Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres: “Se ocultó información de autores intelectuales del asesinato”

Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la líder indígena hondureña y activista del medio ambiente Berta Cáceres, afirma que el fallo que condenó a siete personas por el asesinato de su mamá no juzgó a los autores intelectuales del crimen, sucedido el 2 de marzo de 2016.

Zúñiga, actual coordinadora de la organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), habló con la Agencia Anadolu sobre sus quejas por el fallo, las cuales serán expuestas este jueves en una audiencia del 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Cáceres fue considerada una de las líderes ambientales más emblemáticas de América Latina por su defensa del Río Gualcarque y de la comunidad indígena Lenca ante el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desa, en Honduras.

¿Cómo recibe el fallo que condenó a siete personas por el asesinato de su madre, Berta Cáceres?

Hemos tenido una postura reiterada de la poca voluntad del Estado en realmente llegar a la justicia en el caso y planteamos que en el proceso ha habido una exclusión permanente de las víctimas.

Ha sido un proceso lleno de irregularidades donde se ha ocultado información que podría ser importante para desglosar responsabilidades en la autoría intelectual en el crimen de la empresa Desa y también de funcionarios del Estado por acción u omisión.

Han transcurrido casi tres años y creemos que los avances han sido pobres. Sin embargo, este resultado no ha sido fácil y aunque se haya condenado solo a la estructura más baja, ya por lo menos se afirma que el asesinato provino de la empresa Desa por sus intereses como constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Es innegable esa realidad.

¿Cuál sería el siguiente paso en este proceso para tener todas las certezas sobre el crimen?

Hay un proceso iniciado en contra del presidente de la empresa Desa, David Castillo. Sin embargo, hay otras personas vinculadas a la toma de decisiones de la empresa como sus accionistas, los miembros de la familia Atala Zablah, a quienes se les tiene que abrir el proceso de imputación.

Ellos todavía no están siendo procesados y deben iniciarse lo más pronto posible procesos judiciales con una detención preventiva. Eso es lo que debería pasar.

Nosotros vamos a interponer una acción legal para quitarle la concesión del proyecto a la empresa Desa. Queremos evitar otras acciones violentas en contra de las personas y las comunidades que siguen resistiendo y para las cuales las amenazas no han decaído.

Le apuntamos a que nuestras acciones vayan encaminadas a determinar la autoría intelectual del asesinato y desmembrar la estructura criminal que ejecutó el crimen.

¿Cuáles han sido los obstáculos que han tenido en el Ministerio Público durante la investigación?

En las investigaciones iniciales se quería hacer un montaje judicial del crimen al decir que había sido un crimen pasional o inter-organizacional. Por eso se abrieron procesos contra policías por falsificar pruebas. Eso es muy extraño porque a un policía no le nace hacer algo así por sí mismo. Además, el ministro de Seguridad hizo declaraciones adelantadas diciendo que se trataba de un lío de faldas.

Esos fueron unos primeros obstáculos que logramos vencer. Hay otro obstáculo, que es la negación permanente de acceso a la información. Hay aparatos telefónicos y electrónicos que fueron dañados en el Ministerio Público para ocultar datos.

Ese ocultamiento de información ha sido el más trascendental de todos los obstáculos. Además, fuimos expulsados al final de este proceso de manera arbitraria por parte del Tribunal en un hecho promovido desde la Fiscalía.

¿Por que se les expulsó durante el proceso judicial?

Empezamos a hacer varias acciones de denuncia para decir que unas fiscales habían desobedecido órdenes judiciales y que debían recibir alguna sanción. No fueron sancionadas por el tribunal, entonces actuamos frente a esa situación.

El Tribunal fue recusado al considerarlo no imparcial y permitir esa actuación desde el Ministerio Público. A raíz de esa recusación se promovieron varias acciones internas para paralizar el proceso legal hasta que se tuvieran las garantías básicas.

Esos recursos fueron resueltos en tiempo récord. Luego se convocó a una de las audiencias, a las que no asistimos por considerar que el Tribunal estaba recusado. Entonces se declaró que nuestra acusación, en la que estamos las víctimas y las representantes de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro, que es el mexicano que sobrevivió al atentado, en abandono del proceso legal.

Lo entendemos como un castigo a esas denuncias y para liberarse de que nuestra acusación siguiera participando.

¿Consideran que el fallo reconoce que el asesinato fue un crimen político?

Creo que no reconoce que fue un asesinato político, pese a ser un fallo que plantea la disputa que existía entre la empresa Desa y las comunidades en defensa del Río Gualcarque, impulsada por nosotros en el Copinh.

El fallo desentiende cualquier papel que el Estado tuvo, donde no comprendemos por qué un mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público de alto rango dentro del Ejército, Mariano Díaz Chávez, participa de ese crimen.

El Estado sigue en una gran deuda en determinar por qué un agente del rango que tenía Díaz Chávez estaba participando en la planificación y ejecución del crimen. Esa es la parte de la verdad que sigue ausente.

Tenemos claridad de todo lo que antecedió al asesinato de Berta Cáceres, que lo caracteriza como un crimen de Estado.

¿El crimen fue propiciado por una alianza entre el Estado y la empresa Desa?

