Perú: Vizcarra rechaza firmar la ley que habilitaba la liberación del dictador Fujimori

Martín Vizcarra rechazó firmar la ley que habilitaba la liberación de Alberto Fujimori

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este lunes que el Ejecutivo observó, y por lo tanto no promulgó, la ley aprobada por el Congreso peruano que habilitaba la liberación del ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000).

En declaraciones a la prensa durante su participación en la inauguración de un evento en la capital peruana, Vizcarra adelantó la decisión del Ejecutivo, que fundamentó en el hecho de que el Parlamento no dedicó el tiempo suficiente para analizar una medida de esas características.

“Hoy estamos presentando la observación a la ley. Los argumentos están plenamente justificados (…). Sin embargo, necesitamos una norma debatida a profundidad para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad. Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas”, indicó el presidente.

La ley se había aprobado en el Congreso con un paso de solo 48 horas entre su ingreso y la votación, en la que pesó la mayoría fujimorista ante el rechazo de grupos de izquierda.

Vizcarra se mostró sin embargo a favor de crear una ley que posibilite que personas de avanzada edad, con males de salud, sigan cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario.

Ahora la norma será devuelta al Congreso para que la modifique o bien para que vuelva a votarla en los mismos términos, lo que daría pie a su promulgación sin la firma del Ejecutivo en un procedimiento denominado “por insistencia”.

El Parlamento peruano, dominado por los fujimoristas de Fuerza Popular, aprobó de manera el pasado día 11 una ley para liberar con grilletes electrónicos y por razones humanitarias a presos ancianos, lo que impediría el reingreso en prisión del ex presidente Alberto Fujimori, de 80 años, cuyo indulto fue anulado a principios de este mes.

La norma fue tramitada con un carácter extraordinario, sin pasar por las comisiones correspondientes y tras un enconado debate en el que los partidos Peruanos Por el Kambio, el centrista Acción Popular y los grupos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionaron al fujimorismo por promover esta polémica ley y advirtieron que fomenta la impunidad.

La norma plantea liberar con grilletes electrónicos a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años que hayan cumplido un tercio de la condena que les fue impuesta, condición que cumple el ex autócrata, condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad y corrupción.

Asimismo, rebaja cinco años en cada caso la barrera para acogerse a estos beneficios si los presos han cumplido un tercio de la pena y además padecen alguna enfermedad grave o crónica.

También contempla a los presos mayores de 65 años que sufran una discapacidad severa permanente y a los mayores de 70 años que hayan cumplido un tercio de la pena y de ellos dependa algún familiar directo con discapacidad severa permanente.

El texto excluye de estos beneficios a los condenados por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal.

Por ello, no solo se puede acoger a sus beneficios el ex presidente Fujimori, sino también su ex asesor Vladimiro Montesinos, responsable de la gran red de corrupción que se fraguó durante el régimen fujimorista.

También para aquellos miembros del grupo militar encubierto Colina, responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas, entre ellas un niño, crímenes de lesa humanidad y por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho).

La organización Human Rights Watch (HRW) había señalado hace una semana que “el presidente de Perú debería observar un proyecto legislativo hecho a la medida para conceder la libertad condicional al ex presidente Alberto Fujimori”.

Desde que la Justicia peruana anulara su indulto y ordenara su reingreso en prisión, se encuentra internado en un hospital de Lima a la espera de que los médicos le den el alta médica para poder reingresar en prisión.

Infobae


Keiko se pronuncia tras observación de ‘Ley Fujimori’

Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y lideresa de Fuerza Popular se pronunció tras conocer que el presidente de la República, Martín Vizcarra, observó la ‘Ley Fujimori’, la cual buscaba beneficios para que el expresidente cumpla su condena en libertad.

La lideresa de la bancada mayoritaria del Congreso afirmó que se deben evaluar los puntos por los cuales la ley fue observada y finalmente los parlamentarios tomaran una decisión.

“Primero habría que analizar las observaciones que se le han hecho a la autógrafa y lo que ahora corresponde es que ingrese nuevamente al Congreso y serán los propios congresistas y las diversas bancadas si deciden allanarse a las observaciones o insistir con el proyecto”, explicó en ATV.

La excandidata presidencial negó que esta norma tenga nombre propio y afirmó que con su aprobación se beneficiarían “adultos mayores”. Además, explicó que la ley no busca perdonar la condena “sino cambiar la forma del cumplimiento de la pena, buscando tratos humanitarios”

Vizcarra observó ‘Ley Fujimori’

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el Ejecutivo observó la ley que otorga arresto domiciliario a personas mayores de 65 años, que beneficia principalmente a Alberto Fujimori. El mandatario indicó que la norma se aprobó “de manera muy rápida”.

“Nosotros dijimos que en el espíritu de fondo el Perú sí necesita una norma que posibilite que personas de avanzada edad que tengan problemas de salud puedan seguir arresto domiciliario (…) Pero necesitamos una norma que sea debatida a profundidad, que vea todas las aristas posibles para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean peligro para la sociedad”, explicó.

