Uruguay 2018: la política económica entre dos fuegos – Por Jorge Notaro

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Jorge Notaro *

Las decisiones de Política Económica (PE) del gobierno fueron la resultante de las contradicciones entre las propuestas de las organizaciones populares y las de las clases dominantes expresadas en las recomendaciones de las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reivindicaciones de las cámaras empresariales, las críticas de los dirigentes de los partidos de oposición, los fundamentos pretendidamente científicos de los economistas de las consultoras locales que asesoran al capital y la insistente difusión a través del oligopolio de medios.

1. Gobierno, poder y clases sociales

La elección de 2004 la ganó la coalición Frente Amplio –Encuentro Progresista (EP) – Nueva Mayoría (NM). El acelerado proceso que en los meses posteriores al triunfo electoral llevó a integrarse al FA a la Alianza Progresista, que junto al FA integraban el EP, así como al Nuevo Espacio que junto a los anteriores formaba la NM, es un fenómeno al que los cientistas políticos no han buscado una explicación. Este cambio contribuye a explicar por qué el artículo primero del Estatuto de creación del FA, que lo define como una fuerza política anti imperialista y antioligárquica, no está presente en la PE.

Acceder al gobierno no es condición suficiente para derrotar a la alianza de clases dominantes, pero crea la posibilidad de modificar la correlación de fuerzas aumentando el poder de las clases dominadas. Para explicar la PE del gobierno del Uruguay desde 2005 hasta 2018 es necesario tener en cuenta las expresiones de cuatro clases sociales, principales pero no únicas, que se manifiestan en forma visible, diagnostican, proponen, elaboran documentos, se reúnen con los gobernantes y toman medidas de lucha.

En la estructura de clases en la que se inserta el nuevo gobierno la hegemonía corresponde al capital financiero y es resultado del carácter de Uruguay como sociedad dependiente. Lenin diferenció a los países imperialistas, sus colonias y los países dependientes; estos últimos tenían un gobierno propio, pero sus decisiones estaban subordinadas al capital extranjero. La dependencia aparece como un fenómeno político y es necesario buscar los mecanismos de dominación, las relaciones de clases sociales que la viabilizan así como sus implicancias en el desarrollo de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas. Transcurrió un siglo desde la publicación del artículo de Lenin y se procesaron múltiples cambios, pero no perdió vigencia el Imperialismo como sistema internacional de relaciones de dominación económicas, políticas, militares y culturales (Notaro 2018).

Las relaciones de dominación culturales son más amplias que las ideológicas. Las segundas encubren y justifican una forma de organización de la sociedad en la cual una minoría domina y explota a la mayoría. Las primeras implican, además de la ideológica, un sistema de valores, una forma de pensar y de vivir que se puede sintetizar en trabajar más para ganar más dinero para consumir más bienes y servicios (Platero 2018, Butazzoni 2018) que propone la publicidad a través de los medios de comunicación de masas.

La hegemonía del capital financiero se expresa a través del FMI y las agencias calificadoras de riesgo. El FMI, así como el Banco Mundial, fueron perdiendo importancia como acreedores por el aumento de la colocación de títulos en los mercados financieros, lo que promovió que su lugar fuera ocupado por las calificadoras de riesgo.

Las clases dominantes locales que completan el cuarteto son los terratenientes y la burguesía, con intereses predominantemente coincidentes y en menor medida divergentes, ya que los primeros captan la renta de la tierra que es una parte de la plusvalía de la que se apropia la burguesía, el aumento de la segunda es condición necesaria para el aumento de la primera. La totalidad de las organizaciones de las clases dominantes locales constituyeron la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) en 2016.

En “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” Marx (2003) hizo referencia a las clases en lucha y también a los altos dignatarios del Ejército, de la Universidad, de la Iglesia, del Foro, de la Academia y de la Prensa que “se repartían entre ambos campos”. En el Uruguay de hoy entre los actores sociales que inciden en la cultura de dominación, para los objetivos del presente artículo se destacan los economistas de las consultoras que asesoran al capital y el oligopolio de medios, como parte de la constelación de fuerzas conservadoras.

