Costa Rica: gremios inician una huelga indefinida en rechazo a la reforma fiscal

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Los sindicatos del sector público de Costa Rica comenzarán este lunes una huelga que han anunciado como indefinida, con el fin de rechazar la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado ante el Congreso.

El mandatario Alvarado,tras cuatro meses en el poder, enfrentará así su primera huelga por un tema que ha sido la gran prioridad de su gestión y que le ha alejado del sector sindical público.

Diversos sindicatos de sectores como educación, salud y energía, se han unido para presionar al Gobierno bajo la demanda de que retire de la discusión legislativa la reforma fiscal, que consideran afectará en mayor medida a las clases medias y bajas.

Los gremios han asegurado que paralizarán el país e incluso advirtieron a la población de que no envíen a los niños a clases y además que se perderán citas médicas programadas.

La reforma llamada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento al IVA, con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

El proyecto, que buscar recaudar cerca del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos, especialmente pluses salariales en el sector público.

El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país y que la reforma fiscal será un primer paso para comenzar a corregir la situación.

El sector empresarial agrupado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ha condenado el llamado a huelga, ha calificado el movimiento como “antipatriótico” y solicitó al Gobierno que haga los trámites para que sea declarada ilegal.

“Los problemas de Costa Rica los debemos resolver todos, pero no en la calle, ni con protestas, como tampoco es protegiendo privilegios y excesos que gozan algunos trabajadores del sector público. Además, es injustificado que sean irrespetados los derechos fundamentales de la población al no recibir los servicios básicos esenciales”, manifestó el presidente interino de UCCAEP, Enrique Egloff.

El Gobierno ha anunciado que cuenta con planes de contingencia en todas las instituciones públicas para garantizar la prestación de los servicios esenciales a la población con la menor afectación que sea posible.

Entre las instituciones que cuentan con planes estarán la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra los centros de salud públicos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo, entre otros.

El Gobierno instó, sin éxito, a los sindicatos a deponer el movimiento para establecer el diálogo, pero los gremios rechazaron la petición.

Los sindicatos se negaron a deponer la huelga y como condición para dialogar han exigido la presencia en la mesa del presidente Carlos Alvarado, de varios ministros, los jefes de las fracciones legislativas y representantes de la iglesia católica.

El País


Carlos Alvarado: ‘La huelga es ilegal y así lo haremos valer ante los tribunales’

El presidente Carlos Alvarado recordó este domingo que solicitarán la declaratoria de ilegalidad de la huelga que tienen prevista los gremios sindicales a partir de este lunes.

El mandatario insistió durante una cadena nacional de televisión, que el movimiento se da a pesar de que llamó a los representantes de los trabajadores a dialogar y “ubicar puntos de encuentro”.

“La huelga afectará a personas que van a sus trabajos, a los niños y niñas que quedarían sin clases, a las personas que esperan atención médica, cirugías, a quienes verán obstaculizados sus esfuerzos por producir. Con más razón, este llamado a huelga es injustificado e improcedente”, dijo el mandatario.

Además aseguró que el Gobierno ha tomado las previsiones para que se mantenga el orden público y los servicios esenciales y que la afectación de los ciudadanos sea mínima.

“Como candidato durante las recientes elecciones, expuse mi compromiso de que, al asumir la conducción de Costa Rica, impulsaría el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; lo dije a cada medio que visité, lo señalé en cada debate al que asistí. Hoy más que nunca, estoy convencido que la aprobación de este proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa es la única forma de evitar una inminente crisis”, añadió en el mensaje.

En su intervención, Alvarado dijo que la aprobación de la reforma no es solo necesaria sino “urgente” y reconoció que es un “trago amargo”, pero, insistió, es la única forma de “lograr salvar este país”.

“Eso incluye el futuro de los organizadores de esta huelga y de quienes se sumen a ella. Como nación estamos ante una encrucijada histórica y tenemos que elegir el camino a seguir”, afirmó.

Finalmente, el presidente volvió a pedir a los trabajadores que se presenten a laborar y recordó a los sindicatos que las puertas de su gobierno están abiertas al diálogo.

Ante la amenaza con la suspensión de servicios esenciales, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Seguridad y la Refinadora Costarricense de Petróleo, anunciaron que activarían planes de contingencia en procura de que la afectación sea menor.

Por ejemplo, la Caja adelantó este fin de semana la entrega de medicamentos para pacientes crónicos, al tiempo que el MEP dio a conocer una aplicación que le permitirá llevar un registro en tiempo real de los docentes que se ausenten.

Por su parte el jerarca de Seguridad, Michael Soto, manifestó que todos los recursos policiales estarían avocados para responder ante eventuales actos de alteración del orden o bloqueos en cualquier parte del país.

Según el artículo 383 del Código de Trabajo, modificado por la reforma procesal laboral, para realizar la declaratoria de ilegalidad de una huelga debe quedar demostrado que no se cumplieron los requisitos dispuestos por los artículos 371, 377 y 381 de esa misma normativa.

El artículo 371 señala que “la huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo.

Además de cumplir con ese requisito, para que sea legal deben haberse agotado las posibilidades de negociación, según el artículo 377.

Finalmente, el 381, señala, entre otros aspectos, que el movimiento debe haber sido decidido por la Asamblea General del sindicato que representa al menos al 50% de los trabajadores de una empresa.

En este caso los gremios sindicales habrían incumplido lo estipulado en el artículo 377 al no haber aceptado las invitaciones al diálogo.

Nación


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