Ecuador: empresarios persisten en la flexibilidad laboral – Por Juan J. Paz y Miño Cepeda

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda *

Entre el empresariado se ataca al Código del Trabajo por ser “obsoleto”. Se vuelve necesario, entonces, el impulso y avance de nuevos derechos laborales, así como de nuevas regulaciones sobre el mundo privado del Ecuador, para poder construir una sociedad más equitativa y menos polarizada.

Bajo el manto de un gobierno que ha convertido en políticas de Estado a los intereses de una elite empresarial, varios de sus dirigentes se lanzan, en forma agresiva y frontal, a reactivar viejas y nuevas propuestas laborales. Se propone, como algo “innovador”, dividir las 40 horas de trabajo semanal en tan solo tres días y medio (o sea trabajar 12 horas diarias), con lo cual los restantes servirían para contratar a otros trabajadores y, de paso, no se tendría que pagar horas extras (https://bit.ly/2NGKCu1).

Se concibe como “recargos” el pago al IESS, así como los 13º. y 14º. sueldos, y las vacaciones. En esa misma línea (https://bit.ly/2OiJtIA) se asegura que la “rigidez laboral” vuelve menos competitivo al Ecuador, se demanda la “flexseguridad”, más los contratos a plazo fijo y el retorno del pago por horas. Cabe recordar que en septiembre de 2016, el documento “Consenso Ecuador”, preparado por la Cámara de Comercio de Quito y aplaudido por todas las cámaras empresariales, propuso, entre otras cosas, achicar al Estado, suprimir impuestos y flexibilizar el trabajo, que es la trilogía de propuestas repetida desde hace décadas. Igualmente se argumenta que Ecuador debiera seguir el “modelo” de Taiwán, con trabajo forzoso y extenuante, salarios bajos y derechos precarizados.

En numerosos artículos me he referido a estos temas. Uno de ellos, publicado en 2005 con el título “La ´flexibilidad´: el fracaso de la ´política laboral´ en Ecuador”  (https://bit.ly/2Ql7Z9s) sigue vigente, pues la elite empresarial que domina la economía privada en Ecuador mantiene las mismas ideas y conceptos del siglo pasado.

Como la ignorancia en cuanto a historia económica y social gana entre esa elite, valdría que conozca que en los orígenes del capitalismo (o “economía de libre empresa”, si se prefiere un concepto menos “político”), a mediados del siglo XVIII, las jornadas superaban las 14 y 16 horas diarias, no existía legislación protectora para los trabajadores, el naciente movimiento obrero era reprimido en forma sangrienta y las condiciones de vida y trabajo del proletariado se desenvolvían en medio de la miseria y la pobreza extremas.

 La lucha de los trabajadores, apoyada por intelectuales sensibles y por partidos obreros, literalmente fue arrancando derechos y garantías a las burguesías dominantes. Pero ese proceso costó vidas, cárceles, persecuciones y sufrimientos de todo orden. La jornada de 8 horas diarias, reivindicada por los huelguistas de Chicago en 1886, fue lanzada como consigna obrera por la II Internacional (1889) y considerada como una declaratoria de guerra por los empresarios.

 Recién en el siglo XX y con posterioridad a la Revolución Rusa (1917), que por implantar el socialismo fue determinante para el cambio de conceptos en el mundo capitalista, fueron conquistándose los derechos fundamentales, que con la creación de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy son reconocidos como derechos esenciales de los trabajadores para todos los países del mundo: principio pro-operario, salario mínimo, jornada máxima, sindicalización, huelga, contrato colectivo, indemnizaciones, estabilidad, irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos. Por cierto, en Ecuador por primera vez se reconocieron esos derechos en la Constitución de 1929 y fueron ampliados y pormenorizados en el Código del Trabajo de 1938.

Como puede entenderse, los derechos de los trabajadores son el resultado de toda la historia anterior. La jornada de 8 horas diarias es una garantía para la vida digna e incluso en Europa se avanza a jornadas menores. La jornada de 40 horas semanales es un límite sobre la base de considerar la jornada diaria, de manera que pretender cumplirla en 3 días y medio (¿por qué no en 2 días…?) bajo la idea de que se respetarán las 40 horas, viola toda la historia obrera y un derecho laboral esencial, pues se rompe con el principio del límite a la jornada diaria de 8 horas.

