” desde el primer día será la seguridad.

De acuerdo a sus declaraciones a la agencia Efe, Duque afirma que esta semana culminará las tareas de transición con el actual Ejecutivo, la próxima llevará a cabo la designación pública de su Gabinete y todavía reservará cuatro días de “concentración” con su familia antes de la investidura.

A partir del día 7 de agosto lo importante para Duque “es dejar ensamblada rápidamente una visión de Gobierno. Fuimos elegidos con la votación más alta en la historia de Colombia”, recuerda.

Uno de los primeros pasos será recuperar la presencia de la fuerza pública y hacer realidad un “matrimonio” de legalidad y justicia, de modo que los colombianos perciban que “el que la hace la paga”.

Hace falta “contundencia” frente al crimen organizado y buena capacidad de los servicios de inteligencia para infiltrarse y desmantelar las tramas y para ello – según el mandatario electo – es preciso optimizar los recursos de Ejército y Policía, recuperar su confianza y moral y cooperar más con la ciudadanía, de modo que haya un mayor control territorial.

Pone énfasis en el aumento de los cultivos ilícitos, “que se han convertido en el principal elemento financiador del crimen organizado, con el Clan del Golfo, con la disidencia de las FARC, etcétera…”.

“Esa recuperación de la seguridad es una obsesión desde el primer día de Gobierno”, resume Duque que el 17 de junio ganó las presidenciales al izquierdista Gustavo Petro.

Debe ser complementada por un endurecimiento de penas en casos como el de la corrupción – “gran flagelo en Latinoamérica” -, de modo que se termine con “la casa por cárcel y la reducción de penas para los corruptos”.

Y que la empresa que corrompa a funcionarios sepa que no va a poder contratar más con el Estado, según Iván Duque, para quien delitos graves como la violación y el asesinato de menores sean penados con cadena perpetua.

Sobre los acuerdos de paz con la guerrilla Iván Duque admitió que “no se pueden destruir”, pero sí “corregir las cosas que se están haciendo mal”.

En concreto, hay que preservar y garantizar la desmovilización y el desarme de la guerrilla, la protección de las personas que han hecho esa transición hacia la paz y las inversiones públicas que han llegado a lugares golpeados por la violencia.

Entre los factores que hay que corregir está que, según Duque, desde 2012 hasta ahora se ha pasado de 50.000 hectáreas de coca a más de 200.000.

En el plano económico, Duque quiere impulsar una cultura emprendedora, de manera que el crecimiento esté por encima del “mediocre” tres por ciento de estos años y se logre “reactivar la inversión y la generación de empleo y la creación de empresas” para crecer por encima del cuatro.

Diario del Cauca


Amnistía Internacional llama la atención a Santos y a Duque ante asesinatos de líderes sociales

En un comunicado, la organización no gubernamental Amnistía Internacional manifestó su preocupación frente a la ola de violencia contra los defensores de Derechos Humanos de las diferentes regiones del país registrada desde la firma del Acuerdo de Paz y en aumento desde la semana pasada.

De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, del primero de enero de 2016 al 30 de junio de este año han sido asesinados 311 líderes y lideresas en el país. Solo en los últimos ocho días fueron víctimas de homicidios Luis Barrios, en Atlántico, Santa Felicinda Santamaría, en Chocó, Margarita Estupiñán, en Nariño, Ana María Cortés, en Antioquia y se presumen José Fernando Jaramillo, en Ituango, y Ancízar Cifuentes, en Tolima, aunque aún no hay claridad sobre si estos últimos ejercían liderazgo comunitario y si esa fue la causal de su muerte.

Ante el panorama, la organización advirtió este lunes que “Colombia enfrenta una grave crisis de Derechos Humanos” y que “el conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del gobierno saliente y el silencio cómplice del gobierno electo”, refiriéndose a la respuesta que han tenido tanto el actual mandatario, Juan Manuel Santos, como el futuro presidente, Iván Duque.

“La violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos. Es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección”, aseguró Amnistía Internacional.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG, expresó que “el silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar. Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos, se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país”.

Guevara enfatizó en lo que se vive en algunas localidades de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, donde, según ha sido detallado por otras organizaciones sociales, “los principales afectados son personas que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado”.

Para Amnistía Internacional, la situación se ha recrudecido debido a “la lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado”. Esto sería, según el movimiento de Amnistía, “la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad”.

La ONG viene pidiendo a las autoridades colombianas investigar los homicidios de líderes comunitarios y tomar medidas urgentes para protegerlos desde meses atrás.

El viernes pasado, incluso, la misma ciudadanía alzó su voz e inundó de velas y mensajes las plazas públicas del país exigiendo justicia para quienes han sido asesinados y por la vida de quienes, a pesar de las amenazas e intimidaciones, se resisten a callar y aún luchan por defender los derechos de sus comunidades.

El Espectador


EEUU advierte a Colombia por asesinatos de líderes sociales

El Gobierno de Estados Unidos indicó el lunes en un comunicado su profunda preocupación por los asesinatos de líderes campesinos y sociales en Colombia y pidió que la justicia de este país sudamericano actúe con celeridad para esclarecer los crímenes y condenar a los culpables.
“La embajada de los Estados Unidos (en Bogotá) ve con profunda preocupación el asesinato de líderes sociales y de derechos humanos en Colombia”, indica el comunicado.

Asimismo, añade, “la embajada suma su voz a las solicitudes de investigaciones rápidas y efectivas de estos casos”.

El texto añade que EEUU está colaborando con las investigaciones a través de “la capacitación y el intercambio de mejores prácticas”.

“El Gobierno colombiano está trabajando para mejorar la situación de seguridad en donde están sucediendo estos homicidios y para interrumpir la actividad ilegal que contribuye a la violencia continua, la Embajada apoya estos esfuerzos”, indica el comunicado de tres párrafos.

Por último reitera el apoyo a los esfuerzos que se realizan para asegurar que los líderes sociales “puedan llevar a cabo su trabajo vital hacia una paz justa y duradera”.

La fiscalía asegura que desde el 24 de noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la ahora disuelta guerrilla FARC firmaron la paz, se cometieron 178 homicidios de líderes campesinos, dirigentes sociales e indígenas.

La Defensoría del Pueblo afirma que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio fueron asesinados “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Este lunes, más temprano, diferentes organizaciones sociales, junto con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y representantes del Gobierno, firmaron en Bogotá un pacto para rechazar la violencia contra los líderes sociales.

La mayoría de las víctimas son asesinadas por sicarios en zonas donde el conflicto armado fue más duro y que ahora se abocan a planes de desarrollo y posconflicto.

Muchos de los fallecidos encabezaron reclamos de devolución de tierras arrebatadas en las últimas dos décadas por paramilitares de extrema derecha.

Eje 21


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