Argentina: No hay plan B – Por Carlos Heller, especial para NODAL

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Carlos Heller*

Desde comienzos de 2018 el tipo de cambio en Argentina se depreció un 100%, el riesgo país llegó a picos que superaron los 800 puntos básicos y la tasa de política monetaria se fijó en un 60%. La vorágine financiera que estos y otros factores desencadenaron en nuestro país requiere un análisis sobre las causales que llevaron al escenario económico actual.

En un intento de ofrecer un diagnóstico de la situación, las voces oficialistas no hacen más que repetir la ocurrencia de factores externos que dieron lugar a una especie de catástrofe climática a la que calificaron como “tormentas” de distintas intensidades.

Lejos de tener que sufrir sus consecuencias, la actual “tormenta” argentina podría haberse evitado o como mínimo atenuado considerablemente. Así como se diseñan construcciones antisísmicas para resistir los temblores de la tierra o drenajes en las vías públicas para evitar inundaciones, las economías, especialmente las emergentes, necesitan crear las herramientas necesarias para morigerar la salida abrupta de capitales que generan los cambios en las condiciones financieras internacionales.

Desde la asunción del presidente Mauricio Macri, se eliminaron las medidas que se habían implementado en la gestión anterior para administrar el ingreso y egreso de divisas. En primer lugar, se liberaron las restricciones a la compra de moneda extranjera para atesoramiento, llevando el límite mensual a 5 millones de dólares. Se eliminó la obligación, especialmente para las transacciones aduaneras, de presentar documentación que justifique cualquier operación de compra– venta de divisas. Se anuló también la obligación que tenían los exportadores de liquidar en el mercado local las divisas obtenidas por sus ventas al exterior. Adicionalmente, se eliminó el encaje del 30% que debían respetar aquellos agentes del exterior que invirtiesen sus fondos en el mercado financiero argentino y se suprimió el plazo mínimo de permanencia de los mismos. Así las cosas, los capitales especulativos pueden ingresar y salir del país cuando lo consideren conveniente.

El rápido crecimiento en la formación de activos externos del balance cambiario argentino, conocido como “fuga de divisas”, es el reflejo de estas decisiones. En los primeros siete meses de 2018 se registró una fuga de más de 20.000 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2015 ésta había sido de tan sólo 3.760 millones.

No debería sorprendernos entonces, que ante la suba de la tasa de política monetaria de Estados Unidos (en tramos y anunciada desde principios de 2016), muchos de los capitales golondrina decidieran retirarse.

Tampoco es casual que, mientras el riesgo país de la Argentina se elevó abruptamente en poco tiempo, en otros países periféricos como Brasil o México este indicador se mantuvo casi constante ante los mismos estímulos internacionales.

En definitiva, si bien es cierto que los últimos acontecimientos de la economía mundial no fueron beneficiosos para los países emergentes, también es cierto que los coletazos de esta coyuntura se sintieron con mucha más fuerza en Argentina.

Pero los problemas no terminan ahí. Luego de acudir una vez más al paraguas del FMI[1] hace menos de tres meses, los funcionarios argentinos ya están negociando un adelanto de los desembolsos pactados para “tranquilizar” a los mercados y poder cubrir las necesidades de financiamiento hasta la finalización del mandato del presidente Macri (diciembre de 2019).

La principal exigencia del Fondo es lograr reducir drásticamente el déficit fiscal primario (el saldo que resulta antes de pagar los intereses de la deuda pública) a costa de un gran ajuste que involucra recortes presupuestarios en áreas fundamentales en las que el Estado debe estar presente. Ejemplos en este sentido abundan. Solo para citar algunos, el Ministerio de Salud (ahora devenido en Secretaría de Salud) pospuso por tiempo indeterminado la provisión gratuita a los niños de 11 años de la dosis de la vacuna contra la meningitis. La misma es importada y, devaluación de por medio, no cierran los números.

Las provincias, por su parte, tendrán una ardua tarea, ya que les fueron reducidas o eliminadas gran parte de las transferencias que recibían del gobierno nacional. El recorte más recientes lo constituye la eliminación del Fondo Federal Solidario (destinado a la ejecución de obras de infraestructura como escuelas y hospitales) y los subsidios al transporte, lo que seguramente redundará en un incremento de los boletos que abonan los usuarios.

Según los discursos oficiales, el dilema ante esta situación se reduce a “ajuste o caos”. Esta disyuntiva no hace más que intentar forzar la aprobación del Presupuesto 2019 con el ajuste acordado con el FMI, por parte de la porción más “dialoguista” del Parlamento, una condición también exigida por los inversores externos.

El grave riesgo que implica la aplicación de estas medidas que apuntan al “déficit cero” en 2019 y superávit en 2020 es que las poco originales recetas ortodoxas que está pidiendo el FMI -y que son ampliamente compartidas por los funcionarios del gobierno argentino-, ya probaron reiteradas veces su fracaso en términos económicos y de bienestar social en los países en los que fueron aplicadas. De hecho, la ciudadanía argentina ya está padeciendo sus efectos.

Por su propia naturaleza, los recortes en el gasto público, junto con los altos niveles inflacionarios y la caída real de los salarios, ya están haciendo mella no sólo en los sectores más vulnerables, sino también en las clases medias. Los niveles de consumo seguramente continuarán cayendo, y esto devendrá en menores ingresos fiscales, lo que a su vez requerirá de un mayor ajuste para equilibrar las cuentas, y así sucesivamente.

Volviendo a la primera metáfora de esta nota, una vez más terminarán siendo los ajustados (trabajadores, jubilados, pequeños y medianos empresarios, profesionales, niños, etc.) los que reciban las “inclemencias” de la tormenta.

A menos que se aplique un modelo diametralmente opuesto al que persiguen las autoridades de la coalición “Cambiemos” a cargo del actual gobierno nacional, el panorama resulta más que preocupante.

[1] Las autoridades argentinas firmaron un acuerdo “Stand By” con el organismo el 20 de junio pasado por 50.000 millones de dólares con un desembolso ya realizado de 15.000 millones y desembolsos cuatrimestrales de cerca de 2.900 millones, hasta mediados del año 2021 inclusive.

(*) Ex Diputado Nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires