Mercantilización de la educación y la ciencia

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Mercantilización de la educación y la ciencia

Por Noelia Naranjo *

El 2018 resulta un año clave para la Educación Superior en el continente, ya que se abrió un escenario de disputa sobre el rumbo que ésta tomará. A 100 años de la Reforma Universitaria, Argentina fue sede de la Feria Internacional de Educación Superior, FIESA, del 26 de febrero al 2 de marzo, en la argentina ciudad de Mendoza.

La FIESA reunió a universidades públicas y privadas de todo el mundo pensando en aumentar su competitividad, los programas de movilidad y el acceso a nuevas fuentes de conocimiento y recursos. Entre los números de éste evento destaca la participación de más de 600 asistentes de 20 países, 200 universidades e instituciones inscriptas, con más de 20 workshops y 100 quioscos.

El evento tuvo arancelado su ingreso, incluso para los estudiantes, y fue presentado con el respaldo de un nuevo informe del Banco Mundial titulado “Momento decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe”, planteando la necesidad de repensar la educación superior en términos de eficiencia y calidad.

La Feria es un puntal regional que empuja el proceso de mercantilización de la educación y la ciencia: Se pretende, por un lado, restringir el acceso de los trabajadores y sus hijos a la educación pública de calidad y, por el otro, cortar de raíz el proceso de soberanía científica y tecnológica que se venía construyendo en los últimos años.

Su objetivo es implementar un cambio de paradigma donde la educación deje de ser un bien social para pasar a ser un servicio, un jalón más en el proceso sistemático de ataque a la educación y a la producción de conocimiento de y para el pueblo, con una inversión estatal en las Universidades Nacionales que va del 0,87% del PBI en 2015 a sólo 0,81% en 2016 y a 0,77% en 2017, según datos del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la argentina Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

Estamos en un escenario mundial de reconfiguración en todos los planos; un proceso de financiarización de la economía que pone en vilo el sistema anterior y que los obliga a repensar y rediscutir, también y fundamentalmente, cuál es el sistema educativo necesario para la legitimación de ese nuevo orden económico–financiero. Estamos pisando un sistema sustentado en la producción y acumulación de conocimientos y datos, que nos conduce a una marcada tendencia hacia la internacionalización de la educación superior, mercantilización, comercialización y virtualización de la misma.

Con el peligro latente detrás del discurso de internacionalización, pantalla de la mercantilización de la educación, considerando que ha sido declarada uno de los 12 servicios negociables del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Mundial, nos enfrentamos a una proceso que apunta directamente al control de las actividades de docencia e investigación y comienza a cuestionar la autonomía universitaria.

La internacionalización de la educación sólo puede pensarse en términos de regionalización, del debate en torno al sistema económico y productivo común; pensando a su vez las formas en las que se fortalece dicha regionalización, para poder operar en un marco global ya dado.

En la última etapa del siglo pasado la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños fueron receptores de un abanico de decisiones políticas y acciones de reforma de la educación superior coincidentes con la actitud liberalizadora de los gobiernos, poniendo en marcha la reducción del andamiaje operativo del Estado y el ajuste del “gasto público”.

Se los condujo a la apertura de la educación a la operación empresarial privada, a la elección del usuario y a posicionar el mercado como principal regulador del sector educativo, convirtiendo a la universidad en un bien que no necesariamente debe estar garantizado por el Estado. Era el modelo educativo que necesitaba el neoliberalismo.

Esta Feria, fue antesala del debate estratégico que se realizará en junio de éste año en la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, CRES, organizada por la UNESCO y con la potencialidad de definir las líneas estratégicas para construir la educación superior.

Debemos seguir problematizando la educación superior en su concepción de bien público y su revalorización como un derecho universal que debe ser garantizado por el Estado. Esta problematización debe permitirle a las diferentes organizaciones sociales, sindicatos, centros de Estudiantes, entre otras, realizar una férrea defensa de la misma y repensar el rumbo que debe tomar, sin desconocer -y reconocer- el nuevo escenario mundial que se está configurando.

