Nueva movilización estudiantil en defensa de la educación pública

Estudiantes de universidades públicas marcharán de nuevo este miércoles

Este miércoles 17 de octubre los estudiantes de las universidades públicas saldrán a las calles nuevamente, para protestar contra el Gobierno Nacional por el presupuesto que se le va a asignar a dichas instituciones el próximo año.

Los estudiantes también saldrán a las calles ya que consideran que el actual Gobierno va a cambiar la manera de asignar los recursos para las universidades y se seguirá priorizando el programa ‘Ser Pilo Paga’, creado por el expresidente Juan Manuel Santos y el cual beneficia a los jóvenes con los mejores puntajes de las Pruebas Saber.

Varios líderes estudiantiles aseguraron que desde las once de la mañana de este miércoles caminarán desde diferentes puntos de la capital hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá.

Las movilizaciones iniciarán desde tres puntos: la Universidad Nacional en la Plaza Che, la Universidad Pedagógica sobre la calle 72 y la Universidad Distrital, desde la sede de La Macarena.

“Vamos a salir hacia la Plaza de Bolívar para presionar al Gobierno para que haga esta adición a la educación, especialmente a las universidades públicas, así como a la ciencia y a la tecnología. La idea es estar ahí mientras se vota el presupuesto general de la Nación”, afirmó Jennifer Pedraza, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional.

Así mismo, indicó que al finalizar la marcha algunos jóvenes se quedarán en la Plaza de Bolívar acampando mientras se hace la votación esta semana en el Congreso de la República sobre el presupuesto del próximo año.

“El viernes se llevará a cabo una marcha de antorchas en las distintas universidades. Además, habrá varios campamentos en diferentes plazas del país, para saber qué pasa y reaccionar inmediatamente”, aseguró Jennifer Pedraza.

Se espera que este miércoles la estudiante participe en un debate de control político con presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre el presupuesto general para la Nación, mientras se siguen desarrollando asambleas permanentes en las universidades públicas.

La FM


Cuatro profesores de universidades públicas se declaran en huelga de hambre

Adolfo León Atehortúa Cruz, docente y exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, armó este lunes una carpa dentro del campus, en Bogotá; acomodó junto a ella un sofá y se sentó en él a esperar que el Gobierno atienda su petición. “Una mesa intersectorial donde esté el Ministerio de Educación y de Hacienda, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores y estudiantes, para dialogar y concertar soluciones de financiamiento a la educación”, le explicó el profesor a El Espectador.

Hasta que no haya voluntad política, Atehortúa permanecerá en ese campamento las 24 horas, a la vista de los estudiantes. No comerá y solo beberá agua. Otros tres profesores se han unido a esta huelga de hambre, desde sus campus universitarios, ubicados en otras ciudades del país. Estos son: Juan Carlos Yepes, en la Universidad de Caldas; Luis Fernando Marín, de la Universidad del Quindío; y Orlando Aguirre, en la Universidad de Santander.

Su fin es exigir más dinero para funcionamiento y aumentar la base. El asunto es que lo propuesto por el Congreso son $500 mil millones. De ese dinero, solo será distribuido $55 mil millones para aumentar la base y el funcionamiento de las instituciones. Una suma, consideran los docentes, “francamente irrisoria”. Porque con esa plata las 32 universidades públicas en cuestión tendrán que sacar para el incremento salarial de 2019, además del incremento de gastos permanentes.

Es decir, “gastos como vigilancia que pagamos todas las universidades, aseo, mantenimientos. Eso sin contar los gastos que tenemos dolarizados como las licencias de softwares y gastos de dotación recurrentes en funcionamiento”, concluyó Atehortúa. A esta protesta se sumará, hoy 17 de octubre, una nueva movilización convocada para horas de la mañana a nivel nacional.

El Espectador


A horas de la marcha, Duque aumenta en un billón el presupuesto de educación

Este miércoles el país espera una nueva movilización por la educación pública. El poder de convocatoria de los estudiantes que llamaron a la marcha quedó demostrado la semana pasada cuando miles de jóvenes llenaron las plazas del país para pedir por mayor presupuesto para la educación superior. Unas horas antes de que esta reunión tenga lugar, el gobierno hizo un nuevo anuncio.

