María Ysabel Cedano, abogada peruana, sobre las esterilizaciones forzadas: “Fue una política nacional que vulneró derechos humanos”

NODALTV | Qué fueron las esterilizaciones forzadas en Perú


Entrevista a María Ysabel Cedano, abogada peruana

Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL

Las mujeres, en su mayoría quechuahablantes, indígenas y campesinas, casi siempre eran engañadas para que subieran a las camionetas del Ministerio de Salud. Entre 1996 y el 2000, se acercaron a todos los pueblos para implementar el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que consistió en la esterilización forzada de más de 350 mil mujeres y en la realización de unas 22 mil vasectomías a varones, sin el consentimiento adecuado. Ahora, a casi 20 años de los hechos, el presidente de facto Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, entre otros exfuncionarios fueron denunciados penalmente como autores mediatos del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en agravio de 2.164 víctimas mujeres que se han presentado ante la justicia. NODAL habló con María Ysabel Cedano, directora y abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), uno de los organismos patrocinadores de las denunciantes, para conocer cómo sigue el procedimiento y por qué es importante esta presentación.

La denuncia fue realizada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima, a cargo de Marcelita Gutiérrez Vallejo, ante Primer Juzgado Penal Nacional y la noticia se dio a conocer ayer. Aquí se puede acceder al expediente.

¿Por qué es tan importante está acción y qué significa esta denuncia? 

Es un paso importante en la lucha por acceso a la justicia y reparación integral para las víctimas de esterilizaciones forzadas. Es una lucha que ya tiene más de 20 años desde que empezaron a recibirse las denuncias en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, en 1996, y es una investigación fiscal preliminar que ha durado 16 años. En ese sentido, es criticable pues la investigación del Ministerio Público por la demora y porque hemos tenido que vencer varios archivamientos irregulares: más de una vez ha considerado que las denuncias son válidas, que se cometieron los hechos denunciados y que existe suficiente prueba para denunciar. Sin embargo, en 2009, consideró que se trataba de delitos comunes, no de grandes violaciones a los derechos humanos, cosa que la Comisión Interamericana le recordó gracias a que el caso de Mamerita Mestanza llegó y fue materia de solución amistosa con el Estado peruano. Allí, el Estado reconoció que violó derechos humanos de esta víctima mortal, de su familia y de otras mujeres en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva entre los años 96 y 2000. En el 2014, en este caso, otro fiscal, también tuvo indicios suficientes para denunciar por delitos en el marco de violaciones a los derechos humanos, pero apuntó al personal de salud, excluyó a Fujimori y a sus ministros y eso fue materia de queja. Un año después el fiscal superior Luis Landa da la razón a las organizaciones patrocinadoras y le encarga a la fiscal Marcelita Gutiérrez que amplíe, profundice la investigación y desarrolle la sustentación de una u otra hipótesis. Ella se tomó mucho más tiempo del que le dieron ese año, entre el 2015 y el 2016, se pasó por alto el mandato de la coordinadora de fiscales de este momento que le ordenaba que ya resuelva  su investigación llegó luego de las elecciones de 2016 para que se archive, finalmente. Lo hizo con argumentos discriminatorios, diciendo que las mujeres eran mayores de edad y sabían lo que hacían, que si no entendían la información porque no se les hablaba en su lengua de origen tendrían que haberse buscado traductoras y que ése era el momento de quejarse, no después, no valoró los testimonios que recogieron. Hasta ahora, que se vio obligada a hacerlo cuando Landa le ordena que formalice denuncia contra Fujimori, los exministros de salud y otros funcionarios. Por fin la resolución de la fiscal nos llegó ayer, y allí formaliza la denuncia penal contra Fujimori y sus exministros Yong, Costa y  Aguinaga, entre otros, como autores mediatos de lo que fue una política nacional que vulneró derechos humanos. Ellos están siendo denunciados por la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por lesiones graves seguidas de muerte, en dos de los casos que patrocinamos: Mamérita Mestanza y Celia Ramos y de tres mujeres más, víctimas mortales de esta política de Estado. Así mismo, están siendo denunciados por lesiones graves contra las denunciantes que comprende la investigación, unas 2166, de las cuales se tienen las declaraciones de por lo menos 1300. Es un gran paso porque después de 16 años de investigación preliminar esto significa que el caso llegue al Poder Judicial y se investigue.

¿Cómo continúa el proceso judicial?

