Crecen las protestas de estudiantes y sindicatos contra las políticas de Duque
La protesta social volvió a las calles
La reforma tributaria que viene con la ley de financiamiento, la falta de recursos para la educación pública y los altos precios de la gasolina están entre los factores que motivaron la que fue, quizá, la movilización más grande del año.
Hace poco más de una semana que el presidente Iván Duque cumplió cien días en la Casa de Nariño y ya se empieza a ver el espinoso panorama político que le tocará enfrentar durante su mandato. A la dificultad de sacar adelante el posconflicto con las Farc y la mesa de negociación con el Eln se le han venido sumando escenarios de indignación ciudadana. La ley del presupuesto nacional para 2019 produjo un estallido de estudiantes y maestros que no se veía desde 2011, cuando gigantescas manifestaciones obligaron a que el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos retirara del Congreso la reforma a la Ley 30.
Las marchas por la educación se han expandido como pólvora, de unas nutridas concentraciones se ha pasado a la toma de las capitales; a los estudiantes se sumaron los transportadores, indignados por el precio de la gasolina, y luego los sindicatos, molestos por los anuncios del Gobierno en la reforma tributaria.
En síntesis, el gobierno Duque empieza a navegar en las turbias aguas de la indignación ciudadana, aupada por una oposición fortalecida en el Congreso. Lo dijo el senador Gustavo Petro en su discurso de aceptación de la derrota electoral de las presidenciales: “Nuestro papel como senador será el eje fundamental de un movimiento que no se va a ir a dormir a la casa sino a movilizarse permanentemente, para dirigir un pueblo que debe mantenerse activo, movilizado”.
Pese a que aún no hay cifras consolidadas de movilizaciones de este año, para Mauricio Archila, profesor de la Universidad Nacional e investigador del CINEP, sí existe la “impresión” de que las marchas de la segunda mitad de este año han aumentado, por lo menos en peso. Sobre 2017, hay 639 registros en la base de datos de luchas sociales de ese centro de investigación, 138 menos que en 2016. El pico de los últimos años se alcanzó en 2013, durante el paro agrario, con 1.028 movilizaciones, aproximadamente cien más que las vistas en 2011. Esta vez, en el fondo, hay un descontento generalizado producto de factores históricos, económicos y políticos, ambientados en un escenario de escándalos de corrupción.
Centrales obreras
El pasado 9 de noviembre, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a la “toma de capitales” que se vivió este miércoles. La central obrera fue una de las principales promotoras de la movilización, que buscó exponer el descontento que hay frente al Gobierno del presidente Duque, por el que han marchado también los estudiantes, que llevan más de 50 días de protestas. Se sumaron organizaciones como Fecode en el magisterio, Asonal Judicial en la rama judicial, las Dignidades Agropecuarias, organizaciones campesinas e indígenas, y algunos movimientos de transportadores (no todo el sector).
La ley de financiamiento fue una de las principales razones por las que marcharon los trabajadores, pues consideran que favorece a las empresas locales y multinacionales, pero empobrece a la clase media. Por esto el salario mínimo de 2019, que empieza a discutirse la próxima semana, fue otro de los reclamos: la CUT exige un incremento de al menos el 10 %, debido a los efectos que pueden tener los cambios tributarios en los trabajadores.
Agricultores
Los productores agropecuarios, protagonistas en las movilizaciones sociales de 2013, se sumaron a las protestas, principalmente, en rechazo a la ley de financiamiento -que lleva incluidas reformas en materia tributaria-, por la afectación que consideran que tendría en los alimentos y la cadena de producción.
Pese a que en días pasados se supo que el Gobierno desistía a gravar con IVA cerca del 80 % de la canasta básica, persiste la preocupación entre sectores campesinos por los gravámenes que se mantengan o impongan a la comida, a los insumos agropecuarios y servicios, como el de la recolección, lo que, sin embargo, aparece en la lista de excluidos del IVA en el borrador de la ponencia discutida entre congresistas y Gobierno.
Según Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria, podría llenarse el hueco en el presupuesto del próximo año eliminando beneficios tributarios a industrias como las extractivas, gravando más los dividendos y combatiendo la evasión y elusión de impuestos.
Transportadores
Pese a que los gremios más grandes o representativos de este sector dijeron oficialmente que no adherían a la jornada de manifestaciones, transportadores en distintos municipios y carreteras han expresado su inconformidad por situaciones como el alza en los precios de la gasolina y el fin de uno de los mecanismo de chatarrización de vehículos de carga pesada, factores que también motivaron la protesta del pasado 23 de noviembre.
Sobre lo último, en días pasados, el Ministerio de Transporte, como se había anunciado, expidió el decreto que extiende el modelo de chatarrización de “uno a uno” hasta mediados del próximo año. Este consiste en entregar un vehículo viejo, con fin de desintegrarlo, para poder poner uno nuevo en funcionamiento. Colombia había acordado con EE. UU. desmontar dicho modelo y el actual Gobierno logró prorrogar el plazo para cumplir ese compromiso. Gremios como Colfecar y la Asociación de Transportadores de Carga han afirmado que no se unen a los paros. Sus inconformidades están siendo discutidas en mesas con el Ministerio.
