Pasado reciente y juicios por las violaciones a los derechos humanos en El Salvador y Guatemala – Por Melisa Kovalskis y Lucrecia Molinari

Por Melisa Kovalskis y Lucrecia Molinari *

Movilización social, “conflictos armados” y represión

Los años setenta se caracterizaron en El Salvador por una movilización social de magnitud inédita en la historia del país y de la que las guerrillas fueron sólo una parte. Como respuesta, el Estado desplegó niveles cada vez mayores de represión y el accionar de grupos paramilitares aumentó, lo que se cobró la vida de miles de miembros de sindicatos, dirigentes campesinos, sacerdotes e intelectuales. A inicios de los ochenta estalló la guerra civil, que finalizó doce años después con la firma de los Acuerdos de Paz. Se calcula en 85 mil el saldo de víctimas fatales, 85% de las cuales fueron imputadas al Ejército por la Comisión de Verdad de Naciones Unidas.

En Guatemala un conjunto de organizaciones sociales y guerrillas lograron articularse pese al contexto autoritario, protagonizando importantes movilizaciones que adquirieron el carácter de situación revolucionaria a fines de los años setenta. La presidencia de José Efraín Ríos Montt (1982-1983) implementó un plan que decuplicó la cantidad de asesinatos mensuales e incluyó la estrategia de “tierra arrasada”, el reclutamiento forzoso y la construcción de “aldeas modelo”. El “conflicto armado interno” continuó hasta 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz. El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reveló que más de 200 mil guatemaltecos habían perdido la vida, incluyendo 40 mil desapariciones forzadas y 669 casos de asesinatos múltiples.

El período de posguerra quedó marcado por el fortalecimiento político y económico de los militares en Guatemala y la consolidación de un partido de extrema derecha en El Salvador. En ese contexto se intentaron aprobar “leyes de impunidad” para impedir el acceso a la justicia.

La impunidad comienza a quebrarse

Tras los juicios iniciados desde el exterior, los crímenes del terrorismo de Estado comenzaron a juzgarse en Guatemala. Uno de los más emblemáticos fue el juicio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez (ex Jefe de Inteligencia) acusados por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo maya ixil, figuras penales excluidas de la amnistía. Al cabo de unos meses, la justica absolvió a Rodríguez Sánchez y condenó a Ríos Montt, pero la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la sentencia y consideró que el juicio debía repetirse. Ríos Montt murió en abril de este año, cumpliendo con el privilegio de la prisión domiciliaria y siendo el único ex Jefe de un Estado latinoamericano condenado por genocidio. En septiembre hubo una nueva sentencia que ratificó la existencia de un plan de exterminio sistemático del pueblo ixil, pero volvió a absolver a Rodríguez Sánchez alegando que no hay pruebas de que torturara o matara a población civil, aunque cumpliera las funciones de supervisión, asesoramiento y recopilación de información para las operaciones.

Uno de los juicios más recientes –el del caso Molina Thiessen que condenó a cinco ex militares por delitos de lesa humanidad este año-, tuvo la particularidad de involucrar, además de oficiales, a dos miembros de las altas estructuras del ejército: el Director de inteligencia y Jefe del Estado Mayor General, y demostrar la desaparición forzada como práctica sistemática que tuvo al sector de inteligencia como engranaje clave.

En El Salvador, en julio de 2016, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, permitiendo la reapertura de algunas investigaciones penales como la de la “masacre de El Mozote”. Así se conoce al operativo militar de contrainsurgencia llevado adelante en el norte de Morazán en diciembre de 1981 por el batallón Atlacatl. Como resultado de la operación y según el registro oficial de víctimas elaborado el año pasado, 978 civiles fueron asesinados. Actualmente, el juez que conduce la investigación presentó 9 cargos contra 18 oficiales de alto rango. Esas imputaciones serían las primeras en el país contra altos jefes militares, lo cual podría determinar que la masacre fue parte de un sistema o plan que explicaría el exterminio masivo de civiles. Asimismo, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió demostrar que las víctimas descubiertas en fosas comunes fueron asesinadas en el mismo lugar y tiempo y que muchos habían recibido disparos varias veces mientras estaban en el suelo, descartando las teorías de una confrontación armada entre dos grupos. Se estima que se conocerá la sentencia del juicio a mediados de 2019.

La importancia de los procesos de memoria, verdad y justicia

Más allá del necesario desempeño de una justicia ecuánime para la existencia de un Estado de derecho, el desarrollo de los juicios por violaciones a los derechos humanos ha demostrado tener profundas funciones reparadoras.

La escenificación de los juicios establece con claridad quiénes son víctimas y quiénes victimarios y les otorga lugares y funciones distintas: restituye a los primeros la palabra y exige que los segundos rindan cuentas públicas de sus crímenes y asuman las consecuencias. Quiebra así la analogía entre las “dos violencias” que subyace tras la calificación de estos procesos como “guerra” (contrainsurgente, sucia, etc.) o “conflicto armado interno”. Incluso en casos como El Salvador -donde se dio una situación que puede calificarse claramente como guerra civil- el subsumir el análisis bajo esta categoría impide ver quiénes eran el blanco de las prácticas represivas, apuntando únicamente a las organizaciones armadas cuando, en la práctica, la represión fue sufrida por la totalidad del cuerpo social.

Este tipo de categorías invisibilizan los objetivos políticos que la represión buscaba. Los testimonios de los escasos juicios que se vienen desarrollando demuestran que dichos objetivos no se reducen a la eliminación de una organización armada, sino que las violaciones a los derechos humanos fueron funcionales a una “ingeniería” de reconstrucción del orden social que apuntó a desactivar definitivamente los procesos de movilización y demandas de cambio de la sociedad en su conjunto.

* Ambas son Investigadoras del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC/UBA). Kovalskis es también investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Molinari es becaria de CONICET en la Universidad Nacional Tres de Febrero.