Argentina: la Justicia excarcela a un represor y esperará en libertad el juicio por genocidio

Un represor suelto

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó la excarcelación al represor Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, y esperará en libertad el juicio en el que está acusado del homicidio de Antonio Domingo García, militante montonero secuestrado en 1977, asesinado y enterrado como NN en el cementerio de la localidad bonaerense de Boulogne. Los argumentos de los jueces Guillermo Yacobucci —impugnado por Abuelas para su designación— y Ángela Ledesma se centraron en la ausencia de peligro de fuga, a pesar de que Alfonso permaneció prófugo entre 2012 y 2016.

“Con la resolución de hoy, Casación vuelve a beneficiar al represor Alfonso, que goza de una inexplicable impunidad que ya lleva 40 años”, repudió Abuelas de Plaza de Mayo el fallo a favor de Alfonso, a quien en septiembre la misma sala de la Cámara le revocó la absolución del TOF 1 de San Martín por el asesinato de García y el secuestro de su compañera Beatriz Recchia, que estaba embarazada, y de su hija Juliana.

García y Recchia fueron secuestrados junto a su hija de tres años en Villa Adelina el 12 de enero de 1977. Juliana fue entregada a su abuela materna, pero a Beatriz se la mantuvo secuestrada y, según los testimonios de los sobrevivientes, pasó por el centro clandestino de detención “El Campito” de Campo de Mayo, donde dio a luz a Bárbara, nieta recuperada en 2009. Antonio fue asesinado durante el operativo y en 1978 la Policía Bonaerense le reconoció a su familia que había sido enterrado como NN en el cementerio de  Boulogne.

De ese operativo participó Alfonso y fue condecorado por ello. En 2008 fue detenido por primera vez acusado por los secuestros y el crimen de García, pero rápidamente fue liberado por falta de mérito, cuando la Cámara Federal de San Martín consideró que podía no conocer “la finalidad” del operativo. Cuando ese fallo fue revertido, el ex secretario general del Ejército ya se había fugado a Paraguay bajo el nombre de Walter Ramón Fariña Falcón.

“Los jueces hicieron lugar al pedido de la defensa del represor y consideraron que no hay peligro de fuga. Cabe destacar, entonces, que Alfonso estuvo prófugo en Paraguay cuatro años, que pudo atravesar las fronteras con documentación falsa y sin ser detectado y que nunca se terminó de esclarecer cuáles fueron las ayudas internas y externas que le permitieron eludir a la justicia”, recordó Abuelas en su comunicado.

Alfonso se entregó finalmente en julio de 2016, un mes después de las reuniones que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con miembros de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, organización que impulsa el perdón para los responsables de los crímenes de lesa humanidad. En noviembre del año pasado, Alfonso fue condenado por el TOF 1 por el allanamiento ilegal a la casa de Villa Adelina, pero se lo desvinculó del crimen de García.

Al repudiar el nuevo beneficio otorgado a Alfonso, Abuelas recordó que en mayo pasado había impugnado la designación de Yacobucci como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. En su impugnación, el organismo de Derechos Humanos había advertido que Yacobucci tenía antecedentes en el beneficio a represores. Como juez subrogante en la Casación había dispuesto el cese de la prisión preventiva Jorge Acosta y Alfredo Astiz, entre otros represores del centro clandestino de la Esma y había rechazado la presentación de los organismos de derechos humanos como querellantes en esa megacausa.

“Exigimos a los jueces que en el menor plazo posible resuelvan la situación procesal de Alfonso para que sus víctimas puedan alcanzar Justicia”, reclamó Abuelas y recordó “el doble estándar que sostiene el Poder Judicial en materia de excarcelaciones, ya que en el caso de delitos comunes hay altas tasas de prisionización mientras que los genocidas esperan sus dilatados juicios en libertad”.

Página 12


Abuelas de Plaza de Mayo rechazan la excarcelación del represor Eduardo Alfonso

El represor Eduardo Alfonso, quien fue secretario general del Ejército durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, fue excarcelado por un fallo judicial, por lo que recuperará la libertad antes de enfrentar un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Con votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la excarcelación del ex integrante del Ejército.

Ellos consideraron que no hay riesgo de fuga: había estado prófugo entre 2012 y 2016 en Paraguay bajo una identidad falsa. “Pudo atravesar las fronteras con documentación falsa y sin ser detectado y nunca se terminó de esclarecer cuáles fueron las ayudas internas y externas que le permitieron eludir a la Justicia”, recordó Abuelas de Plaza de Mayo.

La entidad presidida por Estela de Carlotto repudió la decisión judicial y señaló que el represor “esperará en libertad el nuevo juicio por el homicidio doblemente calificado de Antonio Domingo García”, padre de dos nietas. “Recordamos que, en septiembre último, la Sala II de la CFCP ordenó anular la sentencia del TOF 1 de San Martín”, señaló un comunicado de la organización de derechos humanos.

“La anulación de la sentencia fue a los efectos de que se analice en profundidad la participación de Alfonso en los secuestros de Beatriz Recchia (embarazada de cinco meses) y su hija Juliana, de tres años, y en el asesinato de Antonio Domingo García, hechos por los que había sido absuelto”, remarcaron.  Y añadió: “Con la resolución de hoy, Casación vuelve a beneficiar al represor Alfonso, que goza de una inexplicable impunidad que ya lleva 40 años”.

“ Exigimos a los jueces que en el menor plazo posible resuelvan la situación procesal de Alfonso para que sus víctimas puedan alcanzar Justicia”, sostuvieron. Finalmente, Abuelas de Plaza de Mayo destacó que la designación de Yacobucci como juez de la Cámara Federal de Casación Penal “había sido impugnada” por la entidad, ya que habían considerado que “representaría un retroceso en materia de Memoria, Verdad y Justicia, consideración que se evidencia con esta decisión”.

El Intransigente