Sí, fue un contubernio. La familia Atala Zablah es una de las más influyentes en la vida política del actual Gobierno, bajo el cual se asesinó a Berta Cáceres. Ellos mencionan en sus comunicaciones a ministros y que se reunían en la casa presidencial. Ningún ciudadano ordinario de este país tiene acceso a esas cosas.

Hablan del capital político que habían invertido, por lo cual debían parar la lucha comunitaria en la instalación del proyecto.

¿Sin embargo hay una investigación en contra de David Castillo que reconocen como un avance?

El señor Castillo está en prisión preventiva. Se está iniciando el proceso judicial para determinar su culpabilidad o no dentro del proceso. Sería una de las investigaciones en la categoría de autor intelectual. Sin embargo, hay otros autores intelectuales y otras personas con mayor poder de decidir sobre el hecho que no están siendo procesadas.

¿En este momento tiene su familia la certeza de cómo sucedió el asesinato?

Sí, conocemos y no teníamos duda de que el asesinato provino de la empresa Desa, y por eso hemos luchado tanto para posicionar esa línea de investigación dentro de las que manejaba el Ministerio Público. Sin embargo, no teníamos elementos suficientes para probarlo.

Hoy, a raíz de la lucha solidaria que ha existido en el caso, hemos logrado adquirir una parte importante de la información en la que se conoce por la palabra de los criminales cómo se operó el asesinato, que existió una tentativa de homicidio antes del 2 de marzo, y de sus conexiones con funcionarios del Estado.

Tenemos esa parte de la verdad, pero hace falta otro bloque de información que no creemos que vaya a conocerse bajo la política actual del Estado y el Ministerio Público hondureño. Pensamos, además, que hay información que ha sido eliminada en algunos casos.

¿Cuáles son las denuncias que van a exponer este jueves en la audiencia de la CIDH?

La audiencia está dada en el marco de las medidas cautelares que tiene tanto el Copinh como la familia de Berta Cáceres. Fueron emitidas en el marco del asesinato de mi mami y la idea es que el Estado rinda cuentas de cuánto ha hecho para desmantelar las fuentes de amenaza y de riesgo.

Hemos insistido de manera reiterada en que no se trata de dar medidas superficiales e ineficientes. Se sabe que el Estado no puede garantizar la seguridad de todos nosotros, pero sí puede investigar y sancionar.

Vamos a insistir en preguntar cuánto han avanzado esas investigaciones y decir que hay una condena en el marco de sendas irregularidades, que han lacerado el derecho a la verdad.

Vamos a decir que el Estado no va a silenciar la búsqueda de justicia en el caso de Berta Cáceres porque no hay justicia mientras la estructura criminal que la asesinó esté activa y no haya sanción para todos los responsables.

¿Siguen teniendo vigencia las denuncias de la comunidad Lenca, que defendía Berta Cáceres?

El caso de Berta Cáceres es emblemático, al encerrar no solo el típico operativo para asesinar a líderes sociales en América Latina, sino que grafica muy bien las relaciones mantenidas por parte de las empresas frente a las comunidades indígenas y campesinas en las regiones.

Desa es una empresa nacional en la que se ve parte de la oligarquía hondureña, que está apoyada con financiamiento internacional y donde se vieron involucrados bancos de desarrollo europeos.

Tenemos un proceso internacional contra uno de los bancos financiadores, que es el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), y decimos que ese financiamiento se utilizó para asesinar a personas, como en el caso de Berta Cáceres.

Pensamos que, sin ese dinero, ese proyecto no hubiese podido realizarse y que los recursos sirvieron para pagar sicarios y la logística en el crimen contra Berta Cáceres.

¿Ante quién tienen este proceso contra el Banco Holandés de Desarrollo (FMO)?

Ante una corte holandesa. Hemos logrado parar el proyecto y logrado expulsar a dos de los tres financiadores, y eso no cualquier comunidad lo puede decir. Es una victoria en el nombre de Berta Cáceres y en honor a la causa de búsqueda de justicia.

¿Cuál financiador no han podido expulsar?

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que tiene varios aportadores extraterritoriales a la zona centroamericana.

¿Cuáles sí detuvieron?

El Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund)

¿Cuál es el estado actual del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca?

El proyecto está suspendido porque la lucha comunitaria no ha permitido su desarrollo. Sin embargo, se mantiene la concesión de 50 años y Desa hace un trabajo para fortalecer estructuras paralelas a la resistencia comunitaria. Tienen toda la intención de reactivarlo a medida que descienda la presión sobre el caso. Sigue siendo una amenaza potencial para las personas que hacen la lucha en defensa del río.

¿Cuál es el legado que le deja Berta Cáceres, inspiró su liderazgo en las causas sociales?

El legado fundamentalmente es de continuar la lucha y de no rendirnos ante las injusticias y ante la impunidad tan grande que existe en este país. También de articular las resistencias, porque vemos que lo que operó en el caso de mi mami se repite muchas veces en nuestro país y en la región latinoamericana.

Pienso que es importante articular resistencias para enfrentar a estos grandes monstruos que tienen todo el dinero y el poder, y así dar un mensaje de que no se puede asesinar ni violentar a las comunidades.

Mi compromiso es con ella y con su lucha, que fue lo que quisieron asesinar y que es lo que me ha llevado a tomar este papel.

El Espectador