Berta Cáceres: el primer juicio por el asesinato de la ambientalista hondureña iniciará este lunes

En vísperas del comienzo del juicio por el asesinato de Berta Cáceres el próximo lunes 17 de septiembre en Tegucigalpa (Honduras), que durará hasta el 19 de octubre, Greenpeace demanda un juicio justo y ejemplarizante para los responsables del asesinato de esta activista hondureña y latentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro. Greenpeace, en apoyo de la ONG a la que pertenecía Cáceres, COPINH, exige que también se persiga y enjuicie a las personas que ordenaron y planificaron este crimen.

El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en la noche del 2 de marzo de 2016 se produjo en Honduras como consecuencia de su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, proyecto aprobado en 2013 y que atenta contra la supervivencia de la comunidad indígena Lenca, a la que Berta pertenecía. Ella y la organización de la que era coordinadora (COPINH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fueron sus principales opositores.

Reclamamos Justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen, que aún permanecen libres. Algo así, no debería repetirse”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

Tras el arresto de los sicarios que dispararon el gatillo, en noviembre de 2017 el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) hizo público un informe donde relataba los resultados del análisis de los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los teléfonos de las personas imputadas. El informe concluía que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado ya en noviembre de 2015. Además, el análisis de GAIPE concluye que tanto la empresa de seguridad de la compañía constructora del proyecto (DESA, Desarrollos Energéticos S.A.), como las autoridades hondureñas y las entidades financiadoras jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.

El pasado mes de julio Global Witness presentó su informe anual “¿A qué precio?”, que recoge el asesinato durante el pasado año 2017 de, al menos, 207 personas en todo el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente. Durante el año pasado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la agricultura y el acaparamiento de tierras para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de productos de consumo y uso diario. Además, según la organización la cifra real de asesinatos es seguramente mayor.

El juicio por el asesinato de Berta Cáceres visibiliza la situación del activismo en muchos lugares del mundo que viven a diario la persecución que vivió Berta antes de que la mataran”, ha declarado Soto. Durante este mismo año de 2018, Greenpeace ha denunciado el encarcelamiento de Bernardo Caal Xol, activista del pueblo Q’eqchi’ que se ha destacado por liderar el movimiento de rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos en varios ríos guatemaltecos, entre ellos al que afecta al río Cahabón, afectado por el complejo RENACE. En este proyecto participa en calidad de subcontratista la empresa española Grupo Cobra, del Grupo ACS, la empresa de Florentino Pérez.

Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas, así como de las medidas de protección para las personas defensoras del medioambiente”, ha añadido Soto. “Las empresas deben estar sujetas a marcos regulatorios nacionales e internacionales que les obliguen a practicar la Debida Diligencia para evitar daños al medio ambiente e incumplimientos de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. En este contexto, urge la aprobación por parte de Naciones Unidas de un marco jurídico vinculante sobre empresas y derechos humanos”.

Tercera Información


Honduras: Amnistía Internacional seguirá como observadora el juicio por el homicidio de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres

Amnistía Internacional seguirá en calidad de observador el juicio de ocho personas acusadas del asesinato en 2016 de la defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres, que comienza el lunes 17 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“Es fundamental que las autoridades hondureñas garanticen que en este juicio se cumplen las normas internacionales de justicia procesal y que la justicia prevalece en uno de los crímenes más emblemáticos de la historia reciente de la nación”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En un país donde proliferan las amenazas y los ataques contra las personas que defienden el medio ambiente y el derecho a la tierra, el sistema de justicia de Honduras puede sentar un importante precedente afirmando el derecho de la familia de Berta a verdad, justicia y reparación, y mostrando que el homicidio de defensores y defensoras de los derechos humanos no quedará impune.”

Una representante de Amnistía Internacional, Kathy Price, asistirá al juicio del 17 al 19 de septiembre, y otros miembros de la organización harán el seguimiento de las actuaciones a distancia y presencialmente durante el resto del juicio. Kathy Price estará disponible para entrevistas en persona, a través de Skype o por teléfono.

La misión de observación tiene por objeto supervisar el cumplimiento por las autoridades de las salvaguardias de justicia procesal para garantizar que todos los responsables de la muerte de Berta Cáceres responden ante la justicia. Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones grave preocupación por que la investigación de las autoridades hondureñas adolezca de graves deficiencias y no se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes puedan haber estado implicados en ordenar su homicidio.

Información complementaria

El 2 de marzo de 2016, unos hombres armados mataron a tiros a Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas, en su casa de Intibucá, Honduras. Junto con otros miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta luchaba contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca.

Aunque la Fiscalía General de Honduras ha presentado cargos contra ocho personas por el asesinato de Berta Cáceres, algunas de ellas vinculadas a Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) —la empresa que está construyendo la represa de Agua Zarca— y otras relacionadas con las fuerzas armadas, al COPINH le preocupa que las autoridades no hayan investigado a ningún alto cargo del gobierno o de la empresa por haber ordenado supuestamente el asesinato.

Amnistía Internacional ha documentado una constante de amenazas y estigmatización creciente contra quienes buscan verdad, justicia y reparación por el homicidio de Berta Cáceres y contra las personas que se atreven a denunciar las acciones de poderosas empresas contra los pueblos indígenas o las comunidades rurales locales. El año pasado, la ONG Global Witness declaró que Honduras era el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos medioambientales, y documentó el homicidio en ese país de más de 120 defensores y defensoras desde 2010.

Amnistía Internacional