Un proyecto estratégico para el futuro nuclear argentino: el enriquecimiento de uranio – Por Instituto de Energia Scalabrini Ortiz (IESO)

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Instituto de Energia Scalabrini Ortiz (IESO)*

La decisión del gobierno argentino de postergar la construcción de la cuarta y quinta centrales, nucleares Atucha III y IV, conlleva impactos y consecuencias para el estratégico desarrollo del plan nuclear y a la política energética del país.

Sin desmedro de las aplicaciones médicas e industriales de la Energía Nuclear, es indudable que es en el aprovechamiento energético, es decir, en la generación de electricidad por medios nucleares, donde el tema reviste el mayor interés económico, industrial y, por lo tanto, estratégico.

Existen, en la actualidad, básicamente dos formas de generación nucleoeléctrica: la tecnología de agua liviana/ uranio enriquecido y la de agua pesada/ uranio natural. Aproximadamente el 85 % de los reactores nucleares generadores de electricidad del mundo funcionan con uranio enriquecido y un 10 % con uranio natural.

Argentina, en la década de 1960, decidió desarrollar la línea de uranio natural porque era la manera de asegurar la provisión de combustible, ya que para sostener el funcionamiento de una central de uranio enriquecido se debe tener la capacidad de enriquecimiento o, en su defecto, la posibilidad de comprar el servicio de enriquecimiento a algún país que lo tenga En aquel momento, la tenían solamente Estados Unidos y la Unión Soviética.

Si bien la línea de uranio natural requiere la provisión de agua pesada (tampoco Argentina fabricaba en ese momento, agua pesada), la misma se usa en grandes cantidades sólo como inventario inicial de la planta .

Y, si bien requiere la reposición de algunas toneladas a lo largo de la vida útil, se entendió que estos condicionamientos eran más aceptables desde el punto de vista político a la hora de asegurar la capacidad nacional de decisión autónoma sobre esta forma de generación de energía que, se estimaba correctamente, sería fundamental en las matrices energéticas futuras.

Existe otro tipo de reactores, más pequeños, que no se usan para generar electricidad, sino para investigación y para fabricar radioisótopos de uso medicinal e industrial. Estos reactores se suelen denominar, genéricamente “de investigación” y funcionan, en todos los casos, con uranio enriquecido.

A fines de la década de 1970, Argentina tomó la decisión de desarrollar la tecnología de enriquecimiento de uranio. Esto se debió a que, si bien sus dos plantas nucleoeléctricas en funcionamiento usaban uranio natural, el país había desarrollado una capacidad de diseñar y construir reactores de investigación y estaba comenzando a exportarlos.

Las restricciones impuestas al comercio internacional de uranio enriquecido suponían un grave obstáculo a esta posibilidad comercial: los países con capacidad de enriquecimiento exigían que se les comprara también el diseño y la fabricación del combustible como condición para vender el enriquecimiento directamente al país comprador del reactor de investigación. Y quien diseña el combustible diseña el núcleo, es decir, la parte fundamental del aparato.

Si bien Argentina estaba en pleno derecho de desarrollar el enriquecimiento, ya que no había contraído ningún compromiso que se lo impidiera, los trabajos fueron hechos en el mayor secreto para evitar las previsibles presiones internacionales que hubiera acarreado hacer las cosas de otra manera.

Presiones que, en ese momento, hubieran muy posiblemente tenido eco en muchos de los miembros del gobierno cívico-militar de la época que, en todo el resto de su política, mostraba una posición claramente neoliberal y proestadounidense. La capacidad argentina de enriquecer uranio en la planta de demostración de Pilcaniyeu fue informada al mundo en 1983.

Entre 1969 y 1970 se habían opuesto a la firma el Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina zona libre de armas nucleares y el Tratado de No Proliferación (TNP), por el que los países no poseedores de armas nucleares se comprometen a no tenerlas mientras que los cinco que sí las poseen se comprometen a “encarar negociaciones… para eliminarlas”.

Argentina y un puñado de otros países, incluidos algunos poseedores de armas nucleares se negaron a firmar y/o ratificar los tratados por considerarlos discriminatorios. Argentina lo hizo en la década del 1990. Por este motivo, en 1980, eran esperables las presiones internacionales de las que se habla algunos párrafos atrás.

Armas nucleares y aplicaciones pacíficas

El argumento esgrimido para ejercer presión internacional sobre los desarrollos de enriquecimiento de los países que no habían firmado el TNP se basaba en la posibilidad que éstos pudieran, con el uranio enriquecido, fabricar bombas atómicas. Existen dos maneras de fabricar un arma nuclear: con uranio enriquecido o con plutonio.

Al uranio enriquecido de grado bomba se lo obtiene con la misma tecnología que la que se usa para enriquecer uranio para reactores de generación de electricidad. Al plutonio se lo obtiene con un procedimiento químico llamado “reprocesamiento”, a partir de elementos combustibles (los implementos donde va el uranio en los reactores) gastados.