La República


Momento de decisión

En una audiencia del domingo 21, las defensas de Keiko Fujimori y de los imputados por aportes supuestamente ilícitos a Fuerza Popular, demostraron que el Ministerio Público no presentó elementos necesarios para su defensa. Habrá otra sesión a media semana. El juez Richard Concepción Carhuancho, cuya recusación aún no se resuelve, decidirá si otorga los 36 meses de prisión preventiva que solicitó el fiscal José Domingo Pérez. Pudiera ser que Concepción, fiel a su línea de mandar a prisión a imputados con poder, conceda la medida cautelar solicitada. También se podría repetir lo que pasó con la solicitud previa (de prisión preliminar), que fue revocada por una sala de apelaciones.

Tres condiciones

Como se sabe, deben concurrir tres factores para enviar a prisión a un investigado. Que haya una prueba suficiente, que la prognosis de pena sea mayor de cuatro años, y que el imputado en libertad pudiera entorpecer la acción del sistema judicial, sea por maniobras o fugando. De estas tres condiciones solo la última favorece a Keiko en el extremo del peligro de fuga, pues no solo tiene arraigo –familia y obligaciones políticas, entre otros vínculos– sino una conducta convincente. En el 2000, su padre escapó del país y ella no, pese a que podía ser investigada por posibles ilícitos, como en efecto ocurrió.

En cuanto a la obstrucción de las investigaciones, si bien es cierto que siempre estuvo a disposición del Ministerio Público, no puede dejar de considerarse el enorme poder que tiene sobre la justicia como jefa de la bancada mayoritaria, cuya actuación en el punto, como han demostrado los chats revelados por IDL Reporteros, estaría en función de sus intereses inmediatos. Fuerza Popular puede mantener o remover al Fiscal de la Nación, o influir sobre este para actuar sobre quienes la investigan. Añádase la conducta agresiva de esta bancada, al punto de que Keiko misma opinó el fin de semana que debiera tener una actuación más constructiva. Un tribunal podría pensar que con ella en libertad existe un riesgo alto de que el sistema judicial pudiera ser obstaculizado.

El factor Hinostroza

Sin embargo, en el requerimiento ante el juzgado, la fiscalía no incluyó los chats (fueron difundidos el viernes por la noche) sino testimonios sobre la relación entre el vocal supremo César Hinostroza y Fuerza Popular. Según la hipótesis, Hinostroza quería que el partido compartiera su aspiración de presidir el Poder Judicial, y Keiko buscaba ayuda en un recurso de casación sobre una investigación de lavado de activos que la involucraba. Es previsible que el juez Concepción apoye esta idea y quizá la avale un tribunal superior. La semana pasada, para considerar la prisión preliminar la sala de apelaciones no llegó a tomar en cuenta las razones del Ministerio Público. Rechazó el pedido por falta de motivación. El juez, dijo, no había desarrollado su criterio sino que simplemente copió el de la fiscalía.

En lo tocante a los indicios el fiscal José Domingo Pérez ha hecho su tarea: documentos, testigos bajo reserva y colaboradores eficaces permiten asociar razonablemente a los confesados aportes de Odebrecht con un sistemático ocultamiento de los mismos. Con un detalle que ya fue advertido por la prensa y que es fácil deducir de la lectura del documento, cuando señala que Rolando Reátegui recibió instrucciones de los asesores de Keiko, Ana Herz y Pier Figari, para ocultar cien mil dólares. El testigo protegido que describe la escena no sería otro que el mismísimo congresista.

Dos posibilidades

Esto lleva a preguntarse hasta qué punto quienes recibieron directamente el dinero de Odebrecht según la imputación de la fiscalía van a mantener su negación hasta las últimas consecuencias. Ellos son Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. La pregunta puede aplicarse también a la tesorera del partido, Adriana Tarazona, una mujer mayor que fue nombrada directamente por la jefa de Fuerza Popular. ¿En qué medida sostendrán una versión que con el paso de las audiencias –esto es, ante la mirada pública– se arrastrará por los suelos? No es seguro que Keiko y el resto de imputados sigan la misma estrategia legal.

A Keiko se le abren dos posibilidades. La primera, negar hasta el final haber admitido aportes de Odebrecht, a la manera de Ollanta Humala y Nadine Heredia, bajo la expectativa de que si los jueces llegaran a convencerse de que efectivamente los recibió, sean indulgentes porque, al fin y al cabo, eran recursos para una campaña electoral. Habría infracción a las normas previstas en la ley de organizaciones políticas. Hay quienes sostienen que, aún en las condiciones específicas de Keiko, el ocultamiento de contribuciones económicas solo acarrearía sanciones administrativas. Es claramente la tesis de la defensa de los Humala: si se probara que recibimos, no es pecado. Sin embargo, no todos los juristas piensan lo mismo, y tampoco es seguro que un tribunal se compre la teoría.