El principal componente de las clases dominadas son los trabajadores asalariados organizados en el PIT – CNT que construyeron un actor social, inicialmente como CNT, que tuvo su máxima expresión de lucha en la huelga general contra el golpe de estado de 1973, se debilitó desde la década de los noventa y recuperó protagonismo desde 2005.

2. Caracterización de la Política Económica

Durante el primer gobierno del FA se implementaron varias reformas importantes, tributaria, social, de la salud y laboral; también del sistema financiero, aunque habitualmente no se incluye en la lista, que profundizó la dependencia. La política de inversiones aplicó una ley de 1998, ajustó los criterios para adjudicar exoneraciones fiscales, se complementó con la firma de varios Tratados Bilaterales de Inversiones y la creación de nuevas zonas francas.

Desde 2015 la PE se puede considerar “de ajuste” por qué tuvo como objetivos prioritarios declarados la reducción del déficit fiscal y de la inflación, utilizando las políticas fiscal y salarial. Los cambios en la política fiscal se implementaron en el Presupuesto Nacional y en las Rendiciones de Cuentas de cada año, se redujo la inversión pública y se asignó a las empresas públicas la tarea de aumentar los ingresos públicos generando excedentes (MEF 2015 y 2017).

Como parte de la política salarial el Poder Ejecutivo propuso en los Consejos de Salarios sustituir la indexación al IPC de los aumentos por porcentajes, diferenciando tres niveles según se tratara de empresas en problemas, medias o dinámicas; los salarios más bajos tendrían un aumento adicional; los plazos de los acuerdos serían por dos o tres años. Si el aumento de IPC fuera mayor que el de salarios en el período, se haría un aumento por la diferencia; los objetivos declarados eran mantener las fuentes de trabajo y el salario real (MTSS – MEF 2017).

Las políticas públicas y como parte de estas la PE, son «sistemas complejos», es decir, un conjunto organizado de elementos en continua interacción entre sí y con el contexto (García, 2006). Es necesario tener en cuenta el contexto histórico que contribuye a explicar la PE que se adopta (en 3) así como los impactos que recibe de la PE (en 4).

3. Condicionantes de la PE

Desde 2015 se contrajeron las exportaciones, se enlenteció el crecimiento del PIB, se intensificaron las presiones para implementar un ajuste, la central sindical manifestó sus discrepancias pero no logró modificar la PE.

En 2014 el Fondo Monetario Internacional propuso “una estrategia encaminada a reducir la indexación retrospectiva de los sueldos” y reducir el déficit fiscal al 2,5% del PIB en los próximos cinco años (FMI 2014). En 2016 el FMI manifestó su acuerdo con la prudencia y el compromiso con la consolidación fiscal del gobierno uruguayo, la bancarización, los Proyectos Público – Privados, los nuevos lineamientos salariales y estimuló a adoptar nuevos pasos para eliminar total mente la indexación (FMI 2016).

Las calificadoras de riesgo consideraron necesario la reducción del déficit fiscal y de la inflación (Moody’s en mayo de 2016, Standard & Poor’s en mayo de 2017, Ficht Ratings en abril de 2017). El informe de Moody’s publicado el 9 de mayo de 2016 advirtió que “en caso de que las medidas de consolidación se queden cortas en reducir el déficit, la deuda pública podría superar el 50% del PIB en 2017, lo que socavaría la credibilidad de la política fiscal y debilitaría los indicadores crediticios de Uruguay”.

En 2014 cinco cámaras empresariales presentaron sus reivindicaciones en un documento que entregaron al Presidente y en 2016 la CCE produjo un documento de propuestas que incluía la necesidad de una regla fiscal limitando la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, criticaba la gestión del sistema de empresas públicas, apoyaba financiar las inversiones con Proyectos Público Privados y modificar la regulación laboral reduciendo los derechos de los trabajadores.

