Costa Rica: en el día 37 de la huelga, la Corte le pone un freno a la polémica reforma fiscal

Corte Plena rechazó el plan fiscal; no acepta medidas de austeridad para sus funcionarios

La Corte Plena rechazó este martes el proyecto de reforma fiscal, que solo podría ser aprobado por los diputados en segundo debate si eliminan cuatro aspectos que atañen a los intereses de los funcionarios judiciales.

Los magistrados decidieron, en una votación de 11 contra 4, que el proyecto afecta la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial.

Concretamente, piden que los funcionarios judiciales no sean afectados por las medidas de contención del gasto que incluye el plan fiscal, como la transformación de la anualidad en un monto fijo del salario, así como la reducción de los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición del ejercicio privado de la profesión.

También rechaza la rectoría del Ministerio de Planificación sobre el Poder Judicial en materia de empleo público; el acatamiento a los lineamientos técnicos del Servicio Civil; y disposiciones de la regla fiscal que puedan afectar el presupuesto asignado a la institución por la Constitución o leyes específicas.

Si se introducen dichos cambios, la Corte daría el visto bueno al proyecto. De o contrario, el gobierno debería reunir 38 votos en la Asamblea Legislativa para poder apartarse del criterio de la Corte Plena.

El presidente Carlos Alvarado expresó su convicción de que la reforma fiscal no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pero dijo estar dispuesto a alcanzar consensos para continuar el trámite de la iniciativa, porque el país lo requiere con urgencia.

El Presidente dijo que el proyecto fiscal se ha desarrollado mediante la construcción de acuerdos con diferentes sectores del país y con la meta de buscar siempre la satisfacción del interés general.

“El Gobierno continuará apoyando el avance de la iniciativa en la Asamblea Legislativa con el fin de contar con los votos necesarios que permitan su aprobación en segundo debate”, agregó.

La decisión de los magistrados obvió una comunicación escrita de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en la que ofrecía una serie de garantías de que el Poder Judicial no perdería su independencia en materia salarial.

“En cuanto a la posibilidad de que el proyecto afecte la independencia del Poder Judicial al regular la aplicación de determinados pluses, quisiera señalar de manera respetuosa que el proyecto no afecta o elimina la potestad del Poder Judicial de modificar su escala salarial o modificar los salarios base”, garantizó la ministra.

Aguilar dijo que ante la regulación de algunos pluses como la dedicación exclusiva o las anualidades, las autoridades del Poder Judicial podrían sin ningún problema efectuar aumentos salariales.

Además, dijo estar dispuesta a promover una interpretación auténtica del artículo que le otorga al Mideplan la rectoría en materia de evaluación del empleo público, “que garantice absoluta independencia del Poder Judicial en materia de evaluación de desempeño”.

Una decisión crítica

La decisión de los magistrados pone las finanzas públicas en una situación crítica. De no fracasar una vez más la aprobación de una reforma tributaria, el déficit fiscal llegaría en los próximos cuatro años al punto en que el 70% del presupuesto tendría que financiarse con créditos, según ha asegurado la ministra de Hacienda.

Ya para 2019, el pago de la deuda representa el 42,6% del total del presupuesto, porcentaje que se divide en un 15,3% para el pago de intereses y un 26,3% para amortización.

Para el 2019 el pago de la deuda representa el 41,6% del total del presupuesto. Un 15,3% se va en el pago de intereses y apenas un 26,3% en amortización.

La opción ante este panorama sería un drástico recorte del gasto que podría afectar el empleo público y los programas sociales.

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Sindicatos se manifiestan a las afueras de la Plaza de Justicia mientras la Corte sesiona sobre plan fiscal

Durante el día 37 de la huelga, los sindicatos del Poder Judicial y del sector educación, principalmente, se mantienen a las afueras de la Plaza de la Justicia mientras la Corte Plena sesiona desde la mañana de este martes para emitir un criterio sobre el plan fiscal.

Entre los gremios presentes se encuentra el sindicatos de Empleados Judiciales (Anejup), Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) así como de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), Sindicato de Educadores Costarricenses (Ande) y de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación Costarricense (Sec).

“Hoy lo que esperamos es que los señores magistrados, simple y sencillamente, hagan objetivamente su trabajo y que tomen el acuerdo de que este proyecto, que ya fue votado en la Asamblea, que se afirme que está viciado”, dijo uno de los agremiados de Anejup, Norman Rodríguez.

