Para la CIDH, la situación de Nicaragua “no es normal”

Contexto de Nodal
La conflictividad social inició el 18 de abril cuando el gobierno anunció una reforma previsional. A pesar de dar marcha atrás con la medida, las manifestaciones se multiplicaron. La represión estatal y la violencia en las protestas dejaron más de 300 muertos. La oposición denuncia el autoritarismo de la pareja presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo y demanda elecciones anticipadas, mientras que para el gobierno es una conspiración imperialista. Por pedido de la CIDH se instaló una mesa de diálogo que se encuentra suspendida.

CIDH: Situación de Nicaragua “no es normal”

El hecho que en Nicaragua no hayan barricadas, ni gente atrincherada, no es indicativo de normalidad, asegura la relatora de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Antonia Urrejola. Desde que iniciaron las protestas en el país, el oficialismo se afanó en desmontar los tranques para acallar las voces contra la represión y para hacer creer que es una situación superada.

Sin embargo, la apreciación que tiene la relatora de país de la CIDH es contraria al discurso oficialista que a diario mantiene la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, quien describe un país en normalidad.

La comisionada Urrejola califica de “gravísima” la situación de derechos humanos en el país que, según cifras de la CIDH, reporta 317 muertes.

Según Urrejola, aún con la cifra oficial de 197 muertes “es sin lugar a dudas un número alarmante y preocupante”.

La opinión de la comisionada está basada en las denuncias que sigue recibiendo el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) sobre la represión selectiva, asedio y hostigamiento que mantiene el Gobierno contra la población que ha participado en las protestas.

Represión que también se ve expresada en despidos arbitrarios de empleados públicos y desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses, como explica Urrejola en esta entrevista vía correo electrónico con LA PRENSA.

El Gobierno intenta hacer creer que Nicaragua entró a la normalidad después que despejaron las vías de las barricadas. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted?

Me parece que no puede hablarse de normalidad aun cuando ya no hay tranques a lo largo del país. Tal como hemos señalado en nuestro comunicados, el Meseni ha recibido numerosas denuncias que dan cuenta de una represión selectiva a través de detenciones a personas que participaron de las protestas, un patrón de criminalización de la protesta bajo cargos infundados y desproporcionados y un problema serio de acceso a la debida defensa y debido proceso de conformidad a los estándares.

El Meseni ha solicitado en varias situaciones información al Gobierno sobre el número total de detenidos y los cargos que se le formulan. Sin embargo, no hemos obtenido aún esa información. Hay una situación preocupante de estigmatización y hostigamiento contra las voces disidentes.

Se sigue amenazando a personas a través de las redes sociales y continúa el asedio a las familias de los detenidos o de personas que han participado en las protestas a lo largo del país. Las denuncias recibidas sobre despidos sin justificación a los profesionales de salud como represalia a su labor en la atención de los heridos es otra situación que denota que no estamos ante la normalidad. Finalmente, hemos recibido numerosas denuncias e información sobre el desplazamiento de nicaragüenses fuera del país. La cifra de 23,000 solicitudes de refugio en Costa Rica es alarmante y no puede calificarse como normal.

El Meseni desde el primer informe emitido sobre la situación en Nicaragua ha identificado tres etapas en esta crisis, caracterizadas por diferentes formas de represión, todas las cuales han supuesto la violación de los derechos de las personas. Actualmente lo que constatamos es una represión selectiva que tiene distintas formas hacia las personas que han participado de diferentes maneras en las protestas y, en general, hacia las voces disidentes. Los actos de violencia, persecución, hostigamiento y amenazas contra los opositores y contra las personas defensoras de derechos humanos provocan que mucha gente decida abandonar el país para resguardar su integridad personal y la de sus familiares.

Desde el pasado 18 de abril, la represión orteguista ha dejado más de 300 personas asesinadas. El ataque a la Marchas de las Madres es una de las recordadas. LA PRENSA/ JADER FLORES

¿Cuál es su apreciación sobre los señalamientos de “manipulación” de las cifras de muertes que de forma reiterada ha hecho el Gobierno a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales?

