Violencia machista: una mujer es asesinada cada 72 horas

Ser mujer en Ecuador tiene un costo muy alto. Solo el año pasado hubo 98 feminicidios en todo el país y casi 600 desde 2014, según la Red Nacional de Casas de Acogida.

La Red detalló que en el 20 por ciento de los casos registrados en 2018 ya había antecedentes por violencia machista, que eran de conocimiento de las instituciones públicas. Sin embargo, ningún organismo actuó para prevenir el crimen.

Además, la mayoría de los feminicidios ocurren frente a los hijos de las víctimas. Según un reporte de varias organizaciones de mujeres, el año pasado al menos 74 niños quedaron huérfanos y la mayoría no recibió ayuda psicológica porque viven en zonas rurales.

Las provincias ecuatorianas con mayor número de feminicidios son Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas. El 34 por ciento de los agresores emplearon armas blancas, mientras que el 17 por ciento usaron armas de fuego para asesinar a sus víctimas, las cuales tenían entre 14 y 34 años de edad.

Feminicidios, cuando el Estado falla

En Ecuador cada 72 horas se registra un feminicidio, según un reporte de la Fundación Aldea, Red de Casas de Acogida, Taller Comunicación Mujer y la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos.

La realidad es que la gran mayoría de los feminicidios en Ecuador podrían prevenirse, pues casi la totalidad de esos crímenes son precedidos por episodios de violencia conocidos por el sistema judicial.

La historia siempre es la misma. Una mujer denuncia o pide auxilio ante la violencia machista, pero no recibe respuesta. Poco después, los medios informan de otro caso de feminicidio en alguna provincia del país.

“En el 94 por ciento de las sentencias estudiadas, los asesinos tenían una relación de confianza con las víctimas” y “en 71 por ciento de los casos esa relación era de pareja o expareja”, reveló la abogada Leonor Fernández, como parte del estudio “La Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador”.

Desde agosto del 2014, el feminicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, mientras que el Gobierno de Lenín Moreno desarrolla un programa para acelerar la captura de los “más buscados” por violencia intrafamiliar. Pero las organizaciones feministas aseguran que no es suficiente, pues la violencia de género sigue en alza.

La legisladora ecuatoriana Dallyana Passailaigue apuntó a que deben reforzarse las políticas públicas porque el feminicidio “es uno de los pocos crímenes 100 por ciento previsibles porque empieza con gritos, golpes, con amenazas dentro del hogar, no cuando el hombre nos arrebata la vida con 17 puñaladas”.

Agregó que el feminicidio “no respeta clase social” y por ello “la sociedad debe cambiar de mentalidad, dejar de invisibilizar el problema, dejar de decir que esto es violencia intrafamiliar, dejar de echar hacia la intimidad un problema que le compete al Estado”.

Por su parte, la abogada Ana Cristina Vera, de la organización Surkuna, explicó que la Justicia ecuatoriana no califica como feminicidios los casos en que el criminal se suicida. Tampoco toma en cuenta a segundas víctimas, como el asesinato de la suegra.

Asimismo, algunos fiscales determinan un hecho como homicidio preterintencional o que el agresor no tenía la intención de matar, aunque existan antecedentes de maltrato. “Si una chica es violada y asesinada por un desconocido, en ocasiones no se registra como femicidio porque no había relación entre ambos”, detalló Vera.

Del feminicidio a la xenofobia

El pasado 19 de enero, una mujer de 22 años, llamada Diana Rodríguez, fue retenida por su pareja durante 90 minutos en medio de la calle en la ciudad de Ibarra, provincia Imbabura, frente a oficiales y transeúntes. Pese a que la amenazaba con un cuchillo, nadie hizo nada, pero sí se encargaron de grabar todo el suceso.

Tras el asesinato de la mujer, la inoperancia de los agentes policiales fue duramente criticada y ocasionó el despido de la gobernadora de la provincia de Imbabura y el responsable de policía de la ciudad.

Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, reveló que la joven hizo varias llamadas al 911 para denunciar que era víctima de violencia doméstica. Agregó que el caso se manejó con “una serie de errores”.

La primera reacción del Gobierno ecuatoriano pudo haber sido el rechazo al feminicidio y priorizar la lucha contra la violencia de género, con medidas concretas. Sin embargo, la respuesta fue señalar a los migrantes venezolanos en ese país, debido a que el asesino era de esa nacionalidad.

El presidente Lenín Moreno anunció “la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación de los migrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera”. Inmediatamente, la violencia contra los migrantes se desató en las calles de Ibarra. Muchos fueron heridos, desalojados de sus viviendas, despojados de sus pertenencias y, finalmente, obligados a huir de la ciudad.

“No nos mata la nacionalidad nos mata el machismo”, enfatizó Armada Arboleda, vocera del colectivo Jornadas de la Paz. Ella fue una de las cientos de mujeres que marcharon en Guayaquil para repudiar el asesinato de Diana y exigir acciones del Gobierno.

También en Quito, una multitud se concentró en la Fiscalía General del Estado para pedir reformas legales, procesos judiciales ágiles y justos, así como actuación policial en los casos de violencia de género.

Telesur


Negligencia en aplicar la ley a favor de mujeres en Ecuador

Aunque existe la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la realidad no ha cambiado en Ecuador. Siete representantes de las bancadas del Legislativo hablaron con EL TELÉGRAFO y reconocieron al menos tres problemas sobre aquello: en Ecuador no se aplican las leyes; se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la violencia contra las mujeres es un problema estructural. Los legisladores se centraron en que la Asamblea ya hizo la ley para erradicar la violencia el año pasado, pero que su aplicación depende del Gobierno.

La normativa plantea, por ejemplo, un sistema nacional para que las instituciones del Estado emitan políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia. Sin embargo, la falta de presupuesto ha impedido su implementación. Según la Asamblea, se requieren $ 86 millones para aplicar la ley. A pesar de ello, el Gobierno estableció para 2019 un presupuesto de $ 658.000 para combatir la violencia de género. Eddy Peñafiel, asambleísta del Bloque de Integración Nacional (BIN), lamentó que, después de la violación de Martha, en Quito, y el crimen de Diana, en Ibarra, publicó el reglamento a esa norma.

Freddy Alarcón, legislador independiente, instó a los poderes del Estado a apropiarse de la ley, especialmente las instituciones rectoras de justicia. Para Héctor Yépez, asambleísta de CREO, esa ley debe complementarse con un endurecimiento de las penas.

Propone la castración química, tal como en algunos países europeos, y la cadena perpetua. “Eso no significa retroceso de derechos. No hay prohibición en la Constitución para ambas cosas”. César Rohon, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), también coincide en tener penas más fuertes que deben incluirse en las nuevas reformas al COIP. “Las penas para los violadores deben ser las más duras y no pueden disminuirse por buen comportamiento de ellos en las cárceles”, expresó Rohon.

Las reformas al COIP se discuten en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Uno de los integrantes de esa mesa legislativa, Franklin Samaniego, del bloque de la Revolución Ciudadana, explicó que en el análisis de esos cambios al COIP está el artículo 643.

Este -dijo- establece reglas para otorgar medidas de reparación en casos de violencia contra la mujer. También se incorpora la no revictimización, acelerar los procesos e incluye que cualquier persona denuncie los delitos de violencia contra la mujer.

César Litardo, de Alianza PAIS (AP), es pesimista. Cree que la violencia contra las mujeres no disminuirá. “La violencia de género es un problema estructural. Los valores antimachistas se construyen desde la casa y desde la escuela. Esto se debe instrumentalizar con buenas leyes”.

Lo mismo piensa Sebastián Palacios, de SUMA. Él lamenta que en muchos casos se promueva la desigualdad entre géneros y el machismo en las familias. “No es una tarea solamente de crear o de mejorar leyes, la idea es que el Estado mejore los niveles de educación y que las familias practiquen valores antimachistas”.

El Telégrafo