El presidente se metió la mano al dril y aumentó el presupuesto de ese sector. La fórmula que eligió fue poder sacar del presupuesto bienal de regalías un dinero adicional para cumplir con los anhelos de miles de jóvenes en Colombia. De allí se sacará un billón de pesos para invertir en los próximos dos años. Duque aseguró que le dio esa instrucción al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y a la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Amparo Alonso.

“Es un esfuerzo que lo debemos hacer, lo debemos hacer todos, y es para fortalecer la educación superior en las regiones de Colombia”, dijo. Agregó que “vamos a trabajar también con los gobierno locales para lograr ese esfuerzo y, por supuesto, invitar a que el Congreso de la República, todas las bancadas, también en el marco del presupuesto bienal de regalías, nos ayuden a cumplir esta meta”.

El gobierno seguramente espera que estos anuncios logren disuadir la fuerza que ha cogido el movimiento estudiantil en las últimas semanas. Sin embargo, es poco probable que esto suceda. Después del resultado de la semana pasada, los jóvenes no solo están empoderados sino que cuentan con el apoyo de un importante sector político del país y de buena parte de la opinión pública.

Ese mensaje quedó claro en las peticiones que ellos mismos le entregaron al gobierno el pasado lunes. “Tras la contundencia de la movilización, el gobierno tramposamente anunció que se destinaría medio billón para el presupuesto de la educación”, expresaron los líderes de la manifestación, reunidos y convocados por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) el pasado lunes para un pronunciamiento público desde la Universidad Pedagógica.

El listado con el que llegaron a esa reunión fue bastante sorprendente y muy díficil de cumplir para cualquier gobierno. Los estudiantes piden, por ejemplo, el incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las Instituciones de Educación Superior. Si se tiene en cuenta que eso es casi lo que costó la venta de Isagén, y que el gobierno ha dicho que se encuentra desfinanciado, la cifra es un imposible. Con ese estándar es bastante probable que el billón que anuncia Duque no logró aplacar sus expectativas.

Pero las exigencias van mucho más allá. Por ejemplo, los jóvenes piden la reliquidación de las deudas con el Icetex con tasa real de interés en 0% y condonación para los estudiantes de Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa. Lo primero es bastante improbable pues el Icetex es un organismo que funciona con base en unos presupuestos y es díficil que a mitad del camino se logren reliquidar los créditos. Por otro lado, las deudas que tienen los estudiantes de Ser Pilo Paga obedecen a incumplimientos de los mismos estudiantes. Se estima que más de 1.200 jóvenes no pasaron los semestres en las universidades a las que entraron. Como era un compromiso ese buen rendimiento académico, quienes por alguna razón salieron de esas instituciones, deben devolverle al Estado lo que invirtió en ellos. Según un informe de Blu Radio, estos dineros pueden llegar a 11.000 millones.

Otro tema que exigen los estudiantes tiene que ver con el congelamiento inmediato en el incremento de valor de las matrículas de las universidades. A pesar de que algunas de estas instituciones como Los Andes, la Javeriana y El Externado entraron en las manifestaciones, es poco probable que acepten someterse a esta limitación. Por años, los centros de educación superior han gozado de un regimen de autonomía que les permite no tener que rendir cuentas al Estado como lo haría una empresa privada. Lo que existe hasta el momento es la prohibición de aumentar la matricula en más del 10 por ciento anual, y no existe una vía jurídica para que el gobierno pueda fácilmente imponer una tasa de 0 por ciento.

El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100 por ciento, la generación de un plan de pago de la deuda histórica que tiene el Estado con las universidades públicas a dos años, el mantenimiento de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la derogatoria de un par de leyes que rigen al sistema universitario son otras de las peticiones. Llama la atención, por ejemplo, un punto adicional y es el no condicionar a las universidades a realizar procesos de acreditación de alta calidad de los programas de manera obligatoria. Aunque este proceso hoy es voluntario, se entiende como una necesidad para que estas instituciones logren prestar un mejor servicio. La acreditación solo fue un requisito para poder participar en el programa Ser Pilo Paga, que efectivamente sí giró recursos importantes para algunos centros educativos.

