Protestas en Chile contra la liberación y el indulto a represores de la dictadura

No hay primera sin segunda: Justicia libera a otros dos criminales de lesa humanidad

Organizaciones de derechos humanos se manifestaron este miércoles en Tribunales. En la ocasión, entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifestaron la incongruencia entre la libertad condicional otorgada a violadores de derechos humanos, y los convenios y acuerdos que Chile ha firmado en la materia.

Son siete. Siete los violadores de derechos humanos que han salido libres en menos de 48 horas. Si este martes lo hicieron el suboficial (r) de Carabineros Gamaliel Soto Segura; el coronel (r) de Ejercito Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, la jornada de este miércoles lo hicieron el ex brigadier Emilio de la Mahotiere González y el coronel (r) Moisés Retamal Bustos.

Nuevamente fue la Segunda Sala de la Corte Suprema la que otorgó el beneficio de la libertad condicional a estos dos condenados por violaciones a los derechos humanos: Emilio de la Mahotiere por su complicidad en el Caso Caravana de la Muerte, y Moisés Retamal por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos.

En la resolución que acogió los recursos de amparo interpuestos se lee que “las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional”.

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por distintos abogados que han trabajado en el tema de derechos humanos. Uno de ellos es Roberto Ávila, quien calificó el fallo de la Corte Suprema de ilegal, pues un requisito fundamental para que los condenados puedan acceder a beneficios es el arrepentimiento y rehabilitación, algo que ninguno de los siete ex uniformados ha demostrado.

Por lo mismo, el jurista cree que la liberación de estos “siete genocidas” es el comienzo de una impunidad generalizada amparada por los jueces, a quienes acusó de emitir los fallos sabiendo de su ilegalidad.

“No nos olvidemos que existe, en el Código Penal, la figura de la prevaricación, es decir, cuando los jueces o autoridades administrativas dictan resoluciones manifiestamente ilegales y a sabiendas de esto. Aquí hay un proceso destinado a establecer la impunidad. Yo no sé si las organizaciones de derechos humanos iniciarán acciones legales o simplemente declarativas en contra de quienes han permitido esto, y si nadie lo hace, en algún momento algunos lo haremos”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se mostró indignada con la decisión de la justicia chilena, sobre todo cuando se sabe que los criminales, hoy libres, no han mostrado cuota de arrepentimiento y no han colaborado con las investigaciones, muy por el contrario, se jactan de sus actos.

“No tienen ninguna empatía con las víctimas que hicieron desaparecer, ejecutar o torturar. No han tenido nunca un grado de arrepentimiento, ni siquiera un grado de humanidad, cuando saben que seguimos luchando por la verdad y la justicia, cuando saben que miles de personas siguen buscando a sus familiares, por lo menos los restos, para poder sepultarlos”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, calificó el fallo como “gravísimo”, y apuntó a que, con la decisión de la justicia, Chile viola todos los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos.

“La Corte Suprema chilena no solo ha cometido un descaro, no solo se hace cómplice de la impunidad, sino que lo que está haciendo hoy es incumplir tratados internacionales. Somos un país que nos jactamos de ser parte de la comunidad internacional en los planos económicos y de derechos humanos, por eso, lo ocurrido esta semana es gravísimo, porque lo que finalmente está pasando, es que las chilenas y los chilenos estamos en la más absoluta indefensión”.

La dirigenta señaló que, con el otorgamiento de libertad condicional a los violadores de derechos humanos, la Corte Suprema se cuadra con el poder ejecutivo y sus políticas de impunidad. En ese sentido recordó que el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, fue un acérrimo defensor de la ex Colonia Dignidad y amigo personal de Paul Schaefer.

Luego de conocerse los fallos de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados María Gajardo y Ricardo Abuauad- la AFDD, junto a demás organizaciones de derechos humanos, se manifestaron este miércoles a las afueras de Tribunales, ocasión en la que se hizo entrega de una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Muñoz.

En el texto, se lee que “El hecho de que a 28 años del fin de la dictadura sigamos buscando a nuestros desaparecidos y que la mayoría de los perpetradores no hayan sido juzgados, o hayan sido condenados tardíamente a penas que no se condicen con el horror de sus crímenes, es prueba suficiente para demostrar que las condiciones para evaluar beneficios carcelarios en Chile no están dadas”.