Desde el gobierno empresarial de León Febres Cordero (1984-1988) en adelante, han crecido los planteamientos laborales más retardatarios entre una elite que todavía mantiene una visión oligárquica sobre la sociedad y no la mentalidad que caracteriza a las burguesías modernas y progresistas.

Se suma a ello la debilidad del movimiento de los trabajadores y la ubicuidad de una serie de dirigentes de las organizaciones sociales y laborales (varios de ellos “eternizados” en el poder), actualmente más preocupados por la “descorreización” del país, la reconquista de prebendas viejas o nuevas aprovechando del “morenismo” al que protegen, y el tradicionalismo ineficaz de sus planteamientos y consignas.

Entre el empresariado se ataca al Código del Trabajo por ser “obsoleto”. Se vuelve necesario, entonces, el impulso y avance de nuevos derechos laborales, así como de nuevas regulaciones sobre el mundo privado del Ecuador, para poder construir una sociedad más equitativa y menos polarizada. Desde luego, para lograrlo se requerirá de una correlación distinta de las fuerzas sociales, que haga posible el ejercicio del poder político y del Estado a favor de los trabajadores y de la mayoría de la población nacional, algo impensable en el momento histórico que actualmente vive el país.

Entre tanto, cabe empezar a discutir y conquistar: seguridad social universal (contemplada en la Constitución de 2008 y hasta hoy incumplida); mayor escala de impuesto a la renta para los sectores más ricos, incluyendo impuestos sobre herencias, patrimonios y ganancias; límites a los sueldos de los gerentes en función del nivel de los salarios; obligatoria inversión de un porcentaje de las utilidades en programas sociales y en proyectos de investigación en las diversas áreas de las ciencias y los conocimientos, bajo administración universitaria.

También, obligatoria participación de los trabajadores en la gestión de aquellas empresas cuyo monto de movimiento económico supere un determinado nivel; accionariado obrero en empresas cuyo capital supere un mínimo establecido por el Estado, pero con exclusiva responsabilidad de los gerentes cuando exista mala administración; garantías del trabajo en función del tiempo, a fin de proteger a quienes van alcanzando una mayor edad; nuevos delitos laborales (ya existe por no afiliación de los trabajadores al IESS) por el incumplimiento de ciertas normas laborales.

Asimismo, incentivos tributarios a las empresas que demuestren mejoramiento en la calidad del trabajo e incluso en la oferta laboral para las mujeres; impedir que el trabajo por horas y el trabajo tercerizado -si es que finalmente se imponen- sean utilizados para las modalidades de trabajo permanente, continuo y de temporada; igualmente, incremento sustancial del valor del trabajo por horas y del tercerizado.

Sume a eso el alza indexada de sueldos y salarios; mayor remuneración por horas extraordinarias y suplementarias; ampliación de garantías para las madres trabajadoras ( y los padres), con nuevos tiempos para la atención a los hijos. Merecería introducirse la “remuneración integral” (RI), es decir, la que se debe a los trabajadores no solo por el tiempo de trabajo “efectivo” frente a su máquina o su escritorio sino por el empleado fuera de las horas normales de presencia en la empresa y para beneficio de ella.Y también cabe pensar en la posibilidad de introducir la renta básica universal (RBU), es decir, que el Estado entregue a cada ciudadano un salario mínimo, por el hecho de ser ecuatoriano, que es una fórmula iniciada por Finlandia y que se discute en Canadá y en algunas comunidades de España. 

Todo ello requiere fortalecer las capacidades institucionales y regulatorias del Estado, fuertes recursos públicos que deben basarse en los impuestos progresivos y directos cada vez mayores sobre las capas ricas, y la imposición del interés público, social y nacional sobre los intereses privados y empresariales. Es la búsqueda de una nueva sociedad y no de la estabilización de la actualmente existente, que sigue beneficiando a burguesías y oligarquías carentes de un mínimo de conciencia social.