Argentina: entrevista a Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento “No hay lugar para la educación pública en este modelo”
Entrevista a Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento
Diker analiza el ajuste y “la campaña de desprestigio” que el Gobierno ejerce contra las universidades. Dice que el reclamo de la comunidad académica “desbordó la cuestión salarial” y que es en defensa del “aporte de las universidades a construir sociedades más igualitarias”.
Por Laura Vales
Gabriela Diker es rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde ese lugar –una universidad pública nacional ubicada en el segundo cordón del conurbano–, a mediados de julio le escribió una carta abierta a Mauricio Macri. El Presidente venía de decir, tras el arribo de Christine Lagarde a la Argentina, que la universidad gratuita “es en el fondo, un privilegio”. En su carta, Diker le explico por qué se trata, por el contrario, de un derecho: “un derecho tanto de los individuos como de la sociedad”. La rectora incluyó en la carta un listado de los desconocimientos presidenciales sobre las universidades argentinas, su función, su gestión, el problema salarial de sus docentes, la crisis que están atravesando por el ajuste. En síntesis, los motivos que sostienen el conflicto que hoy entra en la cuarta semana sin clases en muchas casas de estudios.
La poca información del presidente –ostentada también por la gobernadora María Eugenia Vidal, con su frase “ningún pobre llega a la universidad”, y repetida por otros funcionarios PRO– no debería confundirse con la indiferencia, señala Diker.
“No hay indiferencia de este gobierno con las universidades: no la hubo desde el principio”, dice a PáginaI12 Diker, que se toma su tiempo para hacer un repaso del discurso macrista de los últimos dos años y medio.
“La campaña de desprestigio que se desató sobre el sistema universitario no tiene precedentes –considera–. Y viene de febrero de 2016. La primera medida que tomó directamente el Presidente a través de un decreto, a un mes de asumir, fue dejar sin efecto todos los convenios de las universidades públicas con cualquier repartición del Estado nacional. A partir de allí se suscribieron un conjunto de acciones, de medidas en relación con las universidades que no hablan de indiferencia. Ni del Poder Ejecutivo, ni del mediático, ni del Poder Judicial. Nos olvidamos ya que en mayo de 2016 el fiscal (Guillermo) Marijuán denunció por malversación de caudales públicos a todas las universidades nacionales sin excepción y sin identificar un delito, y que la mayor parte de esas causas siguen abiertas actualmente en los juzgados federales.”
Hubo un tiempo, sin embargo, en el que el discurso PRO pareció ser otro. En la campaña presidencial de 2015, y hasta los primeros meses de la gestión macrista, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguraba: “Vamos a invertir lo que haya que invertir para que las universidades estén abiertas y bien”.
En un reciente análisis sobre la situación de educación superior, la Universidad de Lanús (UNLA) y el CEPA compilaron esta declaración y otras que tejieron de la trama del discurso oficial. Ese repaso muestra cómo la promesa de Bullrich duró menos que un estornudo, rápidamente desmentido por otras voces más fuertes. El racconto incluye frases como “la educación no se arregla creando universidades por todos lados para que después no haya profesores” (del diputado PRO Pablo Tonelli; aunque ahora se pasó a decir lo contrario, que los docentes son demasiados, tantos que se podría triplicar la matrícula). Otra: “Al igual que sucede en otros países de la región y del mundo, el ingreso en la universidad no puede ser irrestricto” y por ello “los estudiantes que abandonan son un costo muy grande para un bajo beneficio” (Alieto Guadagni, ex funcionario duhaldista). Y la ampliamente difundida “pregunta”, de María Eugenia Vidal en un almuerzo organizado por el Rotary Club: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”.
–El discurso de Cambiemos trasluce desconocimiento, entonces…
–Totalmente.
–¿No se trata, en realidad, de una política para crear condiciones para privatizar el sistema?