Las cifras de personas fallecidas reflejadas por la CIDH son austeras y son el resultado de una rigurosa labor técnica de monitoreo en terreno. Sin embargo, la falta de datos oficiales transparentes y fiables dificulta esa labor. Por ello, hemos solicitado la lista actualizada de fallecidos y hemos pedido reuniones con el Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público para el ejercicio conjunto de verificación de datos. De hecho, la conferencia del miércoles es la primera comunicación oficial y pública del Gobierno de Nicaragua sobre la materia y de ella no puede suponerse que nuestros datos sean erróneos. Hemos señalado al Gobierno nuestra disposición a consolidar información para depurar la información de la que dispone la opinión pública sobre la grave situación de derechos humanos que enfrenta Nicaragua. Nos parece en todo caso que la cifra oficial del Gobierno, de 197 víctimas fatales, es sin lugar a dudas un número alarmante y preocupante.

¿Y aunque el Gobierno insiste en reconocer 197 muertes, qué impresión tiene, desde la perspectiva de derechos humanos, que una actuación del Gobierno contra manifestantes pacíficos haya causado estos resultados?

Nuestra información indica que las víctimas fatales son 317. Sin embargo, como ya le señalé, en cualquier caso, la situación de derechos humanos es gravísima, desde cualquier perspectiva comparada.

En el transcurso de la llamada operación limpieza del Gobierno, ocurrieron varios hechos donde los niveles de represión fueron mayores, casos como Masaya, Morrito y Empalme de Lóvago, entre otros, donde la población demandó la presencia del Meseni, pero no ocurrió.

¿Qué sucedió en esos casos, les impidieron movilizarse, ha faltado cooperación del Estado en el libre desplazamiento al terreno, han sido afectados en el trabajo de seguimiento?

El Gobierno ha solicitado que coordinemos con las autoridades cualquier visita a terreno que se haga a dependencias públicas, así como respecto de desplazamientos fuera de Managua. Por ello hay visitas que aún no hemos podido realizar, tales como presenciar audiencias judiciales, visitar algunas cárceles como La Esperanza, etc. Esperamos que esta situación la resolvamos prontamente.

Trayectoria de la comisionada

La comisionada Antonia Urrejola Noguera es originaria de Chile. Fue elegida el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para un período de cuatro años, que inició el 1 de enero de 2018.

Según el sitio web de la CIDH, Urrejola es la relatora para Brasil, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Es abogada egresada de la Universidad de Chile con postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue asesora en derechos humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados a la infancia, diversidad sexual e institucionalidad de derechos humanos. Trabajó en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y se desempeñó en el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Planificación y Cooperación en Chile. Fue asesora del Ministerio del Interior, participando en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley sobre instituciones nacionales de derechos humanos, prisión política y tortura, entre otros.

Castigo y reparación

Una de las principales demandas de las familias de las víctimas de la represión gubernamental en Nicaragua, desde el 18 de abril hasta la fecha, ha sido que haya justicia. Para la relatora de país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Antonia Urrejola, “la voluntad del Gobierno de producir verdad, justicia y reparación por los hechos ocurridos desde el 18 de abril recién pasado, se va a demostrar cuando se investiguen imparcialmente los hechos, se castigue a los culpables y se disponga la reparación de las víctimas, antes de eso, no podemos hablar de voluntad”.

La Prensa


CPDH: “Hay un formato de acusación” para criminalizar a manifestantes

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha concluido que el Estado de Nicaragua, a través de la Fiscalía y la Policía Nacional, tiene “un formato de acusación” preparado para los manifestantes y líderes de la rebelión cívica, que se han levantado contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De los más de 400 presos políticos que existen al día de hoy, al menos 137 de ellos enfrentan procesos judiciales. Los delitos imputados se repiten en todos los casos: Terrorismo, asesinato, robo agravado, secuestro simple, entorpecimiento servicios públicos, entre otros.

“La mayoría de estas personas son acusadas bajo los mismos tipos penales y sin pruebas reales de que sean culpables de los delitos que se les acusan. Es un proceso en el que solo cambian los nombres de los señalados en las acusaciones… Son acusaciones que no cumplen con el Código Procesal Penal como para que una autoridad judicial las acepte como validas”, criticó Denis Darce, Director de Proyectos de la CPDH en el programa Esta Semana.

La CPDH brinda asesoría a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. En su acompañamiento, la CPDH ha encontrado acusaciones contra manifestantes en las que el perjudicado es un edificio.