Los economistas de las consultoras que asesoran al capital disfrazan como científicas las propuestas de PE que expresan los intereses del capital. Coinciden en la reducción del déficit fiscal contrayendo gastos, en reducir la inflación comprimiendo los aumentos de salarios lo que a su vez comprime los aumentos de las pasividades del año siguiente y contribuye a la reducción del gasto público. Durante 2016 se agregó como argumento mantener el nivel de empleo para promover la congelación de los salarios reales.

Los partidos políticos de oposición retornaron el proyecto privatizador y desregulador, reclamaron la reducción de los derechos de los trabajadores y del campo de operaciones de las empresas públicas, la reducción del gasto público y del número de funcionarios.

4. Impactos de la PE

Desde 2005 mejoraron las condiciones materiales de vida de los sectores populares como lo indica el aumento de personas trabajando, el aumento de los empleos con cobertura de la seguridad social, el aumento del salario y las pasividades reales y la reducción de la pobreza. En 2015 comenzó un lento retroceso, hoy trabajan 50.000 personas menos que en 2014 y el salario real está casi estancado.

Los cambios en la PE iniciados en 2015 deterioraron las relaciones entre el gobierno y el movimiento sindical, las organizaciones de pasivos y la Universidad de la República. El PIT – CNT (2015) manifestó sus discrepancias con algunos aspectos de la PE económica y en particular con la política salarial. Aumentó las medidas de lucha pero no logró modificar la situación, se impuso la desindexación del IPC de los aumentos de salarios y un cambio en la composición del gasto público con reducción de la inversión pública y aumento del pago de intereses de deuda.

El gobierno cumplió con las recomendaciones del FMI y las calificadoras de riesgo lo que permite considerar la hipótesis de que se lograron objetivos reales y no declarados. La emisión de deuda en 2017 tuvo una demanda que cuadruplicó las necesidades de fondos, se mantuvieron altas las ganancias y los intereses, los acreedores externos cobraron puntualmente, las IED pudieron repatriar capital y ganancias. En síntesis, se mantuvo la seguridad y la rentabilidad del capital financiero.

No se tuvieron en cuenta las reivindicaciones de las clases dominantes locales que entre sus quejas incluyeron el tratamiento tributario preferencial al capital extranjero y el atraso cambiario. Para el capital acumulado en el complejo agroexportador la devaluación significa mayores ingresos, para el capital industrial la protección del mercado interno y para el capital comercial aumento de las ventas por el efecto favorable sobre el turismo. Por el contrario el capital financiero precisa estabilidad cambiaria, déficit fiscal y en cuenta corriente hasta el límite que señalen las calificadoras para aumentar las oportunidades de colocación, lograr mayores tasas de interés, moverse de la moneda extranjera a la moneda nacional al ingresar y hacer la operación inversa al egresar sin tener pérdidas por diferencias de cambio.

5. Comentarios finales

Desde 2015 la coyuntura se caracteriza por la profundización de los conflictos del gobierno con el movimiento popular y con las diversas manifestaciones del pensamiento restaurador, en las luchas por la distribución del poder y del ingreso.

Se pueden identificar tres grupos de propuestas de PE, a la izquierda las del movimiento popular. A la derecha las de las clases dominantes expresadas en las recomendaciones de las calificadoras de riesgo y el FMI, las reivindicaciones de las cámaras empresariales, las críticas de los dirigentes de los partidos de oposición, los fundamentos pretendidamente científicos de los economistas de las consultoras locales que asesoran al capital y la insistente difusión a través del oligopolio de medios que siguiendo las enseñanzas de Goebbels tratan de convertir las mentiras en verdades.

Las decisiones de PE del gobierno fueron la resultante de estas contradicciones, trataron de cumplir con los sectores populares y al mismo tiempo respetaron las exigencias del capital financiero con el fundamento de captar inversiones que permitirían crear empleos de calidad. En ningún caso se dio la batalla cultural ni se convocó a la movilización de las organizaciones populares o a las organizaciones de base del FA.

*Economista, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII


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