¿De dónde saldrá la plata?

El billón de pesos que promete Duque seguramente aliviará muchas de las necesidades que tienen hoy las universidades, pero no resuelve el problema estructural que generó la crisis. Hasta antes de las marchas de la semana pasada, pocos conocían las cifras del problema que enfrenta la universidad pública. Aunque las imágenes de los edificios maltrechos de las universidades han circulado desde hace años, quizás solo en este paro se hicieron visibles las precarias cuentas del sector. Según los rectores, el déficit acumulado alcanza 15 billones de pesos, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que esparecida a la que buscará el gobierno en la reforma tributaria. ¿Cómo se llegó a esto?

Este desbalance comenzó con la Ley 30 de 1992 que determinó que los ingresos de presupuesto de las universidades aumentarían cado año con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Debido a esa fórmula, mientras que la cobertura aumentó 284 por ciento entre 1993 y 2016 (de 159.218 estudiantes a 611.800), el presupuesto apenas creció de 1,72 billones a 2,93 billones de pesos (70 por ciento). Eso se traduce en que en 1992 el Estado le giraba más de 10 millones de pesos a las universidades por cada estudiante y, en los últimos años, alrededor de 4 millones de pesos.

La segunda explicación tiene que ver con la parte de la torta que va para el sector educativo. Hace cuatro años, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le entregó al país una noticia sin antecedentes. Por primera vez la plata para educación superaba la de defensa. Los recursos, en efecto, aumentaron desde entonces y una proporción similar se mantiene en el presupuesto que debate en este momento el Congreso. En el presupuesto de 2019 la educación lidera con 41,4 billones de pesos, luego le sigue defensa con 33,53 billones, salud y protección social con 32,29 billones y trabajo con 28,52 billones de pesos.

Sin embargo, eso no significa que más recursos lleguen a las universidades públicas. Estas apenas reciben el 10,6 por ciento del total (4,4 de los 41,4 billones de pesos), pues el grueso de la plata se queda en la educación básica y media, y otro gran rubro, cerca de 10 billones, en pagar las pensiones de los maestros de colegios y universidades.

Con otro agravante. Del total del presupuesto que la Nación gira a las universidades, el rubro que más ha crecido tiene que ver con pagos administrativos, debido al aumento de la cobertura y de los costos salariales y prestacionales de los docentes. Esto ha llevado a que las universidades, para atender los gastos de funcionamiento, tengan que “reducir costos, disminuyendo la participación de los docentes de planta, al pasar en un promedio general de 75 por ciento de profesores en 1993 a solo 34 por ciento a la fecha. Los docentes ocasionales son 27 por ciento y los de cátedra, 3 por ciento”, según cuenta Fernando Noreña, del Sistema Universitario Estatal (SUE). Así, las universidades están atadas de manos, pues no pueden invertir en proyectos de infraestructura física, tecnología o bases de datos, entre otros, pues estos requieren inversiones adicionales que no están financiadas. El estudio del SUE encontró que para ponerse al día se necesitan 15 billones de pesos.

En los últimos cuatro años, las universidades públicas tuvieron una especie de chivo expiatorio: Ser Pilo Paga. El programa educativo bandera del gobierno de Juan Manuel Santos le apostó a la meritocracia de los estratos bajos, pero en las instituciones públicas esta iniciativa cayó muy mal. Mientras que un sector de la sociedad se conmovía con las historias de jóvenes de veredas inaccesibles que cumplían su sueño de estudiar en universidades de élite, en otro sector se resentía el hecho de que ese dinero podría servir para fortalecer la universidad pública.

En efecto, según Horacio Álvarez, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inversión en Ser Pilo Paga, que cubre a 40.000 estudiantes, equivale a las transferencias totales que realiza el gobierno nacional para cubrir 600.000 estudiantes en la educación superior pública.