El sindicalista agregó que las expectativas que mantienen es que el criterio sobre el plan fiscal sea negativo y requiera de 38 votos de los diputados en un Segundo debate en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el secretario general de Anep, Albino Vargas, advirtió que si el dictamen de la Corte no es negativo, ellos seguirán insistiendo ante la Sala Constitucional porque “creen que hay varios vicios de nulidad en la tramitación del combo fiscal”.

“Para nosotros tiene un connotación relevante, desde el punto de vista de que, lo que resuelva Corte Plena hoy, dirá mucho acerca de sí la democracia costarricense seguirá teniendo como pilar, la división de poderes”, acotó Vargas.

La sesión de la Corte arrancó a las 10 de la mañana y a los alrededores de los tribunales hay una fuerte presencia policial.

Pese a un ambiente lluvioso, los trabajadores se concentran en la Plaza con pancartas, mensajes, micrófonos y banderas, provenientes de distintas zonas del país como Pococí, Guatuso, San Carlos, Cartago, Guanacaste, Pérez Zeledón.

“El día de hoy la decisión, marcará el futuro de Costa Rica, más allá del plan fiscal o de la causa económica que sufrirá el pueblo; hoy nos van a decir los jueces de la mano de quienes están, del poder o del pueblo”, externo Carmen Brenes, secretaria general Ande desde una tumbacocos.

Los trabajadores se mantendrán hasta que los magistrados emitan el criterio sobre el plan fiscal, en la sesión que se lleva a cabo en este momento.

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Diputados continuarán con el plan fiscal pese a criterio de la Corte (y analizan varias opciones)

Los diputados que aprobaron la reforma fiscal en primer debate continuarán con el trámite del proyecto, a pesar de que los magistrados de la Corte Plena hicieron expresa su oposición a la iniciativa, tras dictaminar que esta afecta su funcionamiento en al menos cuatro puntos.

Según la presidenta legislativa, las vías para continuar con el proyecto son muchas y el camino que se tome dependerá del consenso al que lleguen los diputados, que ya piensan en posibles soluciones que van desde devolver el proyecto a comisión para acatar los señalamientos de la Corte hasta buscar los 38 votos que necesarios para apartarse de ese criterio o esperar a la resolución de la Sala Constitucional sobre la forma en que se ha realizado el procedimiento.

Especialmente, la presidenta legislativa Carolina Hidalgo se refirió a la posibilidad de alcanzar 38 votos para llevar la contraria a la Corte o regresar el proyecto a comisión, dos opciones que son posibles, entre “muchos otros” mecanismos, según indicó.

Al respecto, Hidalgo señaló que entonces “el llamado es a construir aún más consensos para las etapas que faltan”, pues “lo cierto es que habrá que hacer un mayor esfuerzo de diálogo a lo interno con las demás fracciones para las etapas que siguen”.

“Los mecanismos son muchos y por eso hablo de mayores consensos. La ruta a seguir deberá construirse en conjunto con las distintas jefaturas de fracción y además es algo que debe valorarse una vez recibida la comunicación oficial, porque es importante ver el contenido de lo que envíe la Corte”, apuntó.

De cualquier manera, Hidalgo descartó que el criterio y la posibilidad de que se requieran 38 votos para aprobar el proyecto fiscal ponga en peligro el procedimiento de vía rápida mediante el que se tramita el plan fiscal, pues “cuando se empezó el procedimiento, la materia no planteaba que sería calificada y, por tanto, la Asamblea Legislativa desconocía si se trataba de una votación calificada, por lo que actuó como si no se requiriera”.

“Además, en las dos ocasiones en las que se consultó a la Corte, esta contestó y no calificó la votación, entonces el primer debate no puede retrotraerse sino que debería continuar, se califica hacia adelante; es decir, en el segundo debate”, concluyó.

Con cautela

Las opciones para continuar con el proyecto son variadas y aún los diputados que impulsan el proyecto no deciden y mantienen cierta cautela en relación con el tipo mecanismo utilizarán para continuar con el trámite legislativo.

Por un lado, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, indicó que la resolución de la Corte “abre un nuevo episodio de este proceso”, en el que ahora buscarían definir “una ruta de construcción de mayor apoyo político sobre el expediente 20.580”; es decir, alcanzar al menos los 38 votos.

