Guatemala: la Corte autoriza el antejuicio contra el presidente Morales por financiamiento ilícito

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Dan trámite a solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales y Nineth Montenegro

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció y dio trámite este miércoles a las solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro, por sospechas de financiamiento electoral ilícito.

A partir de ahora, los procesos de antejuicio toman caminos diferentes.

El antejuicio contra Morales va al Congreso, donde diputados deberán conformar una comisión pesquisidora elegida por sorteo para que conozca la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y escuchar la defensa de la Presidencia para luego enviar un informe al pleno donde deberá recomendar si el gobernante debe o no mantener la inmunidad. El futuro de Morales quedará en manos de los diputados.

En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez pesquisidor, quien, de igual forma, deberá escuchar al MP, Cicig y a la propia legisladora a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad.

La magistrada Zonia de la Paz Santizo, Vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, fue designada como pesquisidora.

De qué los acusan

De acuerdo con la investigación, Morales, cuando en 2015 era candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que, según la pesquisa, constituye el ilícito de financiamiento electoral ilícito.

Este es el segundo proceso de antejuicio del MP y Cicig contra Morales. El primero de la gestión de María Consuelo Porras, fiscal General.

El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por el mismo delito, financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

La denuncia fue hecha el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paiz Riera, colaboradora eficaz de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.

En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral, el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015, así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.

Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones judiciales y de la independencia judicial, por lo que estarán a la espera de la decisión que tome el Congreso sobre la inmunidad del gobernante.

El funcionario dijo que las actividades del Ejecutivo siguen sus actividades de forma normal.

El caso de Montenegro

Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), es señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Montenegro dijo a Prensa Libre que, según el Tribunal Electoral Supremo (TSE), su partido cumplió con la contabilidad en el tiempo estipulado, tarea que el correspondía al órgano financiero de la organización y no a la Secretaría General. Agregó que no hay financiamiento electoral ilícito porque el dinero se bancarizó.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Sobre el señalamiento de arrendamiento de seis pasarelas digitales durante la campaña de 2015, Montenegro dijo que quien lo denunció deberá explicar el tiempo, modo y lugar con que alguien, a espaldas del partido, pudo haber recibido ese financiamiento, que no ingresó al partido.

“Si hay justicia, me siento tranquila”, dijo la legisladora.

Óscar Schaad, fiscal contra Delitos Electorales, dijo que, con base en los hallazgos de la investigación, el tribunal pedirá la cancelación del partido, tal como lo ha hecho con FCN Nación, el partido de gobierno.

Ayer lunes, EG declaró que podrá desvanecer los señalamientos del MP y Cicig porque se enviaron a tiempo los estados financieros en 2015 y que no hubo aportaciones anónimos, como establece la investigación.

Así se integró la CSJ

El aval a los trámites de antejuicio por medio de votaciones se decidió por unanimidad en ambos casos.

Durante el pleno en el que se conocieron los procesos, la magistrada Silvia Patricia Valdez se reportó enferma, y su lugar lo ocupó Marvin Eduardo Herrera Solares, de la sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.

El lugar de Blanca Stalling, actualmente procesada por tráfico de influencias y otros delitos, lo integró Freddy Fernández, de la sala Primera de Apelación Penal.

Y por Rafael Rojas, quien actualmente se encuentra en Costa Rica, fue llamada la magistrada Sonia Dora Bea, de la sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, quien es eposa de Bonerge Mejía, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Prensa Libre


Congreso dividido conocerá el antejuicio contra Jimmy Morales

Una agenda entrampada y diputados señalados de buscar su propio beneficio antes que el bien común, es el contexto del Congreso actual, cuyos integrantes deberán decidir si se le retira la inmunidad al mandatario Jimmy Morales para que pueda ser investigado por financiamiento electoral ilícito.

Esta tarea no es extraña para los legisladores, debido a que los integrantes de la Octava Legislatura decidieron el 11 de septiembre del 2017 salvar al presidente Jimmy Morales de un antejuicio por el mismo delito.

Casi un año después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió darle trámite a otro antejuicio en contra del mandatario también por financiamiento electoral ilícito, por lo que el Congreso deberá conocer el expediente y luego de conocer el informe de la Comisión Pesquisidora votar para retirarle el fuero al presidente.

Sin embargo, las condiciones son distintas a las de ese momento, pues el Congreso ha sufrido un desgaste más grande en los últimos meses, a partir de la protección política que dieron al presidente y el intento de aprobar modificaciones al Código Penal que favorecían a grupos particulares, intentos que les valieron la etiqueta de “Pacto de Corruptos”.

Las acciones de los últimos meses en el Congreso han motivado, incluso, movilizaciones ciudadanas que han obligado a los diputados a dar marcha atrás a acciones emprendidas, lo que ha significado un fuerte desgaste al actual Congreso que se prepara para un año electoral.

