Argentina: allanan los domicilios de Cristina Fernández e impiden la presencia de su abogado

Allanan la casa en El Calafate que CFK definió como “su lugar en el mundo”

La Policía Federal ingresó esta tarde al domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner en El Calafate para llevar adelante el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio.

Es el tercero de los procedimientos que el magistrado ordenó en las residencias de la ex mandataria en el marco de la causa por los “cuadernos de las coimas” que investiga una supuesta asociación ilícita para el cobro de sobornos en la obra pública durante su gestión.

En la puerta de la vivienda santacruceña, se reunió un grupo reducido de personas en apoyo a Critina Kirchner, al grito de “cirqueros, no van a encontrar nada” y protagonizaron un breve intercambio con los móviles televisivos que cubrían el hecho, según pudo reconstruir NA.

El jueves la Policía Federal realizó dos allanamientos, uno en el departamento de Recoleta y otro en la casa de Río Gallegos.

En el expediente, el magistrado investiga el papel que habría llevado a cabo la expresidenta en un circuito de pago ilegal de sobornos vinculados a la obra pública durante su gestión y la de su difunto marido, Néstor Kirchner.

En su momento, la casa de El Calafate fue definida por el matrimonio Kirchner como “su lugar en el mundo”. La residencia está ubicada en el cruce de las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches. Dispone de 485 metros cuadrados cubiertos aproximadamente distribuidos en tres plantas.

La vivienda fue construida junto al hotel Los Sauces, otro inmueble que cuenta con su propia causa judicial abierta. Según las declaraciones recibidas por el fiscal Carlos Stornelli, habría sido uno de los lugares en donde se recibieron bolsos con dinero. De las indagatorias también se desprendió que en el subsuelo habría una bóveda oculta que no figura en los planos originales de la casa.

Perfil


Más de diez horas de show en continuado

El allanamiento a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en Uruguay y Juncal llevaba algo más de diez horas al cierre de esta edición y hasta ese momento la Policía Federal no había encontrado nada. Había empezado pasadas las 12 del mediodía, cuando el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, abrió la puerta al equipo de agentes con trajes blancos y azules. Como es habitual en este tipo de situaciones, el defensor se quedó a presenciar a presenciar el procedimiento, incluso acompañó a los policías en una primera recorrida por el departamento que incluso fue filmada. Cuando llegaron a la cocina, sonó el teléfono del jefe del operativo y llegó la orden desde el juzgado de Claudio Bonadio de que Beraldi se retirara. Sorprendido, pidió que verificaran la información ya que estaban contrariando las normas procesales, pero le insistieron en que abandonara el lugar y se llevara sus efectos personales. Hoy –anunció– pedirá la nulidad de lo actuado, y denunciará penalmente al juez y pedirá su juicio político ante el Consejo de la Magistratura. También se hizo un allanamiento en un inmueble en Río Gallegos, donde fueron llevados como testigos a dos integrantes de un colectivo de jubilados que acompañó la campaña de Cambiemos el año pasado. Allí en tres horas y media fue revisado el lugar, de donde la policía salió con algunas cajas con elementos incautados. Queda pendiente la casa de El Calafate.

Quedó a la vista que todo el despliegue estuvo pensado en función de los medios: el allanamiento comenzó exactamente a la hora de los noticieros del mediodía y, como se presuponía que no habría ningún hallazgo escandaloso, se extendió hasta después de los noticieros de la noche. Mientras tanto, a lo largo de las horas, se mezclaban vecinos y transeúntes curiosos, algunos enojados, con gente que iba a dar apoyo a CFK. Cuando llegó el equipo policial le leyeron a Beraldi la orden firmada por Bonadio, que decía que buscaban agendas, teléfonos celulares, dispositivos informáticos y elementos de valor en general. También fueron llevados dos testigos, algo obligatorio. No había nadie del juzgado ni de la fiscalía en el lugar. Hacia la noche, en la Policía Federal atribuían la extensa duración del procedimiento al uso de scanners y un baroscopio (o baróscopo). Este último cumple la misma función que un endoscopio en medicina y se suele usar en la industria automotriz, naval y aeronáutica para inspeccionar zonas o cavidades de difícil acceso, con ayuda de una luz blanca, y mostrar las imágenes en una pantalla. Había varios equipos trabajando (unas treinta personas en total): Policía Científica, perros detectores de dinero, bomberos, agentes de Operaciones federales que inspeccionan y documentan todo en actas. También hubo peritos tasadores de cuadros y alhajas, del Banco Ciudad.

