Investigador de la CICIG ingresa al país tras estar 26 horas retenido

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Tras permanecer 26 horas retenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Yilen Osorio Zuluaga, ingresó ayer al país tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó el cumplimiento del amparo otorgado el pasado 21 de diciembre a favor de 11 colaboradores de la Comisión a quienes se les habían revocado las visas de cortesía. La acción fue promovida por el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas.

Los magistrados de la CC por mayoría, excepto la presidenta Dina Ochoa quien emitió voto disidente, resolvieron que la decisión de los empleados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) de no permitir el ingreso de Osorio Zuluaga “contraviene e incumple con los efectos positivos otorgados en el amparo provisional dictado”.

El tribunal constitucional ordenó al director del IGM, Carlos Emilio Morales Cancino, que permitiera el ingreso del investigador de la CICIG y, que de no cumplir la disposición, se ordenaría su separación del cargo. A las 19:30 horas de ayer, Osorio Zuluaga salió del aeropuerto escoltado por fiscales del Ministerio Público (MP).

Durante el tiempo que Osorio Zuluaga estuvo retenido en el AILA por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y de Migración se practicaron dos exhibiciones personales para verificar sus condiciones. Sin embargo, ninguno de los jueces ordenó su ingreso a Guatemala.

Desde la noche del pasado sábado cuando los empleados del IGM intentaron expulsar del país al investigador de la CICIG por razones de “orden y seguridad pública”, decenas de personas se manifestaron en rechazo a las disposiciones del Gobierno de Guatemala de no acatar las decisiones de la Corte.

CAPTURAN A EMPLEADOS DE MIGRACIÓN

Desde el mediodía de ayer, el MP buscó la aprehensión en flagrancia de Irma Cruz Suntecún Tesucún, delegada de Migración y Miguel Antonio Cantoral Dávila, jefe del Grupo “C” de Delegación de Migración en el Aeropuerto La Aurora, quienes el pasado sábado negaron la admisión a Guatemala, del investigador de la CICIG, según consta en la resolución DGM-01-2019.

Las capturas de Suntecún y Cantoral no se produjeron de manera inmediata porque los fiscales no presentaron copias certificadas de amparos, explicó el jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo. Finalmente, ambos empleados fueron llevados a la Torre de Tribunales donde, hasta el cierre de la presente edición, permanecían a la espera de ser escuchados por el Juez de turno.

La Dirección General de la PNC informó en un comunicado que el despliegue de fuerzas de seguridad realizado en el Aeropuerto La Aurora se ejecutó en apoyo al personal del Instituto de Migración que se encontraban en la Terminal Aérea. Ayer, además, trascendió que hubo diferencias entre los fiscales del MP y elementos de la Policía al momento de las detenciones dentro del Aeropuerto.

CONTRADICCIÓN DEL IGM

Los empleados del Instituto Guatemalteco de Migración que resolvieron la no admisión del investigador de la CICIG argumentaron en su resolución que no habían sido notificados sobre el amparo provisional otorgado por la CC. No obstante, en el oficio DGM-0840-2018 con fecha 21 de diciembre, el director de Migración Morales Cancino, instruye a la subdirectora de Control Migratorio, Raquel María Vicente, acatar inmediatamente la resolución de la Corte.

El mismo 21 de diciembre el Gobierno de Guatemala prohibió el ingreso al país de 11 investigadores de la CICIG por “razones de seguridad nacional”, para lo cual se ampararon en el Código de Migración, que cobró vigencia en 2017. El mismo argumento fue utilizado por el presidente Jimmy Morales para prohibir el ingreso a Guatemala del comisionado contra la Impunidad, Iván Velásquez.

Gobierno amenaza

La directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), Motty Rodas, señaló que en 2018 después de que el presidente Jimmy Morales prohibiera el ingreso del jefe de la CICIG Iván Velásquez, el Instituto de Migración advirtió a las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional La Aurora, con imponerles multas y retener los aviones en las rampas de abordaje si permitían a Velásquez abordar alguno de sus vuelos. “Se hablaba de multas y posibilidades de no dejar aterrizar las aeronaves”, dijo Rodas.

DENUNCIAN A FUNCIONARIOS

Acción Ciudadana presentó ante el Ministerio Púbico una denuncia contra los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por desobedecer a la CC. También sindican al Procurador Luis Donado, por abuso de autoridad.

El Periódico


Ministros son denunciados por desobediencia en resolución de la CC sobre Cicig

El equipo legal de Acción Ciudadana presentó ayer por la mañana una denuncia penal contra el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por los delitos de desobediencia a una resolución judicial y violación de inmunidades.

Además, accionaron contra el procurador general de la nación, Jorge Luis Donado, por usurpación de atribuciones, abuso de autoridad y desobediencia, en relación con el impedimento de ingreso de Yilen Osorio, investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El abogado Edie Cux explicó que la denuncia obedece al incumplimiento del artículo 78 de la Ley de Amparo y Exhibición Constitucional, la cual establece que “la desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de un funcionario o empleado del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa legal de destitución, además de las otras acciones establecidas en las leyes”.