¿Media vuelta?

El abogado Roberto Pereira, para mencionar a uno de quienes piensan lo contrario, escribió hace más de un año en El Comercio un artículo en el que explica por qué la comprobación de un monto elevado de aporte no declarado, sin documento entre las partes, en efectivo y sin controles institucionales, puede llevar a una incriminación por lavado de activos (¿Aporte de campaña o delito?, 27.02.17). Si la apuesta por esta vía sale mal, el resultado es prisión de diez a veinte años. Y en el mejor de los casos, un enjuiciamiento de por lo menos siete años.

La República


Fiscal Pérez investiga a 49 miembros de organización de Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez ha identificado e investiga a 49 supuestos integrantes de la organización de lavado de activos que Keiko Fujimori encabezaría al interior de Fuerza Popular.

La lista de 49 investigados incluye a los 12 contra los que ha pedido prisión preventiva al considerar que son los líderes principales o que su actuación es clave para el logro de sus objetivos ilícitos.

Según el fiscal, este grupo actuaría en diferentes niveles para el logro de los objetivos de la organización: obtener el poder político del Ejecutivo, recibir aportes ilícitos de Odebrecht y, luego, estando en el poder, retribuir esos aportes.

Estructura oculta

A la cabeza de esta organización se encuentran Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa (asesor oculto vinculado a Vladimiro Montesinos), Pier Figari y Ana Herz (asesores visibles de la organización).

Según la Fiscalía, ellos tomaban las decisiones al interior de Fuerza Popular, al margen de la dirigencia formal de la organización política. Luego están los captadores de los activos ilícitos: Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes, de acuerdo con la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata, recibieron el aporte de un millón de dólares.

La Fiscalía identifica a otras personas que se encargan de administrar los activos ilícitos, administrar los activos de la entidad y están los líderes partidarios.

A continuación, Pérez identifica seis grupos que brindan colaboración a la organización, estos son familiares de Yoshiyama o Bedoya o familiares y amigos de militantes de Fuerza Popular.

En el cuarto grupo de colaboradores aparece Luis Barboza Dávila, exjefe del Área de Verificación y Control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en tanto, que como colaborador externo incluye al expresidente de la Confiep, José Briceño Villena. El fiscal explica que se trataría de una organización flexible, con un reducido número de miembros que comparten el control, y miembros que puedan entrar y salir, según las actividades de la agrupación.

Para la Fiscalía está demostrado que Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, recibió US$ 1,2 millones de actos de corrupción generados por la constructora Odebrecht, que se lavaron a través de rifas, cócteles o que ingresaron al circuito legal mediante el “pitufeo” o fraccionamiento de los depósitos bancarios y aportantes fantasmas. El fiscal considera que en la época en que Keiko Fujimori se desempeño como congresista, el 2008, votó a favor de una norma que permitió que el costo de la carretera Interoceánica Sur se incremente en 600 millones de dólares.

La audiencia de prisión preventiva contra Keiko seguirá mañana a las 9:30 a.m.

Los 49

– Keiko Fujimori Higuchi

– Vicente Silva Checa

– Pier Figari Mendoza

– Ana Rosa Herz Garfias

– Jaime Yoshiyama Tanaka

– Augusto Bedoya Cámere

– Adriana Tarazona de Cortes

– Carmela Paucará Paxi

– Antonietta Gutiérrez Rosati

– Ana Matsuno Fuchigami

– Rafael Herrera Mariños

– Ericka Yoshiyama Koga

– Jorge Trelles Montero

– Jhoanna Sasaki

– Melissa Keiko Sasaki

– Oscar Moritani Kutsuma

– Joon Lim Lee

– Sil Yok Lee Vda. de Lan

– Pedro Motonishi

– Efraín Goldenberg Schereider

– Juan Carlos Luna Frisancho

– Carlos Luna Venero

– Carlos Blanco Oropeza

– Carlos Blanco Matsuno

– Milagros Maraví Sumar

– Raúl Maraví Sumar

– Mayra Castañón Dávila

– Liz Documet Manrique

– Pedro Velayarse Llanos

– Rafael del Castillo Reátegui

– Liulith Sánchez Bardales

– Marizol Calles Chong

– Ytalo Pachas Quiñones

– Nolberto Rimarachín Díaz

– Guzmán Rimarachín Díaz

– Gregoria Vela Arista

– Yoni Rimarachín Vela

– Irma Carranza Montenegro

– Patricia Coppero del Valle

– Giancarlo Bertini Vivanco

– Angela Bautista Zeremelco

– Daniel Mellado Correa

– Luis Barboza Dávila

– Luis Mejía Lecca

-Javier Yoshiyama Sasaki

– Erick Matto Monge

– Aurora Torrejón Riva

– Walter Rengifo Saavedra

– Juan Briceño Villena.

La República