Posturas

Arturo Martínez Dell, jefe del bloque Todos, señaló que a lo interno de la bancada aún no han discutido qué postura tomarán respecto a la solicitud de antejuicio del presidente Morales.

“Seguramente el otro martes se conocerá en el pleno. La Comisión Pesquisidora tiene que tener tiempo para emitir su dictamen y a partir de allí discutiremos la opinión de la bancada”, señaló Martínez Dell.

El congresista señaló que no discutieron este tema antes por “la duda de que se podía rechazar el antejuicio.

“Creo que han presentado 14 antejuicios en contra del presidente en dos años y existía esa posibilidad”, aseveró el legislador.

Luis Hernández Azmitia, jefe de la bancada Movimiento Reformador (MR), aseveró que tampoco han discutido el tema del antejuicio en contra del presidente a lo interno de la bancada.

“El año pasado votamos en favor de no quitarle el antejuicio al presidente y el discurso sigue siendo el mismo: Vamos a evaluar que existan las pruebas que sustente el retiro del antejuicio y que no sean espurias”, señaló el parlamentario.

Hernández Azmitia dijo que van a abordar el tema “de una forma técnica”, y aunque el Congreso es un ente político, la bancada MR tratará de determinar que no exista ningún interés ilegítimo para quitarle el fuero al mandatario.

Óscar Quintanilla, jefe de la bancada Alianza Ciudadana (AC), señaló que a la bancada “le sorprendió que tan rápido se le haya dado trámite al antejuicio del presidente”.

“Cuando nos reunamos discutiremos del tema, al momento no tenemos ninguna postura, nunca creímos que avanzara tan rápido y vamos a analizar el tema para ser objetivos con la postura que tomemos”, señaló Quintanilla.

Julio Lainfiesta, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), señaló que hay que esperar a que llegue el documento al Congreso y se cite a las partes para conocer su versión.

“Hay que esperar que la Comisión Pesquisidora emita su recomendación al Pleno, no podemos opinar de algo que aún desconocemos, sería irresponsable”, acotó Lainfiesta.

Oposición

Carlos Barreda, subjefe de la bancada opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que hay que esperar que se haga todo el trámite del antejuicio y se emita un dictamen por parte de la Comisión Pesquisidora.

“Nosotros —bancada— lo que hemos visto, sin analizar el expediente, es que lo más prudente es que se le pueda investigar —al presidente— para que se puedan hacer las diligencias”, señaló Barreda.

Carlos Fión, jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), señaló que los indicios, argumentaciones y sustento de la acusación del Ministerio Público (MP) “son bastante evidente”.

“A nuestro criterio es suficiente —la argumentación del MP— para quitarle el antejuicio al presidente”, señaló Fión.

El congresista recordó que el antejuicio no se trata de condenar a nadie sino de permitir la investigación para confirmar o desvanecer los señalamientos que se están haciendo.

Enrique Álvarez, jefe de la bancada Convergencia, precisó que es “saludable que la Corte Suprema de Justicia haya dado trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente”.

“Hay que tener claro que si el Congreso le quita el antejuicio al presidente lo único que pasará es que el MP podría investigarlo y no es una declaración de culpabilidad”, aseveró el congresista.

Señaló que desde esa perspectiva debería ser de interés del presidente que esa investigación se produzca, ya que ha dicho que son falsos los señalamientos en su contra, por lo que insta al Congreso que tome una decisión de forma objetiva y madura.

Prensa Libre intentó comunicarse con Javier Hernández Franco, jefe la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y los subjefes Ileana Calles y Rudy Pereira pero no respondieron a las llamadas hechas a su celular.

Sin embargo, la bancada oficial, que aglutina a 36 diputados, emitió un comunicado cuando se presentó el antejuicio en contra del mandatario donde indicaba que deben prevalecer las garantías democráticas.

La postura de FCN-Nación, en esa ocasión, señala que analizarán el antejuicio en contra del presidente y que actuarán “con total independencia y objetividad” y exhortaron a la población a mantener el respeto del Estado de Derecho.

Sin agenda ni consensos

Actualmente el Congreso se mantiene paralizado. Temas de trascendencia nacional ven complicada su aprobación debido a que un grupo de diputados tránsfugas intentan revertir la reforma hecha en el 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos la cual impiden su participación en las próximas elecciones para intentar renovar su puesto en el Legislativo.

Estas intenciones han sido fuertemente criticadas por organizaciones de la sociedad civil quienes señalan que esto es una “bofetada a la ciudadanía” que salió a manifestar por cambios de fondo en las instituciones públicas durante el 2015 y 2016.

Representantes de la sociedad señalaron que los diputados en este momento priorizan una agenda en beneficio propio y olvidan las necesidades de la población.

En medio de este contexto, la mayoría de las 14 bancadas que existen en el Congreso aseguran que deben analizar la solicitud de antejuicio en contra del Presidente.

Prensa Libre

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