Argentina: De Videla a Macri, un país rico pero muy injusto – Por Horacio Rovelli

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Horacio Rovelli

La historia de la Argentina desde la conquista española hasta nuestros días ha sido por lo general la de la dominación absoluta de una ínfima minoría contra la población. El primer gobierno nacional y popular, con todos sus bemoles, fue el de Hipólito Yrigoyen, pero sin duda que los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón logran consolidar el modelo de sustitución de importaciones y de defensa del mercado interno y del trabajo y la producción nacional.

Ese modelo perduró pese a gobiernos militares que sucedieron a ese peronismo, lo cual llevó a Arturo Jaureche a decir: “Ustedes eran jóvenes oficiales cuando derrocaron a Yrigoyen con Uriburu y luego Justo los sacó de una patada, estaban más crecidos cuando Perón los echó por piantavotos, y ya eran adultos cuando participaron en el régimen antiperonista y fueron echados por Rojas y Aramburu. Eran jóvenes en una ocasión y hombres adultos en otras, lo que no se puede negar es que boludos fueron siempre”. Pese a los militares, se continuaba creciendo en base al mercado interno.

Pero el golpe cívico-militar de 1976 produce un profundo cambio de las reglas de juego y un fuerte avance sobre el pueblo argentino y a favor de un 2% de la población a lo sumo. La propuesta es lineal y sencilla, combinaba la liberación de la tasa de interés y la eliminación de restricciones a la entrada y salida de divisas con el pretexto que esa acción permitiría que las tasas y los precios se ajustaran a los internacionales, tomando en consideración la evolución del tipo de cambio, los costos de transacción y la prima de riesgo.

Obviamente no solo no fue así, sino que lo que hizo fue propiciar la compra de dólares baratos y su posterior fuga. La fuga de capitales se compensaba con el mayor endeudamiento, que luego se transferiría al conjunto de la sociedad vía seguros de cambio. Ante el descenso sideral del consumo interno y por ende de la inversión bruta fija, el resultado no podía ser otro que alta desocupación (cerca de los dos dígitos), la destrucción de eslabones de las cadenas productivas, una inflación (que habían prometido eliminar) anualizada del 600% al último trimestre de 1983, una deuda externa de 45.069 millones de dólares (más de dos terceras partes del PBI de entonces), déficit en la cuenta corriente y un rojo fiscal que representaba más del 10% anual del Producto.

Hace 35 años asumió el gobierno radical de Raúl Alfonsín con la promesa de levantar las cortinas de las fábricas cerradas y recrear el circuito virtuoso de más trabajadores, mejores salarios y ampliación del mercado interno.

El 24 de enero de 1984, el Ministro de Economía Bernardo Grinspun presentó formalmente un plan de gobierno denominado “Lineamiento de un programa inmediato de reactivación de la economía, mejora del empleo y los salarios reales, y ataque al obstáculo de la inflación”. Propiciaba un incremento por suma fija de las remuneraciones y la constitución de un mecanismo de ajuste salarial por encima de la inflación que determinara el INDEC.

Paralelamente, fijó precios máximos para ciertos productos industriales, con determinación implícita de márgenes de ganancias en la cadena de producción y distribución, que incluso en marzo de 1984 se amplió a los productos agropecuarios. También devaluó la moneda para favorecer el balance comercial fomentando exportaciones.

Pero quedaba fuera de la órbita del Ministerio de Economía el tema de la deuda externa, la política monetaria y la regulación del sistema financiero, que estaban bajo la égida del Banco Central, donde se nombró a Enrique García Vázquez, por presión de los banqueros nucleados en ADEBA, presidida por Roque Maccarone y, el “Comité de Bancos Acreedores” presidido por Richard Handley, con la condición de que se mantuviera en sus puestos a la línea, que había pergeñado la reforma financiera de 1977. De esa manera continuaron siendo su Gerente General Pedro Camilo López y subgerentes generales Elías Salama y Daniel De Pablo (uno de los firmantes de la Circular 1050).