Ahora el juez debe hacer control de denuncia verificando que todo esté correcto e iniciar investigación judicial. Esto debería tomar entre uno o, máximo, dos años. Para Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL), son por lo menos cuatro años. Y, para llegar a juicio oral, si la investigación judicial da mérito para la acusación fiscal, nos informaron que no se requerirá ampliar el alcance de la extradición a Fujimori. El juez del Primer Juzgado Penal Nacional será el que dirija la investigación, amplié Y recabe todas las pruebas y corrobore que hoy existen los testimonios de más de mil mujeres en una denuncia que comprende más de dos mil denunciantes. Existe material probatorio que va a estar a disposición y las organizaciones que defendemos a las víctimas vamos a estar exigiendo y vigilando que se juzgue con imparcialidad y debida diligencia, que no se demore más. Si se le dota al juzgado de toda la infraestructura, recursos humanos y técnicos necesarios, no debería demorar más de un año. Las víctimas claman que no es posible esperar 20 o 16 años más, si se hace una buena investigación estamos seguras que va a ameritar la acusación fiscal para pasar a juicio oral donde ya la Justicia determinará la responsabilidad penal o no de los denunciados. Entonces, las copeticionarias del caso Mamerita Mestanza, Asociación Pro Derechos Humanos, DEMUS y el Grupo de Seguimiento para Reparaciones Integrales a las Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pues, saludamos este paso logrado por la persistencia de las víctimas y su organización, las denunciantes, el movimiento feminista, de derechos humanos y de las mujeres indígenas.

¿Hay secuelas en materia de derechos sexuales y reproductivos tras las políticas fujimoristas? ¿Qué es lo que reclaman las víctimas?

“Que a las mujeres les restituyan la salud perdida” – María Ysabel Cedano

Existe más de una investigación hecha por el Estado peruano a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la sociedad civil, entrevistas a víctimas, documentales, donde ellas declaran y se puede ver los daños a los derechos sexuales y reproductivos, a su salud emocional, mental y física. Para cumplir con las metas y las cuotas, para librarse de las sanciones y ganar los incentivos, el personal de salud realizó esterilizaciones sin garantizar el derecho al consentimiento previo libre e informado por escrito. Además, sin condiciones de higiene o sin insumos o tecnología que hubiera permitido que las mujeres continuaran vivas en 18 casos, que son los que se reportan como víctimas mortales de esa política por el propio Ministerio de Salud. También podría haber evitado los daños a la salud integral de las mujeres. Se careció del enfoque intercultural. Fue una política machista y racista. No sólo porque no se hablara en el idioma de origen sino porque no se consideró la contribución de las mujeres campesinas e indígenas en sus comunidades al quedar esterilizadas, siendo engañadas. Se las estigmatizó, como ellas mismas refieren: sufrieron abandono de sus parejas en muchos casos, maltrato, humillación por parte de parejas, de familia y de la comunidad. Por eso, sus principales demandas son justicia y reparación en salud. Que les restituyan la salud perdida porque, de la manera como se hizo, muchas tienen complicaciones en su salud sexual y reproductiva, por las violencias físicas que reciben e inclusive el cáncer que muchas padecen ahora al haber sido ligadas en condiciones insalubres, sin protocolos adecuados, sin haber considerado aspectos básicos del cuidado para estos casos. A fines de 2015 fue creado el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas que establece prioritaria atención y de interés público prioritario la atención de las víctimas del registro. Hay seis mil constancias entregadas y el Estado tiene el deber de prestar defensa pública, atención médica, que incluye la salud mental y el acompañamiento psicojurídico y social implicando a los Ministerios de Justicia, de Salud, de Mujeres, poro por falta de presupuesto este año no ha continuado. Se requiere el envío de equipos itinerantes a las zonas más alejadas, ahí, donde llegaron con el Programa de Esterilizaciones. Es ahí donde las mujeres demandan que lleguen para acceder a los servicios a los que tienen derecho. Entonces, definitivamente, se saluda la creación de la Mesa de Esterilizaciones Forzadas en el marco del Plan de Derechos Humanos con participación de las víctimas y la sociedad civil que permita apuntar a una política de reparaciones integrales. Esa es una meta, una necesidad, y se demanda que en el marco de esa política de reparaciones integrales que las atenciones en salud tengan carácter reparatorio y, por su puesto, se creen otros programas para recuperar su capacidad productiva de generar ingresos para su familia, para su comunidad y, tener entre otros, su derecho a la educación.


VOLVER