Funcionarios judiciales
Los jueces de Colombia también salieron a las calles. Varias organizaciones sindicales, entre ellas Asonal Judicial y Vocero Judicial, se unieron al paro para mostrar su desacuerdo frente a varios temas: la reforma a la justicia, la ley de financiamiento, la sobrecarga laboral y el Acuerdo 11127, que firmó la Judicatura en 2018. Su inconformidad con este último tema tiene que ver principalmente con el hecho de que la medida, según ellos, afecta a los usuarios del sistema judicial y a la administración misma, pues obliga a que los casos que están en juzgados de pequeñas causas que están represados deban repartirse en juzgados municipales.
Además, señalaron miembros de los sindicatos, el acuerdo reduce el número de personal en algunos juzgados, en lugar de “aumentar la planta de personal para dar mayor eficiencia y eficacia a la administración de justicia”. Asimismo, marcharon a favor de la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, a propósito del escándalo que enfrenta por cuenta de la revelación de unos audios relacionados con los delitos cometidos por Odebrecht.
Estudiantes y profesores
A pesar de que esta semana se retomó la mesa de diálogo entre los líderes estudiantiles y el Gobierno Nacional, el paro en las 32 universidades públicas continúa y parece estar lejos de terminarse. En la mañana de ayer, miles de estudiantes de distintas regiones del país salieron de nuevo a las calles para pedirle al presidente Iván Duque los recursos necesarios para mitigar la crisis de financiamiento que padece la educación superior.
En concreto, los jóvenes exigen un incremento presupuestal de $4,5 billones para las instituciones de educación superior públicas, incluyendo universidades e institutos técnicos y tecnológicos. “Antes de terminar 2018 necesitamos $500.000 millones para funcionamiento, pago de nómina y servicios públicos, con eso resuelto podemos hacer un plan de pago a largo plazo”, afirman los líderes estudiantiles. Además, solicitan la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés en 0 % y el aumento del presupuesto para Colciencias en un 100 %, con base en el presupuesto asignado a 2018.
Con la movilización de ayer los estudiantes cumplen un mes y 18 días desde que, el 10 de octubre de este año, salieron a marchar por primera vez pidiéndole al Gobierno que salvara las universidades públicas de una crisis financiera histórica.
A pesar de que el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con los rectores de estas instituciones para adicionar $3,4 billones a la educación superior pública a lo largo de cuatro años, los estudiantes han seguido movilizándose solos desde mediados de noviembre.
Minorías étnicas
Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas se sumaron a las movilizaciones de los estudiantes, los transportadores y los sindicatos como un gesto de solidaridad con las exigencias de estos sectores. A su vez, ven en estas marchas una oportunidad para visibilizar sus propios problemas, como las condiciones de violencia que se están viviendo en sus territorios o los intentos por debilitar el derecho a la consulta previa.
Para Gerardo Gumi, secretario de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, la movilización de sus pueblos ancestrales es una manera de manifestarse contra el aumento de los impuestos a los más pobres y la desfinanciación de la educación. “Además, estamos denunciando la falta de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo y las condiciones de violencia que estamos viviendo”, agregó el vocero indígena.
Por su parte, José Santos Caicedo, vocero del Proceso de Comunidades Negras, argumentó razones similares. “Marchamos por la defensa de los territorios ancestrales, por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y en particular de la implementación del capítulo étnico, así como por la defensa de la consulta previa, pues este Gobierno la quiere limitar. También pedimos se nos convoque a la consulta del PND. Además, para denunciar la judicialización y los asesinatos de líderes étnicos”, sostuvo el líder afro.
Mesa de diálogo entre estudiantes y Gobierno, aún sin humo blanco
Mientras miles de jóvenes y profesores marchaban ayer por las principales ciudades del país, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y voceros estudiantiles se sentaban otra vez en la mesa de negociación para tratar de encontrar una salida al paro nacional que ya completa 50 días.
En ese espacio, ambas partes han planteado sus requerimientos, pero al cierre de esta edición aún no se había concretado una solución.
El punto de la discordia siguen siendo los recursos financieros. En un reciente encuentro, el Ministerio de Educación propuso incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el aumento a la base del presupuesto de las universidades públicas, así: el equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más 3,5 por ciento, para el 2019; el IPC más 4 %, para los años 2020 y 2021, y en el año 2022, 4,5 por ciento por encima de la base del IPC.
Los cálculos de los estudiantes indican que eso significa que las instituciones de educación superior recibirían en el cuatrienio, según la base presupuestal, aproximadamente 36.000 millones de pesos. Sin embargo, para los universitarios, la oferta no es suficiente.“Lo que nosotros hemos venido exigiendo trasciende el billón de pesos”, indicó Andrés Gómez, vocero estudiantil.
Además, los líderes de los estudiantes recalcan que el Gobierno Nacional no ha presentado una propuesta contundente para subsanar el déficit de este año, que se calcula en 500.000 millones de pesos.
El presidente Iván Duque ha sostenido que el Gobierno ha hecho el esfuerzo “para aumentar los recursos para la educación pública” y ha invitado a los estudiantes a valorarlo. Hay que recordar que Duque y los rectores llegaron a un acuerdo de 3,5 billones de pesos para las universidades públicas en los próximos 4 años.