Es más abundante en los combustibles gastados de reactores de uranio natural, tanto en los destinados a generación de electricidad, como, especialmente, en otros diseñados específicamente para producir el máximo posible de plutonio (reactores plutonígenos).

Algunos años antes de aquella decisión argentina, en 1974, cuando India hizo explotar su primera bomba atómica, los países poseedores de la tecnología se reunieron en lo que se denominó entonces “Club de Londres”, y decidieron fijar condicionamientos para la provisión de equipos y servicios involucrados en las capacidades de enriquecer uranio y reprocesar combustibles.

Ese organismo se denomina hoy “NSG” (Nuclear Supliers Group, o Grupo de Proveedores Nucleares), y participan de él 48 países, todos aquellos que, teniendo alguna capacidad para la producción de bienes y/o servicios nucleares, soliciten participar en él y cumplan ciertos requisitos.

Las decisiones tomadas por el NSG son de aplicación obligatoria para los países que se comprometen a ello, y son asumidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en una serie de publicaciones agrupadas bajo la denominación INFCIRC 254 (Circular de Información 254) con diversas Partes y Versiones.

Por más que el objetivo declarado de este organismo sea evitar la proliferación de armas nucleares, sus decisiones impactan directamente sobre la posibilidad de desarrollar y/o comprar cualquier tecnología de enriquecimiento de uranio para aquellos países que aún no la tienen.

La consecuencia es que los tres grandes enriquecedores de uranio (Estados Unidos, Francia y Rusia), y los tres que comparten la propiedad de la empresa URENCO (Gran Bretaña, Países Bajos y Alemania), terminan conformando una suerte de cartel de enriquecimiento que cuenta con una casi exclusividad en el rubro.

URENCO es un proveedor internacional de plantas de enriquecimiento que funciona, básicamente en sus países de origen, pero que también está vendiendo plantas a otras naciones, en general del grupo de los ya poseedores de la tecnología.

A su vez, China tiene una capacidad de enriquecimiento importante y, si bien mantiene cierta autonomía de criterio en cuanto a su política de exportaciones nucleares, nada hace pensar que pueda actuar frontalmente en contra de las normas fijadas por los grandes enriquecedores, a menos que tal decisión le otorgue grandes ventajas geopolíticas.

Desde la década de los ‘90, diversas iniciativas impulsadas por los países poseedores de la tecnología en la OIEA, como el Banco de Combustibles y el Banco de Uranio de Bajo Enriquecimiento, apuntan a presionar a los países no poseedores para que no encaren el desarrollo ni la compra de una capacidad propia de enriquecimiento de uranio.

En el mejor de los casos, la provisión de uranio enriquecido para los países que acepten estos esquemas quedaría a criterio del Director General de OIEA, un organismo donde los países centrales tienen una influencia determinante.

La letra y el espíritu de los documentos del NSG, el tono de los instrumentos internacionales impuestos por los países desarrollados, como el Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguardias del TNP, el carácter restrictivo de ciertas iniciativas de los países desarrollados, como el IFNEC (por sus siglas en inglés; del “Marco Internacional para la Cooperación en Energía Nuclear”) y la evolución de todos estos factores apuntan en la misma dirección.

Se piensa, incluso, en la promoción de una especie de TNP para el enriquecimiento de uranio. Es decir, la firma de un tratado que consagraría la capacidad de los países que ya tienen la tecnología a mantenerla y mejorarla, mientras que los demás renunciarían a adquirirla, en principio de manera voluntaria, pero en realidad en el marco de fuertes presiones políticas de los países poseedores, al igual que lo que sucedió con el TNP.

Si estas presiones tienen éxito pero Argentina conserva la capacidad de enriquecer uranio, y la hace crecer, podemos formar parte de los países con capacidades “consagradas” por la “comunidad Internacional” Si no, no.

¿Y qué pasa con la tecnología de uranio natural?

La presión contra la tecnología de uranio natural puede, también, percibirse en algunos movimientos de los últimos años. El argumento en contra de esta tecnología se basa en dos puntos: Por un lado se señala que, tal como dijimos, los reactores de uranio natural producen más plutonio por gigavatio-hora(GWh) generado que los de uranio natural (aproximadamente el doble).

Por el otro se señala que el “coeficiente de vacío” de los reactores de uranio natural es positivo, un argumento técnico que, se sostiene, implica un menor grado de seguridad en estos reactores que en los de uranio enriquecido.

En realidad el riesgo asociado al coeficiente de vacío positivo debe compararse integrándolo con el resto de los riesgos que se calculan explícitamente y el resultado de ninguna manera es negativo para los reactores CANDU, que es el diseño más difundido en esta tecnología.

La mayoría de los países que han decidido hacer bombas nucleares con plutonio de manera subrepticia han recurrido a reactores plutonígenos, mucho más baratos y eficientes a esos efectos que los reactores de generación de electricidad, además de ser más pequeños y ocultables. Pero nada de esto disuade a los críticos.

Estas presiones se perciben en el OIEA por parte de los funcionarios de mayor rango, casi todos originarios de países enriquecedores.

