Alan García cumple una semana con el embajador uruguayo y organizaciones civiles buscan impedir su asilo

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El expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) cumplió ayer una semana sin salir de la residencia del embajador uruguayo en Lima a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo diplomático para eludir las investigaciones por corrupción sobre su segundo mandato.

García llegó al domicilio del embajador de Uruguay en la madrugada del pasado domingo 18 de diciembre, apenas unas horas después de que un juez le prohibiese abandonar Perú por 18 meses mientras continúan las investigaciones, dado que el exmandatario reside en Madrid desde el año 2016.

A pesar de que García estuvo conforme inicialmente con la medida dictada por el juez e incluso dijo que para él no era un deshonor permanecer 18 meses en su patria , poco después se declaró un perseguido político ante las autoridades uruguayas.

El asilo diplomático solicitado por García se conoció recién en la tarde del domingo, mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que posteriormente fue confirmado por el Gobierno de Uruguay.

La noticia desató la indignación de los peruanos al comprobar que el expresidente pretende ejecutar la misma estrategia que en 1992, cuando evitó una acusación por enriquecimiento ilícito durante su primer mandato al ser asilado por Colombia y luego irse a vivir a París hasta que los delitos prescribieron.

Las protestas fueron inmediatas y varios grupos de ciudadanos se aproximaron frente a la residencia del embajador uruguayo para solicitar que se le deniegue el asilo, frente a un colectivo minoritario de militantes del Partido Aprista Peruano, que preside García, para apoyar a su líder.

En esta semana, García solo ha roto su silencio en dos ocasiones para publicar una carta en la que reitera su argumento de perseguido político y para lamentar la muerte del exsenador Enrique Bernales.

El martes, el Gobierno peruano cumplió con entregar al embajador uruguayo, Carlos Barros, una nota diplomática en la que reitera que en Perú no existe persecución política, acompañada de un informe sobre las investigaciones que afronta el exmandatario.

A su salida del Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, el embajador de Uruguay solo indicó que su Gobierno se tomará el tiempo que sea necesario para tomar una decisión, pues la Convención de Asilo Diplomático de 1954 no establece plazos.

El documento llegó el jueves a Montevideo, donde la vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky aseguró que estudiarán el pedido con detalle, especialmente para constatar si es que verdaderamente García es un perseguido político.

En los días posteriores, sendas misiones de congresistas del Frente Amplio de izquierdas peruano y del Partido Aprista llegaron a Montevideo para reunirse con autoridades uruguayas y dar sus distintas versiones en contra y a favor, respectivamente, de la solicitud de asilo.

Los parlamentarios de izquierda se centraron en conversar con sus pares del Frente Amplio uruguayo, que ocupan el Gobierno, mientras que los apristas, cuya ideología cambió del centro-izquierda a la derecha populista y liberal con García al mando, se centraron en conversar con el expresidente Julio María Sanguinetti .

A García se le investiga por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, obra que se licitó durante su segundo mandato.

El expresidente es sospechoso de ser uno de los altos funcionarios del Gobierno peruano a los que un ejecutivo de Odebrecht declaró ante fiscales que la compañía destinó destinaron 14 de los 24 millones de dólares en sobornos que pagó por esa obra.

Gestión


Organizaciones civiles de Perú llegan a Montevideo para impedir que se conceda asilo político a Alan García

Mientras el gobierno uruguayo todavía no decidió si concede asilo al ex presidente peruano Alan García, ayer arribó a Montevideo una misión de organizaciones de la sociedad civil de Perú para expresar su postura en contra del asilo. La señora Cruz Silva del Carpio, integrante de la misión y representante del Instituto de Defensa Legal de Perú, dijo a la diaria que tienen una postura ciudadana “muy diferente de las político-partidarias, que pueden resultar interesadas”.Según dijo, la visión de estas organizaciones sería de “mucho interés” para el gobierno uruguayo, para actuar “de una forma autónoma e independiente”.

Silva señaló que García miente al decir que en Perú es un “perseguido político” y que hay una “persecución judicial basada en un interés político”. “El escenario actual en Perú es de lucha contra la corrupción. Desde el año pasado se está involucrando en investigaciones objetivas a los diversos presidentes posdictadura, en base a las propias investigaciones de los funcionarios de Justicia y también de los hallazgos de la prensa que ha estado cubriendo desde hace cuatro o cinco años los Panama Papers”, dijo Silva. Según explicó, en este marco se encuadra el caso en el que está involucrado García, investigado por un presunto soborno de la empresa Odebrecht.

Silva señaló que hay “indicios objetivos” de la presunta responsabilidad penal del ex presidente y explicó que por eso el fiscal José Domingo Pérez ordenó que García no salga del país. “Una medida que el propio García en la audiencia no cuestionó y ni siquiera apeló. Pero a la horas siguientes Perú se enteró de que había entrado a la residencia del embajador de Uruguay, señalando que lo iban a detener. Eso era absurdo, porque era un impedimento para salir de país, fundado en que va y viene de España, como todos sabemos”, sostuvo. Por último, dijo que les preocupa el impacto que pueda tener si Uruguay le concede el asilo, ya que se podría abrir un espacio para que otras autoridades investigadas por corrupción a nivel regional “puedan pensar en solicitar asilo en Uruguay”.

Según dijo Silva, entre hoy y mañana la misión se reunirá con varias autoridades nacionales, como Daniel Martínez, intendente de Montevideo, Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Diputados, la senadora frenteamplista Constanza Moreira y Raúl Pollak, director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Diaria

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