A raíz de todo el revuelo que ha causado la decisión de la justicia, el ministro integrante de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, declaró durante la tarde de este miércoles que “siempre hay alguien que no queda conforme”.

En ese sentido, agregó que “si ahora lo que se ha decretado es la libertad condicional de algunas personas, que a algunas personas tampoco les parece bien porque tienen sus razones, yo respeto las razones que tiene las personas que se opongan, no hay nadie más respetuoso que yo del dolor ajeno, pero mi labor es resolver”.

La indignación causada por los fallos de la Corte Suprema no solo ha exteriorizado en Santiago, pues en diversas ciudades del país, organizaciones de derechos humanos se han manifestado para exigir verdad y justicia, conceptos que creen, se alejan cada día más.

Radio UChile


Agrupación de DD.HH. protesta en la Catedral de Santiago contra acto de perdón en Punta Peuco

Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo una protesta contra el acto ecuménico en el que un grupo de condenados por violaciones a los derechos humanos internados en Punta Peuco pedirían perdón.

Un grupo de integrantes del Colectivo Contra el Olvido, que promueve los derechos humanos, llegó hasta la Catedral de Santiago y se encadenó a las bancas ubicadas en la parte posterior del templo.

“Es inaceptable que la iglesia pretenda hacer una misa el día de mañana en el penal de Punta Peuco en donde pedirán perdón simbólicamente algunos violadores de DD.HH. sólo para obtener beneficios carcelarios. En 25 años no colaboraron, no confesaron y nunca se arrepintieron, hoy muchos de ellos son ancianos, pero nunca tuvieron la voluntad real para hacerlo”, señaló en una declaración de prensa la agrupación Colectivo Contra el Olvido.

En dicho comunicado, también se exige “al mundo ecuménico que no se preste para este circo que sólo viene a imponer el desprecio absoluto hacia los sobrevivientes y familiares y el olvido de nuestros caídos”.Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el reverendo protestante Pablo Ávarez, quien hace 10 años ejerce como capellán del penal. El miércoles aseguró en Tele13 Radio que “esto ayuda a sanar heridas”.

TL13


Otros cuatro reos de Punta Peuco podrían recibir el indulto presidencial

Raúl Meza, abogado que representa a gran parte de los presos del Penal Peuco, confirmó que hay otros cuatro reclusos que esperan la resolución sobre el indulto presidencial, sumándose así a los siete que ya se otorgó el beneficio sólo en esta semana.

Se trata de pacientes crónicos cuyas solicitudes están siendo analizadas por el Ministerio de Justicia. De acceder, ellos se unirían a Emilio de la Mahotiere González, Moisés Retamal Bustos, Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga.

Asimismo, Meza indicó que en marzo se presentaron 74 solicitudes para que el mismo número de internos cumpla su pena en arresto domiciliario.

Según consigna Emol, estas peticiones se basan en la avanzada edad o deteriorado estado de salud de los presos, y fueron llevadas ante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

“Este último es un tema muy relevante ya que podrían salir en libertad con arresto domiciliario 70 internos de Punta Peuco y con el reciente precedente judicial de la Segunda Sala de la Suprema, el ministro Carroza podría adoptar la misma decisión”, indicó el abogado, añadiendo que el futuro de las solicitudes se definirá durante los próximos días.

El Dínamo


¿Quiénes son y qué hicieron los liberados de Punta Peuco?

Punta Peuco a estas alturas, según indican los hechos, ya no debería ni siquiera existir. La Presidenta Michelle Bachelet durante su mandato se comprometió ante la misma Carmen Gloria Quintana –una de las víctimas del caso quemados- para cerrar el penal creado en 1995 y trasladar a todos sus reos a la cárcel de Colina I.

Desacuerdos entre la mandataria y el ministro de Justicia del momento, Jaime Campos, habrían obstaculizado el cierre de Punta Peuco y lo cierto es que el penal, hoy, sigue existiendo.

Pero no solo sigue plenamente vigente, dándole de esta forma comodidades y facilidades extraordinarias a los victimarios de delitos de lesa humanidad, sino que otro hecho sacudió a las agrupaciones que defienden la memoria de detenidos desaparecidos en el país: Cinco ex uniformados condenados por este tipo de crímenes fueron ayer liberados gracias a que la Corte Suprema acogió sus recursos de amparo.