Es deber no sólo de la Universidad sino de toda la sociedad generar aportes significativos a la construcción y defensa del modelo educativo que queremos por sobre el que ya están construyendo ellos.

* Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCuyo). Docente (UNCuyo). Redactora-investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )


Aldo Bona :“La Educación superior no puede ser tratada como mercancía”

Aldo Bona es rector de la Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), presidente de la Asociación Brasileña de Universidades Estaduales y Municipales (ABRUEM) y miembro del Consejo de Gobierno de IESALC-UNESCO.

– ¿Cuáles son los logros más sobresalientes de esta III Conferencia Regional de Educación Superior?

– Entre los logros más destacados de la CRES está sin duda la renovación de la defensa de la educación superior en nuestro continente como un bien público, social, derecho universal y deber de los estados. Esta es una cuestión fundamental para la educación superior en América Latina en que los pueblos necesitan de la actuación de los estados en defensa de sus necesidades y derechos.

Esta reafirmación de la CRES es la cuestión central, la educación superior no puede ser tratada como mercancía y sobre todo, debe estar al servicio del desarrollo de las personas.

– ¿Cómo se piensa avanzar en la integración y articulación del sistema público de universidades en América Latina y el Caribe?

Esta pregunta se articula con la primera. Yo pienso que otro de los logros de la Conferencia fue la renovación de la integración de nuestras redes universitarias. A partir de lo planteado en la CRES, el trabajo de nuestras redes se hace más fuerte, sus integrantes se conocen cada vez más, cada vez mejor y esa articulación que se promueve a través de los contactos es fundamental para la continuidad de la integración.

Pienso que el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) es un instituto fundamental para esta articulación. De la misma forma, las redes universitarias deben articularse entre sí. La perspectiva de la cooperación Sur-Sur, que fue muy debatida en estos días, es decisiva para que nuestras Universidades se articulen y tengamos una educación superior fortalecida en

– En relación al financiamiento de buena parte de la investigación por parte de grandes empresas (nacionales o transnacionales), cuyos intereses buscan influir en los resultados de la investigación (por ejemplo respecto al impacto de agrotóxicos en la salud). ¿Se discutió sobre esto en la Conferencia? ¿Cómo se defiende la autonomía y la ética académica ante estos intentos de injerencia y condicionamiento por parte de empresas privadas?

-Y o no acompañé todas las discusiones y foros de la CRES, pero pienso que la cuestión de la financiación privada para la investigación en las universidades fue algo que se discutió en el Foro sobre la investigación para el desarrollo de Nuestra América. La Declaración final resalta la cuestión central de la autonomía universitaria. No sólo por cuenta de la relación con el Estado, con los gobiernos, pero sobre todo respecto a la financiación privada para investigaciones en nuestras instituciones públicas.

Pienso que no es del todo malo y no se debe rechazar la investigación privada en nuestras universidades. Hay que promover una integración cada vez mejor y cada vez mayor entre nuestras universidades y sus comunidades, sean éstas las comunidades más necesitadas o aquellas que buscan la universidad en favor de la solución de sus problemas. Pero esta financiación privada no puede determinar los rumbos y mucho menos determinar los resultados de las investigaciones.

Si es una financiación que encomienda resultados determinados, entonces no es investigación seria, no es investigación que merece crédito universitario. En este sentido, no sólo la autonomía de la universidad está en riesgo, sino también la posición ética de la institución y de los investigadores necesita ser cuestionada. Pienso que debe haber integración y colaboración de nuestras universidades también con las grandes empresas, con la producción de conocimiento para la resolución de problemas que generen también riquezas, pero eso no puede ser determinante de resultados en la investigación.

– ¿Cómo han afectado a las universidades públicas en Brasil las actuales políticas del régimen de Michel Temer?

– El gobierno de Michel Temer ha afectado directamente no sólo nuestras universidades sino todo el sistema nacional de ciencia, tecnología, producción de conocimiento. Las investigaciones están bajo riesgo constante por la falta de financiamiento, de presupuesto para tales actividades.