Pero resulta injusto culpar a ese programa de toda la crisis de las 32 universidades públicas. La repartición del dinero en el Estado no es milimétrica, luego probablemente de no haber existido la idea de los pilos, esa plata habría podido ir a otro sector. Sin embargo, para las públicas también es difícil no hacer cuentas con lo invertido allí. Este año, por ejemplo, del 0,2 del IVA que según la reforma tributaria debía recibir la educación superior, solo llegó el 42 por ciento de los 460.000 millones esperados. Los recursos restantes costearon programas de becas-crédito como Ser Pilo Paga.

El nuevo gobierno ha planteado modificar esta iniciativa con el argumento de que no tiene dinero para financiarlo a futuro. El presidente Iván Duque aseguró que, solo para cumplirles a los 40.000 jóvenes actualmente en el programa, el Estado debe destinar 2 billones de pesos (y ya ha invertido 1,8 billones). Y, por eso, propone continuar con las becas, pero en un modelo en que las universidades privadas no le cobren al Estado el costo completo de las matrículas, que superan los 20 millones por semestre en algunas carreras.

Si la crisis es tan grave, ¿cómo siguen aguantando las universidades públicas? Javier Botero, especialista del Banco Mundial, asegura que ese déficit puede no ser del todo real porque entonces el esquema de la Ley 30 no se habría sostenido más de 20 años. Sin embargo, los rectores cuentan que han tenido que ser creativos para vivir con lo poco que tienen y encontrar recursos por otras vías.

Las estampillas prouniversitarias, por ejemplo, son un camino. La Universidad Distrital, por medio de una de estas, recibió el 1 por ciento de los contratos del Distrito hasta 2018, que significaron 200.000 millones de pesos más. “Ahora, con la nueva estampilla, contamos con el 1,1 por ciento, pero esta vez se incluyó a la Nacional”, explicó Ricardo García, rector de la Distrital. Los otros recursos provienen de servicios de consultorías y de otras estrategias que no representan una fuente permanente, pero que a juicio de otros expertos deben ser incentivadas para que las universidades gestionen sus propios recursos.

Las multitudinarias marchas vividas el 10 de octubre le midieron por primera vez el pulso en la plaza pública al nuevo gobierno. A pesar de que hubo lunares, como el repudiable ataque a las instalaciones de RCN Radio y a algunos buses y estaciones de TransMilenio, esta podría haber sido una de las protestas más pacíficas de los últimos tiempos. La imagen de los estudiantes lavando los articulados y saludando de mano a los miembros del Esmad dejó el claro mensaje de que un nuevo país se levanta en las calles, y que a Duque no le va a quedar fácil llenar esas expectativas.

El día de la marcha, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, recordó en el Congreso que el gobierno aprobó adicionar 500.000 millones de pesos (223.000 millones para inversión en infraestructura, 55.000 millones para funcionamiento, 121.000 millones para gratuidad y finalmente 101.000 millones para línea de excelencia), además de los 3,9 billones que ya estaban en el presupuesto de esa cartera. Sin embargo, el anuncio está lejos de disipar ese sentimiento popular generado el pasado miércoles.

El propio presidente lo reconoció. “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos… pero tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno”, dijo el día de las marchas. Con un déficit presupuestal, según las cifras de la Casa de Nariño de más de 25 billones, es casi imposible que el gobierno y el Congreso encuentren 15 billones de pesos para destinarlos a la universidad pública. Pero el tire y afloje en el presupuesto con este y otros sectores no va a terminar pronto. Y así lo demuestra el anuncio que hace el presidente Duque de un billón más para ese sector.

Hay quienes consideran que esa ‘generosidad‘ es un arma de doble filo, pues ni dejará contentos a los estudiantes que tienen peticiones mucho más grandes, ni cerrará este sistema de movilizaciones ciudadanas para pedir más recursos. Con un presupuesto tan apretado, muy seguramente otros sectores comenzarán también a pedir. Por eso, lo que suceda en estos días puede ser definitivo no solo para las universidades, sino para la estrategia de Duque de ahora en adelante.

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