El Gerente de Operaciones con el Exterior (responsable del endeudamiento) era René De Paul, y bajo su gerencia se encontraban los directores Jorge Rodríguez y Enrique Bour. Néstor Taró continuó como Gerente de Normas Financieras y Jorge Magistrelli como Gerente de Exterior y Cambio. Tal fue la principal razón por la cual la política de reducción sistemática de la tasa de interés, la generación de créditos accesibles y el alargamiento de los plazos no se concretó. Muy por el contrario, continuó una política monetaria rentística y de valorización financiera del capital.

Detrás de la línea estaban sus mandantes, los grandes bancos locales y extranjeros, interesados en que Alfonsín aceptara y legalizara la deuda externa. Lo mismo propiciaban los grandes deudores y el FMI, para dejar limitado al gobierno constitucional y generar una transferencia de ingresos a favor de los grandes grupos locales y extranjeros, principales deudores y beneficiarios de la dictadura cívico-militar (Techint, Macri, Roggio, Pérez Companc, Fortabat, Eurnekian, Pescarmona, Citi Bank, ESSO, etc.), definiendo un país con una alta concentración de ingresos y los sectores populares luchando por sobrevivir.

Fue el gobierno de Alfonsín el que aceptó y legalizó toda la deuda, cambiándola por títulos nuevos firmado por las autoridades constitucionales. Así nos fue y así le fue a ese gobierno que tuvo que irse antes que terminara su mandato, con híper devaluación e híper inflación, con saqueo de supermercados y repudio de la población.

La dictadura cívico-militar, los gobiernos de Alfonsín, Menem y la primera Alianza generaron un país injusto en su distribución del ingreso, endeudado y dependiente del capital internacional. La crisis de 2001 reflejó que ese modelo es insustentable y obliga a condiciones de miseria y de explotación de la población que al llegar a cierto punto engendran refriegas y muertes como las del 19 y 20 de diciembre de ese año.

El kirchnerismo logró administrar la situación en base a suspender los pagos de la deuda y restructurarla con fuerte quitas, empleando esos recursos para apuntalar el trabajo y al mercado interno, pero en una economía con grandes dueños en sectores claves (petróleo, acero, aluminio, cemento, producción y comercialización agropecuaria, industria automotriz, bancos, medios de comunicación, etc.), que decidieron expandir su capacidad instalada pero sin aumentarla, con lo que generaron un proceso inflacionario al ser mayor la demanda que la oferta.

La verdadera brecha

En síntesis, nuestros sectores dominantes se beneficiaron sobremanera con la dictadura que impulsaron y apoyaron y que dejó a un país dividido en dos: ellos enriquecidos, quedándose con mercados cautivos y capitales en el exterior, y una amplia mayoría de la población sin otro recurso que su trabajo.

Trabajo que existe y es bien pago cuando se expande la demanda (que nace del poder adquisitivo de la población), pero cuando la decisión es ajustar y fugar capitales, el resultado es una profunda recesión con sus secuelas de desocupación y de miseria.

Terminado los más de 12 años de expansión, el ajuste del gobierno de Cambiemos no puede producir otra cosa que altas tasas de marginalidad.

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informa que al primer semestre de este año 2018, el 48% de las niñas y niños de nuestro país son pobres (6.300.000 chicos) y que el 20% (2.625.000 niños) son indigentes por privaciones severas. El 27,3% del total de la población vive en situación de pobreza (12.012.000 habitantes de nuestro país), cuando exportamos alimentos para 400 millones.

Cuando habla de la pobreza monetaria, UNICEF la define para una familia que percibe ingresos por debajo de los 175 dólares mensuales. Ese número representa el mínimo para tener cubierta la canasta básica total, que incluye las necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales, como el acceso a una vivienda, luz, agua potable, algún tipo de sistema sanitario (pobreza no monetaria). Y habla de pobreza extrema cuando ni siquiera alcanza a cubrir las mínimas necesidades alimentarias y las condiciones de vida son paupérrimas.