Es un régimen político que se estableció a partir de una toma de poder a través de una acción política sin legitimidad nacional y que se ha mostrado al servicio de intereses del Banco Mundial, de grandes grupos empresariales, con reformas en la estructura nacional. Entre los sectores afectados está la educación, con reformas – discutidas por la sociedad – en la educación media, en la educación básica y también con serias restricciones de presupuesto para nuestras universidades

– ¿Se estimula en las universidades públicas la formación de pensamiento crítico?

– El deber de la universidad pública es la formación, la enseñanza para el pensamiento crítico. Si esto no ocurre, la universidad pública no cumple su rol, su misión, su objetivo. Pienso que en la mayoría, sino en todas las universidades, esto se estimula. No se puede decir que todas las instancias de la universidad estén trabajando en favor del desarrollo del pensamiento crítico, ya que las distintas carreras de la Universidad tienen también autonomía en su trabajo. Pero yo pienso que las universidades sí trabajan para el desarrollo del pensamiento crítico y que ésta es una función principal de la universidad.

– ¿Qué significará para las universidades públicas la mercantilización de la enseñanza y del conocimiento?

– La mercantilización del conocimiento y de la enseñanza es un gran problema, que se expande cada vez más en nuestro continente, que se establece en otros países de otros continentes; pero que en nuestra región de modo particular no es nada conducente, en razón de la necesidad que tenemos de atender a las personas que no tienen las condiciones para acceder a la educación superior si no es a través de la universidad pública.

Además lo que más preocupa en la cuestión de la mercantilización es el tema de la calidad. Cuando la educación se convierte en bien de mercado, no se está teniendo como objetivo mayor la calidad de la enseñanza sino los lucros, las ganancias financieras de los grupos que trabajan con la educación.

Pienso que el Estado debe ejercer firmemente su papel de regulación para garantizar la calidad. Como tal, regular la explotación de la educación con fines comerciales. Ésta no es deseable, sin duda, pero si no es posible contenerla en este momento en nuestro continente, se debe regular para que la calidad no deje de ser observada.

* Entrevista colectiva del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA) al Dr. Aldo Nelson Bona, realizada en el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018).


Mercantilizar la escuela

Por Carlos Andújar *

Existen visiones opuestas de lo que es la educación y el conocimiento. Es un bien más de mercado, como promueve el Gobierno, o un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Todo puede ser comprado y vendido si le ponemos precio. Una plaza, por ejemplo, es un espacio público. Allí se reúnen las y los vecinos del barrio para juntarse a charlar, enseñar a andar en bicicleta a una hija, tomar unos mates, hacer gimnasia, leer o simplemente estar. Una plaza es un lugar público en el que el Estado garantiza, a través de su cuidado y mantenimiento, nuestro derecho al esparcimiento, a la salud, a la libertad, al encuentro con el otro.

Si bien naturalizamos esta situación y no la visualizamos ni la vivenciamos a diario como un derecho conquistado, en determinado contexto, a través de ciertos discursos (y las representaciones sociales que ellos construyen) y fundamentalmente con consecuentes políticas públicas, el espacio público “la plaza” podría sencillamente dejar de serlo. Para ello bastaría que el Estado no invierta en ella, los juegos se deterioren, el pasto crezca, se ensucie, la luminaria no funcione, se acreciente la inseguridad. Poco a poco, los vecinos dejarían de concurrir, y se replegarían en sus hogares privados o el algún otro espacio que les brinde, por un precio módico, lo que antes les daba la plaza en forma gratuita. También podría suceder que el Estado proponga que los vecinos que quieren usar la plaza paguen un “precio bajo” por dicho uso.

En este caso bastaría con ponerle rejas y un molinete. En muchas plazas las rejas ya son una realidad. ¿Qué vecino no estaría dispuesto a pagar unos pocos pesos por un rato de plaza limpia, segura y e iluminada? Horas de programas de televisión, debates acalorados, páginas de diarios, eternas reuniones vecinales se llevarían a cabo discutiendo cuál es el precio de una buena plaza y quién debe pagarlo. ¿Por qué pagar por lo que no uso? ¿Por qué los que la usan no pagan?

