Puerto Rico: la Junta de Control impuesta por EEUU aprueba nuevo plan fiscal y el gobierno se opone

A través de una transmisión en las redes sociales, el gobernador RicardoRosselló reaccionó al plan fiscal sometido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que criticó y catalogó de injusto para el pueblo.

“Es importante establecer que esto no es un plan fiscal y de desarrollo económico, es un plan de austeridad”, sostuvo Rosselló.

“Es nuestra opinión que la Junta ha cambiado totalmente su enfoque y su filosofía, no tan solo los números, al llevar a cabo estas iniciativas”, agregó.

Como ejemplo, destacó que los recortes presupuestarios para el gobierno central tendrán como consecuencia limitaciones en los servicios que ofrece a los ciudadanos y “por su puesto, afectará a los más vulnerables”.

“Estos recortes más agresivos, y una serie de acciones adicionales, provocarían un superávit de $30,000 millones en los próximos 16 años, dinero que estaría accesible para los bonistas, pero sería en detrimento para los más vulnerables y para nuestra población”, señaló Rosselló.

“Esto, simplemente, no es justo”, abundó.

En el mensaje, Rosselló también rechazó las expresiones de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien acusó al gobierno de faltarle voluntad política para implementar cambios necesarios para atender la crisis.

“Nuestra administración ha tomado una serie de acciones sin precedentes para hacer cambios fundamentales en Puerto Rico”, afirmó el primer ejecutivo mencionado la Reforma Laboral, la Reforma de Permisos, la promoción del turismo de Puerto Rico, la creación de una estructura legal para el mercado del canabis medicinal, el comienzo de la Reforma Educativa y la transformación del sistema energético, entre otras.

Resaltó que, además, tiene varias iniciativas de cambios en camino, como la Reforma Contributiva.

También destacó que han “ganado credibilidad ante el mundo llegando a preacuerdos con los bonistas” de Cofina, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Asimismo, se defendió de los señalamientos de Jaresko ofreciendo estadísticas relacionadas a su administración.

Dijo que ha reducido en un 22% el gasto operacional del gobierno, lo que aseguró es “la reducción más significativa en la historia”.

De igual forma, mencionó que la economía de la isla daba señales de recuperación con “los niveles más bajos en la historia de desempleo” por cuatro meses consecutivos, llegando a una tasa del 8.4%, mientras que las ventas al detal han aumentado a un 16% y ha incrementado en un 13% la cantidad de turistas que llegan vía cruceros.

“Más que voluntad, lo hemos podido demostrar con resultados”, manifestó Rosselló. “Tenemos la voluntad para hacer estos cambios para echar a Puerto Rico hacia adelante”.

“Lo que no hemos tenido ni tendremos es la voluntad para afectar a los más vulnerables y ponerlos en un segundo plano”, expresó. “Por eso es importante que sepan que seguiremos estableciendo la que va a ser la política pública, no empece a los obstáculos operaciones que se establecen en este documento del plan fiscal”.

El Nuevo Día


La Junta de Supervisión certifica plan fiscal en medio de frustraciones

Un nuevo Plan Fiscal fue certificado ayer en medio de denuncias y expresiones de frustración por parte de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la presunta falta de voluntad política en la administración de Ricardo Rosselló y su Legislatura para tomar decisiones que pongan la economía en terreno positivo.

Se trata de un plan que, en los próximos cinco años, contempla la histórica inversión de unos $69,000 millones en fondos federales, dinero que llegaría a la isla como secuela del huracán María. Dicha inyección contribuiría a que, por primera vez en casi 20 años, el presupuesto del gobierno central no tenga déficit, cuando se excluye el pago de la deuda pública.

Asimismo, sería la primera vez en más de una década que Puerto Rico vería cuatro años de crecimiento económico consecutivos. Luego de caer sobre 8% el pasado año fiscal, el documento certificado ayer indica que, a partir del año fiscal en curso, el producto bruto registraría un desempeño anual de 7.8%, avance que recuerda la pujanza de economías como India y, hace solo unos años, China. El ímpetu económico atado al huracán María se extendería más allá de las elecciones del 2020, es decir, por otros dos años hasta el 2022, cuando el producto bruto rondaría 2.5%.

Para Rosselló y su equipo fiscal, los augurios económicos son tan favorables en los años venideros, que la magnitud de los recortes en el gasto público que pide la JSF son innecesarios.

Por ello, durante la decimoquinta reunión pública de la JSF, el representante del gobernador ante el ente federal, Christian Sobrino Vega, rechazó la movida y anticipó que acudirán nuevamente al organismo fiscal para abogar por más cambios al presupuesto vigente.

Frustración a la vista

“Francamente, no me gusta este plan. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta”, afirmó Ana Matosantos, miembro de la JSF, cuando explicó su voto a favor del documento.