–Lo que usted está haciendo es ilegal –le dijo Beraldi al policía que anunció que debía irse del departamento y no podría presenciar el procedimiento.

–Es la indicación que tenemos–, respondió el agente, después de la llamada del juzgado.

Más tarde, Beraldi explicaría el tenor de la irregularidad. “Primero, esto es un alzamiento contra la Cámara de Senadores, donde se discutió específicamente la cuestión de la presencia del abogado, y el senador Miguel Angel Pichetto dijo que no hace falta aclarar algo que prevé la ley”, señaló el jurista. Luego recordó que hay dos artículos específicos del Código Procesal Penal que explican por qué señala como una ilegalidad el hecho de que lo hayan sacado del inmueble. “El artículo 200 dice que los defensores podemos estar en los allanamientos y el artículo y el 228 establece que la persona que está en el domicilio y es notificada cuando llega la policía es invitado a presenciar el registro del lugar”, precisó a PáginaI12. “Está claro que han ido a humillar a la ex presidenta” y “quieren hacer cosas con la impunidad que sienten hoy”, agregó. “Voy a denunciar a Bonadio y a pedir el juicio político porque impedir la presencia del abogado atenta contra las normas. En el Consejo de la Magistratura quedará en evidencia si el Poder Ejecutivo y el oficialismo lo protegen”, subrayó, y agregó que denunciará al juez por abuso de autoridad y planteará la nulidad del operativo.

Como es conocido, el juez Bonadio le imputa a CFK ser jefa de una asociación ilícita organizada para recaudar fondos ilegales y destinarlos a enriquecimiento personal y a la comisión de otros delitos. En un comienzo se basó en anotaciones de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta (el número dos del Ministerio de Planificación) y a través de esos relatos la vincula con supuestas entregas de dinero, en ocasiones a través del fallecido secretario Daniel Muñoz, en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Luego, cuando Claudio Uberti –ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales– declaró como imputado arrepentido, ofreció un relato donde dijo que un día que subió al departamento de los Kirchner en Recoleta y había 20 valijas supuestamente con plata apiñadas en el palier y el dormitorio. Agregó que ese dinero viajaba a Santa Cruz en el Tango 01 y era llevado a la casa de la familia Kirchner en Río Gallegos “donde se encontraban bóvedas que había comprado al banco hipotecario”, según declaró. Uberti hizo más referencias específicas a dinero que recibía de los concesionarios viales, 150.000 dólares, pero también relató que cuando debía entregar sumas grandes no lo hacía por sí mismo sino a través de Muñoz.

Una propiedad en Río Gallegos también fue allanada ayer y se desató un escándalo cuando se supo que los testigos que fueron llevados para presenciar la inspección eran Lucila Hernández y Enrique Bavera, quienes ingresaron a la casa de Mascarello 441 a las 14.45, y no pasaron inadvertidos porque se trata de activistas de la organización Jubilados Unidos, que cuestiona al gobierno provincial y está alineada abiertamente con Cambiemos, para la que hizo compaña en 2017 y también se difundieron imágenes que los muestran en las movilizaciones por el desafuero de la ex mandataria. Este procedimiento duró algo más de tres horas y media y se vio salir a los policías con cajas con objetos incautados, aunque no se conoció el resultado al detalle. En el departamento de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta última hora los policías no habían hallado nada relevante. Hoy se haría el tercer allanamiento, en una casa de El Calafate.

Todavía la Cámara Federal no resolvió los planteos de nulidad, litispendencia y recusación (del juez y el fiscal) que hizo la ex presidenta el día que se presentó a la indagatoria. Ese tribunal resolvió esta semana, a tono con la fiebre mediática por los cuadernos, rechazar todos los planteos de excarcelación, tanto de ex funcionarios como de dos empresarios que se niegan a ser “colaboradores” y delatar entregas de dinero ilegal. La tónica de la Cámara, de acuerdo a esa decisión de mantener presos a los imputados que no se arrepienten, también implica un respaldo a la controvertida actuación de Bonadio.