Cualquier semejanza con los discursos actuales sobre el financiamiento del sistema sanitario público no es pura coincidencia. Todo puede mercantilizarse, todo puede volverse precio, todos podemos dejar de ciudadanos para ser sólo consumidores si dejamos que así suceda.

El neoliberalismo propone su utopía de mercantilizar todo y lo traduce en proyectos políticos acordes a tal fin. Bajo un discurso de competencia y meritocracia (que sólo sufren las clases populares) se esconde el mundillo de los privilegios, las herencias, los círculos rojos, las posiciones dominantes y las empresas offshore, de las elites.

En el discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso Mauricio Macri afirmó si pruritos que: “La calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa. Los padres no podemos desentendernos, no podemos dejar a los maestros solos en esto. Todos tenemos que ser parte de este proceso de mejora. Y para poder involucrarnos, tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy, está prohibido por ley que se publiquen los resultados de las evaluaciones por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma”.

Sin mencionarla, cuando el presidente dice “esta norma” se refiere a la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006. Dicha norma reemplazó a Ley Federal de Educación (1993), sancionada durante el gobierno neoliberal menemista y que, junto a la Ley de Transferencias de los servicios educativos (1992) y la Ley de Educación Superior (1995) estructuraron el paquete de reformas educativas pro mercado recomendadas por el Banco Mundial a cuya implementación condicionaba los créditos a un gobierno que, como el actual, se propone vivir, mientras pueda, de la especulación, la deuda y la timba financiera.

El artículo en cuestión, que le “molesta” al presidente, es el número 97 de la Ley de Educación Nacional que determina que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Dicho artículo, como tantos otros de la mencionada Ley, intenta evitar situaciones como la presente, en la que un gobierno neoliberal busca utilizar los resultados del operativo nacional de evaluación (a pesar de haberlo negado cuando los sindicatos docentes lo advirtieron al momento de implementación del operativo aprender 2016), para generar competencia entre las escuelas públicas, hacerles perder su matrícula, justificar el cierre de secciones y bajar el presupuesto educativo. La publicación de un “ranking” de escuelas (en los noventa el ranking se confeccionó y llegó a las escuelas pero no a las familias) en función de los resultados del operativo nacional de evaluación, reduce la calidad educativa al rendimiento académico y este al resultado obtenido en una evaluación estandarizada, desconoce el contexto institucional y de las familias, desresponsabilizada al Estado y culpabiliza a las escuelas y, en especial, a los docentes, responsables, según el Banco Mundial (2015), de la “baja calidad educativa” en la región.

No sería extraño, como se ha propuesto en otros países, que la idea final sea la de financiar la demanda (por ejemplo a través de bouchers que se entreguen a las familias carenciadas para que estas los utilicen como pago de cualquier escuela (pública o privada)) disminuyendo la inversión en educación, es decir, dejando de financiar la oferta. Dicho de otro modo, el paulatino reemplazo de políticas públicas universales por políticas focalizadas. La reforma previsional, el fin de la moratoria y su reemplazo por una pensión a la vejez, son un claro ejemplo reciente.

En definitiva, lo que está en juego son visiones opuestas de lo que es la educación y el conocimiento. O es un bien más de mercado y como toda mercancía cuánto más escasa mejor para quienes la poseen, o la educación y el conocimiento son, como establece la Ley Nacional de Educación, un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Como mencionaba Bordieu, el proyecto neoliberal se propone crear las condiciones bajo las cuales la “teoría” puede realizarse y funcionar: un programa de destrucción metódica de los colectivos. Las paritarias a la baja, el ataque sistemático al sindicalismo, el cierre de escuelas, la culpabilización del docente, los incentivos para quienes no falten y los premios para quienes no hagan huelga, son la versión vernácula de esa destrucción metódica de los colectivos de la que nos hablaba el sociólogo francés a fines de la década del noventa. Pero los colectivos resisten.

* Docente universitario, integrante del Colectivo Educativo Manuel Ugarte (CEMU). Fuente: https://www.pagina12.com.ar/102189-mercantilizar-la-escuela


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