¿Quiénes son y qué hicieron los ex presos que ahora gozan de libertad?

Gamaliel Soto es ex suboficial de Carabineros. Fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, quien era director del Hospital de Cunco, en La Araucanía, cuando fue detenido a sus 31 años por ser militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue el 14 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe, cuando funcionarios de Carabineros los detuvieron a él y su esposa, con tres meses de embarazo. Natacha, su compañera, fue llevada a la Cárcel de Mujeres de Temuco, siendo separada de González para no verlo nunca más.

De Eduardo González solo se sabe que fue torturado y que se le vio en muy malas condiciones físicas luego de la detención. En tanto, el cabo de Carabineros Gamaliel Soto Segura fue encausado como cómplice del ilícito, y como autor de la detención de la víctima a diez años y un día de presidio mayor.

Manuel Antonio Pérez Santillán es otro de los liberados de Punta Peuco. El oficial en retiro del Ejército ingresó a Punta Peuco hace solo dos años por el crimen de encubrimiento del asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, todos ex oficiales del Ejército (r) mayores condenados a 5 años y un día por detención y torturas ejercidas sobre Nizca Báez y por la desaparición de su esposo, Alonso Lazo Rojas. Lazo fue detenido junto a su pareja el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio en Copiapó.

El ministro de la Corte, Joaquín Billard, encausó en 2005 al suboficial (R) Hernán Portillo por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas. Recién en 2012 el juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975. Se le otorgaron seis años de presidio sin beneficios en aquel entonces, por haber sido parte de la detención del ex mirista y de Nizca Báez.

José Quintanilla Fernández y Felipe Astorga participaban de la misma brigada que detuvo a la pareja ese día en Copiapó y cumplían la misma condena que Portillo. Los ex agentes de la dictadura condujeron al matrimonio hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 “Copiapó” y el oficial a cargo del lugar comunicó al hermano de Alonso Lazo que éste había agredido a un centinela para luego darse a la fuga.

Estos son los criminales que la Corte Suprema ayer dejó en libertad despertando el malestar y la disconformidad de varios sectores de la población chilena. En conversación con este medio, la diputada comunista Carmen Hertz interpretó la medida como un desconocimiento del estándar internacional y se lo adjudicó a lo que denominó como “ignorancia crónica”: “Responde a una ignorancia crónica de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ignorancia que fue crónica en el caso de los tribunales superiores de justicia hasta la detención de Pinochet. Se ignoraba el derecho internacional, ahí recién comienzan a enterarse de las normas a nivel internacional. Yo diría que es un eslabón más de una cadena de impunidad que ha existido en este país en relación con los crímenes de exterminio, lo que es muy grave. Si agentes del Estado están tejiendo eslabones de impunidad, la señal que se está mandando es decir ‘el crimen es legítimo como norma reguladora de los conflictos entre las personas’”.

Por su parte, desde Amnistía Internacional reafirman lo señalado por Hertz. Según Roberto Morales, uno de los voceros de la institución, la justicia chilena está en su derecho de brindar ciertos beneficios de determinados reos, sin embargo, esta facultad no aplicaría si se apega al derecho a reparación de las víctimas, que fue precisamente lo que se obvió en este caso: “Lo que sí se estaría pasando a llevar sería el derecho a reparación de las víctimas. No es posible que haya una reparación efectiva si las personas que cometieron esos delitos no estén cumpliendo su pena en la cárcel. Uno de los elementos que sí está en el derecho internacional es que las penas tienen que tener relación proporcional a los delitos cometidos, y en este caso son de gravedad muy alta y son cometidos por agentes del Estado. Esta opción, que efectivamente puede estar dentro del marco del derecho nacional y puede que efectivamente no haya una contradicción con el derecho internacional en términos tan explícitos, si está contraviniendo el punto de vista de la reparación de las víctimas que sí está expresado en los convenios que Chile ha firmado”.

Este miércoles, la Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados más por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Moisés Retamal Bustos, quien fuera procesado por el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en septiembre de 1973, en San José de Maipo.