Página 12


José López y Clarens ampliaron sus declaraciones ante el juez Bonadio

El suspenso va a seguir al menos 24 horas más. Para el financista Ernesto Clarens y para el exsecretario de Obras Públicas José López van a ser las horas más largas de sus vidas. Es que ambos ampliaron sus declaraciones ante el juez federal Claudio Bonadio como arrepentidos, con la expectativa de que sus confesiones reduzcan sus condenas. La noche del martes, el acuerdo de López estaba a la firma de Bonadio y con una resolución para convalidarlo, pero la medida no fue notificada oficialmente.

De la decisión de Bonadio depende que Clarens siga en libertad, por un lado, y, por el otro, que López mejore sus condiciones de detención. Por lo pronto, el exsecretario de Obras Públicas no está más en la cárcel de Ezeiza, donde compartía el pabellón con otros empresarios y exfuncionarios detenidos por corrupción. López fue trasladado en una camioneta del Servicio Penitenciario Federal e introducido en el edificio de los tribunales protegido con un chaleco antibalas y con casco. Allí esperó en una celda hasta que fue trasladado ante el juez Bonadio, asesorado por el defensor oficial Gustavo Kollman. “López hizo un aporte amplio y sustancial”, dijo un funcionario que tiene conocimiento de sus confesiones, pero que para mantener a salvo la seguridad personal del acusado prefirió no revelar los detalles de lo que declaró. López está preso desde el 14 de junio de 2016, cuando fue sorprendido revoleando bolsos con 9 millones de dólares por encima de la tapia de un convento, donde buscaba esconder el dinero. En prisión, siempre atemorizado, mantuvo silencio y solo dijo que la plata provenía de la política. Hace dos semanas, en el juicio oral que se le sigue por enriquecimiento ilícito dijo algo más: señaló que la plata se la dieron hombres de la política y que le encomendaron entregarla allí, mientras era vigilado a la distancia.

Hace seis días pidió hablar con el fiscal Carlos Stornelli y decidió colaborar en la causa de los cuadernos de la corrupción que lo mencionan como uno de los recaudadores de dinero ilegal de empresarios de la obra pública que pagaban sobornos al ministro de Planificación Julio De Vido y al matrimonio Kirchner.

Si bien no se conocieron en detalle las revelaciones de López, se supo que mencionó que los bolsos con los 9 millones eran parte de la recaudación ilegal y apuntó a altos funcionarios como los dueños del dinero, que tenía su origen en la misma operatoria ilegal que revelaron los cuadernos y confesaron los empresarios.

López no nombró a gobernadores como integrantes de la trama del reparto de dinero ilegal, solo mencionó a dos intendentes, pero no en este contexto, sino como participantes de una reunión con él en la que se acordó una estrategia para neutralizar el crecimiento de Sergio Massa.

El arrepentido, siempre nervioso y cauteloso, teme por su vida. De hecho, el defensor Kollman pidió a Bonadio que la declaración permanezca sellada para no comprometer la seguridad de José López ni se entorpezca la comprobación de sus dichos. Pasado el mediodía, López terminó de ampliar su declaración frente a Bonadio, que al atardecer se retiró de los tribunales sin homologar su acuerdo

El viernes pasado, en una declaración de más de cinco horas frente al fiscal, el exfuncionario había confirmado el esquema de recaudación de retornos de la obra pública, apuntó hacia arriba en la cadena de responsabilidades, explicó el origen del dinero de los bolsos que trasladó y mencionó a Máximo Kirchner, según reconstruyó LA NACION en los últimos días.

López podría pedir declarar ante los jueces que llevan adelante el juicio en su contra para buscar que sus aportes mejoren su situación también en el caso por enriquecimiento en su contra. Los magistrados realizaron este martes una inspección ocular en el convento de General Rodríguez. En paralelo a la declaración de López, se presentó en los tribunales Ernesto Clarens, el financista dueño de Invernes, la financiera que operaba como intermediaria entre los empresarios de la obra pública y el Gobierno.

Clarens explicó que era el cambista del dinero que cobraban los empresarios cuando desde el Ministerio de Planificación les pagaban los certificados de obras. Clarens convertía los pesos en dólares. Le dijo al fiscal Stornelli que retenía un porcentaje de los certificados de obra y los llevaba directamente a Daniel Muñoz, es decir, directo a Néstor Kirchner. Clarens, en tanto, llegó a media mañana a los tribunales y después de mediodía declaró ante el juez. Bonadio no había quedado satisfecho con la declaración.

Clarens negó haber sido cobrador de coimas y haber girado dinero al exterior. Según creen los investigadores, Clarens no reveló todo lo que sabía.

La Nación


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