En esa línea, dijo que intentarían concretar “acuerdos y negociaciones paralelas” para obtener los apoyos necesarios, pues la idea es “trabajar y hacer el mejor esfuerzo para que Costa Rica tenga los instrumentos necesarios para salir adelante”.

“Es un proyecto sobre el cual pueden haber acuerdos o negociaciones. Hemos echado a caminar un procedimiento de proyectos paralelos de temas que pueden interesar, como lo que hicimos con educación o lo que hicimos con cooperativas, puede ser que haya algún tema que interese a algún sector parlamentario y con el que podamos hacer algún tipo de negociación”, comentó.

Más cauto fue el jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, quien aseguró que si bien ya hay una clara oposición de los magistrados, prefiere esperar a ver el criterio completo de la Corte y la posterior consulta a la Sala Constitucional, que podría revertir esa posición, si considera que la ley no se creó para afectar al Poder Judicial, como el piensa.

“Lo que la Corte diga es vinculante sólo si la Sala Constitucional lo dice así y una parte de esos temas la Sala Constitucional ha dicho todo lo contrario (…) Yo no creo que el Poder Judicial se afecte en lo absoluto en su funcionamiento porque se establezcan límites a las anualidades o por un salario tope como el que se ha plantado de ¢5,5 millones”, señaló.

De cualquier manera, se mostró anuente a aplicar “los procedimientos que sean necesarios” para que el texto llegue a buen puerto.

Por su parte, el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, se limitó a decir que esperarán el criterio oficial y que, de necesitar 38 votos la reforma, conseguirlos “sería un trabajo para el Ejecutivo, la fracción del Gobierno y el Presidente de la República”.

Su único compromiso es mantener la posición de bancada, aunque aseguró que considera casi imposible que su compañera Shirley Díaz —única socialcristiana que no apoyó la reforma en primer debate— revierta su decisión.

En caso de que los diputados decidan continuar con el trámite del proyecto y buscar 38 votos para poder aprobar el proyecto a pesar de la negativa del Poder Judicial, se requeriría de que al menos tres congresistas que votaron en contra del plan fiscal cambien su postura.

En primer debate, votaron en contra las bancadas de Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), el Frente Amplio (FA) y el republicano Dragos Dolanescu, quienes juntos sumaron 22 de los 57 votos totales.

Las críticas

Junto con las posibles salidas, los diputados esbozaron algunas críticas a los magistrados que ayer en la tarde se manifestaron en contra de la reforma fiscal.

Uno de los más críticos fue el liberacionista Benavides, quien aseguró que escuchó “algunos discursos mesurados y otros que tenían que ver con materia jurídica”, aunque “realmente le sorprendió escuchar algunos de corte absolutamente político, más propios de una defensa de intereses gremiales que de la opinión sobre un asunto de derecho”.

“Yo esperaría que la Sala Constitucional revise muy bien, atendiendo a su jurisprudencia, algunos de los razonamientos que han esgrimido algunos magistrados, que no han actuado como jueces sino como representantes de un gremio”.

“En realidad, me parece que hoy el comportamiento de la Corte no fue el comportamiento de un conjunto de personas que en su mayoría hayan deliberado en su carácter de jueces, me parece que una buena parte deliberó bajo un espíritu de gremio, exclusivamente”, subrayó.

También fue duro con la mayoría de los magistrados que se manifestó en contra de la reforma el oficialista Morales, quien señaló que “con la posición que han tomado, obviamente, están protegiendo condiciones laborales”.

De cualquier manera, aseguró que “entonces ahora lo que se plantea es un desafío político”, pues “ellos ya lo resolvieron y ahora habrá que seguir haciendo lo que les parece correcto, que es darle más apoyo político al proyecto y alcanzar mayores consensos”.

Cuando llegue el criterio, la Presidencia legislativa, encabezada por Carolina Hidalgo emitirá una resolución oficial al respecto, indicó la jerarca.

Sobre si estarían dispuestos a devolver el proyecto a comisión para resolver los apuntes del Poder Judicial, el jefe de fracción de Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, indicó que “si se va a modificar algo eso es lo más sólido” y que “para ello no habría resistencia si es para poder mejorar las condiciones del plan fiscal”.

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