Corrupción en Paraguay: 15 días de protestas contra el intendente de Concepción

Corrupción en Paraguay: 15 días de protestas contra el intendente de Concepción

Una vez más los ciudadanos autoconvocados se reunieron anoche en la plaza Agustín Fernando de Pinedo de esta capital departamental para protestar contra el intendente y ediles, y anunciaron que estarán hoy en la sesión de la Junta Municipal, que está programada para las 9:00.

Alejandro Urbieta es acusado por los pobladores por vender supuestamente terrenos municipales a precios irrisorios y por no reparar las calles, entre otros.

Luego de algunos avisos por los altavoces salieron a la avenida que lleva el mismo nombre que la plaza y empezaron a marchar por las calles de la ciudad.

Los manifestantes caminaron desde la plaza central de la ciudad hasta la avenida Eligio Ayala y retomaron Pinedo hasta la calle Presidente Franco.

Después pararon en la calle Yegros, donde reside el intendente Alejandro Urbieta Cáceres, quien desde ayer se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria (ver en la página 9).

En dicho lugar, los “indignados” explosionaron bombas de estruendo y con el sistema denominado “micrófono abierto” algunos de los manifestantes hicieron uso de la palabra. Todos coincidieron en que el jefe comunal debería renunciar al cargo.

En tanto, en la plaza Agustín Fernando de Pinedo sigue habilitada la denominada “Carpa de la Resistencia”, en donde los manifestantes colectan firmas de apoyo para pedir la intervención de la Municipalidad de Concepción.

ABC Color


Intendente de Concepción, con arresto domiciliario y continúan las protestas

El intendente de Concepción, Alejandro Tati Urbieta, soporta desde ayer arresto domiciliario, tras la resolución adoptada por la jueza penal de Garantías Honorina Acosta.

El titular de la Comuna de Concepción está imputado por “lesión de confianza” y “apropiación”, por el caso de la Caja de Jubilaciones, en el cual una ex funcionaria municipal había presentado denuncia a la Fiscalía porque no pudo hacer uso de sus beneficios, ya que el intendente descontaba de sus salarios, pero nunca depositaba a la caja.

La fiscala Ondina Cabral fue la que imputó al intendente y tras analizar la situación elevó al Juzgado Penal de Garantías, recayendo en el 4º Turno, a cargo de Honorina Acosta.

“El Ministerio Público lo imputó por uno de ellos por el Art. Nº 160 numeral 2, que puede ser tipificado como crimen por la expectativa de pena de ocho años, pero en el mismo acto de audiencia el intendente presentó un material demostrando que está acreditando los fondos jubilatorios y teniendo en cuenta la investigación incipiente hemos calificado la pena base y le di la medida de arresto domiciliario”, explicó la magistrada.

La medida la cumplirá en su domicilio ubicado cerca del Hospital Regional de Concepción, aunque en principio dijo que lo haría en la vivienda de sus padres, pero a la tarde pidió el cambio de domicilio.

El jueves tiene otra audiencia por desacato judicial, donde también recibirá otras medidas alternativas a la prisión teniendo en cuenta que es un delito.

El intendente es cuestionado por una parte importante de la ciudadanía por varios supuestos hechos irregulares durante su administración.

Lo más grave es la venta del puerto municipal, que arrastra a mucha otra gente como intermediadores de la transacción.

INTERVENCIÓN Y PERMISO. En la fecha, la Junta Municipal de Concepción deberá tomar la decisión de pedir la intervención, no auditoría, o concederle un permiso hasta tanto solucione su problema judicial. Momentáneamente deberá asumir como encargada de despacho la presidenta de la Junta Municipal, Abog. Sisinia Silva.

MOVILIZACIÓN. Por su parte, los manifestantes siguen exigiendo la renuncia del intendente y anunciaron que no descansarán hasta tanto logren su objetivo.

“Seguimos firmes, la prisión del intendente es solo una parte de nuestro triunfo, el objetivo es la renuncia de este mal administrador”, dijo Deisy Silguero, líder del grupo que viene protestando desde hace unas tres semanas.

La mujer denunció amenaza de cuatro personas extrañas que llegaron hasta su negocio y responsabilizó a la familia Urbieta por cualquier cosa que le ocurra a ella o a su familia.

La movilización tuvo como respuesta una fuerte represión.

Última Hora