En el caso del oficial De la Mahotiere González, de acuerdo a la información de Memoria Viva, tuvo participación en la comitiva de la Caravana de la Muerte que encabezaba Arellano Stark, como copiloto en el viaje y al sur y como piloto en los vuelos al norte de nuestro país. Fue procesado como cómplice por los homicidios calificados contra de Héctor Silva Iriarte, Mario Godoy Mansilla, Alexis Valenzuela Flores, Danilo Moreno Acevedo, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso, Miguel Manríquez Díaz, Segundo Flores Antivilo, Guillermo Cuello Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Luis Alaníz Álvarez, José García Berríos, Marco De La Vega Rivera y Mario Arqueros Silva, el 19 de octubre de 1973, en el sector de quebrada El Way de Antofagasta.

Emilio De la Mahotiere González, también fue condenado como cómplice del delito de exhumación ilegal por el desentierro de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados y cuyos restos fueron transportados a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación “Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet, en 1978.

RadioUChile


Dolmestch y los porqués de las libertades a reos de Punta Peuco

Los fallos de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de esta semana, que dejaron en libertad condicional a siete militares (R) condenados en Punta Peuco por casos de derechos humanos (DD.HH.), generaron diversas reacciones. Algunas vinieron desde el mundo político, con anuncios de acusaciones constitucionales contra los jueces, y otras desde familiares de las víctimas de estos delitos, quienes protestaron frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago.

A estas acciones se sumó otra que provino desde el propio Poder Judicial y que corrió por parte del ministro Hugo Dolmestch, expresidente del máximo tribunal y actual mandamás de la Sala Penal de la Corte Suprema. El juez justificó las decisiones, las que fueron interpretadas como un cambio de criterio.

Esta nueva mirada se manifestó poco después de que dejara su cargo en el Poder Judicial Milton Juica, quien presidía esta instancia y tenía una importante influencia en sus pares.
Así, Dolmestch señaló que “nunca he tomado partido con una u otra posición, sino que sencillamente resuelvo con el mérito de los antecedentes”.

Luego, y tras manifestar que sentía afecto por los familiares de las víctimas de los hechos de violencia ocurridos durante el régimen militar, explicó que a diferencia de lo que estimaba su antecesor, Milton Juica, el arrepentimiento de los condenados no es un requisito para acceder a beneficios penitenciarios, porque, “por lo menos que yo sepa, no está en ninguna parte que sea obligatorio para el juez. Se reúnen los requisitos objetivos y nosotros resolvemos (…). Todo lo que sea convenios internacionales es sujeto de interpretaciones ”.

El abogado Raúl Meza, defensor de parte de los condenados en Punta Peuco, aseguró que cuando “el señor Juica presidía la sala, se imponía el criterio de un requisito adicional relativo a los informes psicológicos respecto de la empatía con las víctimas, tener un reconocimiento del mal causado y una colaboración eficaz. Lo que dice hoy la Segunda Sala de la Suprema es que ese requisito no es objetivo y que, además, no se exige en las convenciones internacionales de DD.HH.”.

Dolmestch, por su lado, abrió la puerta para seguir con esta línea: “Es muy probable que si las situaciones de hecho se repitan, se aplique la misma decisión, pero no es una doctrina ni una idea preconcebida”.

El ministro, además, corroboró la interpretación diferente a la que tenía Juica. Así, indicó que “yo lo pondero del modo que ustedes han visto”.

Consultado sobre el anuncio de acusación constitucional que realizaron este miércoles parlamentarios de Partido Socialista, el juez indicó que “tienen el perfecto derecho a hacerlo. Nosotros cumplimos con nuestro deber y lo seguiremos cumpliendo”.

Las dudas de Mónica

Mientras Dolmestch explicaba sus fallos, se acercó una mujer de cabello blanco, una antigua foto de sus deudos. Era Mónica Araya, hija de detenidos desaparecidos en el año 1976. Tras escuchar los dichos del juez, indicó que es “muy rara su posición hoy día, cuando nosotros lo conocemos desde hace muchos años”.

Araya agregó que “cómo es posible que el ministro Dolmestch diga que los organismos internacionales no pueden cuestionar esto, cuando aquí hay un requisito especial de entregar información antes que mueran”.

La Tercera


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