“Los afectados somos los ciudadanos o el Estado de Nicaragua pero no un edificio, que es un ser inamovible y sin vida. Las acusaciones caen planteamientos inadmisibles. Vemos una confabulación donde el Estado está predispuesto juzgar y condenar”, planteó Darce.

La CPDH conoce de casos judiciales contra manifestantes y líderes ciudadanos en Matagalpa, Managua, Estelí y Carazo, sitios en los que la represión ha sido más cruda. “Hay otros lugares y otras personas que están siendo procesadas y no nos hemos dado cuenta. Estamos ante el fenómeno de la criminalización del derecho a la protesta y del aumento constante de los presos y perseguidos políticamente”, dijo Darce.

Julio Montenegro, del equipo jurídico de la CPDH, dijo que al momento de acusar, la Fiscalía no cumple con la doctrina y los cuerpos de leyes a nivel interno y de otros países. Montenegro llamó la atención de que en algunos libelos acusatorios los delitos imputados sean por “resguardar barricadas, gente que portaba bandera azul y blanco y lanza morteros”.

Aunque el Gobierno no reconoce la existencia de presos políticos, para la CPDH está claro que sí los hay. Según este organismo defensor de los derechos humanos, la administración Ortega-Murillo convierte en delito las acciones de protestas de los ciudadanos.

“Tratan de ubicar la conducta que los ciudadanos tienen, las acciones de protestas, dentro de los tipos penales. Ese es el fenómeno de la criminalización de la protesta, y el ocultamiento de los presos porque, al final de cuenta, la Constitución y todos los acuerdos internacionales que hemos suscrito nos dan las garantías de poder expresarnos y manifestarlos de manera libre”, planteó Darce.

De los más 130 casos judicializados, en ninguno de ellos aparece un policía o un paramilitar acusado. El único caso que se conoce de un paramilitar procesado, es el caso de la estudiante brasileña Rayneia Lima, baleada la noche del 23 de julio en las inmediaciones de Albanisa. Sin embargo, la CPDH lamento que ni siquiera se reconoce que el procesado “desarrollaba acciones de paramilitarismo”.

“Estamos ante una situación donde la justicia, la Fiscalía, la Policía cierran los ojos ante unos hechos y construyen en otros acusaciones sin fundamento. Es un proceso de construir evidencia sobre la base de la tortura, manipulación de los instrumentos, capacidades y recursos que tiene el Estado para criminalizar a estas personas”, dijo Darce.

La CPDH denunció que labor de acompañamiento jurídico que realizan ha sido obstaculizada en los juzgados. El organismo habla de “un gran muro de contención” erigido por el Estado y “toda su maquinaria”: Detenciones ilegales, secuestros de paramilitares; violación a que se informen a sus familiares sobre los presos, garantizar acceso a un abogado, o la presentación de abogados fuera de tiempo, así como realización de audiencias en secreto.

“Los acusados pueden contratar defensor pero el Estado pone una serie de limitaciones para no tener acceso a la defensa. Cuando el abogado quiere hablar con su cliente, hay un custodio con ellos. A veces, los custodios interrumpen y es imposible conocer detalles del caso, y estructurar una defensa se vuelve limitado”, aseguró Darce.

Confidencial


Lista de los 12 países que integran Grupo de Trabajo de la OEA que ingresará a Nicaragua

El otro amigo del gobierno de Nicaragua, México, es parte del grupo de 12 países que integran el grupo especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fue conformado para brindar atención a la crisis en Nicaragua.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú son parte del Grupo de Trabajo para Nicaragua, informaron fuentes del Consejo Permanente de la OEA, que integra a los 34 miembros activos de la organización.

Nicaragua se encuentra en un impase que se mantiene desde el 19 deabril por protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que han dejado 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, y 197 según las fuentes de gobierno.

El grupo especial, que surgió para “contribuir a la búsqueda de soluciones” a la situación, fue creado el 2 de agosto por una resolución apoyada con 20 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones. Nicaragua rechazó la decisión al calificarla de injerencista.

Durante el debate, además del canciller Denis Moncada, presente en la sesión, solamente las delegaciones de Bolivia y Venezuela hicieron críticas de manera abierta a la iniciativa de confirmar el Grupo de Trabajo, El Salvador no dijo tanto.

La Jornada Net


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