Honduras: condenan a siete personas por el asesinato de la activista social y ambientalista Berta Caceres

Declaran culpables a siete de los ocho implicados en crimen de Berta Cáceres

Siete de los ocho procesados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, fueron declarados culpables hoy por un tribunal de Honduras.

La individualización de la pena se dictará el 10 de enero de 2019.

Cáceres, 44 años, reconocida por su trabajo en la comunidad indígena lenca en contra de una presa que planeaban construir en sus tierras, fue asesinada a medianoche cuando dos hombres derribaron la puerta de entrada a su casa en La Esperanza, Intibucá, y uno de ellos disparó seis veces matándola a ella e hiriendo a su huésped, el ambientalista mexicano Gustavo Castro.

La declaración de culpabilidad incluye a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado del ejército que fue el director de seguridad de Desa hasta el 2015.

También fueron declarados culpables Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Duarte y Óscar Arnaldo Torres.

Emerson Duarte fue el único de los ocho implicados que resultó absuelto por el tribunal de justicia de Honduras por no habérselo encontrado indicios en el delito de encubrimiento del que estaba acusado, según el fallo.

De acuerdo al fallo son coautores del asesinato en perjuicio de Berta Cáceres: Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Sergio Rodríguez. Henry Hernández y Óscar Torres, coautores del asesinato de la ambientalista y tentativa de asesinato en perjuicio del testigo protegido.

Asimismo, fueron absueltos del intento de asesinato al testigo protegido tres de los imputados. Todos los condenados fueron capturados por la Atic en el marco de la Operación Jaguar entre mayo de 2016 y febrero de 2017, según el fallo.

La familia de la ambientalista y grupos defensores del medio ambiente han alegado que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar nunca a la justicia por el crimen de la ambientalista.

Sin embargo, Desa ha negado su participación en la muerte de Cáceres y “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.

Para investigar el asesinato se conformó un equipo hondureño con el apoyo de dos asesores estadounidenses, por ser este un caso de alto perfil que ha estado en la mira del mundo.

En 2015, Cáceres ganó el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios.

Desa obtuvo la concesión para construir la presa Hidroeléctrica Agua Zarca, al oeste de Honduras, en 2009 y en 2011 fue inyectada con inversiones por una conocida familia de banqueros que formó parte de su junta directiva.

La comunidad lenca, que debió ser consultada según la ley, se opuso al proyecto desde el principio bajo el argumento de que la hidroeléctrica pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad, una lucha librada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Cáceres.

Al momento de su asesinato, Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante reiteradas denuncias por amenazas.

Pruebas testimoniales

Después de cinco semanas del juicio oral y público, los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, declararon culpables a los siete imputados que el Ministerio Publico acusó como autores intelectuales y materiales del asesinato.

Los fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas donde se demostró la participación que tuvieron los hoy condenados antes, durante y después del hecho, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Vaciados telefónicos, escuchas, declaración de testigos, pruebas balísticas y testimonios de los acusados sirvieron como carga probatoria expuesta en el juicio contra cada uno de los imputados, por lo que en las conclusiones del mismo se pidió por parte de la Fiscalía condenas por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

La Prensa


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