Canadá, el proveedor por excelencia de esta tecnología, arrancó su último (hasta ahora) reactor CANDU en 1993. Desde entonces, los proyectos nucleares del país presentan una serie de avances y retrocesos donde han sido protagonistas la empresa AECL, ahora privada, la Autoridad Regulatoria de Canadá, los gobiernos y los sistemas judiciales provinciales y federales y la opinión pública, sin que de esa maraña pudiera surgir la concreción de un nuevo reactor.

Como consecuencia, Canadá ha enfrentado sus necesidades de crecimiento de la oferta de energía con centrales de carbón, con el consiguiente impacto sobre el medio ambiente.

En estas circunstancias, no está claro que las presiones internacionales, a veces canalizadas por actores internos al país, no puedan interferir en los nuevos proyectos nucleares y no nos dejen como única alternativa, para las futuras centrales nucleares, la tecnología de uranio enriquecido.

Conclusiones

El medio ambiente internacional en la temática nuclear apunta a un sistema de restricciones cada vez más duro en todo a lo que lleve a una capacidad autónoma de enriquecimiento de uranio. Es discutible que estas restricciones tengan origen solamente en una preocupación por la proliferación de armas nucleares.

En las directivas del NSG puede advertirse una preocupación mucho mayor por el enriquecimiento de uranio que por el reprocesamiento, pese a que las instalaciones necesarias para el reprocesamiento son, potencialmente, mucho más proliferantes que las de enriquecimiento, que exigen, con las tecnologías actualmente en fase comercial, grandes instalaciones y un enorme consumo de energía eléctrica, ambas cosas fácilmente detectables por los sistemas de inteligencia de los países desarrollados y, por lo tanto, de OIEA.

Por otro lado, y si las tecnologías de generación de electricidad a partir de fuentes renovables no resultan ser la panacea para reemplazar a las fuentes fósiles –hasta ahora de ninguna manera puede aseverarse que lo sean – la única fuente de energía que puede reemplazar al petróleo, el gas y el carbón, es la energía nuclear.

En estas circunstancias, la capacidad argentina de enriquecimiento de uranio será la diferencia entre un futuro energético autónomo, es decir, un futuro industrial soberano, y un destino de dependencia política y económica de los proveedores internacionales de enriquecimiento de uranio.

Esto implica también la conveniencia de comenzar a introducirnos en la tecnología de uranio enriquecido siempre y cuando se mantenga la capacidad de enriquecimiento, sin abandonar, mientras sea posible, la de uranio natural.

Pero, en este momento, la planta de enriquecimiento de uranio Pilcaniyeu, que fue recuperada por el anterior gobierno después de muchos años de detención, permanece parada hace ya un año. No está claro cuándo y si va a volver a ponerse en marcha.

La coyuntura es clara, las presiones internacionales se están canalizando, ahora, a través del propio gobierno argentino, tal como se nota en las decisiones relacionadas con la cuarta y quinta centrales y, además, ha trascendido en la prensa recientemente.

Así como la continuación de los planes de las Centrales Nucleares cuarta y quinta son esenciales para el corto plazo, para no permitir que se dispersen los grupos de ingeniería y las capacidades creadas con mucho esfuerzo para la terminación de la central Atucha II, la capacidad de enriquecimiento configura una prioridad estratégica para el largo plazo. Lo que se destruya ahora, difícilmente pueda ser recuperado.

Los investigadores del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), denuncian esta situación y alertan que el destino de la capacidad nuclear, y con él posiblemente la soberanía y la autonomía del desarrollo industrial de la Argentina, están en peligro.

La decisión del gobierno en desactivar la construcción de nuevas centrales nucleares de potencia, impacta directamente en el medio ambiente, porque deberá cubrirse la generación nucleoeléctrica proyectada-sin emisión de gases de efecto invernadero- con generación térmica a base de gas, ya que las energías renovables no convencionales (eólica y solar) no son capaces de sustituir la potencia firme de las centrales nucleares por ser intermitentes. En consecuencia, aumentará la importación de gas para producción de energía eléctrica.

La misma decisión conlleva a impactos en la composición de la matriz energética compuesta por: 61% fósiles; 33% hidráulica; 5% nuclear; 1% solar, eólica, biomasa y geotérmica. La generación nucleoeléctrica representa hoy un poco menos del 6% de la generación de electricidad en el país, y se esperaba que la construcción de la Cuarta y la Quinta Central llevará este porcentaje a un valor más aproximado al promedio mundial, que es el 10%.

Argentina, junto a Brasil, es líder en materia de políticas y desarrollos nucleares en América Latina. Su contribución y cooperación con los demás países de la región en materia de formación de recursos humanos, en proveer reactores de investigación, radioisótopos de uso medicinal, industrial y agropecuario y demás asesoramiento, ha sido y es sumamente relevante.

Su continuidad por más de 60 años lo ha convertido en un actor preponderante en la élite nuclear mundial, participando con un alto protagonismo en todos los foros nucleares. Por lo que cabría preguntarse qué impactos puede ocasionar en la región y en el mundo la paralización del plan nuclear argentino.


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