Este país del sur de América, con amplias extensiones de tierra de la más fértil del mundo, con capacidad para producir, ve con indiferencia que parte de su pueblo busque alimento o algo útil en la basura, que familias enteras duerman en la calle, que crezcan los barrios de emergencia, que los comedores asistenciales reciban cada vez más y más personas, seres humanos condenados aún antes de nacer por un sistema injusto que permite paralelamente que, según la revista Forbes de junio pasado, entre las personas que poseen un patrimonio que supera los 1.000 millones de dólares haya 50 argentinos.

Así nos enteramos que los Rocca de Techint poseen activos por 9.700 millones de dólares, la familia Bulgheroni tiene 7.300 millones de dólares, la familia Pérez Companc 3.900 millones, siguen los Eurnekian, los Werthein, los Roemmers, los Bagó, los Madanes Quintanilla, los Braun, los Brito, los Urquía, los Esquenazi, los Noble Herrera, los Magnetto, etc. etc. Aquí la lista completa: https://www.forbes.com/billionaires/list/47/#version:static

La pregunta obligada es cómo generaron esa riqueza en un país que no crece y que tiene los niveles de pobreza que Unicef nos grita en la cara. Segundo, cómo contribuyen al erario público cuando uno observa que el Impuesto a los Bienes Personales (que es el impuesto a los bienes de cada persona de nuestro país que supera el mínimo no imponible de $ 2.000.000.-), recauda solamente el 0,14% del PIB. Se prevé para 2019 que el Impuesto a las Ganancias sea solo el 4,9% del PIB, cuando la dos terceras partes lo pagan las sociedades (que por supuesto lo trasladan a sus precios) y de los que pagan las personas físicas la mitad son asalariados.

Un país rico pero injusto

El problema no son los pobres, son los ricos. Es más: existe esta vergonzante y dolorosa pobreza por los ricos y, por supuesto, la única solución que aportan es la doctrina Chocobar, que la fuerza de seguridad dispare en la espalda del sospechoso, desarmado y en el piso.

Lo dice muy bien el abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón: “El gobierno de Macri desprecia a los pobres, a los trabajadores y a los excluidos, y se preocupa de una élite que se siente representada por empresarios que hoy ocupan cargos en el Estado, naturalizando el conflicto de intereses y la segregación, un apartheid de hecho impuesto por la valla del acceso al dinero.

Por consiguiente, la resolución de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aprobando un protocolo para autorizar a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda, a matar sin mayor explicación, es otra manifestación de lo mismo: desprecia tanto a los pobres, a los trabajadores, a los excluidos, que, aunque le sirvan como policías, prefectos y gendarmes, los manda al muere con una palmadita en la espalda, como hicieron con el policía Chocobar.

“Este gobierno entrega a los agentes estatales que día a día caminan por las barriadas, no le importa sus vidas, ni el futuro de sus familias, de sus hijos, como tampoco le importan los pibes que mueren, que morirán como consecuencia de esas balas. En definitiva, todos son pobres, trabajadores, excluidos”, añade Yanzón.

El fascismo es eso, un Estado totalitario basado en las corporaciones. Las grandes corporaciones en la Argentina actual son los dueños de la tierra, del petróleo, del acero, del comercio, de los bancos, de los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que logran pasar desapercibidos en una sociedad donde los que ponen la cara son algunos de ellos, como son los casos de Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Marcos Peña.

Y algunos más, mezclados con los profesionales de la política como Mario Negri, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Miguel A. Pichetto y otros por el estilo, apoyándose en el bajo nivel ideológico y desconocimiento de la amplia mayoría de la población, que fue el principal logro de la dictadura cívico-militar y que pregonaron y pregonan los grandes medios de comunicación con el millonario de origen humilde, Héctor Magnetto, en la dirección estratégica del grupo Clarín.

*Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).


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