Osorio Zuluaga es uno de los integrantes de la Cicig a quienes se les revocó la visa de cortesía y se les dio un plazo de 72 horas para dejar Guatemala, decisión que fue revocada por la Corte de Constitucionalidad (CC). Los investigadores cuentan con un amparo provisional vigente.

La denuncia contra Donado también obedece a que, a criterio de los denunciantes, las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) especifican que es un órgano consultor y de asesoría que no puede emprender acciones como la presentación de antejuicios contra los magistrados de la CC, a los que acusó de delitos de violación a la Constitucicón, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.

“El procurador general (Donado) está atribuyéndose funciones del Organismo Judicial”, dijo Cux. El abogado también fue crítico del actuar del Ministerio Público (MP) ya que, según su interpretación, la fiscal general Consuelo Porras debido actuar de oficio en el caso del investigador.

Para Acción Ciudadana las acciones de anoche son la séptima desobediencia flagrante del gobierno del presidente Jimmy Morales sobre el amparo provisional otorgado por la CC.

En delito flagrante

Para el director de Impunity Watch en Guatemala, Alejandro Rodríguez, tanto el ministro Degenhart como Jovel han caído en un delito flagrante al no acatar el amparo provisional que permite el ingreso de los investigadores de Cicig al país. “Están desobedeciendo al máximo tribunal constitucional, ya se consumó el delito, se produjo además ya una exhibición personal por la privación de libertad del investigador”, detalló.

A criterio del jurista, estas acciones ameritan que se ejecute las disposiciones de la Ley de Amparo y se deduzca las responsabilidades penales para los funcionarios y se giren sus órdenes de captura.

“El Estado de Derecho está en juego, o se impone la fuerza o la legalidad, y las autoridades que desobedezcan las resoluciones pueden ser procesadas y destituidas, estamos en una crisis constitucional como la del 1993 (golpe de Estado de Serrano Elías), el poder del Ejecutivo está tomando superioridad sobre los otros poderes del Estado y en ese marco la Corte de Constitucionalida está haciendo valer los derechos de las personas”, señaló el jurista.

El marco jurídico para esta acciones lo brinda la Ley de Amparo, señaló Rodríguez. Está incluye en su artículo 32 el encausamiento por desobediencia, “si la persona a quien se haya notificado la suspensión desobedece la orden judicial y sigue actuando, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encausamiento, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponda”, señala la Ley.

Por su parte, el artículo 54 de la misma norma establece: “Incumplimiento de la resolución. Si el obligado no hubiere dado exacto cumplimiento a lo resuelto, de oficio se ordenará su encausamiento certificándoselo conducente, sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzca a la inmediata ejecución de la resolución de amparo”.

El mismo artículo añade: “si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo gozare de antejuicio, se certificará lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso”.

Respecto al incumplimiento de su resolución, la CC aún no se ha pronunciado, mientras que el Ministerio Público refirió en un comunicado de la fiscal general, anoche, que “exige al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, que ordenen a su personal designado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a que se cumpla con lo resuelto por la CC; bajo la advertencia que, si no se hace, se procederá legalmente como corresponde”.

Prensa Libre


En vivo, qué está pasando en el aeropuerto y por qué puede culminar en un Golpe de Estado

Inicio de la cobertura, a las 15:00 del 6/1/19.

1. El Gobierno (por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores) decidió no renovar las visas de cortesía para 11 investigadores de la CICIG, en un abierto desacato a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que ordenaron al Gobierno permitir el funcionamiento de la CICIG.

2. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto esta orden del Ministerio de Relaciones Exteriores y ordenó que se permitiera el regreso al país de los 11 investigadores, que se encontraban fuera por vacaciones de Navidad. Ayer regresó Yilen Osorio, uno de los investigadores, pero el Gobierno (por medio del Ministerio de Gobernación y Migración) impidió su ingreso al país. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, llenó los alrededores del Aeropuerto La Aurora de Fuerzas Especiales de la Policía y la comisaría más cercana con los policías motorizados especializados para ataques llamados Lobos. Con esto se da un nuevo desacato del Gobierno (por medio de Gobernación) a una orden de la Corte de Constitucionalidad.

3. Esto es lo que se ha descrito como un golpe de Estado en cámara lenta. Es un golpe de Estado porque la República de Guatemala se rige por un régimen constitucional, cuyo máximo tribunal es la Corte de Constitucionalidad. Si uno de los poderes del Estado no acata lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad, rompe con el estado de legalidad y con el régimen constitucional; por eso es que se considera un golpe de Estado.

4. En el Aeropuerto, que ayer fue cerrado por el Gobierno y no pudieron entrar ni salir pasajeros, la crisis continúa. El aeropuerto volvió a funcionar con normalidad este domingo.

