Tierras agrícolas en camino a la extranjerización – Por Andrés Gaudin

Gobiernos impulsan la venta de tierras a inversionistas extranjeros para dedicarlas al monocultivo de la soja, biocombustibles, minería, turismo y explotación forestal

Por Andrés Gaudin *

A seis años de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzara la primera alerta sobre el proceso de extranjerización de la tierra que se registra en América Latina, entidades de diversos ámbitos retoman el tema, especialmente en los cuatro grandes productores de alimentos que conforman el Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la International Land Coalition (ILC), alianza global de organizaciones de la sociedad civil y de agricultores, observan una leve retracción en las ventas de tierras a partir de 2011, que se agudiza desde 2013, persisten las presiones sociales para que los gobiernos fijen límites.

No obstante, sólo en Uruguay el gobierno progresista del Frente Amplio tomó nota de la situación, y por la ley 19.283 del 2014 reguló la venta de campos a capitales externos y prohibió que cualquier Estado extranjero pueda comprar tierras uruguayas. Sin embargo, no puso límites a las operaciones con personas físicas o empresas foráneas. En los otros países de la región las presiones no tuvieron efecto. Por el contrario, los gobiernos de derecha incentivan las prácticas especulativas de lo que conocen como inversiones extranjeras directas (IED).

En el 2012 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había advertido sobre los efectos negativos de la extranjerización y concentración de la tierra por transnacionales dedicadas a la producción de biocombustibles y el comercio mundial de soja y otros commodities agrícolas. La FAO aludía concretamente al “efecto destructivo que esos fenómenos tienen sobre la seguridad alimentaria, el empleo rural y el desarrollo de la agricultura familiar”.

Más recientemente, investigaciones auspiciadas por Oxfam y la fundación alemana Friedrich Ebert denuncian la regresiva distribución de la tierra que se registra en los países de la región. “La extrema desigualdad en el acceso y control de las propiedades rurales es una de las causas de los niveles intolerables de pobreza que se padece (…). Sin políticas que aborden este reto, no será posible reducir la desigualdad económica y social”, señaló Oxfam en su estudio “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, publicado en noviembre del 2016.

Beneficios fiscales

El 5 de julio, durante la presentación de su informe anual “Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, la CEPAL se lamentó por la caída de la misma y exhortó a los gobiernos a “incentivar el ingreso de capitales de calidad”. Sin aludir a la inversión en el área rural, destacó que en el 2017 las IED cayeron por tercer año consecutivo, para situarse en US$161.6 millones, un 3.6% menos que el año anterior.

Pese a obviar el fenómeno de extranjerización, CEPAL señala que esa caída que comienza en el 2011 “se explica por los menores precios de los productos de exportación”. Sin decirlo, admite elípticamente que hasta el 2011 las multinacionales —estadounidenses, europeas y asiáticas, básicamente— llegaron a la región para impulsar el monocultivo de la soja, la siembra de vegetales destinados a la producción de biocombustibles, la minería, el turismo y los desarrollos forestales para producción de celulosa.

En 2012 la FAO fue explícita y señalaba que los capitales extranjeros acaparaban las tierras para desarrollar actividades extractivas, y aplicaban a la producción de alimentos apenas el 20% de lo invertido. El organismo alertaba, además, sobre la gravedad de las políticas oficiales que favorecen la concentración de la tierra con incentivos para fomentar ciertas actividades. La FAO citaba los beneficios fiscales para planes de riego y extracción de agua, de desarrollo forestal y de cultivos ligados a la producción de biocombustibles. Los incentivos fiscales persisten.

A fines de 2017 la organización británica Oxfam le puso números a la situación. Tras señalar que América Latina es la región más desigual del mundo en distribución de la tierra, afirmó que sólo el 1% de los establecimientos rurales acapara la mitad del área agrícola, mientras el 80% ocupa apenas el 13%. Oxfam señala que la distribución de la tierra tiene relación directa con el avance minero y petrolero, con el agronegocio y con la forestación. “El extractivismo —denuncia— ha dado lugar a una crisis de derechos humanos y amenaza otras libertades fundamentales”.

En coincidencia con la FAO, el agrónomo colombiano Germán Escobar señala que al proceso de extranjerización se le suman ahora gobiernos que han definido una agenda sobre el problema alimentario. Ambos se refieren al fenómeno del land grabbing o acaparamiento de tierras (la compra de tierras por parte de Estados o compañías extranjeras) del que participan básicamente China, países europeos y Japón. El investigador destaca que el MERCOSUR es el que recibe más inversiones privadas y estatales. En Argentina, Brasil y Paraguay, señala, están presentes todas las empresas que participan en la producción de biocombustibles, cereales y oleaginosas, especialmente Bunge, Cargill y Louis Dreyfus.

Tierras como garantías financieras

En Brasil, el gobierno del presidente Michel Temer anunció en julio de 2017 que liberará la venta de tierra a extranjeros. El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, dijo que la decisión se adoptará ya que “muchas empresas dejaron de invertir en Brasil porque la normativa vigente les impide ofrecer a los bancos extranjeros el título de propiedad de la tierra como garantía”. El 9 de mayo, el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez —quien juramentará el 15 de agosto—, adelantó que tomará medidas similares a las de Temer, “porque Paraguay seguirá apostando por los agronegocios y amparando el ingreso de capitales extranjeros”.

En Argentina, uno de los grandes productores mundiales de alimentos, el presidente Mauricio Macri firmó a mediados del 2017 un decreto violatorio de una ley que limitaba el traspaso de tierras a inversores de otra nacionalidad. Dio vía libre a la extranjerización de tierras, bosques, subsuelo y acuíferos.

“Lo que hizo el gobierno es favorecer a los sectores especulativos que han entrado en el campo para que puedan usar esas tierras como garantía dentro del mundo financiero”, explicó la abogada indigenista Florencia Gómez a la agencia alternativa argentina Nodal.

En Uruguay, un estudio de la estatal Universidad de la República (UDELAR) mostró el 2 de marzo que el abordaje de la extranjerización por parte del gobierno era necesario pero llegó tarde. En los últimos 16 años, desde 2001 hasta 2017, desaparecieron 8,000 explotaciones familiares y 8 millones de hectáreas que se dedicaban a la agricultura pasaron a manos extranjeras que las destinan ahora a otros fines (biocombustibles, forrajes, forestación).

Los números de la UDELAR son contundentes. Casi 1.7 millones de hectáreas está en poder de 27 sociedades extranjeras, un equivalente a lo que poseen 21,000 fincas familiares. Las mayores empresas son Montes del Plata, UPM, Global Forest Partners y Weyerhausen (explotación forestal) y Union Agriculture Group, Agronegocios del Plata y Ana Paula (explotación agrícola). Algunas de ellas pertenecen a los gobiernos de Finlandia, Suecia y Chile, como las productoras de pasta de celulosa UPM y Montes del Plata. Con 145,000 Ha forestadas, esta última ocupa el 0.08% del pequeño territorio de Uruguay.

“La extranjerización y la mala distribución de la tierra están en la base de la crisis social que atraviesan los países de la región. En el caso paraguayo, por ejemplo, la falta de empleo, la pobreza y la exclusión son productos de que el 85% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios”, arengó el líder campesino paraguayo Diosnel Sachelaridi cuando el 24demayo pasado cerró el 10º Congreso de la Organización de Lucha por la Tierra, una cita de la participaron dirigentes campesinos de los países del MERCOSUR. La declaración final del encuentro proclamó que “hay que cambiar el modelo de raíz, porque el latifundio es el causante de los problemas de nuestras sociedades”.

* Noticias Aliadas


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