–A esta altura, creo que hay una combinación. No podemos decir que el ministro de Educación actual (Alejandro Finocchiaro), que proviene del sistema universitario público y trabaja en él, tenga desconocimiento. Pero sí se da una combinación, en muchos funcionarios, empezando por el Presidente. Creo que hay una intención de instalar en la opinión pública una perspectiva de las universidades absolutamente simplificada. El mejor ejemplo es el dato que pusieron a circular acerca del número de docentes por alumnos, que resulta de una división muy burda del total de docentes por el total de alumnos.
–¿Por qué es burda?
–Porque desconoce, por ejemplo, las diferentes dedicaciones de los docentes. El 70 por ciento tiene una dedicación de sólo 10 horas semanales a la docencia universitaria. Desconoce que la heterogeneidad de carreras y materias que se dictan en una universidad no te permite decir que se podría tener el triple de alumnos con los mismos profesores. Y desconoce que hacemos mucho más que formar profesionales: más del 90 por ciento de los investigadores y científicos argentinos tienen asiento en las universidades nacionales. Entonces, lo que hay es una mezcla de desconocimiento con la convicción de que las universidades no somos más que un gasto público que hay que recortar… A esto lo ha dicho el Presidente de la Nación, en el CCK, cuando presentó las líneas de gobierno para la segunda etapa de su gestión: nombró a las universidades públicas sólo como un caso más de gasto excesivo e ineficiente.
–¿Qué ideas hay detrás de este planteo de que la universidad pública es un gasto a recortar?
–La idea, por ejemplo, de que las políticas públicas no tienen nada que hacer con la pobreza, porque que se entiende a la pobreza como un atributo esencial de las personas, no como la consecuencia de determinadas políticas y que es necesario implementar otras políticas públicas para bajarla. La idea de que la educación pública no produce esos efectos igualadores. Por otra parte, Cambiemos lleva adelante un modelo de país que no requiere ni de la producción de conocimiento científico ni de su traducción en tecnologías aplicadas al sector productivo, ni de la formación de profesionales que contribuyan a mejor la calidad de vida de la población. Es un proceso que retrae la industria y el empleo, primariza la economía y segmenta socialmente cada vez más: creo que no hay lugar para la educación pública en este modelo.
–La potencia de este conflicto sorprende. ¿Qué se está expresando en la fuerza del reclamo por la universidad?
–Es evidente que el conflicto desbordó la cuestión salarial. Creo que su consistencia, sus dimensiones, tienen que ver con lo que se está defendiendo, que es el aporte de las universidades a un desarrollo económico autónomo y soberano a través de la producción de conocimiento, de tecnología, de formación de profesionales… es decir, el aporte de las universidades a construir sociedades más igualitarias. Por eso, el reclamo desborda. Lo que se defiende es el derecho de los individuos y de la sociedad a recibir los beneficios de lo que las universidades públicas producimos.
–Su universidad, ¿en qué fue afectada por el ajuste?
–Tenemos por un lado la cuestión salarial, que es la más crítica y lleva a que desde hace tres semanas no se dicten clases. Y por otra parte el presupuesto para el funcionamiento de la universidad quedó totalmente depreciado. Eso nos obliga a priorizar qué acciones sostener, cuáles financiar.
–¿Tuvieron que suspender proyectos?
–Tenemos algunas acciones directamente canceladas, por ejemplo, porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología canceló el financiamiento de programas. El ajuste nos afecta también en los procesos de adquisición de equipamientos de laboratorio, que se cotizan en dólares, para los que contábamos con fondos que hace cuatro meses se calculaban con un dólar a 18,50 pesos y hoy podemos adquirir menos de la mitad de ese equipamiento.
–¿Cómo cree que puede seguir el reclamo después de la marcha?
–Yo tengo expectativa de que el reclamo sea efectivamente escuchado. La historia de la universidad pública argentina muestra que, cuando se pone de pie, logra cambiar el curso de las cosas. Acá el problema además es que se está planteando esta situación como si no hubiera otra alternativa. Este Gobierno lo hace todo el tiempo, como cuando Vidal decía “hay que construir jardines y no universidades”. Son, finalmente, disyuntivas falsas.