Según Matosantos, el plan certificado ayer terminará por debilitar los servicios básicos a la población. El comentario de Matosantos parecía ser refrendado por su homólogo en la JSF, Andrew Biggs. Este advirtió que los políticos locales estaban “negándoles” a los puertorriqueños un futuro de prosperidad.

El juez retirado Arthur González, quien ha participado en cientos de casos de insolvencia corporativa, coincidió al comparar la situación de Puerto Rico con el pedido reciente de bancarrota de la tienda Sears.

“Sears podría cerrar cuantas tiendas pueda, pero si no puede competir en el mundo comercial, fracasará. Esta insolvencia (la de Puerto Rico) no es diferente a esa”, agregó González. Explicó que, si bien se necesita un alivio importante en lo que se paga a los bonistas, también se requiere que Puerto Rico haga cambios profundos para que compita con otras economías en ausencia del respaldo de programas federales.

Sin embargo, en el nuevo Plan Fiscal del gobierno central, certificado ayer de manera unánime, la pieza que falta son las reformas estructurales que evitarían que el auge asociado con el huracán María se haga sal y agua en 15 años. Sin reformas estructurales, Puerto Rico regresaría, en ese momento, al cuadro de iliquidez que encaraba antes del ciclón.

En ese sentido, lejos de marcar una ruta hacia la estabilidad fiscal y un desarrollo económico sostenido, el plan aprobado ayer no cumpliría con el mandato de la ley federal Promesa.

La JSF dio paso a un plan fiscal que no cumple con Promesa faltando unos 10 meses para que venza el mandato de tres años que recibieron sus directivos en el verano del 2016.

De igual forma, las críticas del organismo a la clase política de la isla se producen a solo semanas de que las elecciones congresionales en Estados Unidos. Ese proceso repercutirá en la composición de la JSF, según el partido que domine esa rama de gobierno federal.

La tentación de gastar

Entre otras cosas, el documento certificado ayer establece que tras la inyección millonaria de fondos federales asociados con el huracán María, el gobierno tendría un sobrante primario de unos $16,000 millones para el 2023.

En términos generales, el sobrante primario es la diferencia entre los ingresos que recibe el erario y el pago de obligaciones. La cifra certificada ayer es más del doble del sobrante que Rosselló estimó en septiembre pasado. En ese momento, el mandatario dijo que la magnitud de los recortes en el gasto público que se pactó en marzo de 2017 ya no era necesaria.

El gobierno no paga a los bonistas, desde hace unos tres años, por lo que se entiende que el sobrante primario podría estar disponible para el pago de la deuda pública una vez negociada.

Pero ayer, tanto la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, como Sobrino Vega, indicaron que todavía no se sabe qué uso se dará al sobrante, si en efecto, se materializa.

De inmediato, el banquero y miembro de la JSF, José Ramón González, instó a que no puede caerse en “la tentación inevitablemente política” de gastar lo que no se tiene. Sugirió que el sobrante se utilice para pagar lo que se negocie con los bonistas o que se dirija a alguna actividad que rinda frutos sostenidos en la economía.

La postura del gobierno

“Entendemos que eso (el sobrante) es una proyección que no es conservadora, que es demasiado agresiva y, entonces, pone al gobierno contra la pared porque presume unos recaudos que no se deben dar”, dijo Sobrino Vega.

De acuerdo conel plan certificado, el gobierno debe recortar $2,848 millones en sus gastos en un plazo de cinco años y, en ese mismo período, aumentar sus recaudos por $544 millones. Con todo, el análisis económico apunta a que no habría dinero para pagar a los bonistas hacia el 2033, un escenario que, aunque relativamente lejano, no puede ignorarse. Esto porque la JSF, busca renegociar ladeuda pública con amortizaciones de 30 y 40 años.

Cuestionado por las proyecciones adversas, Sobrino Vega dijo que estas son “un ejercicio de planificación que no puede definir la operación entera de un gobierno a cinco años”.

Mientras, los integrantes de la JSF y Sobrino Vega se aferraban a sus argumentos, el presidente Donald Trump, en uno de sus inesperados tuits, acusó a los políticos “ineptos” de Puerto Rico de tratar de usar los fondos de la reconstrucción para pagar por obligaciones viejas, lo que desató una gama de reacciones.

“Este documento está levantando una bandera. Estamos a tiempo para hacer y tomar medidas que pudiesen cambiar nuestro futuro”, dijo, por su parte, y en un tono conciliador, el presidente de la JSF, José B Carrión. Indicó que esperaba que Rosselló, su equipo y la clase política “recapaciten”.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa que ofreció Sobrino Vega y el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Walter Alomar, dejaron entrever que no cumplirán con las exigencias de la JSF.

Lo mismo pasaba desde La Fortaleza. Allí, se informó que el Ejecutivo retará ante el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain, quien determinó que si bien no puede legislar, la JSF tiene la última palabra cuando se trata del gasto público.

El Nuevo Día


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