5. Cuatro ciudadanos abogados –Oswaldo Samayoa, Mariana Rohrmoser, Jorge Morales Toj y Fernando González Freeman– interpusieron recursos de exhibición personal ante juzgados de turno para poner fin a la detención ilegal del investigador de la CICIG Yilen Osorio, quien se encuentra detenido en el aeropuerto desde anoche. El primer juez dijo que no podía ser detenido ni deportado, pero no resolvió el impase, y el segundo juez Elio Akbal Oliva Melgar, no resolvió tampoco la detención ilegal, pero pidió que fuera resguardado en el aeropuerto y se le llevara un colchón para que pudiera descansar después de una noche de estar detenido.

6. El Ministerio Público –después de cuatro meses del primer desacato del Gobierno de órdenes de la Corte de Constitucionalidad– por fin ha reaccionado. La fiscal general Consuelo Porras envió a decenas de fiscales al Aeropuerto desde anoche a cumplir con las órdenes de la CC de dejar entrar al investigador y ha ordenado que se capture a quienes incumplan con las órdenes.

7. Esto significará un nuevo pulso y tensiones. Si Degenhart se mantiene al frente del Ministerio de Gobernación, habrá un pulso de poder (y de legalidad y constitucionalidad) entre el MP y Gobernación. Entre fiscales y policías.

8. En medio de esto, 63 organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado por la crisis y colectivos ciudadanos han convocado a manifestar frente al Aeropuerto y frente a la Corte de Constitucionalidad, para defender la democracia y el régimen constitucional.

9. A pesar de las negativas iniciales de la presidenta Dina Ochoa –nombrada por Jimmy Morales– para convocar al pleno de la Corte de Constitucionalidad, los tres magistrados independientes y que son mayoritarios –Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco De Mata Vela– lograron presionarla para que se sesionara y se debatiera sobre si destituyen a los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores tras los desacatos. La organización Acción Ciudadana interpuso un nuevo recurso para pedir su destitución.

10. Si llegan a decidir esto, ocurrirá otro momento crucial en la crisis. Quedará por ver si el Gobierno de Jimmy Morales acata esta orden o, como le piden sus aliados más radicales, desconoce a la Corte de Constitucionalidad y culmina el Golpe de Estado.

11. Hay un punto importante. Hay lectores que se preguntan por qué el ingreso de un investigador de la CICIG es tan determinante para el futuro del régimen constitucional y la democracia. Este es el último capítulo de una crisis que viene desde agosto de 2017, cuando la CICIG presentó una acusación contra el presidente Jimmy Morales y su partido FCN por financiamiento electoral ilícito cuando fue candidato en 2015. La respuesta de Jimmy Morales fue declarar la guerra a la CICIG e intentar acabarla. La acusación se amplió contra los financistas ilegales de la campaña de Jimmy Morales, quienes son grandes empresarios, cuyas cámaras organizadas en el CACIF apoyan al presidente Jimmy Morales en este intento de acabar con la CICIG y romper el orden constitucional para evitar ser investigado. Impedir el ingreso al país de los investigadores de la CICIG y del jefe de la CICIG, Iván Velásquez, tiene como objetivo desmantelar a la CICIG e impedir que continúen las investigaciones de corrupción e impunidad. La Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la PDH y los ciudadanos son la última barrera para evitar que la Presidencia decida a quién puede investigar la CICIG.

12. La Corte de Constitucionalidad ordena a Director General de Migración que en el plazo de una hora permita que Yilen Osorio, investigador de la CICIG ingrese al país. En caso de incumplimiento se ordenará su separación del cargo. La CC también ordenó que estas resoluciones sean publicadas en el Diario Oficial para que todas las autoridades tomen las medidas necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala en la creación de la CICIG. La magistrada Dina Ochoa, nombrada en ese cargo por el presidente Jimmy Morales, votó en contra de esta orden. La Corte no ordenó la destitución de Degenhart ni Jovel.

Llegaron también manifestantes anti-CICIG. Se trata de grupos de ciudadanos convocados por Guatemala Inmortal, que en el pasado han convocado a familiares y amigos de acusados por la CICIG, a campesinos engañados y a otros ciudadanos que se oponen a la Comisión.

13. Termina la jornada. La legalidad y el régimen constitucional se impusieron, por hoy, al desacato del Gobierno de Jimmy Morales.

No obstante, los ministros Enrique Degenhart (Gobernación) y Sandra Jovel (Relaciones Exteriores) siguen en sus puestos.

14. Hoy, lunes 7 de enero, está previsto que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —cercana a la alianza entre Jimmy Morales y la mayoría parlamentaria conocidos como el Pacto de Corruptos— conozca una demanda del Gobierno, por medio de la PGN, para que se retire la inmunidad a la mayoría independiente de la Corte de Constitucionalidad.

Los esfuerzos por un golpe de Estado por parte del Gobierno no terminarán aquí.

Faltan 12 días para la convocatoria a elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales el 6 de junio. Falta un año y una semana para que termine el mandato de Jimmy Morales.

Nomada

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